STS, 21 de Marzo de 1996
| Ponente | ALFONSO VILLAGOMEZ RODIL |
| ECLI | ES:TS:1996:7818 |
| Fecha de Resolución | 21 de Marzo de 1996 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
Núm. 204. Sentencia de 21 de marzo de 1996
PONENTE: Excmo. Sr. don Alfonso Villagómez Rodil.
PROCEDIMIENTO: Menor cuantía.
MATERIA: Reclamación de indemnización de daños y perjuicios por paralización de obras a
consecuencia de interdicto de obra nueva. Cosa juzgada. Tutela judicial efectiva.
NORMAS APLICADAS: Art. 24 de la Constitución Española y art. 1.252 del Código Civil .
JURISPRUDENCIA CITADA: Sentencias del Tribunal Supremo de 26 de junio de 1978, 26 de febrero, 23 de mar/o y 6 de julio de 1990, 27 de enero y 17 de mar/o de 1992 y 12 de diciembre de 1994 .
DOCTRINA: La cosa juzgada material presupone la firmeza de la Sentencia que resuelve el fondo
de la controversia y produce dos clases de efectos. Uno negativo o preclusivo y que hay que referir
a que impide plantear un nuevo proceso sobre asunto ya resuelto y otro positivo (vinculante o
prejudicial) y opera en el sentido de no poder decidirse en proceso ulterior un tema o punto litigioso
de manera distinta o contraria a como ya ha sido resuelto por Sentencia firme en pleito precedente,
con lo que cabe en otra contienda invocar cosa juzgada para que sirva de base o punto de partida a
la correspondiente sentencia. Es decir, que mediante este efecto se crea una premisa que vincula a
lo que se resuelva en la resolución judicial de futuro, al desplegar su eficacia en el juicio siguiente, y
si bien en materia de interdictos las Sentencias pronunciadas no producen excepción de cosa
juzgada material, pues cabe promover contienda definitiva por medio de los juicios ordinarios que
arbitra la Ley procesal civil, ello no impide que quienes resulten agraviados m sus derechos por el
planteamiento de una demanda interdictal de obra nueva, generadora de un efecto trascendental
como es la paralización de las obras constructivas iniciadas, se vean desprotegidos contra los
perjuicios que les hayan causado por demanda temeraria, pues no basta, ni los justifica, ni
corresponde la declaración expresa en costas.
El solo hecho de desestimarse una demanda interdictal no hace nacer inevitablemente el derecho aobtener Sentencia judicial condenatoria de indemnización de daños y perjuicios es decir no se le
niega al interesado la acción, lo que no se le reconoce es su estimación automática en base a la
decisión de no mantenerse la suspensión de las obras que se postuló en el procedimiento sumario
que conforma la esencia de la acción interdictal. Esto no es bastante para lograr reparación si se
promueve juicio declarativo sin justa causa.
El derecho a la tutela judicial efectiva que reconoce el art. 24 de la Constitución no otorga a los
ciudadanos o a las personas jurídicas que postulan sus derechos ante los Tribunales obtener una
Sentencia inevitablemente favorable, sino sólo el derecho a una Sentencia fundada en Derecho y
debidamente motivada que podrá ser tanto estimatoria como desestimatoria, pues la tutela judicial
de los derechos actúa mediante el ejercicio de las oportunas acciones y a través de los
procedimientos legales previstos.
Ha concurrido un principio de prueba de la causación de daños y de su origen y por tanto suficiente
para plantear con base Táctica real, que aleja toda temeridad o actuación dolosa; el interdicto de
referencia es la procura de la defensa de derechos dominicales que se vieron de esta manera
menoscabados por el proceder del ahora recurrente, lo que no quedó desautorizado judicialmente,
si bien no alcanzó el resultado pretendido de lograr la detención de las obras.
Debe concurrir, para la procedencia de indemnización de daños y perjuicios, que se de en los
interdictales constatada conducta dolosa o manifiestamente temeraria, incluyéndose la abusiva,
arbitraria, caprichosa y todas las variedades que se pueden englobar en la mala fe, acreditativa de
un proceder ilícito y antijurídico, que ponga de manifiesto de forma rotunda que la acción interdictal
era totalmente infundada.
La jurisprudencia impone y exige para la acogida de las pretensiones del ahora recurrente que la
acción interdictal se hubiese ejercitado con falta de normal prudencia, o se trate de supuestos que
acrediten claro comportamiento abusivo.
En la villa de Madrid, a veintiuno de marzo de mil novecientos noventa y seis.
Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al final nominados, el recurso de casación contra la Sentencia dictada en grado de apelación por la Audiencia Provincial de Oviedo (Sección Quinta), en fecha 27 de mayo de 1992, como consecuencia de los autos de juicio declarativo de menor cuantía sobre reclamación de daños y perjuicios por paralización de obras a consecuencia de la Interposición de juicio de interdicto de obra nueva, tramitados en el Juzgado de Primera Instancia de Gijón núm. 5, cuyo recurso fue interpuesto por don Armando , representado por el Procurador de los Tribunales don Antonio de Palma Villalón, asistido del Letrado don Rafael Antuña Egocheaga, en el que son partes recurridas doña Magdalena , don Isidro , doña Virginia y don Lorenzo , a los que representó el Procurador don Isacio Calleja García y defendió el Letrado don Javier Medina Díaz.
Antecedentes de hecho
El Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Gijón tramitó el juicio declarativo de menor cuantía núm. 182/1990 , al haberse admitido la demanda planteada por don Armando , en la que tras exponer hechos y fundamentos de Derecho, vino a suplicar: "Se dicte Sentencia en su día estimando la demanda, declarando haber lugar a la misma y condenando solidariamente a los demandados a indemnizar a mi representado, en concepto de daños y perjuicios, la cantidad de 43.812.691 ptas., más el interés legal correspondiente desde la fecha de la Sentencia, y al pago de las costas del juicio.
Los demandados doña Magdalena , don Isidro , doña Virginia y don Lorenzo se personaron en el pleito y contestaron a la demanda contra ellos interpuesta, a la que se opusieron alegando los hechos y razones jurídicas que tuvieron por conveniente, para terminar suplicando al Juzgado: "Dicte en definitiva Sentencia por la que, con desestimación íntegra de la demanda, su absuelva esta parte de todos sus pedimentos, con imposición de costas al actor.
Unidas las pruebas practicadas el Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de los de Gijón, dictó Sentencia el 11 de abril de 1991 , la que contiene fallo que literalmente declara: "Estimando parcialmente la demanda rectora interpuesta por la Procuradora doña Covadonga Cuetos Cuetos, en nombre y representación de don Armando contra doña Magdalena , don Isidro , representados por el Procurador don Abel Celemín Viñuela, debo condenar y condeno a éstos paguen a aquél, en concepto de indemnización, los perjuicios causados durante el período de tiempo comprendido entre el acuerdo judicial de paralización de la obra y el de apelación contra la Sentencia dictada en primera instancia, importe que se determinará en ejecución de Sentencia, sin expresa condena en costas.
La referida Sentencia fue recurrida por los demandados que plantearon apelación ante la Audiencia Provincial de Oviedo, cuya Sección Quinta tramitó el rollo de alzada núm. 335/1991, pronunciando Sentencia con fecha 27 de mayo de 1992 , la que en su parte dispositiva dice: "Fallo: Estimar el recurso de apelación interpuesto por la representación de los demandados contra la Sentencia dictada por la Iltma. Sra. Jueza de Primera Instancia núm. 5 de Gijón, a que este rollo se refiere, y con revocación de la misma, desestimar íntegramente la demanda formulada por la representación actora, con imposición de las costas de primera instancia y sin hacer expreso pronunciamiento en esta segunda".
El Procurador don Antonio de Palma Villalón, causídico de don Armando , formalizó ante esta Sala recurso de casación contra la Sentencia del grado procesal de apelación y que integró con los siguientes motivos, al amparo del vigente núm. 4 del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil : 1.º Infracción del art. 24 de la Constitución en relación al 1.252 del Código Civil y jurisprudencia que aporta. 2.º Infracción del art. 1.902 en relación al 1.6 del Código Civil. 3.° Infracción del art. 1,902, en relación al 1.6 del Código Civil y jurisprudencia que los interpreta. 4 .º Infracción del art. 523 de la Ley procesal civil
La vista pública y oral del recurso tuvo lugar el pasado día 7 de marzo de 1996, con asistencia e intervención de los correspondientes letrados, mencionado! anteriormente, quienes por su debido orden intervinieron en defensa de sus respectivas pretensiones, exponiendo lo que tuvieron por conveniente.
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. don Alfonso Villagómez Rodil.
Fundamentos de Derecho
El primer motivo de la casación que promovió el actor del pleito, don Armando , alega infracción del art. 24 de la Constitución, en relación al 1.252 del Código Civil y jurisprudencia que se aporta, para sostener que los recurridos casacionales interpusieron interdicto de obra nueva en razón a los daños que afectaban al edificio de su propiedad, por consecuencia de los trabajos de demolición que llevó a cabo dicho recurrente en la finca colindante de su titularidad, sin que hubieran obtenido respuesta judicial estimatoria de tal pretensión, ya que tanto la Sentencia de primera instancia, como la pronunciada en apelación, decretaron no haber lugar a la demanda interdictal y acordaron el alzamiento de la suspensión en su día acordada.
En esta línea se argumenta que ha de tenerse en cuenta con plena eficacia el instituto de la cosa juzgada (art. 1.252 del Código Civil ), en su relación con la Sentencia interdictal y su proyección al actual pleito, que ampara y favorece la pretensión indemnizatoria de daños y perjuicios que se postula: en cuanto el interdicto no prosperó por no darse los requisitos ni las justificaciones precisas para la paralización de las obras.
Conviene decir pronto que la cosa juzgada material presupone la firmeza de la Sentencia que resuelve el fondo de la controversia y produce dos clases de efectos. Uno negativo o preclusivo y que hayque referir a que impide plantear un nuevo proceso sobre asunto ya resucito y otro positivo (vinculante o prejudicial) y opera en el sentido de no poder decidirse en proceso ulterior un tema o punto litigioso de manera distinta o contraria a como ya ha sido resuelto por Sentencia firme en pleito precedente (Sentencia de 26 de febrero de 1990 ). con lo que cabe en otra contienda invocar cosa juzgada para que sirva de base o punto de partida a la correspondiente Sentencia (Sentencias de 23 de marzo de 1990 y 12 de diciembre de 1994 ). Es decir, que mediante este efecto se crea una premisa que vincula a lo que se resuelva en la resolución judicial de futuro, al desplegar su eeficacia en el juicio siguiente, y si bien en materia de interdictos las Sentencias pronunciadas no producen excepción de cosa juzgada material, pues cabe promover contienda definitivo por medio de los juicios ordinarios que arbitra la ley procesal civil; ello no impide que quienes resulten agraviados en sus derechos por el planteamiento de una demanda interdictal de obra nueva, generadora de un electo transcendental como es la paralización de las obras constructivas iniciadas, se vean desprotegidos ante los perjuicios que se les hayan causado por demanda temeraria, pues no basta, ni los justifica, ni corresponde la declaración expresa en costas, y así lo viene reconociendo la constante jurisprudencia de esta Sala de casación civil.
En este punto conviene dejar bien claro que el solo hecho de desestimarse una demanda interdictal no hace nacer inevitablemente el derecho a obtener Sentencia judicial condenatoria de indemnización de danos y perjuicios, tal como lo entiende el recurrente; es decir no se le niega al interesado la acción, lo que no se le reconoce es su estimación automática en base a la decisión de no mantenerse la suspensión de las obras que se postuló en el procedimiento sumario y que conforma la esencia de la acción interdictal. Esto no es bastante para lograr reparación si se promueve juicio declarativo sin justa causa.
El derecho a la tutela judicial efectiva que reconoce el art. 24 de la Constitución no otorga a loe ciudadanos o a las personas jurídicas, que postulan sus derechos ante los Tribunales, obtener una Sentencia inevitablemente favorable, sino sólo el derecho a una Sentencia fundada en Derecho y debidamente motivada que podrá ser tanto estimatoria como desestimatoria (Sentencia de 24 de mayo de 1991 ), pues la tutela judicial de los derechos actúa mediante el ejercicio de las oportunas acciones y a través de los procedimientos legales establecidos (Sentencia de 27 de enero de 1992 ).
El motivo se desestima.
Loa motivos dos y tres han de estudiarse en conjunto, al denunciar ambos infracción del art. 1.902, en relación al 1.6 del Código Civil y jurisprudencia que se cita, toda vez que el recurrente impugna la Sentencia de apelación, al no haber acogido la aplicación de dicho precepto civil 1.902 , en el que ampara la reclamación indemnizatoria que peticiona.
Resulta dato claro y suficientemente determinado que la Sentencia que puso fin al interdicto de obra nueva lo desestimó, pero no porque la acción ejercitada fuera infundada, temeraria o inexistente, sino que no resultaba de procedencia, toda vez que las obras de demolición que lo provocaron habían finalizado, pero reconoce y declara que se ocasionaron efectivos daños en la finca de los interdictales, atribuibles al ahora recurrente que fue quien contrató los trabajos de derribo, reconociéndose a aquéllos sus derechos de obtener reparación económica, al amparo del art. 1.902 del Código Civil y a medio del juicio declarativo que procediera.
De esta manera, resulta evidenciado que el interdicto fue planteado con base a unos efectivos danos, puestos de manifiesto en el informe pericial que se acompaño con la demanda, corroboró la prueba practicada en el ámbito del proceso sumario y reconoció la Sentencia que lo resolvió, como se deja dicho y que admite el recurrente en el hecho primero de su demanda. Es decir, concurrió un principio de prueba acreditativa de la causación de daños y de su origen y por tanto suficiente para plantear con base láctica real, que aleja toda temeridad o actuación dolosa, el interdicto de referencia en la procura de la defensa de derechos dominicales que se vieron de esta manera menoscabados por el proceder del ahora recurrente, lo que no quedó desautorizado judicialmente, si bien no alcanzó el resultado pretendido de lograr la detención de lis obras.
Lo expuesto conduce a que no cabe apreciar la concurrencia de injusto civil en el proceder de los recurridos, sino legitimo ejercicio de los derechos que la ley les otorgaba. En el transcurso del debate procesal, fue cuando la actividad probatoria que se practicó puso de manifiesto que se trataba de obras conclusas, debidamente apreciadas por el Tribunal en su función de análisis del material de prueba aportado, para alcanzar la decisión ya dicha de la existencia de daños, su génesis y responsabilidad causadora que se atribuye el ahora recurrente y la condición de obras acabadas que privó de toda eficacia al interdicto promovido.La jurisprudencia de esta Sala, en cuestiones como la planteada, exige como común denominador que debe concurrir para la procedencia de indemnización de daños y perjuicios que se de en los interdictales constatada conducta dolosa o manifiestamente temeraria, incluyéndose la abusiva, arbitraria, caprichosa y todas las variedades que se pueden englobar en la mala fe, acreditativa de un proceder ilícito y antijurídico, que ponía de manifiesto de forma rotunda que la acción interdictal ejercitada era totalmente infundada, como contempla la Sentencia de 6 de julio de 1990 . al tratarse de un caso en el que por cinco veces consecutivas se promovió interdicto de obra nueva contra Ayuntamiento, con el solo propósito de que permanecieran indefinidamente paradas las obras municipales de apertura de vía turística, expresando comportamiento que se califica de notoriamente abusivo, lo que no sucede en el caso de autos, ya que al tiempo de promoverse el interdicto, y como va se dejo razonado, reunía los requisitos y condiciones de procedibilidad exigidos legalmente, independientemente del éxito judicial de la acción, que no se declaro temeraria ni abusiva, sino más bien inadecuada por darse situación de obras ya ejecutadas.
En esta línea del discurso casacional la jurisprudencia impone y exige para la acogida de las pretensiones del ahora recurrente, que la acción interdictal se hubiera ejercitado con falta de normal prudencia (Sentencia de 26 de junio de 1978 ) o se trate de supuestos que acrediten claro comportamiento abusivo (Sentencia de 17 de marzo de 1992 ).
Las Sentencias que se citan en el motivo segundo, del 27 de mayo y 4 de julio de 1988 , no avalan precisamente la tesis del que recurre, que hace supuesto de la cuestión y así se desprende de su contexto unitario, ya que la primera viene a rechazar la concurrencia de abuso del derecho, por ser preciso la demostración de la patente intención de perjudicar o la falta de finalidad sena y legitima en la conducta del sujeto, al lado de la situación objetiva de anormalidad o exceso en el ejercicio del derecho actuado. No excluyó la procedencia de reclamación de daños, pero con la exigencia de que la Sentencia interdictal declare que la acción promovida carecía de todo fundamento, por lo que no se accede a la indemnización postulada, al no darse conducta claramente infundada y temeraria en la parte que instó y provocó la paralización de las obras.
La Sentencia de 4 de julio de 1988 parte de que las obras fueron suspendidas en virtud de resolución judicial firme, sin intervención de acción u omisión por parte del interdictante, que se limitó a impetrar el auxilio judicial ante una situación de la que estimó se había violado sus derechos dominicales y que ha de entenderse, en su extensión procedimental, autorizada, es decir tanto en la primera instancia como para promover recurso de apelación. La Sentencia que se cita de 14 de febrero de 1986 no es de aplicación, pues enjuicia supuesto distinto al presente, ya que las obras denunciadas no produjeron daños ni perjuicios.
Lo expuesto conduce a la claudicación de los motivos. El recurrente sólo aportó en defensa de su tesis la Sentencia desestimatoria que puso fin al interdicto de obra nueva, pero no desplegó actividad probatoria y eficaz y convincente para demostrar la improcedencia inicial por temeraria, infundada o abusiva de la acción ejercital que promovieron los ahora demandados y partes recurridas en el presente recurso.
Se aduce información en el motivo último del art. 523 de la Ley procesal civil a efectos de combatir el pronunciamiento condenatorio de las costas de primera instancia.
El Tribunal de instancia aplicó correctamente el precepto procesal que se denuncia infringido, toda vez que la demanda que planteó el recurrente fue totalmente desestimada y sin que hubiera hecho uso de la facultad que establece el artículo procesal 710 por lo que el motivo perece.
La no acogida del recurso determina la expresa imposición de sus costas al litigante que lo formalizó, en aplicación del art. 1.715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.
Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso que planteó don Armando contra la Sentencia pronunciada en las actuaciones de referencia por la Audiencia Provincial de Oviedo en fecha 27 de mayo de 1992 .
Se imponen a dicho recurrente las costas de este recurso.
ASI por esta nuestra Sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al electo las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Pedro González Poveda. AlfonsoVillagómez Rodil. Francisco Morales Morales. Rubricados.
Publicación: Leída y publicada fue la anterior Sentencia por el Excmo. Sr. don Alfonso Villagómez Rodil, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando audiencia pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma certifico
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