STS, 24 de Octubre de 1994

1. La Procuradora de los Tribunales doña Blanca Bajo Palacio, en nombre y representación de don Raúl , formuló demanda de menor cuantía, ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Vitoria, contra don Diego y doña Gloria y contra los herederos de doña Marí Jose (estos últimos en situación procesal de rebeldía), en la cual tras alegar los hechos y fundamentos de Derecho que estimó de aplicación, terminó suplicando al Juzgado dictase sentencia por la que se condene a los demandados a abonar a su mandante la cantidad de 38.338.750 pesetas e intereses legales que se devenguen desde la fecha, así como al pago de las costas procesales que se deriven del presente procedimiento judicial.

2. Admitida a trámite la demanda y emplazados los demandados, se personó en autos el Procurador don Jesús María de las Heras Miguel, en nombre y representación de don Diego y doña Gloria , quien contestó a la demanda formulada de contrario y tras previa alegación de los hechos y fundamentos de Derecho que tuvo por convenientes, terminó suplicando al Juzgado dictase sentencia desestimando íntegramente la demanda, e imponiendo a la parte actora las costas de este procedimiento.

3. Practicadas las pruebas declaradas pertinentes y unidas a los autos, el Iltmo. Sr. Magistrado-Juez de Primera Instancia núm. 5 de Vitoria, dictó Sentencia en fecha 21 de mayo de 1991 , cuyo Fallo es como sigue: "Que desestimando íntegramente la demanda promovida por la Procuradora doña Blanca Bajo Palacio en nombre y representación de don Raúl , contra don Diego , doña Gloria y la herencia yacente o los herederos abintestato de doña Marí Jose , debo absolver y absuelvo a los demandados de los pedimentos contenidos en el suplico del escrito de demanda, sin hacer especial pronunciamiento sobre las costas".

Interpuesto recurso de apelación contra la sentencia de Primera Instancia, por la representación procesal de don Raúl , y tramitado el recurso con arreglo a Derecho la Audiencia Provincial de Vitoria dictó Sentencia en fecha 11 de noviembre de 1991 , cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: Fallamos: "Estimar, parcialmente el recurso de apelación deducido por la representación de don Raúl frente a la Sentencia dictada con fecha 21 de mayo de 1991 por el Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de los de Vitoria , en el juicio de menor cuantía núm. 115/90 del que dimana este rollo, revocando el fallo de la sentencia apelada y condenando a don Diego , a doña Gloria , y a los herederos de doña Marí Jose , estos últimos en situación procesal de rebeldía, a abonar al recurrente la cantidad de 4.522.903 pesetas más los intereses legales desde la presente sentencia; respecto de las costas, causadas en primera instancia deberá abonar cada parte las propias y la mitad de las comunes no procediendo hacer expresa mención sobre las causadas en esta instancia".

2. Por Auto de fecha 20 de noviembre de 1991, la Audiencia anteriormente indicada, dictó: "Disponemos estimar el recurso de aclaración deducido por la representación de don Diego y otros, frente a la Sentencia dictada por esta Sala con fecha 11 de noviembre de 1991 el rollo de apelación Civil núm. 369/91 y parcialmente el recurso de aclaración deducido por la representación de don Raúl frente a la misma resolución, rectificando de oficio su parte dispositiva en el siguiente sentido: Donde dice 4.522.903 pesetas" debe decir "4.810.491 pesetas".

1. El Procurador de los Tribunales don Francisco de Guinea y Gauna, en nombre y representación de don Jose Pablo , interpuso recurso de casación contra la sentencia pronunciada por la Audiencia Provincial de Vitoria, con apoyo en los siguientes motivos: "Primero. Al amparo del núm. 5 del art. 1.692 de la 932 Ley de Enjuiciamiento Civil. Segundo. Al amparo del núm. 4 del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Tercero. Al amparo del núm. 4 del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Cuarto. Al amparo del núm. 4 del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Quinto. Al amparo del núm. 5 del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . El fallo infringe lo dispuesto en el art. 1.173 del Código Civil. Sexto. Al amparo del núm. 5 del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . El Fallo infringe el art. 1.281.1.° del Código Civil en relación con el 1.255, 1.258 y 1.091. Séptimo. Al amparo del núm. 5 del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Octavo . Se da por reproducida la fundamentación del motivo anterior, en cuanto permita concluir que la Sala infringe los arts. 1.255, en relación con el 1.258 y 1.091 del Código Civil. Noveno . Al amparo del núm. 5 del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . El fallo infringe el art. 1.255 del Código Civil. Décimo. Al amparo del núm. 4 del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . Error en la apreciación de la prueba que resulta del documento obrante al folio 307 de los autos. Undécimo. Al amparo del núm. 5 del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Duodécimo. Al amparo del núm. 5 del art. 1.962 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. El fallo infringe por inaplicación del párrafo primero del art. 1.281 del Código Civil. Decimotercero. Al amparo del núm. 4 del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.Decimocuarto. Al amparo del núm. 5 del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . El fallo incurre en error de Derecho en la apreciación de la prueba que resulta de la violación por no aplicación de lo dispuesto en el art. 1.225 del Código Civil en relación con el 1.232.1.° y 1.218 del citado texto legal. Decimoquinto. Al amparo del núm. 5 del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. El fallo infringe por inaplicación del párrafo primero del art. 1.281 del Código Civil. Decimosexto. Al amparo del núm. 5 del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . El fallo infringe por inaplicación el art. 1.282 del Código Civil ".

2. Asimismo el Procurador de los Tribunales don Jose Pablo , en representación de don Diego y de doña Gloria , interpuso recurso de casación contra la mencionada sentencia de la Audiencia Provincial de Vitoria, con apoyo en los siguientes motivos: "Primero. Al amparo del art. 1.692, núm. 3.° de la Ley de Enjuiciamiento Civil , por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de normas que rigen los actos y garantías procesales de aportación de documentos. Segundo. Al amparo del art. 1.692, núm. 5.° de la Ley de Enjuiciamiento Civil , por error de Derecho en la apreciación de la prueba. Tercero. Al amparo del art. 1.692, núm. 5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , por infracción de normas del ordenamiento jurídico que son aplicables. Dicha infracción consiste en la interpretación errónea del art. 1.214 del Código Civil por parte de la sentencia de apelación, alterando el onus probandi en el fundamento jurídico III, párrafo segundo. Cuarto. Al amparo del art. 1.692, núm. 5.° de la Ley de Enjuiciamiento Civil , por infracción de las normas del ordenamiento jurídico aplicable para resolver las cuestiones objeto de debate. Se produce infracción por inaplicación del art. 1.156, párrafo 2.° del Código Civil , que dispone que las obligaciones se extingan por el pago o cumplimiento" .

3. Convocadas las partes, se celebró la preceptiva vista el día 4 de octubre del año en curso, con asistencia de los Letrados de ambas partes recurrentes, quienes informaron por su orden en defensa de sus respectivas pretensiones.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr don Pedro González Poveda.

Fundamentos de Derecho

Estimada parcialmente por la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Vitoria la demanda formulada por don Raúl , que actuaba en su propio nombre y en beneficio de la comunidad hereditaria de su difunto padre, contra don Diego , doña Gloria y los herederos de doña Ángeles , estos últimos declarados en rebeldía, se han interpuesto sendos recursos de casación por las partes personadas en los autos.

Entrando en el examen del primero de los recursos formalizados, el de don Raúl , su primer motivo, acogido al ordinal 5.° del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , alega infracción del art. 11.3° de la Ley Orgánica del Poder Judicial en relación con el art. 24.1 .° de la Constitución Española, el art. 363, primer párrafo de la Ley de Enjuiciamiento Civil y el 267.1° de la Ley Orgánica antes citada, en tanto que en el desarrollo del motivo se cita también como infringido el art.- 359 de la Ley Procesal Civil ; se fundamenta el motivo en que el Tribunal de instancia al resolver el recurso de aclaración interpuesto por el aquí recurrente no dio respuesta a diez de las once peticiones formuladas en aquél, creando así una situación de indefensión para esa parte. En primer lugar ha de resaltarse el incorrecto cauce procesal en el que se ampara el motivo ya que denunciándose, según se deduce de los preceptos legales invocados, una incongruencia omisiva del auto resolviendo el recurso de aclaración, debió de seguirse el cauce del ordinal 3.°, inciso primero, del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento, y no el del ordinal 5 .°; prescindiendo de ese defecto de técnica procesal, el motivo no puede prosperar.

El art. 363 de la Ley de Enjuiciamiento Civil así como el 267 de la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial regulan el llamado recurso de aclaración con la finalidad de aclarar algún concepto oscuro o de suplir cualquier omisión que la sentencia contenga, finalidad que ha sido precisada por la jurisprudencia en el sentido de no constituir un verdadero recurso, aunque en la práctica se le de ese nombre, pero sí una facultad de corrección y rectificación de los errores materiales cometidos en la redacción del fallo concedida a las partes y al Juez, apreciándose como correcciones admisibles la aclaración de conceptos oscuros, la adición de algún pronunciamiento omitido sobre puntos litigiosos, la subsanación de errores de cuenta que se deduzcan de los datos aritméticos que sean su fundamento y la modificación de pronunciamientos que deban reputarse erróneos por ser contrarios a la fundamentación de la sentencia, aclaraciones que pasan a formar parte integrante de los fallos; ello acredita que, en el presente caso, el Tribunal de instancia actuó correctamente al rechazar las peticiones formuladas por el recurrente en su escrito de aclaración tendentes a que por el Tribunal se diese nueva redacción o se integrasen los fundamentos jurídicos de la sentencia en la forma que solicitaba ya que, como acertadamente dice el auto de aclaración, ésta se refiere al fallo y no a los fundamentos de la sentencia; por otra parte no deja de ser peregrino el argumento de la indefensión que se dice causada al recurrente a la hora de formalizar el presente recurso, dado el inusual número demotivos de casación articulados.

El motivo segundo del recurso, acogido al antiguo ordinal 4.° del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , alega error en la apreciación de la prueba cometido por el Juzgador de instancia, se dice, al aplicar la cantidad de 1.122.000 pesetas a que ascienden las once entregas realizadas por el demandado entre el 6 de abril de 1981 y el 3 de junio de 1982 a reducir el importe del principal reclamado en la demanda y fijado en la sentencia de 14.253.500 pesetas, error que se evidencia de los documentos aportados como Anexo 37 a la contestación a la demanda y del extracto de cuenta unido a los folios 521 a 525. De la simple confrontación del importe de las entregas realizadas por el demandado en la cuenta núm.

28.152-7 abierta a nombre de don Domingo en la Caja Provincial de Ahorros de Avila, y de sus fechas, con las fechas e importes de los asientos practicados en la cuenta núm. 40-819-4 abierta en la misma entidad bancaria a nombre del citado don Domingo y destinada a la amortización del préstamo de 12.0000.0000 de pesetas concedido por la citada Caja, se pone de manifiesto que aquella cantidad fue ingresada por don Domingo en la cuenta últimamente citada para amortización del préstamo y al no entenderlo así el Tribunal de instancia ha incurrido en el error probatorio que se denuncia, por lo que procede acoger el motivo. Asimismo ha de prosperar el motivo tercero en que, por el mismo cauce que el anterior, se denuncia error en la apreciación de la prueba consistente en imputar a la reducción del principal reclamado la cantidad de

9.397.215 pesetas y que los demandados habían abonado a los señores Domingo por un sistema de compensación de letras y timbres que éstos adquirirían en el estanco de los demandados; los documentos que se citan en apoyo del motivo, Anexos 37, 38 y 39 de la contestación a la demanda y Anexo 8 de los aportados en período probatorio (folios 310 a 314) evidencian que, recibida dicha cantidad por don Domingo o sus causahabientes, parte de la misma, 8.108.746 pesetas fue ingresada por los perceptores en la cuenta abierta para la amortización del préstamo concedido por la Caja Provincial de Ahorros de Álava; en consecuencia sólo puede aplicarse al pago de lo reclamado en estos autos la cantidad restante, es decir,

1.288.469 pesetas; es de observar que por los demandados no se ha aportado medio alguno de prueba que acredite que tal cantidad fue satisfecha de modo distinto al alegado y probado por el actor, pues no consta que el señor Diego hiciese personalmente ingreso alguno en la referida cuenta 40.819-4.

El motivo cuarto denuncia, al igual que los dos anteriores, error en la apreciación de la prueba citando en su apoyo los documentos obrantes a los folios 126 a 139, 306, 308, 309, 521 y 525 y 310 a 314 de los autos; dirigida la demanda a exigir el pago de las cantidades que se dicen debidas por los demandados en concepto de principal e intereses, integrado el capital por las cantidades de 5.400.000 pesetas y 8.853.500 pesetas, cantidad esta última que fue ingresada por don Domingo en la cuenta abierta en la Caja Provincial de Ahorros de Avila para amortización del préstamo de 12.000.000 de pesetas, la sentencia recurrida reconoce haber sido efectuado ese pago por el padre del actor, y al igual que éste, reconoce que el resto de la cantidad adeudada a la entidad bancaria fue abonado por los demandados en la forma dicha, pero sin que en ningún momento diga la sentencia que por éstos se ha pagado cantidad superior a la diferencia entre el total debido por razón del préstamo y lo abonado por don Domingo y menos aún que ello suponga una minoración de la cantidad que se reconoce haber sido satisfecha por éste; nó existe error en la apreciación de la prueba en el sentido que se dice en el motivo que debe ser desestimado.

Al amparo del antiguo núm. 5.° del art. 1.692 se formula el motivo quinto en que se denuncia infracción del art. 1.173 del Código Civil producida al imputar la Sala a quo los pagos realizados por los demandados a reducir el principal cuando aún existen intereses vencidos, exigibles y pendientes de pago, se dice en el motivo. El art. 1.173 del Código Civil contiene una norma de carácter interpretativo y limitativa de la voluntad del deudor para el caso de que, teniendo una sola deuda productora de intereses frente a su acreedor, no puede imputar el pago parcial de lo debido al pago del principal sin estar antes satisfechos los intereses ya que ello supondría convertir por la sola voluntad del deudor una deuda que produce intereses en una simple, en claro perjuicio del acreedor; si bien en el caso presente no se trata de una imputación de pagos hecha por el deudor, sino por la Sala sentenciadora, resulta aplicable la norma del art. 1.173 ya que no es admisible que el Tribunal altere la naturaleza de la deuda en el sentido antes indicado. Procede por tanto la estimación del motivo.

Los motivos sexto y séptimo, ambos amparados en el ordinal 5.° del art. 1.692 de la Ley Procesal Civil , han de ser estudiados conjuntamente dado su idéntica finalidad y contenido; en el sexto motivo se denuncia infracción del art. 1.281.1 .° en relación con los arts. 1.255, 1.258 y 1.091, todos del Código Civil, y en el séptimo se consideran infringidos el art. 1.255 en relación con los arts. 1.258 y 1.091 , del mismo Cuerpo legal. Se combate en estos motivos la declaración de la sentencia recurrida, predeterminante del fallo, de que "el interés del 10 por 100 no se devengará ya, desde 1981 porque es cuando realmente comienzan a producirse pagos...." , consecuencia de lo cual es la condena de los demandados al pago de los intereses devengados por la cantidad de 5.400.000 pesetas durante los años 1978, 1979 y 1980. Declarada por la Sentencia recurrida (fundamento jurídico IV) la validez del documento de 24 de abril de 1979 y su carácter vinculante para las partes, es de tener en cuenta que en tal documento las partesconvienen que "1.º A partir de 1.° de enero de 1979, la cantidad liquida adeudada por los comparecientes Sres. Diego - Gloria y doña Marí Jose , de pesetas 5.796.206, devengará a favor de don Domingo un interés anual del 10 por 100 liquidable anualmente" . Los claros términos de la cláusula transcrita ponen de manifiesto por sí mismos la existencia de una deuda productora de intereses que en consecuencia se devengarán en tanto la deuda no haya sido íntegramente pagada y siempre en la cantidad pendiente de pago, sin que en el citado documento se haya establecido limitación temporal alguna al devengo y pago de los intereses ni se haya condicionado la producción de intereses al hecho de comenzarse a hacer pagos parciales de la deuda; al no entenderlo así la Sala de instancia y limitar la - obligación del pago de intereses en la forma dicha, ha infringido la primera de las reglas de la hermenéutica contractual al no atender a los claros términos del mentado documento y, por ende, los demás preceptos que se citan en los motivos examinados que han de ser acogidos.

Los motivos octavo y noveno, bajo el mismo amparo procesal que los dos precedentes, alegan infracción del art. 1.281.1 .° en relación con los arts. 1.255, 1.258 y 1.091, todos del Código Civil (motivo octavo ) y del art. 1.255 en relación con los arts. 1.258 y 1.091 (motivo noveno ) y han de ser estudiados unitariamente por si idéntico objeto impugnativo. En ellos se ataca la desestimación por la sentencia de instancia de la pretensión de pago de los intereses devengados por la cantidad de 8.853.500 pesetas abonadas por don Domingo en la cuenta abierta en la Caja Provincial de Ahorros de Álava para amortización del préstamo concedido. Convenido por las partes en el citado documento de 24 de abril de 1979 que "A su vez las cantidades que eventualmente satisfaga don Domingo como consecuencia de los avales suscritos, devengarán a su favor el mismo interés antes citado, a partir de la fecha en que por subrogación verifique el pago del acreedor común" y no discutido que la cantidad abonada por don Domingo lo fue como consecuencia de los avales por él prestados a favor del señor Diego , es evidente que de acuerdo con lo pactado y atendidas las razones expuestas al estudiar los motivos sexto y séptimo, al no reconocerse por la Sala a quo la obligación de los demandados de abonar intereses desde la fecha de abono de las cantidades parciales que integran dicha suma total (8.853.500) ha infringido los preceptos invocados en estos motivos octavo y noveno que han de ser estimados.

El motivo décimo, acogido al ordinal 4.° del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , denuncia error en la apreciación de la prueba que resulta del documento obrante al folio 307 de los autos; el error que se denuncia se dice consistir en que la sentencia recurrida establece como intereses de la deuda de 5.400.000 pesetas la cantidad de 540.000 para el año 1979, siendo así que el documento invocado, suscrito por el demandado, éste reconoce adeudar por tal concepto la cantidad de 579.620 pesetas. La propia literalidad del documento revela lo artificioso del motivo en el que se da por supuesta la existencia de un pacto de anatocismo entre las partes y se olvida el contenido del reconocimiento de la deuda plasmado en el documento de 24 de abril de 1979 en que el actor funda su pretensión; el documento obrante al folio 307, que refleja el estado de cuentas entre las partes, después de referirse a la cantidad abonada por don Domingo a la Caja Provincial de Ahorros, dice textualmente "...si agregamos esto al saldo por a aceptado y rubricado al 31 de diciembre de 1978 que era de 5.796.206 pesetas más agregando los intereses de este último saldo hasta el 31 de diciembre de 1979 que son 579.620 pesetas..."; el documento, por tanto, no dice lo que le atribuye el recurrente, que esos intereses ascendentes a 579.620pesetas, sean los producidos por la deuda de 5.400.000 pesetas sino del saldo comúnmente aceptado por las partes al 31 de diciembre de 1978; como se ha apuntado, lo que subyace en el motivo es la cuestión relativa a la existencia o no de un pacto de anatocismo, cuya determinación sólo es posible a través de la interpretación de los documentos aportados y suscritos en la apreciación de la prueba; en consecuencia procede desestimar el motivo.

Igual suerte desestimatoria ha de seguir el motivo undécimo en que, al amparo del ordinal 5.° del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , se alega error de Derecho en la valoración de la prueba por violación del art. 1.225 en relación con los arts. 1.232.1.° y 1.218 del Código Civil , todos ellos, y en relación con el documento que consta al folio 307 de los autos; la sentencia recurrida no desconoce el valor probatorio de dicho documento sino que lo pone en relación con el suscrito en 24 de abril de 1979 para llegar a la conclusión de que se pactó un interés simple y no compuesto, como pretende la actora. De la misma forma decae el motivo duodécimo en que, por el mismo cauce procesal que el anterior, se denuncia infracción del art. 1.281.1.° del Código Civil ; los términos en que aparece redactado el repetido documento del folio 307, antes transcritos, no permiten, en una interpretación literal de los mismos, llegar a la conclusión que propugna el ahora recurrente, pues en ese documento no se dice expresamente que se acepte una liquidación e intereses acumulando al capital los intereses de las anualidades precedentes sino que simplemente el deudor acepta una liquidación del estado de cuentas existentes al tiempo del documentó pero, se repite, sin que en él y por la mera aceptación de su contenido por aquél a requerimiento del acreedor pueda entenderse hecha una declaración de voluntad como la pretendida por el recurrente.

Los cuatro motivos restantes han de estudiarse conjuntamente ya que todos ellos tienen como objetivo llevar al ánimo de esta Sala que entre los demandados en este litigio y el padre del actor medió unpacto de anatocismo en orden a la liquidación de los intereses de la deuda existente entre ellos. El motivo decimotercero, por el cauce procesal del núm. 4.° del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , denuncia error en la apreciación de la prueba, fundado en el documento del folio 307 de los autos; en el decimocuarto, acogido como los restantes al ordinal 5.° del citado art. 1.692 , se denuncia infracción del art. 1.255 en relación con los arts. 1.232.1.° y 1.218, todos del Código Civil, en el motivo decimoquinto se alega vulneración del art. 1.281.1.° del Código Civil , en relación con la interpretación del tantas veces citado documento del folio 307; finalmente, en el motivo decimosexto se considera conculcado el art. 1.282 del Código Civil .

Aparte de lo dicho al examinar los motivos décimo y duodécimo, de los que los tres primeros ahora estudiados parecen reproducción, ha de tenerse en cuenta que la parte actora carga todo su alegato sobre el documento del folio 307 de los autos, con total olvido del documento de fecha 24 de abril de 1979 (folio

16), fundamental del pleito y aportado por él con el escrito de demanda y del que el documento del folio 307, no es sino una consecuencia y emitido con la finalidad de fijar el saldo deudor a la fecha del mismo, 20 de mayo de 1980, por lo que tal documento no puede ser examinado aisladamente sino en estrecha conexión con el de 24 de abril de 1979.

Este documento de 24 de abril de 1979, suscrito "con el fin de regularizar la situación antedicha, en orden al reintegro a don Domingo de las cantidades que le son adeudadas y liberarle de los compromisos que, por aval, tiene contraídos", como reza el apartado D) de su parte expositiva, contiene un reconocimiento de deuda por parte de los demandados a favor del señor Domingo , figura ésta del reconocimiento de deuda que ha sido reconocida, tanto por la doctrina científica como por la Jurisprudencia de esta Sala, como válida y lícita, permitida por el principio de autonomía privada o de la libertad contractual sancionado por el art. 1.255 del Código Civil y vinculante para quien lo hace, con efecto probatorio si se hace de manera abstracta y también constitutivo si se expresa su causa justificativa (Sentencias de 8 de marzo de 1956, 13 de junio de 1959, 3 de febrero de 1973, 9 de abril de 1980 y 3 de noviembre de 1981 ), calificándolo la Sentencia de 8 de marzo de 1956 de contrato al decir que "el reconocimiento es un contrato por el cual se considera como existente, contra el que la reconoce, pudiendo tener por objeto exclusivo, dar a la otra parte un medio de prueba, o prometer a no exigir prueba alguna de la deuda como existente contra el que la reconoce" .

En el presente caso, expresada en el repetido documento de 1979, el origen de la deuda reconocida, es evidente su carácter no sólo de medio probatorio de aquélla sino también constitutivo de la deuda reconocida, ascendente en aquella fecha a 5.796.206 pesetas, además de dicho reconocimiento se estableció por las partes que la citada cantidad a que asciende la deuda reconocida "devengará a favor de don Domingo un interés anual del 10 por 100 liquidable anualmente" (apartado 1.° de las estipulaciones) y en el apartado 2.°, párrafo segundo, se conviene que "a su vez estas cantidades que eventualmente satisfaga don Domingo como consecuencia de los avales suscritos, devengarán a favor del mismo el interés antes citado, a partir de la fecha en que por subrogación verifique el pago al acreedor común" . Del tenor de tales pactos no aparece la voluntad de las partes de establecer un pacto de anotocismo que, si es admisible al amparo de la libertad contractual del art. 1.255 del Código Civil y siempre que se respeten los límites que a la misma impone el precepto legal, requiere pacto expreso, que en el caso de autos no se da, rigiendo en defecto de pacto expreso el sistema de interés simple en virtud del principio del favor debitoris.

Siendo por tanto el acuerdo a que llegaron las partes en 24 de abril de 1979 el fundamento de la pretensión ejercitada y sin que el documento de 20 de mayo de 1980 suponga una novación del de 1979, sino que, como se ha dicho, es una consecuencia del anterior y expresivo del estado de cuentas en la fecha del mismo, ha de entenderse que la Sala de instancia no ha infringido los preceptos que se indican al proceder a la liquidación por el sistema de interés simple, sin perjuicio de que no sea aceptable la liquidación practicada por ella, de acuerdo con lo dicho al examinar otros motivos de' recurso. Procede en consecuencia desestimar los motivos ahora estudiados.

Entrando en el estudio del recurso interpuesto por don Diego y doña Gloria , su primer motivo se articula al amparo del núm. 3.° del art. 1.692 de la Ley Procesal Civil , por infracción dé las normas que rigen los actos y garantías procesales, habiéndose producido indefensión para esta parte recurrente, citando como preceptos infringidos el art. 504 de dicha Ley Procesal , por inaplicación, y el art. 506 del mismo texto legal, por aplicación indebida; se argumenta que los documentos aportados en fase probatoria en virtud del requerimiento efectuado a doña Constanza , secretaria de don Domingo , debieron de ser aportados con la demanda inicial por hallarse en poder del actor al tiempo de iniciarse el pleito y no de la persona que los aportó. Dice la Sentencia de esta Sala de 26 de abril de 1985 que "los documentos comprendidos en el art. 504 , como de aportación inicial, son los que generan la causa petendi invocada, es decir los verdaderamente fundamentales (Sentencias de 3 de abril de 1954 y 2 de julio y 9 de diciembre de1960 ), pero quedan al margen de tal exigencia de aportación in limine litis los carentes de dicha finalidad inmediata se dirigen a desvirtuarla oposición del adversario (Sentencia de 31 de octubre de 1963 , además de las citadas)" y en análogos términos se pronuncia la de 16 de julio de 1991 al decir que "la jurisprudencia distingue entre los documentos básicos de la pretensión, que fundamentan la causa de pedir, y aquellos otros complementarios, accesorios o auxiliares, encaminados a integrar el proceso probatorio o a combatir las alegaciones de contrario, siendo de aplicación sólo a los primeros el criterio rigorista de los arts. 504 y 506 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, entendiendo la Jurisprudencia que para los segundos rige el principio de libre aportación a través de los escritos de réplica y duplica, o en período probatorio"; en el presente caso los documentos aportados no tienen ese carácter de fundamentales que implicaría su necesaria aportación con la demanda, ya que la causa petendi de la acción ejercitada se encuentra en el documento de reconocimiento de deuda de 24 de abril de 1979, aportado por el actor con su escrito inicial, en tanto que los documentos aportados en período probatorio van dirigidos a combatir la defensa del demandado basada en el pago de las cantidades que se dicen adeudadas por él, siendo indiferente, por tanto, que tales documentos hayan sido aportados por la citada testigo; no puede hablarse de indefensión de los demandados pues alegado por éstos, como se dice, el pago anterior del principal reclamado, pudieron y debieron aportar todos los medios probatorios a su alcance para justificar sus alegaciones, sin que esa actividad probatoria haya resultado coartada o limitada por la aportación en la fase de prueba de los documentos combatidos; procede así desestimar el motivo.

En el motivo segundo, al amparo del ordinal 5.° del art. 1.692 de la Ley Procesal Civil , se alega infracción del art. 1.225 del Código Civil y de los arts. 604 y 606 del texto procesal citado, en la insólita y no obstante confusa argumentación del motivo se critica a la Sala de instancia que por ésta, a través de la interpretación que hace del documento de 20 de mayo de 1980 (el figurado al tan repetido folio 307), se concluya que el documento de 24 de abril de 1979, "consistente en un contrato sólo firmado por una de las partes, fue aceptado por la parte no firmante, considerándolo válido a todos los efectos" , es decir, se está impugnando no porque no haya sido reconocido por la parte frente a la cual se hacen valer dichos documentos, los demandados ahora recurrentes firmantes todos ellos del reconocimiento de deuda realizado en 24 de abril de 1979 y por el señor Diego el documento de fecha 20 de mayo de 1980, sino porque tales documentos no han sido reconocidos ni cotejados en legal forma por don Domingo , cuya firma no aparece en los referidos documentos, argumentación que carece de todo sentido jurídico ya que, aparte de que, de acuerdo con reiterada jurisprudencia, no es necesario para que lo convenido en documento privado obligue a las partes que en el intervienen que aparezca firmado por cada uno de ellos, aparte de esto, se repite en él presente caso, los documentos han sido aportados a los autos como fundamento de su reclamación por el heredero de don Domingo que reclama, frente a los ahora recurrentes, el cumplimiento por éstos de las obligaciones nacidas de lo en aquéllos convenido, lo que implícala aceptación por quien los presenta de tales documentos y su contenido; olvidan los recurrentes lo dispuesto en el art. 1.226, párrafo 1.°, del Código Civil , a cuyo tenor serían ellos, los demandados a quienes se oponen en juicio los tan repetidos documentos los que vendrían obligados a declarar si la firma es o no suya y no, como se pretende en el motivo, quien presenta en juicio los documentos. En consecuencia, procede desestimar el motivo.

El tercer motivo de este recurso, acogido al ordinal 5.° del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ; alega infracción del art. 1.214 del Código Civil ; se argumenta en el motivo que se ha acreditado que en la cuenta núm. 18.650-4 (llamada del estanco) abierta en la Caja Provincial de Ahorros de Álava a nombre de don Domingo , se ha ingresado por don Diego , durante el período en que subsistió dicha cuenta, la cantidad de 23.061.617,75, de cuya cantidad 8.853.500 pesetas fueron destinadas por el señor Domingo para cobrarse su deuda, abonando tal suma en la cuenta del préstamo 40.819- 4; por ello se afirma en el motivo que correspondía a la parte actora probar que la citada cantidad de 23.061.617,75 pesetas había sido destinada a pagar los gastos del estanco; al no entenderlo así la Sala a quo y hacer recaer sobre los demandados recurrentes la falta de prueba del destino dado a la cantidad ingresada en la cuenta núm. 18.650-4 ha infringido el art. 1.214 del Código Civil , invirtiendo la carga de la prueba.

Recogiendo una doctrina legal ya consolidada, dice la Sentencia de 20 de febrero de 1960, citada en la de 17 de octubre de 1981 , que "se llega a establecer como principio a seguir para precisar a quien debe corresponder la facultad de demostrar el fundamento esgrimido, que la obligación de probar los hechos normalmente constitutivos de su pretensión corresponde al actor y, por el contrario, es atribución del demandado la de los impeditivos o extintivos de la relación jurídica en discusión, sin perjuicio siempre del examen aislado de cada caso, a los fines de analizar los factores que se ofrecen para deducir por ellos cuál es el hecho que origina la constitución del derecho que se pide, o la extinción que la origina, llevándolo a declarar en otras, que cuando el demandado no se limita a negar los hechos de la demanda y opone otros que sirven para desvirtuarlos, impedirlos o extinguirlos, queda, en cuanto a éstos, gravado con la demostración de aquéllos que constituyen la base de su oposición" ; y la Sentencia de 18 de mayo de 1988 , con cita de otras varias, se refiere a la correcta interpretación de la doctrina legal sobre la carga de la prueba "según criterios flexibles y no tasados, que se deben adaptar a cada caso, según la naturaleza delos hechos afirmados o negados y la disponibilidad o facilidad para probar que tenga cada parte" .

En el presente caso, ha de tenerse en cuenta que alegado por los demandados recurrentes que la cantidad de 8.853.000 pesetas, parte del principal reclamado en la demanda, había sido pagada por don Domingo con fondos procedentes de la cuenta núm. 18.650-4, nutrida exclusivamente con las aportaciones del Sr. Diego , procedentes de los ingresos del estanco propiedad de éste, es claro que a él correspondía la prueba de ese hecho extintivo de la obligación cuyo cumplimiento se le reclama. Es de notar que la apertura de dicha cuenta a nombre de don Domingo , no supone la administración por éste del estanco, sino que tenía por finalidad controlar los ingresos de ese negocio y determinar cuál era la cantidad que podía destinarse a la amortización del préstamo de 12.000.000 de pesetas concedido por la Caja Provincial de Ahorros de Álava, "sin dejar desprovista la cuenta para los aprovisionamientos" , como consta en la carta que figura al folio 121 de los autos, aportada por los demandados; y si quien únicamente podía disponer de los fondos existentes en esa cuenta era su titular, don Domingo , éste se limitaba a firmar los talones que le solicitaban los demandados o quien, en su nombre, regentaba el estanco, quienes en todo momento conservaron en sus manos la administración del negocio teniendo en su poder toda la documentación relativa al mismo, por lo que los demandados estaban en situación de haber acreditado, no sólo en estos autos sino también frente a las numerosas reclamaciones previas que se les hicieron, qué parte de aquella cantidad total de 23.061.617,75 pesetas había sido destinada a pagar los gastos del negocio y cuál había quedado a disposición del Sr. Domingo para amortizar aquel crédito. Si bien es cierto que en los autos no existe prueba alguna que acredite suficientemente que la cantidad reclamada de 8.853.500 pesetas fue abonada en su totalidad a la Caja de Ahorros por don Domingo con fondos procedentes de la llamada "cuenta del estanco", del extracto de la misma aportado por los demandados y unido a los folios 67 a 91, aparecen diversos asientos que ponen de manifiesto que ciertas cantidades de las allí ingresadas tuvieron el destino que dicen los demandados; así en 18 de marzo de 1980 se produce un traspaso de 100.000 pesetas a una cuenta corriente sin identificar; en 2 de junio siguiente, hay otro traspaso a la cuenta 16815, por importe de 100.000 pesetas; en 11 de julio de 1980, se produce un traspaso de 100.000 pesetas a la cuenta de Domingo (pago este reconocido por el actor); con fechas 9 y 14 de octubre de 1980, figuran en el debe de la cuenta dos partidas de 30.000 pesetas cada una para atender recibos del préstamo, y en 3 de noviembre y 1 de diciembre de 1980, figuran en el debe de la cuenta otras dos salidas de 300.000 pesetas cada una para atender a recibos del préstamo. De todo ello, se pone de manifiesto que al no haber tenido en cuenta la Sala de instancia los particulares reseñados en orden a haberse aportado prueba por los demandados que acreditan en parte la certeza de sus alegaciones, ha aplicado incorrectamente el principio de la carga de la prueba tal y como ha sido confirmado por la jurisprudencia de esta Sala, por lo que procede estimar en el sentido que resulta de lo anterior, este motivo. Procede la estimación del cuarto y último motivo de este recurso en cuanto resulta de lo antes dicho al alegarse en él la infracción del art. 1.156.2.° del Código Civil al haber sido ya satisfecha parte de las cantidades reclamadas en la cuantía fijada en anteriores fundamentos de esta resolución.

De lo razonado en los anteriores fundamentos jurídicos surge la estimación de ambos recursos con la consiguiente casación y anulación parcial de la sentencia recurrida y revocación total de la de primera instancia, con la consecuencia en cuanto a las costas de los recursos de no proceder expresa condena en las mismas de conformidad con el art. 1.715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

La estimación de los recursos de casación interpuestos, impone a esta Sala 1ª obligación de resolver lo que corresponda dentro de los términos en que aparece planteado el debate (art. 1.715.3.° de la Ley de Enjuiciamiento Civil ).

Reconocido por los demandados en el documento de 24 de abril de 1979 que adeudaban a don Domingo la cantidad de 5.796.206 pesetas, y dado el carácter vinculante que tal reconocimiento de deuda tiene para quien lo hace, de acuerdo con la doctrina jurisprudencial citada en el fundamento sexto de esta resolución, han de ser condenados los demandados a su pago, al no haberse probado por éstos haber satisfecho dicha cantidad que devengará el interés pactado del 10 por 100 anual hasta la fecha de presentación de la demanda; igualmente resulta acreditado que don Domingo abonó a la Caja Provincial de Ahorros de Álava para amortización y pago de intereses del préstamo de 12.000.000 de pesetas concedido por aquélla y destinado a saldar las deudas que el demandado señor Diego tenía con otras entidades crediticias avaladas por el Sr. Domingo , las cantidades de 1.053.500 pesetas mediante su cargo en la cuenta de su titularidad núm. 28152- 7, en 15 de abril de 1980; 3.800.000 pesetas ingresadas por aquél en la cuenta abierta para amortización del crédito, ingreso efectuado en 9 de julio de 1981; y 4.000.000 de pesetas mediante ingreso en dicha cuenta el día 13 de julio de 1981; cantidades a cuyo pago vienen obligados los demandados a tenor del citado convenio de 24 de abril de 1979 y que devengarán el interés anual del diez por 100 desde la fecha en que fueron, respectivamente, abonadas por el Sr. Domingo hasta la de presentación de la demanda.Por reconocimiento del actor en sus escritos de demanda y de resumen de prueba, resulta probado que los demandados han pagado las cantidades de 100.000 pesetas, en 11 de julio de 1980; 300.000 pesetas, en 10 de octubre de 1980, y 1.288.469 pesetas, diferencia entre la de 9.397.215 pesetas parte retenida del importe de las letras de cambio y timbres adquiridos en el estanco de los demandados por las empresas del actor o su causante y retenidos por éstos y la parte de la misma destinada a amortizar el crédito de 12.108.746 pesetas. Igualmente resulta probado que desde la llamada cuenta del estanco se han pagado las cantidades a que se ha hecho referencia en el noveno fundamento jurídico de esta resolución, si bien ha de tenerse en cuenta que la partida de 100.000 pesetas extraída de la cuenta en 11 de julio de 1980 es la cantidad que se ha reconocido como percibida por el actor en la misma fecha, por lo que tal cantidad sólo podrá detraerse una sola vez de la debida por los demandados; dichas cantidades devengarán a favor de los demandados el interés del 10 por 100 anual desde la fecha de su respectiva entrega hasta la representación de la demanda. En cuanto a los intereses que de acuerdo con lo anterior devengará la suma de 1.288.469 pesetas, dado que la misma es la resultante de los pagos fraccionarios que figuran en los recibos aportados por los demandados como anexos 38 y 39 con la contestación a la demanda, tales intereses, se repite, se devengarán respecto a 68.469 pesetas desde el 15 de diciembre de 1988 en que fue cancelado el crédito de 12.000.000 de pesetas; respecto a las restantes 1.220.000 pesetas, integrada dicha cantidad por el importe de los recibos expedidos entre 21 de noviembre de 1988 y 21 de mayo de 1990, ambos inclusive, los intereses se calcularán sumando los producidos por cada una de esas entidades parciales desde la fecha del correspondiente recibo.

En consecuencia procede la estimación parcial de la demanda condenando a los demandados a pagar al actor la cantidad resultante, que se determinará en ejecución de sentencia, de restar a las cantidades que se relacionan en el párrafo segundo de este fundamento más los intereses que en él se dicen, las cantidades ya abonadas por los demandados más los intereses de las mismas que se relacionan en el párrafo tercero de este fundamento, cantidad resultante que no podrá exceder de la de 37.050.281 pesetas a que el actor contrae su reclamación en su escrito de conclusiones; más los intereses legales desde la interposición de la demanda.

En cuanto a las costas de la primera y segunda instancia no procede hacer especial condena en las mismas de acuerdo con los arts. 523.2.° y 710 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español,

Que debemos declarar y declaramos haber lugar a los recursos de casación interpuestos, respectivamente, por don Raúl y por don Diego y doña Gloria contra la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Álava de fecha 11 de noviembre de 1991 que casamos y anulamos parcialmente; y con revocación de la dictada por el Magistrado-Juez de Primera Instancia núm. 5 de Vitoria, con estimación parcial de la demanda, debemos condenar y condenamos a don Diego , a doña Gloria y a los herederos de doña Marí Jose a que paguen a don Raúl que actúa por sí y en beneficio de la comunidad hereditaria de don Domingo , la cantidad que se determinará en ejecución de sentencia de acuerdo con las bases establecida en los fundamentos jurídicos noveno y undécimo de esta resolución, ya que no podrá exceder de 37.050.281 pesetas, más los intereses legales de la cantidad resultante desde la fecha de la sentencia recurrida. Sin hacer expresa condena en las costas causadas en las primera y segunda instancia ni en las causadas en estos recursos de casación. Y líbrese a la mencionada Audiencia Provincial la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de Sala en su día remitidos.

ASI por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmarnos. Gumersindo Burgos Pérez de Andrade. Francisco Morales Morales. Pedro González Poveda. Rubricados.

Publicación: Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr don Pedro González Poveda, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretaria de la misma, certifico.-Bartolomé Pardo.-Rubricado.