STS, 14 de Noviembre de 1994
| Ponente | JOSE MARIA MORENILLA RODRIGUEZ |
| ECLI | ES:TS:1994:16528 |
| Número de Recurso | 2949/1994 |
| Fecha de Resolución | 14 de Noviembre de 1994 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
Sentencia de 14 de noviembre de 1994
PONENTE: Excmo. Sr. don José María Morenilla Rodríguez.
PROCEDIMIENTO: Recurso de casación núm. 2.949/1994.
MATERIA: Especialidades médicas: Medicina legal y forense.
NORMAS APLICADAS: Real Decreto 127/1984, de 11 de enero .
DOCTRINA: El Real Decreto 127/1984 , que deroga expresamente la normativa anterior, no prevé un
sistema transitorio para la obtención del título de especialidades que no exigía formación
hospitalaria.
En la villa de Madrid, a catorce de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro.
En el recurso de casación núm. 2.949/1994, interpuesto por don Braulio representado por el Procurador don Manuel Infante Sánchez y asistido por el Letrado don Antonio Zuñiga Pérez del Molino, contra la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Quinta, de la Audiencia Nacional de fecha 28 de diciembre de 1993 , sobre concesión del título de Médico Especialista en Medicina Legal y Forense, habiendo comparecido la Administración General del Estado, representada y defendida por su abogacía. Y siendo Ponente el Excmo. Sr. don José María Morenilla Rodríguez.
Antecedentes de hecho
La representación procesal de don Braulio ha recurrido en casación la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Quinta, de la Audiencia Nacional recaída en el recurso contencioso-administrativo núm. 501.770, de fecha 28 de diciembre de 1993 , interpuesto contra la desestimación tácita por silencio administrativo habiendo denunciado la mora de su solicitud, formulada el 26 de mayo de 1989, ante la Secretaría de Estado de Universidades, Subdirección General de Especialidades, del Ministerio de Educación y Ciencia, de que se le concediera el título de Especialista en Medicina Legal y Forense. La sentencia recurrida desestimó el recurso contencioso-administrativo y el recurrente aduce como único motivo de casación, al amparo del art. 95.1.º.4.° de la Ley de la Jurisdicción , que la sentencia infringe lo dispuesto en el art. 2.º.b), 4.°.2.° y 5.°.5.° del Real Decreto 127/1984, de 11 de enero , y art. 10 de la Orden de 24 de abril de 1984 y Orden de 9 de septiembre de 1988, y de las sentencias del Tribunal Supremo que cita así como lo dispuesto en el art. 4.° en relación con la disposición transitoria primera, apartado a) ambos de la Ley de Especialidades Médicas y 20 de julio de 1955, en relación con los arts. 3.°.a) y 4.º de la Orden de 1 de abril de 1958 y art. 9.°.3.° de la Constitución Española y art. 2.°.3.° del Código Civil , repitiendo la exposición de antecedentes que ya había hecho en su escrito de demanda e insistiendo en el derecho de su representado a que se le conceda el título por la única vía permitida por la legislación aplicable que es la del ejercicio público de la profesión durante al menos tres años hasta la entrada en vigor de la Orden de 12 de septiembre de 1988, al no existir ningún otro sistemade acceso en aplicación del art. 4.° de la Orden de 1 de abril de 1958, que determinaba que la entrada en vigor de la Ley de 1955, citado quedaba fijado por la fecha de la Orden ministerial que complete su reglamento al fijar los programas de estudios y práctica que solicita y en que la sentencia aplica una normativa que no es aplicable a la especialidad de Medicina Legal y Forense ya que ésta no requiere formación hospitalaria no siéndole por ello de aplicación las disposiciones que se referían a ésta conforme a la disposición transitoria del Decreto 2015/1978 , por lo que debía continuar en vigor el sistema de concesión hasta entonces vigente, o sea, el de la Ley de 20 de julio de 1955 y la Orden de 1 de abril de 1958, citado del ejercicio público de la especialidad con peritaciones ante los Tribunales desde el 1 de octubre de 1986, durante más de tres años lo que ha acreditado el recurrente, alegando derechos adquiridos al amparo de la Ley de 1955 y disposiciones que lo desarrollan y el principio de irretroactividad de disposición desfavorable conforme al art. 9.°.3.°.
Personado en el recurso de casación el Abogado del Estado, presentó escrito oponiéndose al recurso alegando la inadmisión del recurso por aplicación de lo dispuesto en el art. 100.2.°.c) de la Ley y en cuanto al fondo que los argumentos utilizados ya se habían expuesto en la primera instancia y que la sentencia recurrida sigue la doctrina jurisprudencial ya establecida.
Fundamentos de Derecho
El único motivo de casación opuesto por la representación de don Braulio se basa en la infracción, por su aplicación indebida de los arts. 2.°.b), 4.°.2.° y 5.°.5.º del Real Decreto 127/1984, de 11 de enero , así como del art. 10 de la Orden de 24 de abril de 1984 y Orden de 9 de septiembre de 1988 -que cita por la fecha de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado» el día 12 de ese mes y año- y de la jurisprudencia de esta Sala en materia de obtención del título de Médico Especialista; y en la infracción, por no aplicación, del art. 4.ª en relación con la disposición transitoria primera, apartado a), ambos de la Ley de 20 de julio de 1955 , en relación con los arts. 3.º.a) y 4.º de la Orden ministerial de 1 de abril de 1958 , y en relación con el art. 9.°.3.° de la Constitución Española y apartado 2.°.3.° del Código Civil .
Esta complejidad del motivo alegado, que bien podía articularse y razonarse separadamente en los correspondientes motivos, puede, sin embargo, ser aceptada por la interrelación de los preceptos que se consideran alegados y la necesaria consideración conjunta, aunque cronológicamente separada de la normativa en materia de la obtención de títulos de Especialidades Médicas. La existencia de varios sistemas para la aplicación transitoria de normas ya derogadas es causa de esas invocaciones de infracción de las que se estiman favorables al fin de obtener el título pretendido, invocando unos derechos adquiridos al amparo de la normativa anterior.
La variedad de normas que estima infringidas el recurrente y que se exponen con toda pertinencia en el escrito de alegaciones vienen a plantear nuevamente ante esta Sala la argumentación que ya se hizo ante la Audiencia Nacional según la cual a la especialidad de Medicina Legal y Forense, como las demás que no exigen una formación hospitalaria comprendidas en el apartado tercero del anexo del Real Decreto 127/1984 , no es de aplicación la normativa ni la jurisprudencia relativa a las otras vías de obtención del título de Médico Especialista. Esta realidad impone el examen de la normativa aplicable con el doble fin de evitar tanto la aplicación de normas que corresponden a otra vía de formación, como de normas nuevas que restringen los derechos adquiridos que invoca. Precisamente esa es la infracción por aplicación indebida, que atribuye a la sentencia recurrida al desestimar el recurso entablado por no haber acreditado los requisitos exigidos en el art. 10 de la Orden de 24 de abril de 1984, porque estima que esa norma no le era de aplicación por haber iniciado su formación de especialista el 1 de octubre de 1986 y haber ejercido desde entonces su especialidad ante los Tribunales, o sea, durante más de tres años, de conformidad con la disposición transitoria de la Ley citada de 1955 y la Orden de 1 de abril de 1958, que supedita la vigencia de aquélla a la regulación de la formación y práctica de la especialidad.
El motivo no puede, sin embargo prosperar. La sentencia recurrida ha analizado correctamente la evolución de la ordenación de la obtención del título en las Especialidades Médicas que no requieren formación hospitalaria y ha aplicado correctamente el art. 10 de la Orden de 24 de abril de 1984, que establece el régimen transitorio para obtener el título hasta que no se desarrollen los arts. 4.°.2.º y 55 del Real Decreto 127/1984 , sobre el acceso y programas de las Unidades Docentes acreditadas para la formación, lo que se realizó por la Orden de 9 de septiembre de 1988.
El recurrente ha solicitado el título de Médico Especialista en Medicina Legal y Forense el 26 de mayo de 1989, alegando una situación de transitoriedad que no puede deducirse de las alegaciones que hace y que demuestran la corrección de la sentencia recurrida: la invocación, cuarenta y cuatro años después, de una disposición transitoria que se refiere a situaciones de ejercicio profesional durante tres años antes de la publicación de la Ley de Especialidades Médicas de 1955, por quienes -como el solicitante- había terminadola carrera de Medicina y Cirugía en 1981, no es, desde luego de recibo. La Ley citada -rebajada de rango normativo por la Ley General de Educación de 1970- y las normas de su desarrollo quedaron derogadas, en cuanto se oponían al Real Decreto 2015/1978, de 15 de julio , que entraba en vigor el mismo día de su publicación (disposición final cuarta) lo que tuvo lugar el 29 de agosto de 1978. Este Real Decreto no contemplaba el ejercicio profesional como vía de acceso a los títulos de especialidades médicas en las cinco vías que previo expresamente (art. 5.°) y no necesitaba por tanto normas complementarias en ese ámbito. La Orden de 11 de febrero de 1981 estableció un sistema transitorio de concesión de títulos de Especialistas a los que hubieren iniciado su formación antes del 1 de enero de 1980, cuando el solicitante ni siquiera había terminado su carrera, fecha de la entrada en vigor del nuevo sistema relativo a Especialidades que requerían formación hospitalaria, que incluía a los que antes de esa fecha hubieran desarrollado durante dos años las actividades propias de la Especialidad. Finalmente el Real Decreto 127/1984 , que deroga expresamente la normativa anterior citada no prevé un sistema transitorio para la obtención del título de especialidades que no exigía formación hospitalaria, siendo la Orden tan citada de 24 de abril de 1984, la que dedicó su núm. 10 a esa ordenación aunque establecía un plazo de caducidad para las solicitudes por los sistemas transitorios que establecía -para los tres apartados del anexo citado que expiraba el 31 de julio de 1984.
La situación que invoca el recurrente es ciertamente peculiar habiendo terminado su carrera en 1981, presenta certificación relativa a la obtención del diploma de la Especialidad de Medicina del Trabajo objeto en 1985, en la Escuela Profesional de Medicina del Trabajo. Sin embargo solicitando el título en la Especialidad de Medicina Legal y Forense, es evidente que la formación que aduce es ajena a la especialidad para la que solicita el título, aunque ambas especialidades sean de las que según el apartado
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del anexo citado del Real Decreto 127/1984 , sean de las que no necesitan formación hospitalaria, siendo consecuentemente objeto de programa de formación distinto en la Orden de 9 de septiembre de 1988.
Respecto a la formación en la especialidad solicitada que alega haber iniciado el 1 de octubre de 1986, por estar realizando desde entonces peritajes en los Juzgados de lo Social, ni tal actividad significa que haya ejercido la especialidad de Medicina Legal y Forense atendido el ámbito propio de ésta y la formación que exige, ni ese ejercicio puede producir la obtención del título que pide, porque como se ha expuesto, solamente podía haberse solicitado al amparo de la Orden de 11 de febrero de 1981, en el párrafo 2.º de la misma que lo permitía, en las condiciones que determinaba, hasta su derogación por el Real Decreto 127/1984 . El recurrente alega esta vía transitoria de 1989, sin una referencia explícita a la norma invocada sino como iniciación anterior al desarrollo del Real Decreto 127/1984 , por la Orden de 9 de septiembre de 1988.
Desestimando el único motivo expuesto, ha de declararse no haber lugar al recurso con imposición de las costas al recurrente, conforme al art. 102.3.º de la Ley de la Jurisdicción .
En nombre de Su Majestad el Rey y, en el ejercicio de la potestad de juzgar que, emanando del pueblo español, nos confiere la Constitución,
Que desestimando el único motivo de casación alegada que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación entablado por la representación procesal de don Braulio contra la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Quinta, de la Audiencia Nacional de 28 de diciembre de 1993, que desestimó el recurso contencioso-administrativo núm. 501.770 que había interpuesto. Con imposición al recurrente de las costas de este recurso.
ASI, por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-Carmelo Madrigal García.-José María Morenilla Rodríguez.-Pedro José Yagüe Gil.-Rubricados.
Publicación: Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Excmo. Sr don José María Morenilla Rodríguez, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.-Rubricado.
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