STS, 17 de Febrero de 1994
| Ponente | JOSE MARIA RUIZ-JARABO FERRAN |
| ECLI | ES:TS:1994:12845 |
| Fecha de Resolución | 17 de Febrero de 1994 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
Núm. 600.-Sentencia de 17 de febrero de 1994
PONENTE: Excmo. Sr. don José María Ruiz Jarabo Ferrán.
PROCEDIMIENTO: Recurso de apelación.
MATERIA: Tributos: Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.
NORMAS APLICADAS: Real Decreto legislativo 3050/1980 .
JURISPRUDENCIA CITADA: Sentencias del Tribunal Supremo de 24 de mayo, 21 de junio y 2 de octubre de 1988; 30 de enero, 17 de abril y 19 de junio de 1989; 20 de enero de 1990; 18 de junio de 1991 y 22 de febrero de 1992 , entre otras.
DOCTRINA: En el supuesto de que se declare un valor igual al fijado a efectos del Impuesto sobre el Patrimonio, no es necesaria la comprobación administrativa.
En la villa de Madrid, a diecisiete de febrero de mil novecientos noventa y cuatro.
Visto por la Sección Segunda de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo el recurso núm. 3.723/91, interpuesto por el Letrado de la Junta de Andalucía contra Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, de fecha 27 de julio de 1990 , habiendo sido parte en autos la Administración del Estado.
Antecedentes de hecho
La Sentencia dictada el 8 de enero de 1990 contiene la siguiente parte dispositiva: «Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía contra la resolución ya referenciada en el encabezamiento de esta Sentencia; sin costas. Y a su tiempo, con certificación de esta Sentencia para su cumplimiento, devuélvase el expediente administrativo al lugar de procedencia».
La fundamentación jurídica de la referida Sentencia es la siguiente, que por su trascendencia a los efectos de esta resolución, transcribimos en su integridad:
El único objeto del litigio (uno más en una larga serie de recursos similares, en los que la referencia a sus aspectos singulares es irrelevante, toda vez que se trata de una mera cuestión de Derecho) se centra en analizar la posibilidad que asiste a la Administración tributaria para comprobar los valores en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, a tenor del art. 49.1 del Real Decreto legislativo 3050/1980 , por el que se aprueba el Texto refundido del Impuesto, cuando dicho valor ha sido previamente determinado por la correcta aplicación de las reglas del Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio, según dispone el art. 10.1 del mismo Texto refundido , en relación con la disposición transitoria 1.a del Reglamento aprobado por Real Decreto 3494/1981, de 29 de diciembre.
La solución jurídicamente correcta la ha dado ya el Tribunal Supremo, y precisamente en unaSentencia dictada con el específico fin de «fijar la doctrina legal» sobre la cuestión, pues en efecto la Sentencia de 10 de marzo de 1986 fue emitida en un recurso extraordinario de apelación en interés de ley, a los que se refiere el art. 101 de la Ley Jurisdiccional . Tras dicho pronunciamiento, el Tribunal Supremo ha vuelto ulteriormente a insistir en su doctrina (entre otras, en la Sentencia de 21 de junio de 1988 ). Esta Sala, obviamente, se atiene a la doctrina legal sentada por el supremo intérprete de la legalidad ordinaria en nuestro Ordenamiento jurídico, doctrina asimismo vinculante para la Administración respecto de los hechos imponibles nacidos al amparo de la norma así interpretada, hasta que una norma con rango de ley ulterior, en concreto la disposición adicional 2.a de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre , vino a modificar el Texto refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en sus arts. 10.1 y 49, ya mencionados .
Sentado lo anterior, y dado que las partes tienen suficiente conocimiento de la doctrina legal antedicha, sobre la que versa toda la argumentación jurídica, poco más hay que añadir. El art. 10.1 del Texto refundido remitía, con absoluta claridad, la fijación del valor tributable en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales a las normas del Impuesto sobre el Patrimonio Neto, y esta referencia se traslada al Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio (disposición transitoria 1ª del Reglamento) hasta que aquellas normas se promulguen, como ocurre en otras muchas disposiciones tributarias relacionadas con dicho Impuesto sobre el Patrimonio. Si la liquidación seguía esas normas se cumplía estrictamente la obligación de declarar, y el valor así concretado era jurídicamente irreprochable, lo que impedía una ulterior actividad de comprobación de valores por parte de los servicios administrativos. La claridad de los preceptos legales no permitía otra interpretación, y precisamente su reforma ha exigido una nueva disposición legislativa.
4) La postura de la Administración recurrente, desconociendo de modo flagrante la autoridad de las Sentencias del Tribunal Supremo en interés de ley, obligando a los contribuyentes a soportar la incertidumbre (cuando no la carga) de un nuevo proceso, aduciendo argumentos tan desafortunados como el contenido en el último de sus fundamentos de Derecho («la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de marzo de 1986 ha sido dictada prescindiendo de los principios más elementales de la hermenéutica jurídica y quiebra radicalmente con el principio de equidad») es acreedora a la condena en costas, por su temeridad.
Cumplidas las prescripciones legales, se señaló para votación y fallo el día 15 de febrero de 1994.
Es Ponente el Excmo. Sr. Magistrado don José María Ruiz Jarabo Ferrán.
Fundamentos de Derecho
Aceptando los fundamentos jurídicos de la resolución recurrida, y además,
En el caso examinado, al formular el escrito de alegaciones, la parte recurrente, representada por el Letrado del Gabinete Jurídico de la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía, entiende que en las presentes actuaciones: a) El hecho imponible tuvo lugar bajo la vigencia del Texto refundido de 30 de diciembre de 1980. b) El propio contribuyente fijó como valor real del bien en
3.767.492 pesetas, siendo el valor catastral de 3.955.845 pesetas. En suma, a juicio de esta parte, no manifestándose la identidad entre el valor catastral y el valor declarado, debe entenderse abierta la puerta de la comprobación administrativa.
Este razonamiento, sin embargo, es desvirtuado por el Abogado del Estado, quien en la fase de alegaciones del recurso, entiende que procede la confirmación de la resolución impugnada, considerando que han de tenerse por íntegramente reproducidos los hechos y fundamentos de Derecho que constan en la Sentencia apelada.
Después de este planteamiento, y recordando los criterios jurisprudenciales sobre el particular (Sentencias de 24 de mayo, 21 de junio y 2 de octubre de 1988; 30 de enero, 17 de abril y 19 de junio de 1989; 20 de enero de 1990 y posteriores como la de 18 de junio de 1991 y 22 de febrero de 1992), la doctrina jurisprudencial de esta Sala en relación con la interpretación de los arts. 10.1 y 49 del Real Decreto legislativo 3050/1980, de 30 de diciembre , es que en el supuesto de que se declare un valor igual al fijado a efectos del Impuesto sobre el Patrimonio no es necesaria la comprobación administrativa, pero en el caso que estamos analizando no aparece una prueba demostrativa en las actuaciones y en el expediente administrativo, en este punto, de la necesaria adecuación del valor declarado a los efectos del Impuesto sobre el Patrimonio y su equiparación al valor del bien formulado en la autoliquidación por el sujeto pasivo.
Constan en el expediente los siguientes datos:
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En escritura de 25 de mayo de 1987, los esposos don Jon y doña Flora venden a don Ángel la vivienda B de la planta NUM000 alta derecha, señalada con la letra D del núm. NUM001 del edificio sito en la Ciudad Jardín « DIRECCION000 », de Sevilla, por precio de 3.800.000 pesetas.
En la declaración-liquidación del contribuyente, don Ángel figura una base liquidable de 3.767.472 pesetas y un ingreso de 226.049 pesetas.
En la valoración catastral de 1984 figura: 3.139.560; en la de 1985: 3.139.560, y en la de 1986:
3.767.472, y en el valor asignado 4.561.250.
Se incumple desde esta perspectiva la probanza de una valoración real que incumbía realizar frente al criterio de la parte hoy apelante a ella misma, puesto que sería de aplicación plena la previsión contenida en el art. 1.214 del Código Civil , ya que cada parte ha de probar el supuesto de hecho de la norma cuyas consecuencias jurídicas invoca a su favor, doctrina jurisprudencial puesta de manifiesto por el Tribunal Supremo en Sentencias de 20 de marzo, 13 de marzo y 24 de enero de 1989 , y reiterada en Sentencia de 29 de noviembre de 1991, por lo que desde este punto de vista no cabe acoger la pretensión instada por la Junta al formalizar el recurso de apelación.
A mayor abundamiento, para concretar si la Sentencia apelada se ajusta o no al Ordenamiento jurídico, al haber declarado nula una valoración por falta de fundamento, es determinante la conclusión a la que se llega de la plena confirmación de la resolución impugnada por el hecho de que el contribuyente ni solicitó tasación pericial contradictoria, que no queda acreditada en las actuaciones ni, por otra parte, y pese a la presunción de legalidad de los actos administrativos, se explicitan en las motivaciones resultantes de la comprobación los criterios seguidos por la Administración para determinar la distinta valoración del bien, pues, como recuerda la Sentencia de esta Sala de 22 de febrero de 1992, no puede calificarse ni como «valoración», ni como «informe», ni como «dictamen» la practicada por técnico cuya titulación se desconoce, al no expresarse siquiera en la antefirma, y que consta de un folio en el que en impreso que contiene un espacio para la «motivación» solamente aparece la fecha y firma del «funcionario encargado del servicio» y sin motivación alguna en el lugar destinado al valor apreciado.
Esta Sala, en reiterada jurisprudencia (Sentencias de 3 de mayo de 1989, 26 de mayo de 1989, 20 de enero y 20 de julio de 1990, 23 de diciembre de 1991, 18 de junio de 1991 y 22 de febrero de 1992) ha declarado la necesidad de una fundamentación explícita en las valoraciones, exponiendo cuáles son los criterios de aplicación, tales como la situación, estado, período de vida, sistema de construcción, valoraciones de mercado de fines semejantes, etc., por lo que ante la falta evidente en el expediente de dicha circunstancia, procede declarar la nulidad del acto de comprobación efectuado.
Esta conclusión es coincidente, en suma, con el criterio adoptado en el fallo de la Sentencia apelada y con la resolución dictada con fecha 31 de enero de 1989 por el Tribunal Económico-Administrativo Provincial de Sevilla al resolver la reclamación interpuesta con el núm. 667/88, puesto que explícitamente se reconoce en dicha resolución la estimación de la reclamación, la anulación del expediente de comprobación de valores y la determinación del valor real del bien, sujetándose a las normas del Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio a no ser que dicho valor fuese superior, en cuyo caso prevalecería éste sobre aquél, por lo que en los términos consignados procede desestimar el recurso de apelación interpuesto y confirmar en todos sus términos la resolución recurrida.
No apreciándose especial temeridad ni mala fe y en aplicación de los arts. 81, 83, 100 y 131 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , no procede hacer expresa imposición de costas en esta segunda instancia.
Desestimando el recurso de apelación núm. 3.723/91 interpuesto por el Letrado del Gabinete Jurídico de la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía contra Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Andalucía, con sede en Sevilla, de fecha 27 de julio de 1990 , dictada en el recurso contencioso-administrativo 501 núm. 1.859/89, confirmando la referida Sentencia en su integridad y no apreciándose especial temeridad ni mala fe, no procede hacer expresa imposición de costas.
ASI, por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, definitivamentejuzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-José María Ruiz Jarabo Ferrán.-Emilio Pujalte Clariana.-Jaime Rouanet Moscardó.-Rubricados.
Publicación: Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. don José María Ruiz Jarabo Ferrán, Magistrado Ponente de la misma, estando celebrando audiencia pública la Sala Tercera (Sección Segunda) del Tribunal Supremo el mismo día de su fecha, lo que como Secretario certifico.
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SAP Las Palmas 435/2002, 18 de Septiembre de 2002
...líquida y vencida, pese a lo sostenido por la apelante, incurriendo el deudor en mora como ya quedó expuesto. En este sentido, la STS de 17 febrero 1994 diferenció los intereses moratorios y los procesales. Aquéllos encuentran su amparo en los arts. 1101 y 1104 C.c., y no pueden confundirse......