STS, 13 de Octubre de 1994
| Ponente | AURELIO DESDENTADO BONETE |
| ECLI | ES:TS:1994:6509 |
| Fecha de Resolución | 13 de Octubre de 1994 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Cuarta, de lo Social |
Núm. 1.026.-Sentencia de 13 de octubre de 1994
PONENTE: Excmo. Sr. don Aurelio Desdentado Bonete.
PROCEDIMIENTO: Seguridad Social.
MATERIA: Reclamación de prestaciones indebidas.
NORMAS APLICADAS: Art. 144.2 LGSS .
DOCTRINA: Las entidades gestoras de la SS tienen la norma general de no poder modificar de
oficio sus decisiones en las que reconozcan una prestación excepto cuando haya error de hecho lo
que no aparece en el caso debatido por lo que no tenía facultad para modificar la revalorización que
había efectuado en la pensión del actor.
En la villa de Madrid, a trece de octubre de mil novecientos noventa y cuatro.
Vistos los presentes autos pendientes, ante esta Sala, en virtud del recurso de casación para la unificación de doctrina, interpuesto por el Procurador don Carlos de Zulueta Cebrián, en nombre y representación del Instituto Nacional de la Seguridad Social, contra la Sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de fecha 28 de enero de 1994, en suplicación, contra la del Juzgado de lo Social núm. 2 de Oviedo de 14 de abril de 1993 , en actuaciones seguidas por don Carlos José , contra la mencionada entidad.
Es Ponente el Excmo. Sr. don Aurelio Desdentado Bonete.
Antecedentes de hecho
Por el siguiente tenor literal: Fallo: «Que estimando en parte la demanda interpuesta por don Carlos José , contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, debo declarar y declaro sin efecto el requerimiento de reintegro de la cantidad de 325.660 ptas., sin perjuicio del derecho de la Entidad Gestora de acudir a los Tribunales para obtener la declaración de su derecho, desestimando la reconvención efectuada, y condenando a las partes a estar y pasar por esta declaración, con absolución del resto de los pedimentos de la demanda.»
En la anterior sentencia se declararon probados los siguientes hechos: 1.°) El actor don Carlos José , ha venido percibiendo desde el año 1986 cuatro pensiones: Una de clases pasivas, dos de MUFACE, y una de la Seguridad Social, ascendiendo desde el indicado año la cuantía total de sus pensiones al tope máximo de pensión establecido para cada ejercicio. 2º) Al tener conocimiento el Instituto Nacional de la Seguridad Social del monto total de las pensiones que percibía el actor, procedió con fecha 4 de abril de 1991 a regularizar el importe de dichas pensiones, reduciendo la de Seguridad Social a 59.979 ptas. mensuales, en vez de las 64.757 ptas., requiriéndole para el reintegro de la cantidad de 325.660 ptas., cobradas en exceso durante el período de tiempo comprendido entre el 1 de abril de 1986 y el 31 de marzode 1991. 3.°) La obligación de reintegro le fue acordada al actor con fecha 4 de diciembre de 1992, frente a la que formuló reclamación previa que fue desestimada el 18 de enero de 1993, presentando la demanda el 17 de febrero de 1993.
Posteriormente, con fecha 28 de enero de 1994, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, dictó sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: Fallo: «Que desestimando el recurso de suplicación interpuesto por la entidad gestora Instituto Nacional de la Seguridad Social frente a la Sentencia dictada el 14 de ... de 1993 por el Juzgado de lo Social núm. 2 de Oviedo en proceso suscitado sobre reintegro de prestaciones indebidas contra dicho recurrente por don Carlos José , debemos confirmar y confirmamos la resolución impugnada.»
Por la parte recurrente se interpuso recurso de casación para la unificación de doctrina ante esta Sala, amparado en el art. 221 de la vigente Ley de Procedimiento Laboral , aportando como Sentencias contradictorias las dictadas por esta misma Sala de 7 de mayo, 11 de junio de 1992, y 12 de julio de 1993, así como las Sentencias de la Sala de lo Social de Asturias de 21 de octubre de 1993 y 17 de enero de 1994 .
No personada la parte recurrida y emitido el preceptivo informe del Ministerio Fiscal en el sentido de considerar el recurso procedente, se declararon conclusos los autos y se señaló día para votación y fallo el 5 de octubre de 1994, quedando la Sala formada por cinco Magistrados.
Fundamentos de Derecho
Una de las cuestiones debatidas en la presente controversia -la posibilidad de que la entidad gestora revise el importe de la prestación y acuerde el reintegro de las cantidades indebidamente percibidas- tiene un claro contenido general que no ha sido puesto en duda por las partes, por lo que hay que concluir que, en virtud de lo dispuesto en el apartado b) del núm. 1 del art. 188, de la LPL , contra la sentencia de instancia procedía el recurso de suplicación, aunque la cuantía litigiosa no alcance el importe mínimo que fija este artículo. La sentencia recurrida se pronuncia sobre un supuesto de concurrencia de pensiones en el que se superaban los topes máximos vigentes en cada período. El Instituto Nacional de la Seguridad Social procedió a fijar la nueva cuantía en el importe correspondiente a 1983 (último año sin tope) y acordó el reintegro de las cantidades que consideraba indebidamente percibidas por las revalorizaciones acordadas desde 1986 a 1991. El actor formuló demanda que fue parcialmente estimada por la sentencia de instancia, en la que se deja sin efecto el requerimiento de reintegro de las cantidades percibidas. En el recurso de suplicación el organismo demandado denunció la infracción del art. 144.2 de la LPL , y de la doctrina de esta Sala contenida en las Sentencias de 7 de mayo y 11 de junio de 1992, en relación con el art. 56, de la LGSS . La Sala de lo Social de Asturias desestimó el recurso por considerar que en él se denunciaba la infracción de una norma procesal que debió ampararse en el apartado a) del art. 190 de la LPL y no en un apartado c) de dicho precepto y -que se introducía además una cuestión nueva no planteada en la instancia. En el fundamento jurídico cuarto la sentencia recurrida realiza también unas consideraciones adicionales sobre la improcedencia del recurso por entender que éste presenta «como mero error de hecho en el cálculo de los módulos revalorizadores lo que es ... un reconocimiento de cuantías debido a otras causas».
Por el organismo recurrente se plantean dos puntos de contradicción. El segundo se refiere a las razones procesales de desestimación del recurso e invoca como contradictorias las Sentencias de esta Sala de 7 de mayo, 11 de junio de 1992 y 12 de julio de 1993, así como las Sentencias de la Sala de lo Social de Asturias de 21 de octubre de 1993 y 17 de enero de 1994 . Esta última no es firme, pero del análisis de las restantes se llega sin dificultad a la conclusión de que la denuncia de la infracción del art. 144 de la LPL y en general de las reglas sobre las facultades de las entidades gestoras para revisar sus actos declarativos de derechos puede y debe hacerse por la vía del apartado c) del art. 190 de la LPL , porque no se trata de normas sobre actos o garantías del proceso cuya infracción determine la reposición de actuaciones al momento en que se hubiera producido la infracción, sino de una disposición que es aplicable para resolver la cuestión debatida, que en este caso es la impugnación del acto de la Entidad Gestora por entender que ésta carece de atribuciones para revisar la situación del beneficiario, lo que ya de por sí lleva también a la conclusión de que la denuncia de esta infracción en suplicación no puede considerarse como una cuestión nueva, pues es precisamente, la que se suscita en la pretensión del actor y sobre la que decide la sentencia recurrida.
En el primer motivo del recurso se citan como contradictorias las mismas sentencias, pero en este caso la contradicción se refiere al problema de los límites de la revisión de oficio. La contradicción alegada no puede apreciarse con las sentencias de la Sala que contemplan supuestos de omisiones en la declaración del beneficiario, y se pronuncian sobre la denuncia de las disposiciones de los Reales Decretosde revalorización de pensiones que establecen el carácter provisional de las revalorizaciones y los efectos de las mismas en caso de omisión de las declaraciones. En el presente caso en el motivo de suplicación no se citaban estos preceptos y no consta que el actor hubiera omitido la declaración de la situación, ni se ha fundado en esa omisión la revisión de oficio. Sin embargo, la Contradicción puede apreciarse con la Sentencia de la Sala de lo Social de Asturias de 21 de octubre de 1993 , porque en ella se acepta de forma general e incondícionada en materia de revalorización de pensiones una excepción general al principio de no revocabilidad de los actos declarativos de derecho. Esta tesis, que es la que sostiene también el organismo recurrente, no puede compartirse, ni está avalada por la doctrina de la Sala que se cita. La parte recurrente denunció en suplicación como infringido el art. 144 de la LPL , que, con carácter excepcional, permite la rectificación de los actos declarativos de derecho por parte de la entidad gestora en los supuestos que menciona: Errores materiales o de hecho y los aritméticos, así como las revisiones motivadas por la constatación de omisiones o inexactitudes en las declaraciones del beneficiario. Pero, aparte de que la entidad gestora debe precisar en qué razones se funda la rectificación, determinando si se trata de un error de los contemplados en la norma, de una omisión o de una inexactitud en las declaraciones del interesado, hay que tener en cuenta que en materia de revalorización de pensiones las normas aplicables (los RR.DD 42/1986, Disposición Adicional 2.ª, RD 2620/1986, Disposición Adicional 4.ª, RD 1593/1987, Disposición Adicional 4.ª, RD 1584/1988, Disposición Adicional 5.ª, RD 863/1990, Disposición Adicional 3.ª y RD 1670/1990, Disposición Adicional 3 .ª), establecen dos sistemas de revisión: 1.°) Uno específico en caso de concurrencia a efectos de la revalorización, consistente en que en estos supuestos de concurrencia la revalorización tiene carácter provisional en tanto no se comprueben las declaraciones e informaciones, pero a partir de una determinada fecha de cada año -normalmente el 31 de octubre- se convierte en definitiva, salvo que el perceptor haya incumplido las obligaciones de declarar determinados datos en los casos en que estas declaraciones resultan exigibles y 2.") otro sistema en el que rige la regla general en virtud de la cual la Administración de la Seguridad Social podrá rectificar los errores materiales o de hecho de acuerdo con los procedimientos y con los requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico, lo que en definitiva remite al régimen del art. 144, de la LPL , y a los preceptos concordantes. En el presente caso no se está en el primer supuesto, porque han transcurrido los plazos previstos para la provisionalidad (la resolución se notifica en 1992) y no se ha alegado, ni acreditado que el demandante haya incumplido ninguna obligación de declarar o que haya declarado datos incorrectos. No se trata además de datos relativos al complemento de mínimos. Se está, por tanto, en el supuesto general del art. 144 de la LPL y dentro de éste hay que distinguir a su vez dos casos: 1.°) El de las omisiones o inexactitudes en las declaraciones y 2.°) el de la rectificación de errores. El primer supuesto debe excluirse por las razones ya examinadas, por lo que hay que centrarse en la determinación del alcance de la facultad de revisión de oficio. En este sentido, el art. 144 de la LPL , después de establecer en su núm. 1 la norma general de que las entidades gestoras no pueden revisar por sí mismas los actos declarativos de derechos, sino que han de impugnarlos ante el orden social de la jurisdicción, exceptúa de esta regla «la rectificación de errores materiales o de hecho y los aritméticos, así como las revisiones motivadas por la constatación de omisiones o inexactitudes en las declaraciones del beneficiario». Como ya se ha dicho, no se está en este último supuesto y tampoco puede apreciarse en el primero. El art. 144.2 de la LPL , reitera en este punto la regulación que contenía el artículo 111 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958 , y que, en la actualidad, se recoge, con mayor precisión, en el art. 105.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común, y que se refiere a «errores materiales, de hecho o aritméticos», y es sabido que la doctrina jurisprudencial por razones de seguridad jurídica ha establecido un concepto estricto y riguroso de estos errores para garantizar que las facultades de rectificación no se conviertan en facultades revocatorias ilimitadas. El error que justifica la rectificación no es el error en la representación de la realidad que, al igual que el error en la aplicación del derecho, trasciende a la decisión y debe dar lugar a los mecanismos anulatorios normales, sino el error en la expresión material del juicio y así la doctrina jurisprudencial del orden contencioso-administrativo ha establecido que el error: 1.°) Debe ser independiente de cualquier opinión, valoración o interpretación (Sentencias de 25 de enero de 1984 y 30 de mayo de 1985); 2.°) tiene que ceñirse a los supuestos en que el propio acto administrativo o excepcionalmente el expediente revele una equivocación manifiesta y evidente por sí misma (Sentencia de 20 de julio de 1984); 3.°) debe afectar a elementos accidentales del acto sin proyectarse sobre su contenido fundamental (Sentencias de 3 de octubre de 1986, 1 de febrero de 1991 y 3 de marzo de 1992, y 4.°) ha de conservar los efectos del acto, sin implicar una revocación del mismo, de forma que el acto subsista después de corregido el error (Sentencias de 31 de octubre de 1984 y 6 de octubre de 1986). En el presente caso no se cumplen estos requisitos: 1.°) La revisión exige una consideración jurídica de la concurrencia de pensiones, 2.°) el error se pone de manifiesto a partir de datos externos al acto y al expediente, 3.°) la revisión afecta al contenido fundamental de los actos, pues en definitiva, se pronuncia sobre la improcedencia de las revalorizaciones acordadas y
4.°) la pretendida rectificación se convierte en una efectiva revocación de los actos previos de revalorización quedan así plenamente privados de eficacia. Esta conclusión resulta aplicable tanto a la revisión de la cuantía como al reintegro pero, en el primer punto la decisión de la sentencia de instancia no ha sido cuestionada por el actor en suplicación.Por todo ello, hay que concluir que, con independencia de los razonamientos en que se funda la sentencia recurrida, la misma no incurre en la infracción del art. 144 de la LPL , que se denunció en el recurso de suplicación, y que se invoca también en este recurso, en relación con los Reales Decretos de revalorización de pensiones, por lo que el recurso debe desestimarse sin que haya lugar a la imposición de costas.
Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español,
Desestimamos el recurso de casación para la unificación de doctrina, interpuesto por el INSS, contra la Sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de fecha 28 de enero de 1994, en suplicación contra la del Juzgado de lo Social núm. 2 de Oviedo de fecha 14 de abril de 1993 , en actuaciones seguidas por don Carlos José , contra el ahora recurrente.
Devuélvanse las actuaciones a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, con la certificación de esta resolución y comunicación.
ASI, por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-Aurelio Desdentado Bonete.-Arturo Fernández López.- Leonardo Bris Montes.-José Antonio Somalo Giménez.-Pablo Manuel Cachón Villar.-Rubricados.
Publicación: En el mismo día de la fecha fue leída y publicada la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado don Aurelio Desdentado Bonete, hallándose celebrando audiencia pública la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario de la misma certifico.
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