STS, 27 de Junio de 2002
| ECLI | ES:TS:2000:10327 |
| Procedimiento | D. JOSE MARIA MARIN CORREA |
| Fecha de Resolución | 27 de Junio de 2002 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Cuarta, de lo Social |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintisiete de Junio de dos mil dos.
Vistos los presentes autos pendientes ante esta Sala en virtud de recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Letrado D. José Lledo Moreno, en nombre y representación de DON Cesar , frente a la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha 20 de marzoo de 2001, dictada en el recurso de suplicación número 210/01, formulado por el aquí recurrente, contra la sentencia del Juzgado de lo Social número 11 de Madrid, de fecha 30 de junio de 2000, dictada en virtud de demanda formulada por DON Cesar , frente a la TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, en reclamación de alta en RETA.
El día 30 de junio de 2000, el Juzgado de Madrid número 11 de Madrid, dictó sentencia en virtud de demanda formulada por DON Cesar , frente a la TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, en reclamación de alta en RETA, en la que como hechos probados se declaran los siguientes: "PRIMERO.- Con fecha 17-01-2000, la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social dicta Resolución por la que tramita el alta y baja sucesivas en el RETA del actor Cesar con fecha reales de 01-01-1997 (efectos de 31-12-1997) y 31-12-1997 (efectos de 31-12-1997), a causa de una actividad, a título lucrativo, como Subagente de Seguros, según se apeció en acta de Inspección de Trabajo y seguridad Social nº NUM000 de fecha 21-06-1999. SEGUNDO.- Interpuesta reclamación previa en fecha 27-01-2000, fue desestimada por Resolución de 28-02-2000.- TERCERO.- D. Cesar ha realizado la actividad de Subagentes de Seguros durante, al menos, el período 01-01-1997 al 31-12-1997 para la empresa C.T.A.S., Agencia de Seguros, S.A., percibiendo unas comisiones que ascienden a 1.374.797 pesetas en el citado ejercicio 1997. CUARTO.- Como consecuencia de ello, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social levantó la correspondiente acta de liquidación, con el resultado económico que figura en aquella y que se da aquí por reproducido al constar en autos. QUINTO.- El actor no había solicitado su afiliación ni su alta en el RETA". Y como parte dispositiva: "Que desestimando la demanda interpuesto por Cesar contra la TESOREIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, absolviendo al organismo demandado y, en consecuencia, confirmo la Resolución administrativa impugnada".
Anunciado e interpuesto recurso de suplicación contra dicha sentencia, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictó sentencia en fecha 20 de marzo de 2001, en la que como parte dispositiva consta la siguiente: "Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por Cesar , contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 11 de los de MADRID, de fecha treinta de junio de dos mil, en virtud de demanda formulada por la parte recurrente, contra TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, en reclamación de ALTA EN RETA, y, en consecuencia, debemos confirmar y confirmamos la sentencia de instancia".
Contra dicha sentencia preparó la representación del actor, recurso de casación para la unificación de doctrina. En el mismo se denuncia la contradicción producida con la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, de 22 de Junio de 2000 (recurso 369/00).
Se impugnó el recurso por la parte recurrida, e informo sobre el mismo el Ministerio Fiscal, en el sentido de considerar improcedente el mismo.
Señalado día para la deliberación, votación y fallo de la sentencia, acto que se celebró de acuerdo con el señalamiento acordado.
El escrito de preparación del presente recurso de casación para la unificación de doctrina se limita a razonar sobre la contradicción doctrinal referida al principio de irretroactividad y seguridad jurídica, por lo que no puede atenderse a los razonamientos vertidos en el escrito de formalización sobre la cuestión de la habitualidad profesional, silenciada en la preparación. A mayor abundamiento en el escrito de interposición del recurso la parte invoca como portadoras de doctrina contradictorias las sentencias de 15 de marzo de 1996, 21 de diciembre de 1987 y 2 de diciembre de 1998, todas procedentes de la Sala Tercera de este Tribunal, que como es sabido no son utiles a dicho efecto.
En cuanto a la retroactividad de la sentencia de esta Sala de 29 de octubre de 1997, es procesalmente viable el motivo, que sin embargo ha de ser desestimado porque como tiene reiteradamente declarado esta Sala en relación con la jurisprudencia "pues tal eficacia temporal es propia de las normas y no de las resoluciones judiciales que las interpretan. Bien es cierto que los cambios en la doctrina jurisprudencial pueden crear efectos de notoria gravedad. Pero aún así, las sentencias que la crean se limitan a poner de manifiesto la voluntad legislativa, que ha de ser la aplicada en los casos que se enjuicien con posterioridad aunque los hechos que los determinan hubieran tenido lugar en fecha anterior a la de la doctrina judicial. En este sentido el Tribunal Constitucional, en la sentencia 95/1.993, ante situación similar a la aquí enjuiciada (referida a la diferente doctrina sentada por los Tribunales de los órdenes contencioso-administrativo y social, acerca de la norma rectora de los plazos de prescripción para reclamar al FOGASA), señalaba que `no puede hablarse de una aplicación retroactiva in peius de la normativa ordenadora de la prescripción, porque la unificación de criterios sobre la selección de la norma aplicable, haya descartado la corrección jurídica de una interpretación anterior, sostenida sobre todo por los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa, puesto que no pueden recibir aplicación ultra activa normas o interpretaciones cuya validez o razón jurídica ha sido descartada por la propia jurisdicción. No es que, como parece sostenerse, el órgano judicial haya optado por la interpretación menos favorecedora del más pleno ejercicio del derecho fundamental, sino que ha hecho decir a la norma lo que la norma desde un principio decía, sin que pueda entenderse que la jurisprudencia contradictoria anterior haya alterado esa norma, o pueda imponerse como Derecho consuetudinario frente a lo que la norma correctamente entendida dice. Por consiguiente, ha de rechazarse que haya existido violación del derecho a la tutela judicial efectiva por haberse aplicado una norma que no estaba en vigor en el momento de la reclamación´.
La más arriba expuesta es además la tesis que ha imperado de manera uniforme en la praxis de esta Sala. Así cuando la Sentencia de 26 de febrero 1.986 (Sala VI) declaró la naturaleza laboral de la relación entre transportista con vehículo propio y la persona para la que realizaba el transporte, tal conclusión se aplicó a relaciones de transporte constituidas con anterioridad a dicha resolución y que habían sido pactadas como contrato mercantil de transporte".
Todo lo razonado conduce a la desestimación del recurso, con firmeza de la sentencia recurrida, sin especial pronunciamiento en cuanto a costas.
Desestimamos el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Letrado D. José Lledo Moreno, en nombre y representación de DON Cesar , frente a la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha 20 de marzo de 2001, dictada en el recurso de suplicación número 210/01, formulado por el aquí recurrente, contra la sentencia del Juzgado de lo Social número 11 de Madrid, de fecha 30 de junio de 2000, dictada en virtud de demanda formulada por DON Cesar , frente a la TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, en reclamación de alta en RETA.
Devuélvanse las actuaciones al órgano de procedencia ,con la certificación y comunicación de esta resolución.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACIÓN.- En el mismo día de la fecha fue leída y publicada la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. José María Marín Correa hallándose celebrando Audiencia Pública la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario de la misma, certifico.
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