STS, 18 de Febrero de 1997
| Ponente | D. LUIS GIL SUAREZ |
| Número de Recurso | 1684/1996 |
| Procedimiento | Recurso de casación |
| Fecha de Resolución | 18 de Febrero de 1997 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Cuarta, de lo Social |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a dieciocho de Febrero de mil novecientos noventa y siete.
Vistos los presentes autos pendientes ante esta Sala en virtud de recurso de casación interpuesto por el Letrado don Pedro Zabalo Vilches en nombre y representación de don Jose Pablo , don Gabriel , don Juan Antonio y don Matías , contra la sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, dictada el 16 de Febrero de 1996 en los autos de juicio num. 230/95, iniciados en virtud de demanda presentada por don Enrique , don Luis Miguel y don Lorenzo contra don Jose Pablo , don Gabriel , don Juan Antonio y don Matías , la Asociación Profesional Libre e Independiente, APLI, y el Ministerio Fiscal sobre impugnación de la modificación parcial del Estatuto de APLI.
El Letrado don Doroteo López Royo, en nombre y representación de don Enrique , don Luis Miguel y don Lorenzo , presentó escrito ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional iniciando trámite de impugnación de Estatuto contra la Asociación Profesional Libre e Independiente, APLI, don Jose Pablo , don Gabriel , don Juan Antonio y don Matías , fundada en los siguientes hechos: El 6 de Julio de 1993 se celebró Asamblea General Extraordinaria del sindicato demandado, APLI, celebrada bajo la presidencia del demandado Sr. Jose Pablo , en la que se modificaron parcialmente los Estatutos de esta organización sindical. El 10 de Julio del mismo año el Comité Nacional de Representantes de APLI acordó que el nuevo DIRECCION000 del sindicato era el demandante Sr. Enrique . La petición formulada se concreta en que se dicte sentencia en la que se declare la nulidad de la modificación estatutaria operada en la Asamblea General Extraordinaria de 6 de Julio de 1993, dejando sin efecto los acuerdos consignados en la misma.
Se celebró el acto de juicio el 25 de Enero de 1996, con la intervención de las partes y el resultado que se refleja en el acta que obra unida a estas actuaciones; antes del inicio del juicio se llevó a cabo de nuevo, sin resultado, intento de conciliación.
La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional dictó sentencia el 16 de Febrero de 1996, cuyo fallo es el siguiente: "Desestimamos las excepciones de caducidad de la acción y de litisconsorcio pasivo necesario; estimamos la demanda formulada por Enrique , Luis Miguel y Lorenzo frente a Jose Pablo , Gabriel , Juan Antonio , Matías y la Asociación Profesional Libre e Independiente, y declaramos la nulidad de la modificación de los estatutos de APLI, acordada en la Asamblea General extraordinaria de 6 de Julio de 1993 y depositada en la oficina correspondiente con efectos del 30 de diciembre de 1993". En esta sentencia se recogen los siguientes HECHOS PROBADOS: "1º).- La Asociación Profesional Libre e Independiente (APLI) es un sindicato constituido con ámbito interprofesional, interempresarial y con actuación en todo el territorio nacional, cuyos estatutos aparecen unidos a la demanda y se tienen por ciertos en su integridad; 2º).- El número de miembros del Comité Nacional de Representantes de dicho sindicato era de cuarenta en el mes de mayo de 1993 y de treinta y nueve en el mes de julio del mismo años; 3º).- El expediente de regulación de empleo instado por Radio Televisión Española, en nombre yrepresentación de Radio Nacional de España, S.A. y Televisión Española, S.A.. concluyó por resolución de la Dirección General de Trabajo de 30 de Diciembre de 1991, a cuya virtud se autorizó la rescisión de las relaciones laborales con cierto número de trabajadores de las dos empresas afectadas por el expediente, figurando entre ellos Jose Pablo , que optó por la baja voluntaria y cesó como trabajador de Televisión Española S.A. el 31 de diciembre de 1992, pasando a la situación de desempleado; 4º).- El 26 de Febrero de 1993, en reunión celebrada por el Comité Nacional de Representantes de APLI, se nombró DIRECCION000 del sindicato a Jose Pablo , vicepresidente a Matías y secretario general del sindicato y de la sección sindical en Radio Televisión, S.A. a Jose Francisco ; 5º).- El 24 de mayo de 1993, el Comité Nacional de Representantes adoptó mayoritariamente el acuerdo de reprobar a Jose Pablo , así como la apertura de un expediente administrativo a dicho afiliado; 6º).- El 25 de julio de 1993, en nueva reunión del Comité Nacional de Representantes, se revocaron los poderes notariales que tenía conferidos Jose Pablo para actuar como DIRECCION000 de APLI, y en el mismo acto se convocó asamblea general extraordinaria para el 10 de julio siguiente, incluyendo en el orden del día la modificación de los estatutos del sindicato; 7º).- Jose Pablo y seis afiliados más convocaron otra asamblea general extraordinaria, que se celebró el 6 de julio de 1993 a las 18,30 horas, en un inmueble de la calle Príncipe de Vergara de Madrid, bajo la presidencia de Jose Pablo sin que haya constancia del número de afiliados convocados y asistentes a tal acto, ni de su identidad. En dicha reunión acordaron los asistentes modificar los artículos 3, 21 y 22 de los estatutos del sindicato; 8º).- El día 10 de julio de 1995 se celebró en un cine de Madrid la asamblea general extraordinaria convocada el 25 de junio anterior por el Comité Nacional de Representantes, a las 9,35 horas, en segunda convocatoria, con la asistencia de setenta y seis afiliados, y en ella se acordó por unanimidad sustituir a Jose Pablo , como DIRECCION000 de APLI, por Enrique , así como sustituir temporalmente a Jose Francisco en el cargo de secretario general de APLI por Luis Miguel ; también se tomó el acuerdo de modificar los estatutos del sindicato; 9º).- el 7 de julio de 1993, por medio de un representante de APLI, se presentó solicitud de depósito de la modificación de estatutos, acordada en la asamblea celebrada el día anterior, siendo denegada tal petición, pero la Dirección General de Trabajo, mediante resolución de 15 de diciembre de 1993, estimó en parte el recurso de alzada interpuesto contra aquella resolución, y ordenó el depósito de la modificación estatutaria en la correspondiente oficina, con efectos de 30 de septiembre de 1993 y fue publicada en el BOE de 4 de enero de 1994; 10º).- El 5 de agosto de 1993, Enrique , en calidad de DIRECCION000 de APLI, presentó en la oficina del registro certificación del acta de la asamblea extraordinaria celebrada el 10 de junio anterior, en la que se había acordado la modificación de los estatutos del sindicato, así como el texto de los reformados; 11º).- Por sentencia de esta Sala de 19 de Septiembre de 1994 se desestimó una demanda en la que se solicitaba la declaración de no ajustarse a derecho la modificación de los estatutos de APLI llevada a cabo en la asamblea general extraordinaria de 10 de julio de 1993."
Don Jose Pablo , don Gabriel , don Juan Antonio y don Matías interpusieron recurso de casación contra la anterior sentencia, fundado en los siguientes motivos: 1.- Al amparo del art. 205.d) de la Ley de Procedimiento Laboral, por error en la apreciación de la prueba. 2.- Al amparo del art. 205.e) de la
L.P.L. "por infracción de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia que fueran aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate".
Se admitió a trámite el recurso y tras formular los recurridos, APLI por una parte, y don Enrique , don Luis Miguel y don Lorenzo por otra, la pertinente impugnación, se pasaron las actuaciones al Ministerio Fiscal para informe, el cual fue emitido en el sentido de estimar improcedente tal recurso.
Se señaló para la votación y fallo el día 11 de Febrero de 1997, celebrándose tales actos en la fecha señalada.
El primer motivo del recurso, que se ampara en el apartado d) del art. 205 de la Ley de Procedimiento Laboral, pretende modificar los hechos probados quinto, sexto y octavo de la resolución recurrida; pero el mismo no puede prosperar pues incumple totalmente los requisitos necesarios para que sea viable un motivo de esta naturaleza. Esto es claro por cuanto que: a).- En él se expresan una serie de consideraciones que no tienen, en absoluto, cabida en un recurso de carácter extraordinario como es el de casación, consideraciones en las que se pretende sustituir el criterio de la Sala "a quo" relativo a los hechos acontecidos, por el propio de la parte recurrente, siempre menos objetivo e imparcial; b).- En este motivo se mezclan cuestiones de hecho con valoraciones jurídicas referentes al fondo del asunto, lo que constituye un grave vicio en la formulación del mismo que determina su decaimiento; c).- En todo motivo basado en el apartado d) del art. 205, es obligado que la parte recurrente señale y concrete el documento o documentos "que demuestren la equivocación del juzgador", razonando adecuadamente por qué tales pruebas son demostrativas de ese error; y si esta exigencia no resulta cumplida, el motivo ha de ser rechazado; puesbien, en este primer motivo del recurso que ahora analizamos, no se cita ni menciona ningún documento que evidencie el pretendido error fáctico de la Sala de instancia; d).- En este motivo se alude a los hechos probados 9º y 10º de la sentencia de esta Sala IV de 2 de Octubre de 1995, pero las declaraciones fácticas de una sentencia anterior no tienen la condición de documento, ni pueden servir de base para formular alegaciones fundadas en el apartado d) del art. 205; además lo que se expresa en esos hechos probados 9º y 10º de la sentencia de 2 de Octubre de 1995 no acreditan que sean ciertos los extremos de hecho que se pretenden adicionar en el motivo que se analiza.
Procede, por tanto, la desestimación de tal motivo.
El Capítulo X del Título II del Libro Segundo de la Ley de Procedimiento Laboral, que regula los procesos sobre "impugnación de los Estatutos de los Sindicatos o de su modificación", se divide en dos Secciones diferentes; en la primera, que está compuesta por los arts. 165 al 170 inclusive, se estudia la modalidad procesal de "impugnación de la resolución administrativa que deniegue el depósito"; y en la segunda, que incluye los arts. 171 al 174, se recogen las normas del proceso propiamente dicho de impugnación de los Estatutos de los Sindicatos. No hay duda, por tanto que se trata de dos tipos de procedimiento perfectamente diferenciados, y que el primero se refiere única y exclusivamente a la impugnación "de las resoluciones de las oficinas públicas que rechacen el depósito de los Estatutos presentados para su publicación" impugnación que podrá ser llevada a cabo por los "promotores de los sindicatos de trabajadores en fase de constitución, y los firmantes del acta de constitución de los mismos". Y también es indudable que el presente proceso no tiene, en modo alguno, encaje en esa específica modalidad procesal de la citada Sección primera (arts. 165 a 170); pues se trata de un proceso de impugnación de una modificación de los Estatutos del Sindicato APLI (Asociación Profesional Libre e Independiente), en el que determinados trabajadores afiliados a este sindicato instan la nulidad de tal modificación, el cual proceso se incluye con toda evidencia en el ámbito de la mencionada Sección segunda (arts. 171 al 174).
Pues bien, es obvio que el art. 166, que fija un plazo de diez días hábiles "para el ejercicio de la acción de impugnación", alcanza tan solo a la primera de las referidas Secciones, es decir a la modalidad procesal en ella regulada de impugnación de las resoluciones administrativas que denieguen el depósito de los Estatutos; pero no cabe aplicarlo en el proceso de impugnación propiamente dicha de los Estatutos sindicales, que es el que aquí se trata.
Por consiguiente, la sentencia de instancia no ha vulnerado, en forma alguna el comentado art. 166 de la Ley de Procedimiento Laboral, lo que determina el rechazo del segundo motivo; en el que únicamente se denuncia la infracción de este precepto legal.
La misma suerte adversa ha de correr el tercero y último de los motivos del recurso (en el epígrafe cuarto se incluyen unas consideraciones que no constituyen, en absoluto, un motivo de casación). La quiebra de este tercer motivo se basa: a).- En primer lugar en el hecho de que en el mismo se incumplen, de modo manifiesto e insubsanable, los requisitos que exige la formulación de un recurso de casación, tal como dispone el art. 205 de la Ley de Procedimiento Laboral, pues no se cita la infracción de ninguna norma legal ni de doctrina jurisprudencial de clase alguna, no razonándose tampoco adecuadamente sobre las infracciones legales que pudieran haber existido; y este defecto de planteamiento es de tal gravedad, dada la naturaleza extraordinaria de este recurso, que por sí solo provoca la quiebra de este motivo; b).- La razón esencial por la que la sentencia de instancia rechazó la excepción de litis consorcio pasivo necesario fue "la falta absoluta de prueba que acredite la vinculación apuntada de APLI con otros sindicatos, hasta el punto de haber perdido su propia personalidad jurídica para fusionarse con los demás o de constituir una federación o confederación"; y en este recurso no se ha solicitado ninguna revisión fáctica que desvirtuase o dejase sin efecto esta afirmación, lo que obliga a desestimar este motivo, puesto que, no estando demostrados estos extremos de hecho que la citada sentencia precisa, no es posible acoger la excepción referida; c).- Pero es que además, esta sentencia recurrida, a la razón esencial dicha, añade la de que en cualquier caso "carecería de sentido traer a la litis a unos sindicatos cuyos estatutos y su validez no se cuestionan, pues se trata únicamente de impugnar la modificación de los estatutos vigentes de otro sindicato distinto", y esta razón, manifiestamente acertada y válida, no resulta en absoluto desmontada por las alegaciones de este motivo.
Por todo lo expuesto, y de acuerdo con lo que solicita como parte el Ministerio Fiscal, se ha de desestimar el recurso de casación interpuesto por don Jose Pablo y tres personas más contra la sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional de 16 de Febrero de 1996.
Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.
Desestimamos el recurso de casación interpuesto por el Letrado don Pedro Zabalo Vilches en nombre y representación de don Jose Pablo , don Gabriel , don Juan Antonio y don Matías , contra la sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, dictada el 16 de Febrero de 1996 en los autos de juicio num. 230/95. Sin costas.
Devuélvanse las actuaciones a la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ,con la certificación y comunicación de esta resolución.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACIÓN.- En el mismo día de la fecha fue leída y publicada la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Luis Gil Suárez hallándose celebrando Audiencia Pública la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario de la misma, certifico.
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