STS 768/1999, 18 de Mayo de 1999

El primer motivo del recurso interpuesto, por quebrantamiento de forma al amparo del art. 850.1º de la L.E.Criminal, denuncia la inadmisión de determinadas pruebas documentales propuestas en el acto del juicio oral.

Esta Sala ha recordado reiteradamente la relevancia que adquiere el derecho a la prueba contemplado desde la perspectiva de las garantías fundamentales y del derecho a un "juicio justo" con proscripción de la indefensión, que garantiza nuestra Constitución (Artículo 24.2) y los Convenios Internacionales incorporados a nuestro Ordenamiento Jurídico por vía de ratificación (Sentencias, por ejemplo, de 14 de julio y 16 de Octubre de 1.995), pero también ha señalado, de modo continuado y siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional (S.T.C. 36/1.983 de 11 de mayo, 89/1.986 de 1 de julio, 22/1.990 de 15 de febrero, 59/1.991 de 14 de marzo y S.T.S. Sala 2ª de 7 de marzo de 1.988, 29 de febrero de 1.989, 15 de febrero de 1.990, 1 de abril de 1.991, 18 de septiembre de 1.992, 14 de julio de 1.995 y 1 de abril de 1.996), que el derecho a la prueba no es absoluto, ni se configura como un derecho ilimitado o incondicionado a que se admitan todas las pruebas propuestas por las partes o a que se practiquen todas las admitidas con independencia de su necesidad y posibilidad. El reconocimiento de la relevancia constitucional del derecho a la prueba no desapodera al Tribunal competente de su facultad para valorar en cuanto a su admisión, la pertinencia de las pruebas propuestas "rechazando las demás" (Art. 659 y concordantes de la L.E.Criminal), y en cuanto a su práctica, la necesidad de las pruebas admitidas pero cuya realización efectiva plantea dificultades o indebidas dilaciones.

Como señalaban entre otras, las Sentencias de esta Sala de 1 de abril y 23 de Mayo de 1.996, esta facultad del Tribunal, valorando razonada y razonablemente la pertinencia de las pruebas en el momento de la proposición y su necesidad en el momento de la práctica, a los efectos de evitar diligencias inútiles así como suspensiones irrazonables generadoras de indebidas dilaciones, no vulnera el derecho constitucional a la prueba, sin perjuicio de la posibilidad de revisar en casación la razonabilidad de la decisión del Tribunal, en orden a evitar cualquier supuesto que pudiere generar efectiva indefensión a la parte proponente de la prueba.

La estimación de este motivo conlleva como consecuencia necesaria la repetición del juicio, con pérdida de efectividad de las actuaciones ya realizadas y las consecuentes dilaciones. El derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, determinan que tan radical consecuencia no resulte adecuada ni proporcionada por causas meramente formales sinó únicamente en aquellos supuestos en que quepa razonablemente apreciar la posibilidad de que la inadmisión de la prueba o su falta de práctica pudo tener alguna incidencia en la decisión final, es decir que se haya podido ocasionar indefensión en sentido material.

En el caso actual la defensa se refiere a la inadmisión de una serie de documentos propuestos, al parecer, en el acto del juicio oral, así como a la prueba formulada en un escrito presentado el día anterior al juicio oral consistente en que se enviase carta-orden a un Juzgado para que remitiese testimonio de unas determinadas diligencias previas. Esta última prueba se propuso de manera manifiestamente extemporánea, pues planteada el día anterior al juicio, sin que conste razón alguna que justifique no haberla solicitado con anterioridad, no era susceptible de practicarse "en el acto" como exige el art. 793.2º de la L.E.criminal, por lo que la solicitud encubría en realidad, la provocación de una injustificada suspensión. Teniendo en cuenta que las diligencias cuyo testimonio se interesaba correspondían precisamente a una denuncia formulada por el propio acusado, resulta evidente que éste tenía pleno conocimiento de su tramitación, con la anterioridad necesaria para haber efectuado su proposición como prueba en el momento oportuno, y no de manera totalmente extemporánea la víspera del juicio oral, intentando provocar su suspensión.

Si atentemos, además, a que se trataba de un juicio complejo, por una larga pluralidad de hechos y que se celebraba ya en fecha muy tardía, la decisión del Tribunal sentenciador adoptada para evitar injustificadas dilaciones provocadas por una solicitud probatoria formulada extemporáneamente, debe calificarse de plenamente razonable, máxime cuando las diligencias cuyo testimonio se solicitaba no tenían relación directa con los hechos objeto de enjuiciamiento, refiriéndose a una denuncia formulada casi diez años despúes de ocurridos dichos hechos. Como ya se ha expresado el derecho a la prueba no es absoluto e ilimitado, estando sometido a unos condicionamientos de tiempo, forma, pertinencia y relevancia, que no se cumplían en el presente caso.

En cuanto al resto de la documentación supuestamente propuesta como prueba al comienzo del juicio oral tampoco se cumplen los más elementales requisitos formales que permitan, al menos, tener constancia del contenido de la solicitud: ni se formuló por escrito ni se interesó que constase en el acta la relación de documentos interesados; falta de constancia documentada que determina el incumplimiento del requisito casacional de que la prueba se hubiese propuesto "en forma" (art. 850.1 L.E.Crim). En cualquier caso, si aceptásemos que la documentación entonces propuesta es la misma que relaciona la parte recurrente en la fundamentación de su escrito de recurso, ha de concluirse con el Ministerio Público en que se trata de documentos irrelevantes e innecesarios, pues no tienen relación con los hechos objeto de acusación y únicamente se relacionan con determinadas perspectivas de la personalidad del propio acusado, lo que ya fué objeto de una dilatada actividad probatoria en el juicio oral.

El motivo, en consecuencia, debe de ser desestimado, como también debe serlo la segunda alegación incluida acumuladamente en este mismo motivo de recurso impugnando la lectura de un testimonio acordado a instancia del Ministerio Fiscal, pues es indudable que este cauce casacional únicamente permite denunciar las infracciones supuestamente cometidas por el Tribunal Sentenciador al inadmitir pruebas propias, no al admitir las ajenas. Sin perjuicio de lo que señalaremos sobre esta cuestión en el motivo casacional procedente.

El segundo motivo de recurso, por quebrantamiento de forma, al amparo del art. 851.1º de la L.E.Criminal denuncia predeterminación del fallo al emplearse en el relato fáctico las expresiones "con la intención de enriquecerse a costa de lo ajeno" o "para obtener un ilícito beneficio patrimonial".

Según reiterada doctrina jurisprudencial, para que constituya un vicio determinante de la nulidad, la predeterminación del fallo requiere los siguientes requisitos: a) que se trate de expresiones técnico-jurídicas que definan o den nombre a la esencia del tipo aplicado, b) que sean, por lo general, sólo asequibles a juristas y no compartidas en el lenguaje común; c) que tengan valor causal respecto del fallo; d) que suprimidos tales conceptos jurídicos predeterminantes, dejen el hecho histórico sin base suficiente para la subsunción (S.T.S. 17 de Abril de 1996, entre otras muchas). En realidad el relato fáctico debe, en todo caso, predeterminar el fallo pues, si no fuese así, la absolución o condena carecería del imprescindible sustrato fáctico. Lo que pretende este motivo casacional no es evitar dicha predeterminación fáctica -imprescindible- sinó evitar que se suplante el relato fáctico por su significación jurídica, es decir que se predetermine la subsunción no mediante un relato histórico, sinó mediante una valoración jurídica que se lleve indebidamente al apartado de hechos probados.

En el caso actual no concurre dicha circunstancia. Las expresiones utilizadas no constituyen conceptos jurídicos, sino expresiones fácticas, utilizadas en el lenguaje común y asequibles a todos. Constituyen, efectivamente, el fruto de una valoración o inferencia, pero no por ello se transmutan en un concepto jurídico, predeterminante, pues no dejan de ser elementos fácticos descritos en lenguaje ordinario.

El motivo por tanto, debe de ser desestimado.

El tercer motivo de casación, también por quebrantamiento de forma, tiene su apoyo procesal en el art. 851.3º de la L.E.Criminal, denunciando no haberse resuelto en la sentencia todos los puntos que fueron objeto de la defensa en su escrito de conclusiones provisionales, en el acto del juicio oral y en el turno de intervenciones del art. 793.2º de la L.E.Criminal.

Para que concurra el vicio casacional invocado (incongruencia omisiva) es necesario que concurran los siguientes requisitos, según una reiterada doctrina jurisprudencial:

1. ).- Que la omisión o silencio verse sobre cuestiones jurídicas y no fácticas.

2. ).- Que las pretensiones ignoradas se hayan formulado claramente y en el momento procesal oportuno.

3. ).- Que se trate efectivamente de pretensiones y no de meros argumentos o alegaciones que apoyen una pretensión.

4. ). Que no consten resueltas en la sentencia, ya de modo directo o expreso, ya indirecto o implícito, siempre que el conjunto de la resolución permita conocer sin dificultad la motivación de la decisión implícita, pues en todo caso ha de mantenerse el imperativo de razonabilidad de la resolución (S.T.S. 77/96, de 5 de febrero, 263/96, de 25 de marzo o 893/97, de 20 de Junio).

En el caso actual el recurrente se refiere a una serie de cuestiones fácticas, de incidencias procesales o de meras alegaciones que no tienen que ser resueltos expresamente en la sentencia. Todas las cuestiones jurídicas formalmente planteadas en su escrito de calificación aparecen expresa y razonadamente resueltos en la sentencia, así como aquellas supuestas vulneraciones de derechos fundamentales que constan planteadas en la audiencia preliminar. No cabe apreciar, en consecuencia, el vicio formal denunciado.

El cuarto motivo de recurso interpuesto, al amparo del art. 849.2º, alega error en la valoración de la prueba.

La doctrina de esta Sala (Sentencias de 24 de Enero de 1.991 y 22 de Septiembre de 1.992, entre otras muchas) considera que para que quepa estimar que ha habido infracción de ley por haber concurrido error en la apreciación de la prueba en los términos prevenidos en el art.849.2º de la Ley Enjuiciamiento Criminal, es necesario que concurran los requisitos siguientes: 1º) Que haya en los autos una verdadera prueba documental y no de otra clase (testifical, pericial, confesión), es decir que sea un documento propiamente dicho el que acredite el dato de hecho contrario a aquello que ha fijado como probado la Audiencia, y no una prueba de otra clase, por más que esté documentada en la causa; 2º)Que este documento acredite la equivocación del Juzgador, esto es, que en los hechos probados de la Sentencia recurrida aparezca como tal un elemento fáctico en contradicción con aquello que el documento, por su propia condición y contenido, es capaz de acreditar; 3º) Que, a su vez, ese dato que el documento acredite no se encuentre en contradicción con otros elementos de prueba, porque la Ley no concede preferencia a ninguna prueba determinada sobre otra igual o diferente, sino que cuando existen varias sobre el mismo punto, el Tribunal, que conoció de la causa en la instancia, habiendo presidido la práctica de todas ellas, y habiendo escuchado las alegaciones de las partes, tiene facultades para, sopesando unas y otras, apreciar su resultado con la libertad de criterio que le reconoce el art. 741 de la L.E.Criminal; 4º) Por último, es necesario que el dato de hecho contradictorio así acreditado sea importante, en cuanto que tenga virtualidad para modificar alguno de los pronunciamientos del fallo, pues si afecta a elementos fácticos que carezcan de tal virtualidad, el motivo no puede prosperar, porque, como reiteradamente tiene dicho esta Sala, el recurso se dá contra el fallo y no contra los argumentos, de hecho o de derecho, que no tienen aptitud para modificarlo.

En el caso actual no concurren los referidos requisitos. En primer lugar el recurrente articula el motivo de modo formalmente incorrecto pues en lugar de identificar el pasaje concreto del relato fáctico donde se encuentra el supuesto error fáctico del Tribunal sentenciador, para a continuación precisar los particulares del documento o documentos donde se acredita lo erróneo de la valoración del Tribunal, invierte los términos para ir valorando subjetivamente una serie de supuestos documentos (en realidad diligencias sumariales) para obtener de cada una de ellas unas personales deducciones con las que construir un relato fáctico alternativo al de la Sala Sentenciadora. Ninguno de los folios citados, por su propia condición y contenido, es hábil para acreditar por sí mismo un error relevante en el relato fáctico del Tribunal sentenciador.

El motivo debe ser desestimado.

El sexto motivo de casación, al amparo del art. 5.4º de la L.O.P.J. denuncia la supuesta violación del derecho constitucional a la presunción de inocencia.

El derecho a la presunción de inocencia, según la doctrina de esta Sala, alcanza sólo a la total ausencia de prueba y no a aquellos casos en que en los autos se halla reflejado un mínimo de actividad probatoria de cargo, razonablemente suficiente y producida en el juicio oral con las debidas garantías procesales (cfr. STS 7-4-92). Igualmente, en reiterados pronunciamientos esta Sala viene manteniendo que el juicio sobre la prueba producida en el juicio oral es sólo revisable en casación en lo que concierne a su estructura racional, es decir, en lo que respecta a la observación por parte del Tribunal de los hechos de las reglas de la lógica, los principios de la experiencia y los conocimientos científicos. Por el contrario tiene dicho esta Sala que son ajenos al objeto de la casación aquellos aspectos del juicio que dependen sustancialmente de la inmediación, o sea de la percepción directa de las declaraciones prestadas en presencia del Tribunal de instancia. En este sentido se ha señalado repetidamente que la cuestión de la credibilidad de los testigos, en principio, queda fuera de las posibilidades de revisión en el marco del recurso de casación (cfr. SSTS. 22.9.92 y 30.3.93).

En el caso actual se ha practicado una prueba minuciosa y abundante, que la sala sentenciadora valora adecuadamente en el fundamento jurídico segundo de la sentencia impugnada. En efecto el Tribunal sentenciador cuenta con la larga y detallada declaración prestada por el propio acusado que reconoció su participación en los hechos, tanto en las diligencias policiales, con asistencia letrada, como ante el Juez, con todas las garantías, razonando adecuadamente porqué le merecen un mayor crédito que su retractación posterior. Contó asimismo el Tribunal sentenciador con numerosos testigos que depusieron sobre los efectos sustraídos, siendo hallados en el domicilio del acusado efectos procedentes de varios de los vehículos sustraídos, e in cluso la huella dactilar en uno de ellos. Es indudable que el Tribunal sentenciador dispuso de prueba de cargo suficiente y válidamente practicada, por lo que no se ha vulnerado el derecho constitucional invocado, incumbiendo la valoración probatoria al Tribunal sentenciador.

El sexto motivo de recurso, al amparo del art. 5.4 de la L.O.P.J. alega conjuntamente la vulneración de los arts. 24.1 y 2 de la C.E. , 11.1 de la L.O.P.J., 9.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el art. 5 del Convenio de Roma.

En este motivo-rio, articulado de modo técnicamente incorrecto (pues cada infracción supuestamente relevante de un derecho constitucional debió ser tratado individualizadamente y encauzada a través de un motivo casacional separado) se alega (s.e.u.o); a) vulneración del derecho al proceso legalmente establecido; b) al derecho de defensa y de utilizar los medios de prueba pertinentes; c) violación de derechos fundamentales durante las diligencias policiales; d) al derecho a un proceso sin dilaciones indebidas.

Por lo que se refiere a la primera alegación ha de señalarse que, como recuerda la sentencia de 29 de noviembre de 1997, el art. 24 de la Constitución Española no incluye un derecho fundamental a un proceso determinado, sino que son los Tribunales ordinarios quienes, aplicando las normas competenciales y procedimentales, encauzan cada pretensión a través del procedimiento adecuado. Tanto el procedimiento abreviado como el ordinario son igualmente respetuosos con los derechos fundamentales, y el recurrente -que no cuestionó la clase de procedimiento hasta iniciado el juicio oral- no señala en momento alguno en qué pudo afectar a su derecho de defensa la elección de uno u otro procedimiento. La Sala sentenciadora razona adecuadamente porqué estima que el procedimiento seguido era el procedente, en virtud de la pena legalmente señalada a los tipos delictivos objeto de acusación, considerada en abstracto (art. 779 de la L.E.Criminal), criterio plenamente razonable, pero cualquiera que sea la opinión que pueda mantenerse sobre esta cuestión procedimental, en la interpretación de la legislación ordinaria, es lo cierto que no se ha afectado ningún derecho constitucional del recurrente por haberse seguido uno u otro procedimiento, pues en cualquier caso el Organo Jurisdiccional predeterminado por la Ley era el mismo (la Audiencia Provincial) y en ambos procedimientos (Ordinario y Abreviado) se respetan adecuadamente todas las garantías.

Por lo que se refiere a la segunda alegación incluida en este mismo motivo (vulneración del derecho de defensa y a utilizar los medios de prueba pertinentes) ha de reiterarse lo ya expresado en la resolución del primer motivo, ahora enfocado desde la perspectiva constitucional.Es reiterada doctrina del Tribunal Constitucional que el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes no faculta para exigir la admisión judicial de todas las pruebas que puedan proponer las partes, sinó que atribuye sólo el derecho a la recepción y práctica de las que sean pertinentes, correspondiendo a los Jueces y Tribunales la decisión sobre dicha pertinencia (S.T.C. 40/1986, 170/1987, 167/1988, 168/1991, 233/1992, 351/1993, 131/1995 y 205/1998, entre otras), así como que podría tener relevancia constitucional, por causar indefensión, la denegación de pruebas relevantes sin motivación alguna o mediante una interpretación y aplicación de la legalidad carente de razón (S.S.T.C. 149/87, 233/92, 351/93, 131/95 o 205/98), lo que no sucede en el caso actual pues la inadmisión se produjo motivadamente, de modo sucinto pero plenamente razonable.

Por otra parte la infracción constitucional exige que se ponga de manifiesto que la inadmisión ocasionó una indefensión material, pues las pruebas no practicadas podían tener una relevancia decisiva para la resolución definitiva, lo que tampoco sucede en el caso actual en el que se trataba de elementos probatorios ajenos a los hechos enjuiciados, relativos a la personalidad del acusado, sobre la que se ha practicado prueba suficiente en el juicio oral.

La lectura de declaraciones sumariales de testigos no comparecidos tampoco puede estimarse que constituya en el caso presente una vulneración del derecho de defensa, pues cabe apreciar que tales testimonios no han tenido especial relevancia a la hora de desvirtuar la presunción de inocencia del acusado, existiendo una abundante prueba, entre ella el propio reconocimiento de los hechos por el acusado ante el Magistrado-Juez instructor, con plenas garantías. La queja del recurrente aparece como púramente retórica o formal, carente de contenido justificador de una inexistente indefensión material.

Por lo que se refiere a la tercera alegación o tercer submotivo incluido en este mismo cauce casacional (la supuesta vulneración de los derechos fundamentales del acusado durante las diligencias policiales, que llevan al recurrrente a denunciar una supuesta detención ilegal), la atenta lectura de la fundamentación del motivo no permite concretar exactamente en que consistieron dichas vulneraciones, en cualquier caso no acreditadas. La parte recurrente pretende que esta Sala efectúe una nueva valoración del resumen obrante en el acta de los testimonios prestados durante el juicio oral por los agentes que practicaron la detención, contrastada con el atestado policial, para inferir unas supuestas irregularidades que la Sala sentenciadora no apreció en momento alguno, siendo a dicho Tribunal sentenciador a quien compete valorar la prueba practicada en su presencia, con la debida inmediación.

El acusado era buscado como presunto autor de determinados incendios y de la sustracción de un televisor. El día 6 de marzo fué detenido, informado de los derechos durante la conducción a Comisaría, según consta en las diligencias, y prestó libremente declaración en presencia del Ministerio Fiscal y de un Letrado-defensor. No cabe apreciar infracción constitucional alguna que pueda afectar de nulidad toda la prueba practicada, como alega la parte recurrente, pues atendiendo a los datos obrantes en las actuaciones la detención se practicó con motivo justificado, de modo proporcionado y con la debida información de derechos.

Por último se alega vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. Pese a la complejidad del asunto, el elevado número de perjudicados, de hechos delictivos acumulados y la intensa instrucción practicada (recogida documentalmente en más de mil folios, en cuatro tomos) ha de convenirse en la indebida duración del proceso, que se prolongo casi diez años hasta la celebración del juicio.

El Tribunal Constitucional viene señalando repetidamente (ver S.T.C. 301/95, entre muchas otras) que la expresión constitucional "dilaciones indebidas" (art. 24.2 C.E) constituye un "concepto jurídico indeterminado", por lo que su imprecisión exige examinar cada supuesto concreto a la luz de determinados criterios que permitan verificar si ha existido efectiva dilación y si ésta puede considerarse justificada, porque tal derecho no se identifica con la duración global de la causa, ni aún siquiera con el incumplimiento de los plazos procesales; y también ha señalado que es necesario denunciar previamente el retraso o dilación, con el fin de que el Juez o Tribunal pueda reparar -evitar- la vulneración que se denuncia; de forma que la supuesta infracción constitucional no puede ser apreciada si previamente no se ha dado oportunidad al órgano jurisdiccional de reparar la lesión o evitar que se produzca, ya que esta denuncia previa constituye una colaboración del interesado en la tarea judicial de la eficaz tutela a la que obliga el art. 24.2 de la Constitución Española; mediante la cual poniendo la parte al Organo Jurisdiccional de manifiesto su inactividad, se le da oportunidad y ocasión para remediar la violación que se acusa (Sentencias del Tribunal Constitucional nº 73/92 y 100/96, de 11 de Junio, entre otras).

En el caso actual no concurre el referido requisito exigido por la doctrina de nuestro Tribunal Constitucional pues no consta ni se alega que los interesados hayan denunciado previamente el retraso o dilación al Juzgado Instructor o al Tribunal sentenciador, para poder remediarlo dotando al proceso de una mayor agilidad, por lo que no cabe apreciar la referida infracción constitucional, sin perjuicio de que el tiempo transcurrido pueda ser tomado en consideración en un eventual indulto parcial solicitado por el condenado.

El séptimo motivo casacional, por infracción de ley, al amparo del nº 1º del art. 849 de la L.E.criminal, alega la indebida aplicación del art. 549.2º del Código Penal vigente cuando ocurrieron los hechos, en relación con el art. 69 bis del mismo texto legal y art. 719 y 741 de a L.E.Criminal.

Estima el recurrente que no es aplicable el art. 549.2º del Código Penal porque no concurrió otro ánimo que el de causar daños a los bienes y no a las personas.

El cauce casacional elegido impone un absoluto respeto a los hechos probados. En ellos consta que el acusado provocó incendios en edificios habitados, prendiendo fuego a los vehículos situados en el interior de los garajes existentes en los bajos de los inmuebles, teniendo incluso que ser desalojados los vecinos que habitaban en las plantas superiores y en las viviendas colindantes dadas las grandes dimensiones del incendio (hecho C), alcanzando grandes dimensiones el incendió que causó cuantiosos daños en las instalaciones del edificio sito sobre el garaje, afectando el incendio a más de veinte vehículos (hecho E) y afectándose en el hecho N (incendio de grandes proporciones iniciado también en el garaje de un edificio habitado, utilizando tolueno y un aerosol para provocar el fuego) a tres copropietarios que se encontraban dentro del garaje y que tuviesen que ser rápidamente desalojados. Es indudable, a la luz de los hechos, que con independencia del dolo directo de causar daños mediante el incendio también se puso en peligro -con plena consciencia de ello- a los vecinos de los inmuebles afectados, por lo que no cabe apreciar infracción legal del precepto punitivo aplicado.

El octavo y ultimo motivo de recurso, también por infracción de ley, denuncia la vulneración de los arts. 500, 504, 505 y 510 del Código Penal anterior, en relación con el art. 69 bis.

Alega el recurrente que no constituye prueba suficiente para condenar por robo el hecho de encontrarse los efectos sustraídos en poder del acusado, en lo que tiene razón el recurrente, pero ni dicha alegación tiene cabida en este cauce casacional que debe partir de la admisión previa de los hechos declarados probados, ni dicha prueba (indicio muy relevante, en cualquier caso) fué la única con la que contó el Tribunal sentenciador para desvirtuar la presunción de inocencia del acusado, como ya se ha expresado, contando además con el propio reconocimiento de los hechos por el acusado, la pluralidad de efectos procedentes de varios vehículos diferentes, la huella dactilar encontrada en uno de ellos, etc.

En definitiva, el motivo, que impugna la prueba por un cauce casacional que impone el respeto a los hechos probados, carece de todo fundamento.

Procede, por todo ello, la íntegra desestimación del recurso interpuesto.III.