STS 709/1999, 7 de Junio de 1999

En el primer motivo del recurso, formalizado al amparo del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se invoca vulneración del artículo 24.1 de la Constitución.

Este motivo se divide en cuatro apartados en los que se denuncian distintas infracciones que a juicio del recurrente le ha producido indefensión y señala las siguientes: a) infracción de los artículos 34 y 46 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado; b) infracción de los artículos 723, 724 y 725, en relación con los artículos 468, 469 y 470, todos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y artículo 42.1 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado; c) infracción del artículo 56.5, en relación con el artículo 53.3, ambos de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado; y d) infracción del artículo 52 en relación con el artículo 53, ambos de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado.

1. En orden a la invocada infracción de los artículos 34 y 46 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, se dice cometida dicha infracción en cuanto el Jurado, durante diferentes etapas del procedimiento oral, tuvo concreto acceso al sumario que fue examinado con detenimiento por parte de los miembros de dicho Tribunal.

   Este extremo del motivo no puede ser estimado.

   Como se razona en la Sentencia dictada por la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, no se corresponde con la realidad la afirmación que se hace, en defensa del motivo, de que los miembros del Jurado hubiesen tenido acceso a las diligencias del sumario. No señala el recurrente dato o elemento alguno que justifique su aserto y si se está refiriendo a la exhibición en concreto del folio 264, relativo a un informe de conducta, ello ya ha tenido puntual respuesta en la sentencia recurrida, habiéndose ceñido la exhibición al último párrafo, como consta en el acta del juicio, sin que ello pueda afectar en modo alguno al derecho de defensa y buena prueba de ello es que no se hizo constar oposición alguna por ninguna de las partes.

2. En segundo lugar, se invoca indefensión por quebrantamiento de las normas procesales que regulan la emisión y práctica del informe pericial, mencionándose los artículos 723, 724 y 725, en relación con los artículos 468, 469 y 470, todos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en relación con el artículo 42.1 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, y en concreto se denuncia que en el acto del juicio oral no comparecieron los dos peritos psicólogos que habían reconocido al acusado Jose Antonioya que lo hizo uno de ellos y el otros fue sustituido por otro perito distinto, alegándose infracción del artículo 459 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en el que se dispone que todo reconocimiento pericial se hará por dos peritos.

   Este extremo del motivo tampoco puede prosperar.

   No ha habido infracción del artículo 459 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en cuanto al acto del juicio oral comparecieron dos peritos para emitir dictamen psicológico sobre el acusado Jose Antonio. No puede confundirse el distinto alcance que tiene la declaración de un testigo respecto a un informe pericial. El testigo es insustituible en cuanto declara sobre hechos y circunstancias que ha conocido o sentido con anterioridad a emitir su testimonio, por el contrario, el perito aporta sus conocimientos científicos para esclarecer o dictaminar sobre un tema o cuestión que requiere conocimientos o prácticas especiales. El dictamen emitido por los dos peritos en la fase de instrucción fue único, es decir que ambos coincidieron en el informe psicológico del acusado. Uno de ellos compareció para ratificarlo y hacer las aclaraciones que las partes estimaran oportunas y asimismo compareció otro psicólogo, experto, por consiguiente, en el objeto de la pericia, que emitió dictamen sobre todos los datos o elementos que pusieron a disposición y sobre los que le interrogaron las partes. Es de destacar que igualmente comparecieron dos psiquiatras que hicieron una valoración médico psiquiátrica del mismo acusado. Y en orden a los artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que se refieren a la recusación de los peritos, no se ha mencionado causa alguna que pudiera incidir en la pérdida de objetividad del perito que sustituyó al que no pudo comparecer y que permitiera sustentar una causa de recusación. En todo caso obra en las actuaciones la imposibilidad de comparecer expuesta por uno de los peritos, lo que determinó que se acordará su sustitución por otro perito, como así se hizo, sin que en su momento se hiciera oposición alguna por las partes a dicha sustitución.

   Aparece totalmente infundamentada la pretensión de que se suspendiera el acto del juicio oral para que se citara al perito que no pudo asistir para que confirmara si el acusado le dijo o no que había consumido sustancias estupefacientes en el calabozo, ello escapa al objeto de la pericia, máxime cuando sobre ese extremo se pudo interrogar al acusado y consta analíticamente el consumo de tales sustancias.

3. Como tercera infracción se invoca vulneración de lo establecido en el artículo 46.5, en relación con el artículo 53.3 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, por indebida incorporación al acta del testimonio de las declaraciones sumariales de los acusados y su indebida entrega a los miembros del Jurado para su deliberación. En resumidas cuentas se denuncia que se ha dado cumplimiento a lo que se ordena en el párrafo primero del apartado 5º del artículo 46 de la Ley de Jurado en el que se dispone que "el Ministerio Fiscal, los letrados de la acusación y los de la defensa podrán interrogar al acusado, testigos y peritos sobre las contradicciones que estimen que existen entre lo que manifiesten en el juicio oral y lo dicho en la fase de instrucción . Sin embargo, no podrá darse lectura a dichas previas declaraciones, aunque se unirá al acta el testimonio que quien interroga debe presentar en el acto".

   Se podrá discrepar de éste u otros artículos de la Ley del Tribunal del Jurado, lo que no se puede invocar, a efectos de este recurso de casación, es que el Magistrado Presidente ha cumplido lo que la Ley ordena, como así ha sucedido, cuestión distinta hubiera sido y estaría justificada la denuncia si no se hubiese hecho lo que la ley establece y ello hubiera determinado indefensión. En los razonamientos jurídicos de la sentencia recurrida se rechazan, con acierto, estas invocaciones, recordándose que, además de cumplirse la Ley, todas las partes pidieron la unión de tales testimonios para su inclusión en el acta del juicio, sin que hubiera habido protesta formal sobre tales aportaciones.

4. A continuación se denuncia, en este tan complejo motivo, que se ha producido infracción de lo establecido en el artículo 52, en relación con los artículos 53 y 53 (se reitera el mismo número de artículo), todos de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, por no haberse llevado a cabo la incomunicación de los miembros del Jurado, al término de la vista oral, y que ello ha quebrantado la imparcialidad de los miembros del Jurado.

   La Sala la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias ha dado puntual respuesta, con acertados razonamientos, a esta injustificada alegación. Una vez más se denuncia que el Magistrado-Presidente ha dado cumplido acatamiento a la Ley del Tribunal del Jurado ya que ciertamente eso es lo que se ha hecho. El artículo 56 de dicha Ley, en el que se regula la incomunicación del Jurado, dispone que "1. La deliberación tendrá lugar a puerta cerrada, sin que les sea permitida comunicación con persona alguna hasta que hayan emitido el veredicto, adoptándose por el Magistrado- Presidente las medidas oportunas al efecto. 2. Si la deliberación durase tanto tiempo que fuese necesario el descanso, el Magistrado-Presidente, de oficio o a petición del Jurado, lo autorizara, manteniendo la incomunicación". Como se puede comprobar con la lectura de las actas, en la tarde del día 23 de junio de 1997, tras oír a las partes sobre el objeto del veredicto, son llamados los miembros del Jurado e instruidos por el Magistrado-Presidente conforme a la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, y en concreto del artículo 54 de dicha Ley, a petición de la defensa del acusado Jose Antonioy se hace entrega al Jurado del objeto del veredicto, las actas del juicio y los testimonios unidos en ellas. Y seguidamente el Jurado se retiró a la Sala que les fue indicada para su deliberación, donde permanecieron incomunicados hasta la emisión del veredicto, sin que se haya aportado dato o elemento alguno que afirme lo contrario.

   Este extremo del motivo tampoco puede prosperar.

En el segundo motivo del recurso, formalizado al amparo del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se invoca vulneración del derecho a ser juzgado por un Tribunal imparcial, proclamado en el artículo 24.2 de la Constitución.

Se cuestiona la imparcialidad del Jurado al no haberse producido su incomunicación-aislamiento nada más finalizado el juicio oral. Es de reproducir lo expuesto para rechazar igual motivo formalizado como apartado cuarto del anterior motivo. Ha existido incomunicación durante toda la deliberación del Jurado y se ha dado cumplimiento a lo establecido en la Ley del Tribunal del Jurado.

El motivo debe ser desestimado.

Se dice infringido el derecho a la utilización de los medios de prueba, con vulneración del artículo 24.2 de la Constitución y del número 1º del artículo 850 de la Ley de Enjuiciamiento criminal, al no haber comparecido al acto del juicio oral el perito psicólogo Sr. Agustín, es decir, se reproduce por otro cauce casacional la alegación efectuada en el segundo submotivo del primero de los formalizados.

Son de reproducir los razonamientos expresados con anterioridad para rechazar esta alegada infracción. Fue totalmente correcta la decisión del Tribunal sentenciador de no suspender el acto del juicio oral para que se citara a un perito cuya incomparecencia fue autorizada por el Tribunal, sin oposición de las partes, siendo sustituido por otro especialista en psicología, siendo irrelevante para el derecho de defensa la pretensión de interrogarle sobre si el acusado le dijo o no que había consumido sustancias estupefacientes en el calabozo, ello, como ya se ha dicho, escapa al objeto de la pericia, máxime cuando sobre ese extremo se pudo interrogar al acusado y consta analíticamente el consumo de tales sustancias.

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El motivo no puede prosperar.

Como último motivo se invoca quebrantamiento de forma, al amparo del número 3º del artículo 850 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al decidir el Magistrado-Presidente del Tribunal del Jurado que el testigo Carlos Albertono contestara a una pregunta por impertinente, considerando el recurrente su pertinencia e influencia en la causa.

El motivo no puede prosperar.

Como muy bien razona el Ministerio Fiscal al impugnar este motivo, no señala el recurrente cual fue la pregunta que le fue denegada y ello es así porque no llegó a formularla. Ciertamente, examinando el acta del juicio oral se puede comprobar que el citado testigo, a una pregunta de la acusación particular, contestó "que le han comentado que hizo esto inconscientemente totalmente" y ante esta contestación el Letrado de la defensa solicitó aclaraciones a esta pregunta, sin precisar en que consistían, lo que determinó que el Magistrado-Presidente, acertadamente, estimase que no eran necesarias tales aclaraciones al haber oído los miembros del Jurado tanto la pregunta como la contestación, correspondiéndole a ellos la valoración del interrogatorio. La solicitud de aclaraciones, además de impertinente, carecía de toda relevancia para la causa.

RECURSO INTERPUESTO POR Carlos

En el primer motivo del recurso, formalizado al amparo del número 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se invoca infracción, por aplicación indebida, del artículo 451.3º a) del Código Penal.

Se alega indebida condena por un delito de encubrimiento señalándose que el asesinato no aparece en la relación de figuras delictivas que se establece en el apartado a) del 3º del artículo 451 del vigente Código Penal.

No se puede compartir el criterio del recurrente ya que en el homicidio está, obviamente, incluido el asesinato, constituyendo una figura cualificada de homicidio por la concurrencia de alguna de las circunstancias que se expresan en el artículo 139 del vigente Código Penal, otro criterio carecería de toda lógica y explicación.

Se invoca, asimismo, la ausencia de los requisitos que caracterizan el delito de encubrimiento, alegándose desconocimiento respecto a los hechos cometidos por el coacusado Jose Antonioy que no le ayudó para eludir la investigación de la Policía.

No es eso lo que se dice en el relato fáctico de la sentencia de instancia, donde se recoge expresamente que este acusado se percató de la agresión y de la gravedad de las lesiones y asimismo se hace mención del amparo prestado al coacusado Jose Antoniopara eludir la investigación policial.

No se respetan los hechos que se declaran probados, que deben permanecer inalterables, dado el cauce procesal esgrimido.

El motivo carece de fundamento y debe ser desestimado.

En el segundo motivo del recurso, formalizado al amparo del número 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se invoca infracción, por aplicación indebida, del artículo 195.1 del Código Penal.

Este motivo, igual que el anterior, se presenta con manifiesta contradicción del relato histórico de la sentencia de instancia, cuando debe ser rigurosamente respetado. Consta acreditado que el recurrente desatendió a una persona que precisaba de urgente ayuda al haber sufrido graves heridas, no solicitando tampoco el auxilio de terceros, lo que pudo prestar sin riesgo alguno, habiendo infringido un claro mandato de acción.

El motivo debe ser desestimado.

En el tercer motivo del recurso, formalizado al amparo del número 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se invoca infracción, por aplicación indebida, del artículo 66, regla 1ª del Código Penal.

Se sostiene en el motivo que el Tribunal de instancia no ha motivado la extensión de pena que le fue impuesta por los delitos de encubrimiento y omisión del deber de socorro.

Examinada la sentencia de instancia puede comprobarse que en el quinto de sus fundamentos jurídicos se razona adecuadamente sobre la determinación de la pena a imponer al acusado Jose Antonio, por el contrario no se contiene explicación alguno que justifique la pena que se ha impuesto a Carlosy a Rodolfo, especialmente cuando la impuesta no ha sido la mínima que el Código Penal permite. Ciertamente el delito de encubrimiento viene castigado, en el artículo 451 del vigente Código Penal, que es el que se ha aplicado en la sentencia de instancia, con la pena de prisión de seis meses a tres años y se les ha impuesto una pena de prisión de un año y seis meses y en lo que concierne al delito de omisión del deber de socorro, la figura aplicada viene castigada en el artículo 195 del vigente Código Penal con una pena de multa de tres a doce meses y la impuesta lo ha sido de diez meses.

Así las cosas y al no haber concurrido circunstancias atenuantes ni agravantes, era de aplicar el número 1º del artículo 66 del vigente Código Penal, en el que se exige que los Jueces y Tribunales individualicen la pena imponiendo la señalada en la Ley en la extensión adecuada a las circunstancias personales del delincuente y a la mayor o menor gravedad del hecho, razonándolo en la sentencia, lo que no se ha hecho, y ante tal ausencia de motivación procede reducir la pena impuesta a la mínima que legalmente procedía, es decir, seis meses de prisión para el delito de encubrimiento y tres meses de multa por el delito de omisión del deber de socorro.

Con este alcance el motivo debe ser estimado, extendiéndose sus beneficios al coacusado Rodolfoque se encuentra en la misma situación y que expresamente se adhirió a este motivo.

En el cuarto motivo del recurso formalizado al amparo del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se invoca vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia que proclama el artículo 24.2 de la Constitución.

La sentencia de instancia expresa, en el tercero de sus fundamentos jurídicos, las pruebas de cargo legítimamente practicadas en el acto del juicio oral que han permitido al Jurado alcanzar su convicción sobre los hechos que se declaran probados, como se refleja en el propio acta del veredicto, siendo de mencionar los testimonios depuestos en el acto del juicio oral así como las propias declaraciones de los coacusados. El Tribunal de instancia razona sobre los elementos incriminatorios que se ha tenido en cuenta por el Tribunal de Jurado para alcanzar su veredicto, en concreto la presencia de los acusados en el local donde se produjo la agresión, de la que tuvieron perfecto conocimiento, extremo que viene corroborado por la declaración de una testigo y lo mismo sucede respecto al auxilio prestado al agresor para eludir la investigación de la Policía como se infiere de la propia declaración de este acusado. Y tales pruebas contrarrestan el derecho a la presunción de inocencia que ampara a todos los que se le imputan un hecho delictivo y que el recurrente invoca en el presente motivo, que por lo expuesto debe ser desestimado.

RECURSO INTERPUESTO POR Rodolfo

En el primer motivo del recurso, formalizado al amparo del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se invoca vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia que proclama el artículo 24.2 de la Constitución.

Es de reproducir lo expuesto al dar respuesta a igual motivo formalizado por el anterior recurrente. Ha existido prueba de cargo legítimamente practicada en el acto del juicio oral que desvirtúa tal derecho constitucional.

Ciertamente los acusados reconocieron su presencia en el local cuando se produjo la agresión, lo que vino confirmado por la declaración de una testigo, siendo acorde con las reglas de la lógica y la experiencia la convicción de que necesariamente tuvieron que apercibirse de la gravedad de las heridas sufridas por la víctima y asimismo está acreditado en el acto del juicio que este recurrente permitió al agresor pernoctar en su domicilio para que no fuera hallado por la Policía.

En el segundo motivo del recurso, formalizado al amparo de los números 1º, 2º y 3º del artículo 850 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se invoca quebrantamiento de forma.

El Letrado firmante del recurso le resulta imposible desarrollar una mínima argumentación lo que debe entenderse como renuncia del motivo. En todo caso no se aprecia en el relato fáctico falta de claridad, contradicción o la consignación de conceptos jurídicos que predeterminen el fallo, así como tampoco puede apreciarse ausencia de citaciones y en cuanto a una posible denegación, por parte del Magistrado-Presidente, a que un testigo conteste a determinadas preguntas, se da por reproducido lo declarado para desestimar igual pretensión formalizada por el recurrente Jose Antonio.

El motivo debe ser desestimado.

En el tercer motivo del recurso, formalizado al amparo del número 2º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se invoca error de hecho en la apreciación de la prueba, basado en documentos que obran en autos, que demuestran la equivocación del juzgador sin resultar contradichos por otros elementos probatorios.

En concreto se señalan los folios 145 a 148 del Rollo de la Audiencia Provincial que corresponden a una Resolución de la Dirección Provincial de Asturias del I.N.S.S. y los folios 578 a 580 del tomo 3º relativos a un informe psicológico de este recurrente.

La doctrina de esta Sala condiciona la apreciación del error de hecho invocado al cumplimiento de los siguientes requisitos: 1º) equivocación evidente del juzgador al establecer dentro del relato fáctico algo que no ha ocurrido; 2º) que el error se desprenda de un escrito con virtualidad documental a efectos casacionales que obre en los autos y haya sido aducido por el recurrente; 3º) que tal equivocación documentalmente demostrada no aparezca desvirtuada por otra u otras pruebas.

Y tales condicionamientos no pueden afirmarse en el presente caso en cuanto el Tribunal ha tenido en cuenta las declaraciones de testigos y especialmente del coacusado Carlosrespecto a la ausencia de afectación de su capacidad de culpabilidad por el consumo de alcohol y drogas, extremo que, por ora parte, no se infiere incuestionablemente de los informes reseñados al estar supeditados al consumo de sustancias estupefacientes y alcohol.

El motivo no puede ser estimado.

En el cuarto motivo del recurso, formalizado al amparo del número 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se invoca infracción de Ley.

El letrado firmante del recurso también le resulta imposible desarrollar una mínima argumentación en defensa del motivo, no obstante, como da por reproducidas las consideraciones expuestas en los motivos primero, segundo y tercero del recurrente Carlos, habrá que estar a lo expresado por esta Sala al rechazar los dos primeros motivos y estimar el tercero, estimación que también favorece a este recurrente al encontrarse en la misma situación. .

El motivo no puede ser estimado, con excepción de la remisión que se hace al tercero del formalizado por el acusado Carlos.III.

FALLO

DEBEMOS DESESTIMAR Y DESESTIMAMOS EL RECURSO DE CASACION por infracción de preceptos constitucionales, infracción de Ley y quebrantamiento de forma interpuesto por el acusado Jose Antonio, con imposición de las costas de este recurso y DEBEMOS ESTIMAR Y ESTIMAMOS PARCIALMENTE LOS RECURSOS por infracción de Ley interpuestos por los acusados Carlosy Rodolfo, declarándose de oficio las costas de este recurso respecto a estos recurrentes, todo ello con relación a la sentencia, de fecha 9 de diciembre de 1997, dictada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias al conocer del recurso de Apelación contra Sentencia del Tribunal del Jurado dictada en la Audiencia Provincial de Oviedo, de fecha 27 de junio de 1997, en el Procedimiento Especial del Jurado número 1/96, procedentes del Juzgado de Instrucción número 10 de Oviedo, seguida por delitos de asesinato, cuya sentencia casamos y anulamos. Y remítase certificación de esta sentencia y de la que a continuación se dicta a la mencionada Audiencia a los efectos procesales oportunos.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos

SEGUNDA SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a siete de Junio de mil novecientos noventa y nueve.

En la causa del Procedimiento Especial del Jurado incoada por de Juzgado e Instrucción número 10 de Oviedo con el número 1/96 y seguida ante la Audiencia Provincial de esa misma capital por delito de asesinato y otros y en cuya causa se dictó sentencia por la mencionada Audiencia con fecha 27 de junio de 1997, que fue apelada ante la Sala de los Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del principado de Asturias, que dictó sentencia, con fecha 9 de diciembre de 1997, que ha sido casada y anulada por la pronunciada en el día de hoy por esta Sala Segunda del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. expresados al margen y bajo la Ponencia del Excmo. Sr. D. Carlos Granados Pérez, hace constar lo siguiente:I. ANTECEDENTES

UNICO.- Se aceptan y reproducen los antecedentes de hecho de la sentencia del Tribunal del Jurado dictada por la Audiencia Provincial de Oviedo.