STS, 24 de Enero de 1991

También por infracción de Ley, al amparo del nº 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por cuanto, dados los hechos que se declaran probados en la sentencia impugnada, se ha infringido, por inaplicación, el apartado 11 del artículo 8 del Código penal, en relación con el artículo 20.1.d) de la Constitución.

El recurso interpuesto por la representación de los procesados Pedro Miguel Y Jose Ángel , se basó en los siguientes MOTIVOS DE CASACION:

Por infracción de Ley, se invoca al amparo del nº 2 del artículo 849 de la L.E.Cr., por cuanto ha existido error en la apreciación de la prueba, basado en DOCumentos que obran en autos, que demuestran la equivocación del Juzgador sin resultar contraichos por otros elementos probatorios.

También por infracción de Ley, se invoca al amparo del nº 1º del art. 849 de la L.E.Cr., pro cuanto, dados los hechos que se declaran probados en la Sentencia impugnada, se ha infringido, por aplicación indebida el art. 199 del Código Penal. Tercero.- Por infracción de Ley, se invoca al amparo del nº 1º del art. 849 de la L.E.Cr., por cuanto, dados los hechos que se declaran probados en la sentencia impugnada, se ha infringido, por inaplicación, el apartado 11 del art. 8 del Código Penal, en relación con el art. 20.1.d) de la Constitución.

5. - Instruído el Ministerio Fiscal del recurso interpuesto la Sala admitió el mismo, quedando conclusos los autos para señalamiento de vista cuando por turno correspondiera.

6. - Hecho el señalamiento para la vista se celebró la misma el día 14 de enero de 1.991., con la asistencia del Letrado recurrente D. Gonzalo Rodriguez Monrullo en defensa de todos los recurrentes, y del Ministerio Fiscal que impugnó los motivos de casación.

La sentencia recurrida condenó a Plácido , Everardo , Pedro Miguel y Jose Ángel , DIRECCION000 y Concejales respectivamente del Ayuntamiento de Pontevedra,como autores de un delito de atentado contra la independencia de Jueces y Magistrados del art. 199 del Código Penal.

En nombre de dichos condenados se interpusieron dos recursos de casación por infracción de Ley sustancialmente coincidentes entre sí, en los que se formularon tres motivos, que se estudian a continuación comenzando por los que, al amparo del nº 2º del art. 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, alegan error de hecho en la apreciación de la prueba.

Para que esta Sala pueda estimar que ha habido infracción de Ley por haber existido error en la apreciación de la prueba en la sentencia de instancia conforme al nº 2º del art. 849 de nuestra Ley procesal penal, es necesario que concurran los requisitos siguientes:

1. Que haya en los autos una verdadera prueba DOCumental, y no de otra clase (testifical, pericial, confesión), es decir,que sea un DOCumento propiamente dicho el que acredite el dato de hecho contrario a aquello que ha fijado como probado la Audiencia, y no una prueba de otra clase por más que esté DOCumentada en la causa.

2. Que ese DOCumento acredite la equivocación del Juzgador, esto es, que en los hechos probados de la sentencia recurrida aparezca como tal un elemento fáctico en contradicción con aquello que el DOCumento por su propia condición y contenido es capaz de acreditar.

3. Que, a su vez, ese dato que el DOCumento acredita no se encuentre en contradicción con otros elementos de prueba, porque la Ley no concede preferencia a nínguna prueba determinada sobre otra igual o diferente, sino que, cuando existen varias sobre el mismo punto, el Tribunal, que conoció de la causa en la instancia habiendo presidido la práctica de todas ellas y habiendo escuchado las alegaciones de las partes, tiene facultad para, sopesando unas y otras, apreciar su resultado con la libertad de criterio que le reconoce el art. 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.4º. Por último, es necesario que el dato de hecho contradictorio así acreditado sea importante, en cuanto que tenga virtualidad para modificar alguno de los pronunciamientos del fallo, pues si afecta a elementos fácticos que carezcan de tal virtualidad, el motivo no puede prosperar, porque, como reiteradamente tiene dicho esta Sala, el recurso se da contra el fallo y no contra los argumentos de hecho o de derecho que no tienen aptitud para modificarlo.

Procede rechazar estos dos motivos primeros de ambos recursos por las razones siguientes:

1. El DOCumento del folio 99 del sumario certifica la realidad de un acuerdo de la Comisión de Gobierno en el que se dice que no hubo intención de hacer responsable a la Administración de Justicia de las consecuencias del cambio de criterio municipal en relación a la concesión de licencias para nuevas construcciones, y que confian plenamente en la integridad e independencia del Poder Judicial al que respetan, como aclaración de la nota informativa del día 2 del mismo mes de abril de 1.986.

   Se dice que tal DOCumento contradice el hecho declarado probado por la Audiencia en cuanto que en éste se afirma que existió en los acusados intención de influir en la opinión pública para predisponerla contra la decisión judicial de procesamiento del DIRECCION000 .

   Esta Sala entiende que no existió la intención que la Audiencia atribuyó al comportamiento de los cuatro procesados ahora recurrentes y por ello ha de eliminarse del "factum", pero no por estimación del presente motivo, sino del siguiente, como luego se razonará.

2. Los Documentos de los folios 196, 197 y 198 del sumario son certificaciones municipales de concesión de tres licencias de obras, acordadas una el 14 de abril y dos el 5 de mayo de ese mismo año de

   1.986, con lo que los recurrentes quieren poner de manifiesto que el Ayuntamiento no paralizó la concesión de licencias para nuevas construcciones en contra de lo que da a entender el apartado IV de la narración de hechos probados de la sentencia recurrida.

   Esta Sala estima que no existe la pretendida contradicción, pues tal apartado IV dice simplemente que en la sesión de la Comisión de Gobierno del día 7 de abril se acordó no resolver un expediente de la empresa URALCO S.A. por temor a que su actuación pudíera ser revisada por los Tribunales sí alguien ejercitaba la acción popular denegándose la licencia solicitada, y que en la misma sesión por el mismo temor no se pronunciaron sobre un determinado recurso de reposición, y ello no es contrario a lo que reflejan los DOCumentos de los folios 196 a 198 que se refieren a otros acuerdos adoptados en fechas posteriores.

   Por ello, este extremo del motivo 1º tampoco puede ser acogido.

3. A través de esta vía de impugnación se pretende suplir una omisión consistente en que los ahora recurrentes, antes de publicar la nota por la que fueron codenados, consultaron a dos Letrados quienes manifestaron su criterio de que el DOCumento no entrañaba nada antijurídico ní, menos aún, delictivo, aunque desaconsejaron su divulgación por razones de oportunidad y conveniencia.

   Debe rechazarse esta pretensión porque no se encuentra fundada en nínguna prueba Documental,sino en unas declaraciones sumariales que ní siquiera fueron reproducidas en el juicio oral.

4. Se dice también en este motivo que se omitió otro dato de importancia, cual es el haberse revocado por la Audiencia Provincial al auto de procesamiento por prevaricación del DIRECCION000 , que motivó el acuerdo municipal cuya publicación fue objeto de la condena ahora recurrida.

   Cierto que se trata de un dato importante, pero no dicen los recurrentes en qué folios del sumario o del rollo de la Audiencia aparece unida esta resolución de la Audiencia (sólo se citan los folios 113 y ss. del sumario que son los que recogen el auto de procesamiento dictado por el Juzgado), y examinadas las correspondientes actuaciones no aparece tal resolución unida a los autos (salvo error del Ponente en la comprobación de este extremo), lo que obliga a rechazar también esta otra impugnación del presente motivo por no cumplirse este requisito expresamente exigido en el texto del nº 2º del art. 849 en que se funda.

5. En el recurso formulado por Pedro Miguel y Jose Ángel se añade una nueva pretensión a este motivo primero en relación con unas declaraciones hechas por este último en una entrevista que se transmitió por una emisora de radio, que tampoco puede prosperar porque no revela contradicción algunacon lo que en este punto se declaró como probado en la sentencia recurrida. Otra cosa es el valor que haya de darse a tales declaraciones en relación con la intención de los procesados en los hechos de autos, a la que luego nos referiremos.

   En conclusión, han de desestimarse en su totalidad los dos motivos primeros de los recursos ahora estudiados que se ampararon en el art.

   849-2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En el motivo 2º se alega infracción de Ley por aplicación indebida del art. 199 del Código Penal que castiga como delito el atentado contra la independencia de Jueces y Magistrados cometido por funcionario público.

Tal independencia, bien jurídico protegido en esta figura penal, aparece en nuestra Constitución como la nota más característica del Poder Judicial que únicamente ha de estar sometido al imperio de la Ley (art. 171.1),garantía máxima de la imparcialidad necesaria para el ejercicio de sus funciones de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado y aquellas otras que expresamente les sean atribuidas por ley en garantía de cualquier derecho (art. 171.3 y 4).

Nínguna persona ní organismo público o privado debe interferir las actuaciones de las autoridades judiciales (arts 12 a 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial), pero solamente se prevé como delictivo el ataque intencionado que procede de un funcionario público en el amplio concepto que al respecto nos ofrece el art. 119 del Código Penal.

Se trata de un delito especial que sólo puede cometer quien participa del ejercicio de las funciones públicas cuando actúa en tal ejercicio y no cuando obra como un ciudadano particular, sin que en este sentido sea posible hacer nínguna limitación como pretende el recurrente, porque donde la ley no distingue los Tribunales al interpretarla tampoco pueden distinguir y, por tanto, esta infracción es aplicable, no sólo a quien por las competencias concretas que le están encomendadas tiene alguna relación o posibilidad de incidencia directa en el ámbito de la Administración de Justicia, sino también a quien sin tener tales atribuciones pudiera prevalerse del cargo público que ostenta para lesionar la libertad de criterio que el Poder Judicial necesita para el desarrollo de sus tareas.

Así pues,este delito puede ser cometido por los mismos Jueces y Magistrados, los órganos de gobierno de éstos o por algún miembro del Consejo General del Poder Judicial si violaren las limitaciones que les impone el art. 12 y concordantes de la L.O.P.J. o de otro modo menoscabaren tal independencia, así como por cualquier funcionario no directamente relacionado con la Administración de Justicia, siempre que su actuación no incida en alguna otra figura de delito de las que en el Código Penal protegen de una manera más específica este mismo bien jurídico (arts. 182, 183,378 ó 380), puesto que todos están legalmente obligados a respetar la independencia de Jueces y Magistrados (art. 13 de la L.O.P.J.).

Esta figura de delito aparece definida en el art. 199 Código Penal de un modo singularmente abierto, por lo que en aras de un adecuado respeto al principio de legalidad, a fin de dotar a los sujetos a quienes va dirigida de la debida seguridad jurídica, debe ser objeto de interpretación restrictiva en cuanto se refiere al término "atentare" que se utiliza como verbo delimitador del tipo, en el sentido de que hay que reconocer a esta expresión una significación subjetiva, de modo que sólo puedan ser castigados por este delito quienes realmente hayan actuado con el propósito de menoscabar la mencionada independencia judicial, es decir, con dolo directo, excluyéndose, por tanto, las actuaciones culposas y las de dolo eventual.

Ahora bien, para que se entienda consumado este delito, conforme se deduce del propio texto legal, basta con que el funcionario realice la acción de atentar, y, que tal acción llegue al conocimiento del sujeto pasivo, sin que se exija acreditar que efectivamente este último ha quedado realmente afectado en su libertad de decisión. Dada la importancia del bien jurídico protegido el legislador, como en otras normas penales semejantes en este aspecto, ha querido adelantar el momento de la consumación a un estadio anterior al de la realidad de la lesión conformándose con la perfección de la acción de atentar.

Sujeto pasivo pueden serlo un determinado Juez o Magistrado, los componentes de un concreto órgano colegiado, o incluso, un grupo más o menos determinado o el colectivo judicial en su conjunto, puesto que en este punto tampoco impone la Ley restricción alguna.

Por lo que respecta a la resolución de las cuestiones planteadas en el caso presente interesa ahora resaltar que el carácter singularmente abierto del tipo penal examinado, permite una variedaden principio indeterminada en cuanto a sus posibles formas de comisión.

Para la comisión de este delito cualquier funcionario público en el ejercicio de las actividades propias de su cargo, apartándose del recto uso de sus facultades que siempre deben ir dirigidas al servicio del interés colectivo que le está encomendado, puede atacar la independencia del Poder Judicial de cualquier forma, pues en este punto tampoco concreta nada la Ley, siempre que la activividad utilizada al respecto sea idónea para menoscabar la libertad de actuación que la autoridad judicial necesita para el desarrollo de sus funciones.

Conviene aquí hacer una precisión importante porque no todo aquello que puede influir en el ánimo del Juez puede reputarse como ataque a su independencia.

En la vida social actual níngun poder público, tampoco al judicial, puede pretender vivir aislado de las influencias del mundo que le rodea, sino que ha de estar abierto a la realidad de la sociedad en sus diversas manifestaciones, que el Poder Judicial ha de tener en cuenta como elemento de interpretación de la Ley ( art.3.1.CC) a cuyo imperio necesariamente ha de estar sometido (art.

171.1 de la Constitución Española).

El Magistrado,al resolver los asuntos que le competen,ha de tener en cuenta todos los elementos que pueden tener relación con el caso sometido a su consideración, y en esto no podrá nunca sustraerse a las influencias de todos aquellos conocimientos que continuamente va adquiriendo, de la formación que ha recibido, de las noticias que le ofrecen los medios de comunicación, de los hechos acaecidos a su alrededor, etc.

La independencia judicial nada tiene que ver con esto cuando tales elementos,de posible incidencia en la decisión judicial,son legítimamente utilizados por cada agente social, particular o funcionario público. Todo puede tener influencias en el contenido de una resolución judicial por la inevitable, y el mismo tiempo deseable, permeabilidad social a la que está sometido el Juez como cualquier ciudadano.

El atentado a que se refiere el art. 199 del Código Penal sólo puede existir cuando se haya realizado una actividad ilícita por parte de un funcionario, ilícita en un doble sentido, primero porque haya actuado con abuso de sus funciones, y segundo porque suponga una coacción a la libertad de actuación de un miembro de la judicatura también en el ejercicio de su cargo. No todo aquello que puede incidir en una decisión judicial atenta contra su independencia, sino solamente aquello que se realiza como presión organizada y dirigida a tal fin.

En el caso presente hubo un procesamiento contra el DIRECCION000 de Pontevedra por una determinada decisión suya en materia de urbanismo, y ello motivó que en la primera reunión que se celebró por la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento, al parecer la competente para entender de estas materias, se hablara de tal resolución judicial, se manifestara la preocupación de sus miembros por una medida que directamente les afectaba y se acordara resolver en el futuro estas cuestiones con unos criterios más rígidos, distintos de aquellos que habían motivado ese procesamiento a fin de que esto no volviera a repetirse, sujetándose estríctamente al Plan de 1.953 y al de 1.970 en aquello que estuviere vigente, pese a reconocer que estaban desfasados, lo que habría de suponer un criterio más restrictivo en la concesión de licencias para nuevas construcciones con el perjuicio consiguiente para la actividad del sector, haciéndose constar en el acta correspondiente todo lo acordado y disponiendo que se publicara una nota informativa para los medios de comunicación, que habría de ser notificada a las Asociaciones de Promotores y Constructores, con explicación del motivo de tal cambio de criterio, que no era otro que la mencionada resolución judicial que se había adoptado en un procedimiento penal cuando aún no había sido resuelto el correspondiente recurso contencioso administrativo por la Audiencia Territorial.

Todo esto fue acordado por la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Pontevedra de modo totalmente legítimo, a juicio de esta Sala, en cuanto se refiere a lo que ahora nos ocupa, esto es, al posible atentado contra la independencia del poder judicial. Si fue procesado el DIRECCION000 , es conforme a las más elementales normas de la prudencia no reincidir en comportamientos que habrían podido originar otra resolución similar, debiéndose reputar plenamente lícito desde la perspectiva que ahora nos ocupa, tanto la adopción del correspondiente acuerdo municipal, como el hacer constar expresamente en el acta de la sesión correspondiente sus verdaderos motivos, como el decidir su puesta en conocimiento de la opinión pública y de los constructores afectados, esto último en ejercicio de su derecho a comunicar libremente información veraz reconocido en el art. 20.1 d) de nuestra Constitución.Entiende esta sala que el comportamiento antes descrito constituye una actuación municipal correcta en lo que ahora interesa, que carecía de idoneidad para lesionar la libertad de criterio de quien luego habría de resolver sobre los recursos planteados respecto del procesamiento aludido.

Dice la resolución recurrida que con la publicación de tal acuerdo del Ayuntamiento se pretendía "influir sobre tal opinión, predisponiéndola en contra de la decisión judicial de procesamiento del DIRECCION000 para tratar de ejercer de este modo sobre el ánimo de los Jueces y de los Magistrados que habían de decidir sobre los recursos interpuestos contra dicha resolución una presión dirigida a perturbar la emisión de su juicio con plena libertad," lo que aparece así literalmente en el apartado relativo a los hechos probados, volviéndose a insistir luego en lo mismo (fundamento de derecho primero, apartado II) al decir que trataron de "echar al pueblo contra el juez" atribuyendo a una decisión judicial las consecuencias derivadas de una paralización de la construcción con incremento del paro en el sector.

Como se ve la Audiencia entendió que la actuación de quienes ahora recurren fue realizada con el propósito de atentar contra la libertad de criterio de quienes habrían de resolver los recursos que entablaron el mismo día de la publicación de la nota contra el auto de procesamiento.

Tal propósito constituye el dolo que como elemento del tipo es necesario en esta concreta infracción penal, como lo es con carácter genérico en todos los delitos dolosos.

La carga de la prueba de tal elemento subjetivo corresponde a las partes acusadoras, como ocurre con todos los elementos del delito, que se encuentran, en beneficio del reo, favorecidos por la presunción de inocencia del art. 24.2 de la Constitución Española.

Es frecuente que respecto de estos requisitos subjetivos no exista prueba directa y en tales casos ha de acudirse a la indirecta o de indicios.

Utilizada de antiguo por la jurisprudencia de esta Sala, particularmente en los supuestos en que la criminalidad de un hecho se hacía depender de un particular elemento subjetivo ("animus necandi", "animus injuriandi", por ejemplo) que tenia que deducirse de datos externos reveladores de la intención del agente, e incluso regulada en el Código Civil con el nombre de prueba de presunciones (arts.

1.215, 1.249 y 1.253),con amplia aplicación en los procesos de esta última clase, la cuestión de la prueba de indicios ha adquirido especial relieve en nuestro procedimiento penal cuando, a partir de la vigencia de la Constitución Española de 1.978, se ha impuesto la necesidad de razonar la prueba expresamente en el propio texto de las sentencias de este orden para exteriorizar así la forma en que queda destruida la presunción de inocencia (art. 24.2) y en cumplimiento del mandato de motivación impuesto por el art. 120.3, con lo cual ya se termina con la arraigada práctica de nuestros tribunales consistente en fijar unos hechos probados sin decir nada sobre los medios de acreditación utilizados al respecto.

Ante el Tribunal Constitucional se planteó el tema de la aptitud de la prueba de indicios para contrarrestar la mencionada presunción de inocencia, que fue resuelto positivamente a la vista de la necesidad de evitar la impunidad de múltiples delitos, particularmente los cometidos con especial astucia, y con la advertencia de que habría de observarse singular cuidado a fin de evitar que cualquier simple sospecha pudiera ser considerada como verdadera prueba de cargo (sentencias del T.C. 174 y 175/85, ambas de la misma fecha, 17 de diciembre de 1.985, y otras muchas posteriores tanto de dicho Tribunal como de esta misma Sala).

A partir de tal fecha con frecuencia se ha venido aplicando y estudiando por los Tribunales de Justicia esta clase de prueba que ha adquirido singular importancia en nuestro Derecho Procesal, porque, como es obvio, son muchos los casos en que no hay prueba directa sobre un determinado hecho, y ello obliga a acudir a la indirecta,circunstancial o de inferencias, para,a través de unos hechos plenamente acreditados (indicios),llegar al conocimiento de la realidad de aquel necesitado de justificación,por medio de un juicio de deducción lógica conforme a las reglas que ofrece la experiencia,sobre la base de la forma en que ordinariamente se desarrollan los acontecimientos.

Así pues, en el mecanismo de la prueba indirecta deben ser distinguidos claramente dos elementos :

1. Los hechos básicos o indicios, que necesariamente han de ser múltiples, pues uno solo podría fácilmente inducir a error (sentencias del T.C. 111/1.990, de 18 de junio, entre otras), los cuales han de estar plenamente acreditados, como dice el art. 1.249 del C.C., esto es, justificados por medio de prueba directa, elemento meramente fáctico, cuya fijación han de hacer los Tribunales de instancia, con la libertad de criterio que la L.E.Cr. (art.741) les concede como respuesta a las exigencias del principio de inmediación,y con constancia en el apartado relativo a la narración de hechos probados, lo que sólo puede ser recurrido en casación por la vía del nº 2º del art. 849 o a través de la denuncia por violación de la presunción de inocencia (art. 5.4 de la L.O.P.J.).

2. La deducción lógica que que ha de expresar el enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano (art. 1.253 del C.C.), la cual debe exteriorizarse en el propio texto de la sentencia para mostrar así públicamente que la libertad del juzgador no ha sido utilizada de modo arbitrario (art. 9.3 de la Constitución), elemento que excede de lo puramente fáctico y que, como tal, puede ser sometido a revisión del Tribunal Supremo por medio de un recurso de casación como el presente.

Se puede decir que tal conexión lógica existe, con la seguridad exigible para las pruebas de cargo en materia penal ("in dubio pro reo"), cuando, dados los hechos directamente probados, ha de entenderse que realmente se ha producido el hecho necesitado de justificación, porque no hay ninguna otra posibilidad alternativa, que pudiera reputarse razonable, compatible con esos indicios, y a tal fin normalmente habrá de examinarse la coartada ofrecida por el acusado.

Examinada con detenimiento por esta Sala la sentencia recurrida se advierte que son tres los indicios o hechos básicos en que la Audiencia se apoya para estimar acreditada la mencionada intención de presionar a la Administración de Justicia, los cuales ahora esta Sala, por las razones que se exponen a continuación, valora como insuficientes para poder deducir de ellos,conforme a las reglas de la prueba indirecta antes examinada,la realidad de tal intención:

1. Se destaca por el Tribunal "a quo" el dato de la coincidencia de la fecha en que se divulgó la referida nota informativa, 3 de abril de 1.986, con la de presentación del recurso de reforma y subsidiario de apelación, como indicio importante para deducir del mismo el propósito de presionar a los Magistrados que tenían que resolver tales recursos.

   Esta Sala no comparte tal valoración porque, sí el procesamiento tiene fecha de 31 de marzo, dado el corto plazo que la Ley concede para recurrir, forzosamente tenían que formularse los recursos en alguno de los días inmediatos conforme a lo dispuesto en los arts. 211 y 222 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y entonces nada de particular tiene que se hayan presentado en el Juzgado en la misma fecha en que se comunicó a los medios de información el resultado de la sesión celebrada por la Comisión de Gobierno que, caso de no haber estado señalada de antemano, es lógico que se convocara "ad hoc" y con urgencia para tratar un tema realmente importante en relación con un acuerdo municipal referente a la materia de urbanismo.

2. La Audiencia resalta también en este punto una contestación concreta que dio el concejal Jose Ángel cuando, ante una pregunta realizada en una entrevista radiofónica el mismo día 3 de abril en la que se le interrogó sí la mencionada nota informativa no era un pulso echado a la Justicia, respondió que era "una nota realizada en la Comisión de Gobierno, y cada uno que interpreta lo que quiere" (hecho probado primero apartado III al final), lo que valora después como dato que patentiza la voluntad de ejercer presión sobre el ánimo de los Jueces y Magistrados (párrafo penúltimo del apartado II del fundamento de derecho primero).

   Como pone de manifiesto el escrito de recurso, tal contestación del concejal Sr. Jose Ángel no debe entenderse como un asentimiento a la pregunta que se hizo, sino como una fórmula evasiva, entendiéndo esta Sala que es excesivo deducir de la misma tal propósito cuando posiblemente sólo respondiera a un sentimiento de disgusto por la contrariedad que suponía para la Comisión de Gobierno el tan repetido procesamiento del DIRECCION000 .

3. Finalmente se refiere la Audiencia, también como indicio del que deduce el ánimo de atentar contra la independencia de los Magistrados, a la forma en que aparece redactado el penúltimo párrafo de la citada nota informativa que termina literalmente así: "y se advierte que las consecuencias derivadas de una paralización de la construcción con incremento del paro tienen su origen en una decisión judicial que sienta un precedente para revisar actuaciones municipales sin esperar la resolución del órgano jurisdiccional especializado a quien la Ley atribuye la revisión de los actos y acuerdos de órganos municipales de gobierno".

   Entiende esta Sala que tales expresiones tampoco revelan la pretendida intención de presionar a la Administración de Justicia, sino que simplemnte constituyen una forma lícita de manifestar, como ya se ha dicho, cuál fue el verdadero motivo del cambio de criterio que se anuncia para la concesión en el futuro de licencias de obras, el evitar otros procesamientos como el que se había acordado unos días antes contra elDIRECCION000 , a lo que se unía una crítica de la actuación judicial por entender que el procesamiento no tenía que haberse hecho sin haberse resuelto antes el proceso contencioso administrativo por la Audiencia Territorial, crítica plenamente legítima porque constituye simplemente una actuación en el ejercicio del derecho a expresarse y a difundir libremente las opiniones que reconoce a todos el art. 20.1 a) de nuestra Constitución.

En conclusión, por todo lo antes expuesto estima esta Sala que no es correcta la aplicación al caso presente del art. 199 del Código Penal por dos razones:

1. Porque la acción realizada por el DIRECCION000 y Concejales acusados es lícita en lo que aquí interesa, esto es, en cuanto afecta a la independencia del Poder Judicial,y carece de idoneidad para atentar contra dicha independencia.

2. Porque no aparece probada la realidad del propósito de menoscabar la libertad de actuación de los Magistrados, que constituye el dolo propio de este delito.

Por tanto, debe ser acogido este motivo 2º de los presentes recursos, lo que obliga a dictar segunda sentencia absolutoria y excusa del examen del 3º en el cual, por la misma vía procesal del nº 1º del art. 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se alega que debió aplicarse la eximente nº 11 del art. 8 del Código Penal en relación con el art. 20.1 d) de la Constitución Española que reconoce el derecho a comunicar libremente información veraz, pues no existiendo el delito no cabe hablar de causas de exención de responsabilidad penal.

III.

FALLO

Desestimando los motivos primeros, sin necesidad de entrar en el examen de los motivos terceros, declaramos haber lugar la estimación de los motivos segundos de los dos recursos de casación por infracción de Ley interpuestos por Plácido , Everardo , Pedro Miguel y Jose Ángel y en consecuencia, anulamos la sentencia que les condenó por delito de atentado contra la independencia judicial, dictada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Pontevedra con fecha veintinueve de octubre de mil novecientos ochenta y siete.

Declaramos de oficio las costas de esta alzada y ordenamos la devolución de los depósitos constituidos para recurrir. Comuníquese esta resolución y la que a continuación se dicta a la mencionada Audiencia a los efectos legales oportunos con devolución de la causa que en su día remitió.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos

SEGUNDA SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veinticuatro de Enero de mil novecientos noventa y uno.

En la causa incoada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Pontevedra, con el número 39 de

1.986, y seguida ante la Audiencia Provincial de esa misma Capital por delito de atentado contra la independencia del Poder Judicial, contra los procesados Plácido , Everardo , Pedro Miguel , Jose Ángel , Santiago y Héctor ; teniendose por reproducidos los datos que aparecen en el encabezamiento de la sentencia recurrida y anulada por la pronunciada en el día de hoy por esta Sala Segunda del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. expresados al margen y bajo la Ponencia del Excmo. Sr. D. Joaquin Delgado Garcia, hace constar lo siguiente:

Por las razones expresadas en la anterior sentencia dictada por esta misma Sala en la presente causa, se estima que los hechos que han sido declarados probados no constituyen el delito de atentado contra la independencia de Jueces y Magistrados del art. 199 del Código penal por el que acusó el Ministerio Fiscal, y por ello ha de dictarse sentencia absolutoria.

Dado lo dispuesto en los arts. 109 del Código Penal y 239 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Criminal hay que declarar de oficio las costas devengadas en la instancia.

VISTOS los preceptos legales de aplicación al caso.

III.