STS 61/2005, 20 de Enero de 2005

En el primer motivo del recurso, formalizado al amparo del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se invoca vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías que proclama el artículo 24.1 de la Constitución. Se alega, en defensa del motivo, la inexistencia de prueba legítimamente obtenida que enerve el derecho de presunción de inocencia ya que las intervenciones telefónicas se realizaron con vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones, al no cumplir las resoluciones judiciales que las acordaron los requisitos puestos de manifiesto en sentencias del Tribunal Constitucional, concretamente en las Sentencias 205/2002 y 184/2003, sobre motivación de las resoluciones judiciales que acordaron las intervenciones telefónicas y respecto al debido control judicial.

El motivo no puede prosperar.

El Tribunal de instancia, en el primero de sus fundamentos jurídicos, analiza con detenimiento recientes sentencias del Tribunal Constitucional (cfr. Sentencia 184/2003, de 23 de octubre) sobre los condicionamientos que permiten la injerencia en el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones, y recoge los requisitos que deben concurrir para poder valorar la prueba obtenida con las intervenciones telefónicas y señala, acorde con dicha doctrina, en relación al supuesto que se examina: 1º) que la intervención telefónica se ha acordado en el marco de una investigación de una infracción grave; 2º) que la intervención ha sido necesaria, adecuada y proporcionada para la investigación; 3º) que la resolución judicial autorizando la intervención se sustenta en la existencia de datos de que el delito pudiera estarse cometiendo o fuera a cometerse; 4º) que la resolución judicial delimita el alcance subjetivo de la medida y precisa la fuerza policial que ha de llevarla a cabo, el alcance temporal de aquella y la necesidad de dar cuenta de su resultado, y 5º) y que la intervención se ha ejecutado bajo el debido control judicial.

Y en concreto, el Tribunal sentenciador defiende que la autorización de la intervención aparece motivada y fundada en cuanto fue dictada con base al resultado de unas investigaciones previas del Grupo de Estupefacientes de la Brigada de la Policía Judicial en las que se habían obtenido datos fácticos que permitían presumir fundadamente la participación del investigado Cesar en un posible delito contra la salud publica, como era su vinculación con ora persona detenida poco antes en una intervención policial en la que se ocuparon 21 kgs. de heroína, la utilización por el mencionado Julio de un determinado número de teléfono para realizar sus contactos relacionados con la venta de sustancias estupefacientes, y la posible participación reciente de aquel en entregas de dichas sustancias, datos que constituyen una fundada presunción de que podía estarse cometiendo el indicado delito contra la salud pública y que resultan suficientes para autorizar la intervención telefónica.

Y tales razonamientos del Tribunal sentenciador deben ser compartidos, en cuanto el Auto dictado por el Juez instructor del Juzgado número 5 de Valladolid, en las Diligencia Previas número 2890/2001, que obra a los folios 2 y 3 de las actuaciones, de fecha 21 de junio de 2001, que ordena la intervención del teléfono NUM002 que venía utilizando el investigado y ahora recurrente Cesar, cumple adecuadamente los presupuestos de debida motivación como se puede comprobar con la lectura de dicha resolución.

Ciertamente, en el Auto mencionado, de fecha 21 de junio de 2001, se razona sobre los seguimientos, contactos y anteriores aprehensiones de sustancias estupefacientes, y atendidos los pormenores ofrecidos en el oficio presentado por el Inspector Jefe del Grupo de Estupefacientes, en los que se hace una detallada explicación de los seguimientos a que ha sido sometido en un amplio periodo de tiempo y las observaciones que han podido obtenerse, y de ello infiere el Juez de Instrucción que existe demostrada racionalidad de su implicación en operaciones de tráfico, lo que determina se acuerde la intervención telefónica solicitada.

La resolución judicial que autorizó la intervención y observación telefónica aparece, pues, suficientemente motivada y complementa su fundamentación remitiéndose a la inicial solicitud policial que no se refiere a meras conjeturas, sin que pueda olvidarse que en los momentos iniciales de la investigación no resulta exigible una justificación fáctica exhaustiva, pues se trata de una medida adoptada precisamente para profundizar en una investigación ya iniciada.

Ciertamente, la protección constitucional del secreto de las comunicaciones, y en especial de la telefónicas, viene garantizada por el artículo 18.3 de la Constitución que admite, mediante resolución judicial, la intromisión en la esfera de la intimidad en supuestos que estén justificados. Y la intervención telefónica que pueda solicitarse por los funcionarios policiales a los Jueces de Instrucción no es posterior al descubrimiento del delito, sino de averiguación del mismo e identificación de su autor (art. 126 de la Constitución); de ahí que sea suficiente, como sucede en el supuesto que nos ocupa, que exista una línea de investigación, sobre la comisión de hechos delictivos que precise, para una mayor eficacia en la lucha contra manifestaciones graves de criminalidad, del auxilio de una información que puede obtenerse a través de las intervenciones telefónicas.

Exigir una justificación fáctica exhaustiva se compaginaría mal con una investigación que, aunque iniciada, precisa de ese medio de observación precisamente para aportar mayores indicios sobre la realización de graves conductas delictivas y sobre las personas que puedan estar implicadas, sin que pueda confundirse lo que es una línea de investigación con los indicios inequívocamente incriminatorios que permiten dictar el auto de procesamiento o que obtenidos en el acto del plenario constituyen la prueba de cargo en los que puede sustentarse una sentencia condenatoria.

Lo que se acaba de exponer en modo alguno significa que la injerencia en un derecho constitucional, cuyo amparo está encomendado a los Jueces de Instrucción, pueda justificarse en meras investigaciones prospectivas ni para satisfacer la necesidad genérica de prevenir o descubrir delitos (TEDH Caso Klass), o para despejar las sospechas sin base objetiva que surjan en la mente de los encargados de la investigación penal, por más legítima que sea esta aspiración, pues de otro modo se desvanecería la garantía constitucional" (STC 49/1999, de 5 de abril).

Se trata, por consiguiente, de que al solicitarse esta injerencia en un derecho constitucionalmente protegido se aporten cualquier tipo de dato fáctico o "buenas razones o fuertes presunciones de que las infracciones están a punto de cometerse (Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 6 de septiembre de 1978, caso Klass, y de 5 de junio de 1992, caso Lüdi)"; en otros términos, algo más que meras sospechas, pero algo menos que los indicios racionales que se exigen por el art. 384 LECrim para el procesamiento (SSTC 49/1999, de 4 de abril, 299/2000, de 11 de diciembre, 138/2001, de 17 de julio y 167/2002, de 18 de septiembre.

Es asimismo doctrina del Tribunal Constitucional (Sentencias 200/1997, de 24 de noviembre; 126/2000, de 16 de mayo, y 299/2000, de 11 de diciembre) que una resolución judicial puede considerarse motivada si, integrada con la solicitud de la autoridad a la que se remite, "contiene todos los elementos necesarios para considerar satisfechas las exigencias para poder llevar a cabo con posterioridad la ponderación de la restricción de los derechos fundamentales que la proporcionalidad de la medida conlleva".

Aplicando la doctrina que se ha dejado expresada al auto judicial, de fecha 21 de junio de 2001, que autorizó la intervención y observación telefónica, dictado por el Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid, puede afirmarse que está suficientemente motivado. El juez actuó, pues, en el marco de la investigación de un presunto delito grave contra la salud pública, como es el tráfico de sustancias estupefacientes, para la que resultaba adecuada la intervención telefónica y se ha acordado precisamente con relación a persona presuntamente implicada, respetando, además, las exigencias constitucionales dimanantes del principio de proporcionalidad, en cuanto se aportaron buenas razones o fuertes presunciones de que se estaban realizando operaciones de tráfico de sustancias estupefacientes.

Igualmente ha de rechazarse la invocada ausencia de control judicial ya que este ha existido y correctamente realizado en cuanto recibidas las cintas originales con las transcripciones, fueron adveradas por el Secretario judicial, al procederse a su audiencia por el Instructor, puestas a disposición de las partes e introducidas en el acto del plenario donde se procedió, en varias sesiones, a su audición con presencia de todas las partes.

Así, consta al folio 99 y con fecha 24 de julio de 2001, el cotejo de las transcripciones por el Secretario judicial haciendo constar que por el Juez instructor se ha procedido a escuchar las cuatro cintas master correspondientes al teléfono NUM002, expresándose que las transcripciones se corresponden con el contenido de las cintas. Lo mismo sucede con las dos cintas incorporadas a las diligencias con posterioridad.

El cumplimiento de los requisitos que antes se han dejado expresados son igualmente de afirmar respecto al Auto de prórroga de la intervención telefónica, en cuanto consta al folio 100, que el mencionado Auto, de fecha 24 de julio de 2001, ha sido precedido no sólo por el informe policial correspondiente sino también, antes de acceder a la prórroga, por la audición de las cintas.

Respecto a la existencia de prueba de cargo que contrarreste la invocada presunción de inocencia ello será examinado al dar respuesta al motivo tercero.

En el segundo motivo del recurso, formalizado al amparo del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se invoca vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva que proclama el artículo 24.1 de la Constitución.

Se dice producida tal vulneración constitucional al no haber ofrecido la sentencia recurrida una respuesta razonada y fundada y que la condena del recurrente se ha sustentado en unas intervenciones telefónicas que adolecen de nulidad y existe carencia de una mínima actividad probatoria en la fase de instrucción por lo que se ha generado indefensión a esta parte recurrente.

No lleva razón el recurrente, el Tribunal de instancia ha explicado con detenimiento y correctos razonamientos la legalidad de la intervención telefónica así como la existencia de pruebas de cargo, como son bien expresivos los fundamentos jurídicos primero y tercero de la sentencia recurrida, siendo de reiterar lo expresado en el motivo anterior respecto a la reiterada invocación sobre la nulidad de la intervención telefónica.

El motivo no puede prosperar.

En el tercer motivo del recurso, formalizado al amparo del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se invoca vulneración del derecho de presunción de inocencia que proclama el artículo 24.2 de la Constitución.

Se niega la existencia de prueba de cargo afirmándose que las declaraciones del coacusado Julián no cumplen los requisitos exigidos por el Tribunal Constitucional como por esta Sala para desvirtuar el derecho de presunción de inocencia, se reitera la nulidad de las intervenciones telefónicas y se realiza una valoración distinta de la realizada por el Tribunal de instancia respecto a las declaraciones depuestas por los funcionarios policiales intervinientes.

El motivo debe ser desestimado.

Como bien se razona por el Tribunal de instancia, éste ha alcanzado la convicción de que el ahora recurrente era el máximo responsable de la operación de tráfico de sustancias estupefacientes objeto de enjuiciamiento, y para ello ha tenido en cuenta el contenido de las conversaciones telefónicas observadas, legítimamente autorizadas y con el debido control judicial, de las que se infiere la operación que iba a realizar relacionada con sustancias estupefacientes, así como las declaraciones de los funcionarios policiales que depusieron testimonio en el acto del plenario y describieron los seguimientos que efectuaron de ambos acusados cuando se trasladaron a Madrid para recoger la sustancia estupefaciente, e igualmente han podido valorar las declaraciones del coacusado Julián, corroborada por los otros medios de prueba, quien ante el Juez instructor, debidamente asistido de Letrado -folio 139-, atribuyó al ahora recurrente la entrega del paquete en el que se guardaba la sustancia estupefaciente intervenida y quién le indicó que tenía que ir con el paquete a su casa en Puente Duero, donde lo dejó. Declaración que ratificó en la indagatoria, que obra al folio 639, cuando se le notificó el Auto de procesamiento, y que no desmintió en el plenario en cuyo acto se negó a declarar, negativa que no impide la valoración de la declaración prestada en la fase de instrucción, con todas las garantías, e introducida por los interrogatorios a que fueron sometidos otros acusados y testigos, y así lo tiene declarado esta Sala, como son exponentes las Sentencias 205/2004, de 18 de febrero y 1746/2003, de 23 de diciembre.

Han existido, pues, pruebas de cargo, legítimamente obtenidas, que contrarrestan el derecho de presunción de inocencia invocado.

En el cuarto motivo del recurso, formalizado al amparo del número 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se invoca infracción, por aplicación indebida, del artículo 369.2º del Código Penal, en relación con el artículo 24.2 de la Constitución.

Se reitera que no se ha practicado prueba válida que acredite que el recurrente haya realizado una conducta que pueda subsumirse en los artículos 368 y 369 del Código Penal.

El motivo se enfrenta al relato fáctico que debe ser rigurosamente respetado y en él constan cuantos elementos caracterizan el delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico de sustancias estupefacientes y en cantidad de notoria importancia al superarse los 750 gramos puros de cocaína, acorde con doctrina reiterada de esta Sala, en cuanto se adquieren con destino al tráfico casi mil gramos de cocaína con una pureza del 81,7%.

El motivo no puede prosperar.

En el quinto motivo del recurso, formalizado al amparo del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se invoca vulneración del derecho al Juez predeterminado por la Ley.

Se alega la falta de competencia de los Juzgados y Tribunales de Valladolid para el enjuiciamiento de la presente causa, entendiendo que el Juzgado competente era el del lugar donde la droga se adquirió.

El motivo debe ser desestimado.

Han sido correctamente interpretados los artículos 14.2 y 15 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al ser el partido judicial de Valladolid donde se viene desarrollando la actividad delictiva de tráfico de sustancias estupefacientes y donde es intervenido casi un kilo de cocaína, sin que ello se vea desvirtuado por el hecho de que dicha sustancia hubiese sido adquirida en Madrid, acorde con reitera doctrina de esta Sala, como es exponente el Auto de fecha 27 de noviembre de 2003, en el que se declara que la competencia territorial corresponde al lugar de manifestación del delito y donde se ocupó la droga coincidente con el domicilio de los destinatarios, y que es la determinante de la atribución competencial prevista en el número 1º del artículo 15 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En modo alguno ha sido vulnerado el derecho al Juez predeterminado por la Ley ya que como tiene expresado esta Sala (Cfr. Sentencias de 20 de febrero de 1995 y 26 de mayo de 1984) y el Tribunal Constitucional (Cfr. Sentencias 64/1997, de 7 de abril y 4/1990, de 18 de enero), el derecho al Juez predeterminado por la ley "exige, en primer término, que el órgano judicial haya sido creado previamente por la norma jurídica, que ésta le haya investido de jurisdicción y competencia con anterioridad al hecho motivador de la actuación o proceso judicial y que su régimen orgánico y procesal no permita calificarle de órgano especial o excepcional". Y el mismo Tribunal Constitucional, en su Sentencia 193/96, de 26 de noviembre, declara que el derecho al llamado juez legal comprende, entre otras consideraciones, la exclusión de las distintas modalidades del juez "ad hoc", excepcional o especial, junto a la exigencia de la predeterminación del órgano judicial, predeterminación que debe tener por origen, una norma dotada de generalidad, y que debe haberse dictado con anterioridad al hecho motivador del proceso, respetando en todo, la reserva de ley en la materia (vid STC 38/4991, con cita de otras muchas).

En este caso, en modo alguno se vulneró el derecho al Juez predeterminado por la Ley al conocer de la Instrucción de la causa un juez ordinario, investido de jurisdicción y competencia con anterioridad a los hechos y que además, por lo antes expuesto, era el competente acorde con las normas procesales.

RECURSO INTERPUESTO POR Julián

En el primer motivo del recurso, formalizado al amparo del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se invoca vulneración de los derechos al secreto de las comunicaciones y a la tutela judicial efectiva que proclaman los artículos 18.3 y 24.1 de la Constitución.

Se dicen producidas tales vulneraciones constitucionales en cuanto el juzgador ha valorado como prueba las intervenciones telefónicas cuando a juicio del recurrente no cumplen los requisitos legales y jurisprudenciales, alegándose falta de motivación de los Autos que las autorizaron y ausencia del debido control judicial.

Es de reiterar lo expresado para rechazar igual invocación realizada por el anterior recurrente en su primer motivo, éste debe correr la misma suerte desestimatoria.

En el segundo motivo del recurso, formalizado al amparo del número 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se invoca infracción, por aplicación indebida, de los artículos 368 y 369.3 del Código Penal.

Se reitera la nulidad de las intervenciones telefónicas lo que acarrea la nulidad de todas las pruebas existentes y ello determina una incorrecta aplicación de los artículos del Código Penal señalados.

Una vez más, se reproducen los razonamientos expresados para afirmar la legalidad de la intervención telefónica así como el correcto control judicial.

El Tribunal ha podido valorar no sólo las conversaciones telefónicas observadas sino especialmente las declaraciones de los funcionarios policiales que realizaron los seguimientos y la intervención de la cocaína, la declaración del propio recurrente quien reconoce que era el portador de la sustancia estupefaciente, habiendo manifestado (folio 139 ratificado al folio 639) que Cesar le dio el paquete y que no sabía lo que contenía pero lo sospechaba y en medio del camino lo abrió y vio lo que era, así como el análisis de dicha sustancia por el organismo oficial competente.

Ha existido, pues, prueba de cargo, legítimamente obtenida, que contrarresta el derecho de presunción de inocencia.

En el tercer motivo del recurso, formalizado al amparo del número 2º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se invoca error en la apreciación de la prueba basado en documentos que obran en autos que demuestran la equivocación del juzgador sin resultar contradichos por otros elementos probatorios.

Se alega que el Tribunal de instancia ha incurrido en error al no haber apreciado una circunstancia modificativa de la responsabilidad por su condición de adicto a las drogas.

Para acreditar ese invocado error se designan los certificados emitidos por la Cruz Roja y por el Proyecto Hombre que acreditan su drogadicción con anterioridad a los hechos que se le imputan.

Como bien se razona por el Tribunal de instancia al rechazar igual invocación, no ha resultado acreditado que el consumo de sustancias estupefacientes hubiese alterado su capacidad de culpabilidad ni que fuese determinante de la conducta que se le imputa, sin que se hubiese solicitado por la defensa prueba relacionada con su posible drogodependencia, no habiendo querido ser reconocido por médico forense alguno y únicamente consta (folio 137) que acudió a Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Valladolid, inmediatamente después de su detención, donde manifestó encontrarse muy nervioso por sufrir de claustrofobia y que no puede estar encerrado sin que refiriese otros síntomas, y se le diagnosticó sensación subjetiva de ansiedad.

Son correctos los razonamientos expresados por el Tribunal de instancia, en el cuarto de sus fundamentos jurídicos, para rechazar la atenuante que se postula, sin que se hubiese producido, por consiguiente, error en el Tribunal sentenciador.

El motivo no puede prosperar.

III.