STS 229/2006, 28 de Febrero de 2006
| Ponente | IGNACIO SIERRA GIL DE LA CUESTA |
| ECLI | ES:TS:2006:936 |
| Número de Recurso | 3675/1997 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Número de Resolución | 229/2006 |
| Fecha de Resolución | 28 de Febrero de 2006 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
ROMAN GARCIA VARELAJOSE ANTONIO SEIJAS QUINTANAIGNACIO SIERRA GIL DE LA CUESTA
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintiocho de Febrero de dos mil seis.
Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, el recurso incidente sobre Impugnación de Honorarios por Indebidos, interpuesto por el Letrado de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto a la tasación instada por "Banco Santander Central Hispano, S.A." representado por el Procurador de los Tribunales Don Alfonso Blanco.
Por sentencia dictada en las presentes actuaciones, de fecha 24 de septiembre de 2003 , se declaró no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la Tesorería General de la Seguridad Social contra la sentencia que en fecha 4 de junio de 1997 dictó la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Cádiz , con imposición al recurrente de las costas causadas.
El procurador Don Alfonso Blanco, en representación del recurrido "Banco Santander Central Hispano, S.A.", interesó la práctica de la oportuna tasación de costas, con inclusión en la misma de la minuta de honorarios del Letrado Don Juan Francisco por importe de dos mil seiscientos cuarenta y tres con ochenta y seis euros (2.643,86 ¤), correspondientes a sus honorarios del recurso.
Practicada la oportuna tasación, el Letrado de la Tesorería General de la Seguridad Social, impugnó la tasación por indebidos respecto a los honorarios del Letrado minutante, en base a cuantas consideraciones exponía y que se dan por reproducidas, y después de alegar los fundamentos de derecho, interesaba la tramitación del incidente, y se procediera a efectuar las alteraciones que se estimaran justas de conformidad con lo expresado.
Dado traslado de la impugnación a la parte solicitante de la tasación, se opuso a la misma en base a cuantas alegaciones exponía, suplicando se aprobase la tasación de costas practicada.
No habiendo solicitado el recibimiento a prueba, se declararon conclusos los autos y se señaló para votación y fallo el día veintidós de febrero del año en curso, en que ha tenido lugar.
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. IGNACIO SIERRA GIL DE LA CUESTA
La nueva doctrina jurisprudencial iniciada en esta Sala por sentencia de 16 de marzo de 2005 , hace inviable la pretensión de la Tesorería General de la Seguridad Social, ya que la misma establece que dicha entidad pública si está obligada al pago de las costas procesales por lo que, no sólo, procede la inclusión en la tasación de las mismas, sino también la exacción de las mismas.
Y así se reproduce la referida resolución de 16 de marzo de 2005, que dice: "PRIMERO.- Impuestas las costas causadas en el recurso de casación a la Tesorería General de la Seguridad Social, se impugnó la tasación por el Letrado de la Administración de la Seguridad Social, alegando que son indebidas, al tener concedido esa entidad el beneficio de asistencia jurídica gratuita, según lo dispuesto en el artículo 2 b) de la Ley 1/1996 de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita , por lo que se adujo la aplicabilidad del art. 36.2 de esa ley , del que deduce la parte impugnante que sólo procede el pago de gastos procesales cuando el condenado viene a mejor fortuna, dentro de los tres años siguientes a la terminación del proceso, lo que sucederá en el supuesto de alteración sustancial de las circunstancias y condiciones tenidas en cuenta para el reconocimiento del derecho; también se indicó que la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, en su artículo 246. 6 viene a introducir lo establecido al respecto en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita; en apoyo de su planteamiento se citaron diversas sentencias de esta Sala Civil del Tribunal Supremo, resolviendo que la Tesorería General de la Seguridad Social no viene obligada al reintegro económico de las costas causadas.
El artículo 119 de la Constitución Española contempla la gratuidad de la justicia para quienes acrediten insuficiencia de recursos económicos, así como en los casos que la ley disponga; posteriormente la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial , desarrolló esa previsión constitucional en sus arts. 20 y 440.2, remitiéndose a la ley ordinaria para la regulación del "sistema de justicia gratuita que dé efectividad al derecho declarado en los artículos 24 y 119 de la Constitución , en los casos de insuficiencia de recursos para litigar".
La Ley 1/ 1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita , cuyo objeto es determinar el derecho a la asistencia jurídica gratuita, a la vez que regular el procedimiento para su reconocimiento y efectividad, reconoce el derecho a las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, en todo caso, según dispone su artículo 2 b).
A la vista de ese reconocimiento legal del beneficio que la norma establece en favor de la Tesorería General de la Seguridad Social, debe analizarse la cuestión jurídica debatida en este incidente, que se contrae a la calificación de debidas o indebidas de las costas causadas en un proceso civil, en atención a la previsión contenida en el artículo 36. 2 de la Ley 1/1996, de 10 de enero , que supedita el reintegro económico a la mejora de fortuna del titular del derecho a la asistencia jurídica gratuita.
En este punto debe reconsiderar la Sala su criterio, mantenido en precedentes Sentencias (entre otras de 11 y 18 de julio de 2000 y 8 de octubre de 2004, en recursos 843/1995, 3166/1994 y 838/1997 ), que sobre la premisa de no estar fundado el beneficio de la Tesorería General de la Seguridad Social en la situación patrimonial del organismo, por razón de provenir de una declaración legal, fundamentaron en el art. 36. 2 de la referida Ley 1/1996, de 10 de enero , la improcedencia del reintegro de las costas, por no poder llevarse a cabo la comparación que contempla ese precepto entre el estado de fortuna de la Tesorería en el momento del inicio del proceso, o de su terminación, y en cualquier otro dentro de los tres años siguientes, al faltar el punto de partida de esa comparación.
La cuestión que nos ocupa ha de ser examinada y replanteada a la vista de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre , que regula el régimen de la asistencia jurídica al Estado e Instituciones públicas, cuya Exposición de Motivos se ocupa de proclamar que "cuando el Estado es parte en un proceso ante los órganos jurisdiccionales, no pueden dejar de tenerse presentes en ningún momento las exigencias derivadas de los principios constitucionales de igualdad y tutela judicial efectiva (artículos 14 y 24 de la Constitución )", de tal suerte que las "especialidades procesales del Estado en ningún caso resulten atentadoras a los mencionados principios, ni supongan cargas desproporcionadas o irrazonables para la contraparte del Estado en el proceso", asimismo se indica que, "respecto de la representación y defensa de las Entidades Gestoras y de la Tesorería General de la Seguridad Social, se extienden a ellas las normas aplicables al Estado con las modificaciones imprescindibles derivadas de su específica naturaleza". En esta ley, como consecuencia de esos principios inspiradores, se contempla el abono por el Estado y sus Organismos públicos de las costas, a cuyo pago fuesen condenados, según prevé el art. 13.3, cuyos efectos abarcan también a la Tesorería General de la Seguridad Social, en virtud de lo previsto en la Disposición adicional tercera , debiendo también significarse que estas normas de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre , son de aplicación a todas las actuaciones procesales realizadas a partir de su entrada en vigor, cualquiera que sea la fecha de iniciación del proceso en que aquéllas se produzcan, como establece la regla de derecho intertemporal contenida en la Disposición transitoria única, habiendo entrado en vigor la ley a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (el día 28 de noviembre de 1997), como recogió su Disposición final tercera.
Atendiendo al principio de igualdad de partes y, por ende, al de igualdad de armas en el proceso, así como a las normas referidas de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre , no puede hallarse justificación a la exoneración del pago de las costas a la Tesorería General de la Seguridad Social, en aplicación del mencionado artículo 36.2 de la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita , pues, para empezar, la regulación del reintegro económico que se contiene en ese precepto no forma parte del contenido material del derecho, que lo regula aquella ley en otro artículo, concretamente en el 6; siendo por otra parte claro que el reiterado artículo 36. 2 de la Ley 1/1996 , tiene circunscrito su ámbito de aplicación a algunas de las personas relacionadas en el artículo 2 de dicha ley , concretamente a las que se exige, para disponer del derecho a la asistencia jurídica gratuita, la acreditación de la insuficiencia de medios para litigar, y dado que las personas jurídico-públicas, entre ellas las Entidades Gestoras y los Servicios Comunes de la Seguridad Social, no pueden carecer de dichos medios, ni tiene sentido considerar la posibilidad de que puedan llegar a mejor fortuna, no cabe incluirlas en el ámbito del art. 36.2, como también se ha ocupado de señalar el propio Tribunal Constitucional al inadmitir a trámite una cuestión de inconstitucionalidad en relación con ese precepto y con el art. 2 b) de la Ley 1/1996, de 10 de enero (cfr. ATC 311/2000, de 19 de diciembre , en cuestión de inconstitucionalidad 3026/2000).
La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de enero , en modo alguno permite encontrar apoyo a la impugnación de la Tesorería General en este caso, pues el artículo 246. 6 que se invocó al promover el incidente señala, literalmente, que "cuando una de las partes sea titular del derecho a la asistencia jurídica gratuita, no se discutirá ni se resolverá en el incidente de tasación de costas cuestión alguna relativa a la obligación de la Administración de asumir el pago de las cantidades que se le reclaman por aplicación de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita"; siendo evidente que ninguna duda puede plantear el significado y alcance de este precepto, cuya finalidad es dejar sentado que a las Administraciones públicas no se les puede exigir el pago de las costas correspondientes al condenado que litigó con el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita, pues el reintegro de tales costas únicamente puede llevarse a cabo en aplicación de la previsión del art. 36. 2 de la Ley 1/1996, de 10 de enero , cuando el condenado sea persona incluida en el ámbito de esa norma, y venga a mejor fortuna.
Por otra parte, la Ley de Enjuiciamiento Civil, regida también por el principio de igualdad de las partes, ninguna previsión contiene sobre exclusión de condena al pago de las costas al Estado ni a los Organismos Públicos, cuando litigan civilmente, a diferencia de lo expresamente previsto para el Ministerio Fiscal en los procesos en que intervenga como parte (vide art. 6.1, 6º LEC ), pues se dispone en el art. 394. 4 LEC que en ningún caso se le impondrán las costas; sin embargo esta excepción sirve para corroborar los argumentos antes señalados para rechazar la impugnación de la tasación de costas en este supuesto, pues el Ministerio Fiscal no puede ser condenado, pero tampoco es posible que sea acreedor de la condena, ni que inste la tasación, a diferencia de lo que sucede con el Estado y la propia Tesorería de la Seguridad Social, para los que la Ley 52/1997, de 27 de noviembre , se ocupa de regular las costas, tanto en caso de condena a su favor, como en contra.
En conclusión, debe rechazarse que sean indebidas las costas a cuyo pago fue condenada la entidad impugnante, dejándose expresa constancia del cambio de criterio que implica esta resolución, respecto de sentencias anteriores de la Sala Primera del Tribunal Supremo, modificación que se lleva a cabo mediante esta sentencia del pleno de los Magistrados, y de manera explícita, para dejar salvaguardado el principio constitucional de seguridad jurídica consagrado en el art. 9.3 de la Constitución ."
No procede la imposición de las costas procesales de este recurso.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español
-
- No haber lugar a la impugnación de la tasación de costas promovida por la Tesorería General de la Seguridad Social.
-
- No se hace expresa imposición de las costas de este incidente.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .-R. García Varela.- J.A. Seijas Quintana.- I. Sierra Gil de la Cuesta.- Firmado.- Rubricado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Ignacio Sierra Gil de la Cuesta, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.
-
ATS 848/2010, 15 de Abril de 2010
...en que se establece la procedencia de efectuar una nueva liquidación de condena al recurrente con aplicación de la doctrina fijada en la STS de 28-2-06. Este primer motivo cuestiona la ausencia de respuesta en el Auto recurrido a las alegaciones del recurrente, efectuadas en el traslado oto......
-
SAP Madrid 640/2009, 17 de Noviembre de 2009
...así de un enriquecimiento que provoca un correlativo empobrecimiento del mandante y que incide, por ello, en causa ilícita (SSTS de 28-2-06, 22-12-01 y 29-11-01 ), pues de lo que se trata es de evitar los posibles abusos y las consecuencias perniciosas que puedan llegar a derivarse de una c......
-
SAP Asturias 107/2012, 19 de Marzo de 2012
...lo son en la controversia posterior por los vínculos de solidaridad a que se refiere el art. 1252. 3 del CC ( Sentencias del Tribunal Supremo de 28 de febrero de 2006 y 8 de febrero de 2007 ". En el presente caso es evidente que no se da la identidad subjetiva ni estamos ante un mismo proce......
-
SAP Guipúzcoa 215/2010, 21 de Julio de 2010
...así de un enriquecimiento que provoca un correlativo empobrecimiento del mandante y que incide, por ello, en causa ilícita ( SSTS de 28-2-06 EDJ2006/15997, 22-12-01 y 29-11-01 ), pues de lo que se trata es de evitar los posibles abusos y las consecuencias perniciosas que puedan llegar a der......
-
La impugnación 'quasirecursal' del recurso de suplicación
...conocido de la causa” (STS UD 02.06.2008, Rec. 546/2007). 45 .- Entre otras, SSTS UD STS 26.04.2005 –Rec. 2314/2003-, 06.02.2006 –Rec. 1111/2005-, 28.02.2006 –Rec. 5393/2004-, -, 02.06.2008 –Rec. 546/2007-, 23.01.2009 –Rec. 250/2008-, 20.01.2009 – Rec. 636/2008-, 20.01.2010 -Rec. Rec. 3540/......