Sentencia nº 772/2011 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 27 de Octubre de 2011

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Procedimiento:Casación
Ponente:JUAN ANTONIO XIOL RIOS
Fecha de Resolución:27 de Octubre de 2011
Número de Resolución:772/2011
Número de Recurso:1423/2008
Emisor:Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil
RESUMEN

RESPONSABILIDAD CIVIL. NEGLIGENCIA DEL PROFESIONAL DEL ABOGADO. DAÑO MORAL. El recurrente sufrió un accidente de circulación que le produjo importantes daños personales. Interpuesto recurso contra la resolución desestimatoria de la reclamación, se dictó sentencia que acordó su desestimación al entender que la acción ejercitada se encontraba prescrita. Al considerar imputable la prescripción a la... (ver resumen completo)

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SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veintisiete de Octubre de dos mil once.

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación n.º 1423/2008, que ante la misma pende de resolución, interpuesto por D. Pedro Antonio , aquí representado por la procuradora D.ª María Isabel Torres Coello, contra la sentencia de 5 de junio de 2008, dictada en grado de apelación, rollo n.º 110/08, por la Sección 1.ª de la Audiencia Provincial de Cáceres , dimanante del juicio ordinario n.º 789/06, del Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de Cáceres . Son parte recurrida la entidad Houston Casualty Company Europe, Seguros y Reaseguros, S.A. que ha comparecido representada por la procuradora D.ª Pilar Pérez Calvo, así como D. Marcial , que han comparecido representado por la procuradora D.ª Josefa Santos Martín.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

- El Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de Cáceres dictó sentencia de 19 de noviembre de 2007, en el juicio ordinario n.º 789/06 , cuyo fallo dice:

«Fallo.

Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por la representación de Don Pedro Antonio frente a Don Marcial y A Houston Casualty Company Europe de Seguros y Reaseguros, debo condenar a los demandados a abonar solidariamente al actor, en concepto de indemnización por daño moral, la suma de mil setecientos cuarenta euros (1.740 euros), con los intereses legales desde la fecha de la conciliación, todo ello sin hacer especial pronunciamiento en materia de costas».

SEGUNDO

- La sentencia contiene los fundamentos de Derecho siguientes:

»Primero. Antes de entrar en el fonda del asunto, debemos estudiar la excepción de falta de legitimación pasiva ad causam opuesta por la representación de la aseguradora, la cual debe ser rechazada en tanto en cuanto estamos ante un supuesto de intervención provocada, la cual ( SAP de Cáceres de 11-XI-2005 ) puede tener una doble justificación: tanto la posibilidad de condena en determinados casos como la sola notificación de la pendencia del proceso con el único fin de que no pueda alegarse en otro futuro el desconocimiento del mismo, supuesto en el que, si bien no procede la condena, no puede desvincularse la llamada al proceso de la adquisición de la adquisición de la condición de parte. Igualmente debe rechazarse la falta de legitimación en base a la falta de cobertura temporal, toda vez que, como señala el codemandado, en el clausulado general se estipula la cobertura de daños a terceros por errores no conocidos, reclamados por vez primera durante la vigencia de la póliza, incluso aunque dichos errores hubiesen sido cometidos antes de la fecha de efecto del seguro. Estando vigente la póliza entre 1 de julio de 2005 y 1 de julio de 2006, y habiéndose reclamado de manera fehaciente, por vez primera, mediante acto de conciliación, en febrero de 2006, debe entenderse comprendido el hecho objeto de debate dentro del ámbito de vigencia temporal de la póliza de seguros concertada entre el ilustre Colegio de Abogados y Reaseguros.

»Segundo. Entabla la parte actora demanda de juicio ordinaria en reclamación de daños y perjuicios por negligencia profesional frente a don Marcial , solicitando se le condene a abonar la suma de doscientos cincuenta y nueve mil novecientos cuarenta y un euros y sesenta céntimos más los intereses legales desde la conciliación previa, todo ello con expresa imposición de costas al demandado, al entender que el letrado ha dejado prescribir la acción de reclamación de responsabilidad patrimonial contra la administración por un accidente de moto sufrido por el actor, justificando su reclamación en la eventual indemnización que hubiera podido obtenerse en la vía contencioso administrativa, todo ello de conformidad con los criterios valorativos contenidos en los baremos establecidos por la Ley de Ordenación y Supervisión de Seguros Privados.

»Por la representación de don Marcial se opone que únicamente presentó dicho letrado la reclamación previa, de forma extemporánea, por la insistencia del actor, a quien previamente había comunicado la falta de viabilidad de la acción, no solo por deducirse del atestado la culpabilidad del demandante, que circulaba a velocidad excesiva y por dirección contraria, sino, sobre todo, porque difícilmente cabía accionar contra el Ayuntamiento, cuando el accidente deriva de un acto vandálico, imputable a persona desconocida, que movió un bordillo que protegía una arqueta rota, colocándolo en mitad de la calzada, sobre un paso de peatones, contra el cual chocó el actor, perdiendo el control de su ciclomotor.

»Igualmente se opone a la valoración que se efectúa por el actor, por ser muy superior a la que resulta de la aplicación de los baremos vigentes en el momento del siniestro y por no tener en cuenta, además de la falta de responsabilidad de la administración por un acto vandálico, la culpa del propio actor en la producción del siniestro.

»Por su parte, la representación de la aseguradora, aparte de la excepción procesal resulta en el apartado precedente se incide en los argumentos del letrado demandado: culpa exclusiva del actor en relación al accidente de tráfico, valoración excesiva de eventuales daños y perjuicio y, en todo caso, ausencia de todo perjuicio derivada de la eventual negligencia profesional que se denuncia.

»Tercero. A la vista del anterior planteamiento, debemos establecer en primer lugar la existencia o no de una negligencia profesional que pueda dar lugar a una indemnización.

»En el caso que nos ocupa, las tesis son absolutamente contradictorias y, a falta de elementos concretos de prueba, debemos atenernos a los indicios existentes. La actora sostiene en todo momento que el letrado les manifestó la viabilidad de la acción y que la demora en la presentación de la reclamación previa obedece exclusivamente a la negligencia de este, justificando su reclamación en que la indemnización solicitada en la reclamación previa es incluso superior a la que es objeto del presente procedimiento y el letrado no podría ir contra sus propios actos.

»Frente a esto, el Sr. Marcial sostiene que informó en todo momento de la falta de viabilidad de la acción y que, únicamente ante la insistencia del actor, manifestada ya después del plazo de prescripción, se avino a formular la reclamación previa, en la que ya se aludía a la eventual prescripción.

»Aunque hay indicios que apoyan la tesis del letrado (referencia a la eventual prescripción en la propia reclamación previa, cobro de honorarios el mismo día que se presenta esta, cuantía de la minuta muy inferior a la que correspondería en función de la cuantía reclamada...), es criterio de este proveyente que el letrado actuó de manera negligente, toda vez que, si fuera cierta su tesis de haber comunicado la inviabilidad de la acción y la extemporaneidad de la reclamación, lo mínimo exigible, dada su profesión, es que hubiera exigido de su representado un reconocimiento escrito de estas circunstancias, en evitación de reclamaciones como la que es objeto de este procedimiento.

»Objetivamente existe una reclamación formulada de manera extemporánea, habiendo el letrado percibido unos honorarios por ella, si bien es cierto que muy inferiores a los que corresponderían según los criterios orientadores al uso y la cuantía reclamada, y por tanto, debemos considerar negligente el actuar del letrado.

»En cuanto a la existencia y realidad del daño o menoscabo sufrido por el demandante, cierto es, y así resulta de reiterada jurisprudencia ( 29 de mayo de 2003 y las que en ella se citan), que nadie puede prever con absoluta seguridad que la pretensión que se quería deducir iba a ser obtenida y que con su conducta el letrado ha impedido la posibilidad de conseguirlo, vulnerando, además, el derecho del perjudicado a obtener la tutela judicial efectiva que consagra el artículo 24.1 de la Constitución Española pues, indudablemente, el derecho de acceso a dicha tutela efectiva forma parte del patrimonio jurídico del actor.

»Es imposible pues determinar los perjuicios en función de lo que hubiera podido suceder de haberse opuesto a la liquidación. Ahora bien, lo cierto es que la negligente conducta profesional del letrado, ocasionó un evidente y ostensible daño moral al ahora demandante que le privó de la oportunidad de ejercitar un derecho reconocido.

»Ello tiene que comprenderse como un daño moral infligido, con trascendencia patrimonial. Se trata de lo que la doctrina y la jurisprudencia valora como "pérdida de oportunidad", subsumible en la noción de daño moral, que se ocasiona a quien por la impericia o la falta de diligencia del abogado cuyos servicios profesionales había solicitado no ha podido acceder a los tribunales en las condiciones imprescindibles para demandar la tutela de sus intereses ante los mismos , tanto sea esta una persona física como jurídica.

»El artículo 1101 del Código Civil contiene la regulación legal de los efectos del incumpliendo de las obligaciones derivadas de contrato, cuyo equivalente en cuanto a las extracontractuales se halla en el artículo 1902 . Los daños y perjuicios han de ser probados y derivados del incumplimiento, aunque cabe establecerlos por presunciones, si el enlace es lógico (sentencias de 5 de junio de 1985 y 17 de septiembre de 1987). No es necesaria la prueba de los daños cuando de los hechos demostrados o reconocidos por la parte en el pleito se deduzca necesaria y fatalmente la existencia de un daño. La afirmación de que los daños y perjuicios no son consecuencia forzosa del incumplimiento ha de matizarse en el sentido de entender que "no siempre" o de que hay casos en los que si ocurre (sentencia de 15 de junio de 1992).

»La sentencia...

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