Sentencia nº 574/2007 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, Mayo 30, 2007

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Ponente:JUAN ANTONIO XIOL RIOS
Fecha de Resolución:2007/05/30
Número de Resolución:574/2007
Número de Recurso:2049/2000
Emisor:Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil
RESUMEN

RESPONSABILIDAD CIVIL MEDICA. No cabe entender que se haya establecido la causalidad, como nexo que ha de concurrir entre acción y resultado, y para que éste pueda ser imputable tal y como pretende la actora, y, por otra parte, las omisiones de cuidados ni se han probado ni, caso de existir, se reputan contributivas en forma decisiva e influyente en la conformación causal por cuanto que, además,... (ver resumen completo)

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SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a treinta de Mayo de dos mil siete.

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, constituida por los señores al margen anotados, el recurso de casación que con el número 2049/2000, ante la misma pende de resolución, interpuesto por el procurador D. Luis Pozas Osset, en nombre y representación de D. Antonio, D. Lorenzo, D. Carlos Ramón y Dª Ángeles, contra la sentencia dictada en grado de apelación, rollo 2352/99, por la Audiencia Provincial de Guipúzcoa de fecha 29 de marzo de 2000, dimanante del juicio de menor cuantía número 32/99 del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Bergara. Habiendo comparecido en calidad de recurrido el procurador D. José Manuel de Dorremochea Aramburu en nombre y representación de Seguros Lagun Aro, S.A.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

- El Juzgado de Primera Instancia número uno de Bergara dictó sentencia de 30 de julio de 1999 en autos de juicio de menor cuantía 32/99, cuyo fallo dice:

«Fallo. Que debo desestimar como desestimo la demanda formulada por el Procurador Sr. Amilibia Múgica, en nombre y representación de D/ña. Carlos Ramón, Lorenzo, Antonio y Ángeles, absolviendo a la Compañía de Seguros Lagun Aro, S. A., representada por el procurador Sr. Oteiza, de las pretensiones contra ella ejercitadas, e imponiendo las costas a la parte actora».

SEGUNDO

- La sentencia contiene los siguientes fundamentos de Derecho:

«Primero. Ejercita la parte actora la acción directa del artículo 76 de la Ley de Contrato de Seguro contra Seguros Lagun Aro, S. A., entidad ésta que tiene suscrita póliza de seguro de responsabilidad civil con la Administración Pública Vasca, en reclamación de la cantidad total de veintiún millones de pesetas, como consecuencia del fallecimiento de D.ª Alejandra tras ser intervenida para la extirpación de un pólipo velloso en el Hospital Comarcal del Alto Deba de Mondragón, atribuyendo la causa de dicho fallecimiento tanto a la existencia de una negligente praxis quirúrgica durante la intervención, que hubiera provocado la perforación del recto, como a la omisión de los cuidados y medios necesarios tras la misma que hubiese evitado el fatal desenlace.

»La aseguradora demandada se opone a la pretensión deducida de contrario por entender que la perforación del recto fue posquirúrgica, debido a una dehiscencia de sutura, y que la paciente estuviera en todo momento controlada, tras la intervención, por especialistas en cirugía, internistas y enfermeras de planta del Hospital, considerando que la sepsis o infección abdominal constituye un riesgo inherente a este tipo de operaciones quirúrgicas, alegando, finalmente, la excepción de incompetencia de jurisdicción, al estimar que, con arreglo al artículo 2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, esta última sería la competente.

»Segundo. Resulta preciso efectuar un pronunciamiento previo sobre la excepción planteada, y si bien no se comparten las razones esgrimidas por la actora quien se ampara en el ejercicio del artículo 76 de la Ley de Contrato de Seguro , para señalar que no se demanda a ninguna Administración, cuando lo cierto, y ello se evidencia de la propia lectura del escrito de demanda, es que subyace el ejercicio de una acción de responsabilidad extracontractual por negligencia médica, profesionales médicos dependientes del Servicio Vasco de Salud, en base a lo establecido en los artículos 1902 y 1903 del Código civil , acción aquiliana sin la cual carecería de virtualidad la prevista en la Ley 50/1980, de 8 de octubre , no obstante ello la excepción formulada, a criterio de este Juzgador debe ser desestimada por las siguientes razones.

»Con anterioridad a la disposición adicional 12.ª de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común , la división doctrinal existente en materia de responsabilidad sanitaria seguía el mismo rumbo que la línea adoptada por el Tribunal Supremo en orden a la inexistencia de una resolución uniforme que unificara el orden jurisdiccional competente en esta materia, hasta el punto de que la propia Sala de Conflictos de Competencia del Tribunal Supremo había dictado pronunciamientos distintos al admitir en diversas resoluciones la competencia tanto del orden jurisdiccional civil, como el social, o el contencioso-administrativo.

»Esta amplitud de posibilidades para accionar produjo que el propio Tribunal Supremo aludiera a la teoría del "peregrinaje jurisdiccional", y así Sentencias tan recientes como la de fecha 18 de febrero de 1997 alude a la existencia de "una jurisprudencia reiterada y constante de la Sala Primera del Tribunal Supremo (STS de 3-3-73, 1-7-86, 31-3-87, 30-1-90 y 30-7-91, entre otras) según la cual cuando las entidades gestoras de la prestación de asistencia sanitaria de la Seguridad Social, bien sea el Instituto Nacional de la Salud, bien las que han venido a sucederla en las Comunidades Autónomas a las que se ha transferido la competencia en la materia, realizan actuaciones de atención médico-sanitaria respecto a los particulares no lo hacen en el marco de una relación jurídico-pública, pues ni se hallan dotadas de 'ius imperium', ni ejercitan actividad de prestación de servicio público, sino en el de una relación de derecho privado, a modo de empresarios obligados a procurar la curación de un lesionado o enfermo", con aplicación de lo dispuesto en el arto 41 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado (ya derogado por la Disposición Adicional 10 .ª de la Ley 30/92 ), y en consideración a la doctrina consolidada respecto de la evitación de la expresivamente denominada 'peregrinación de jurisdicciones', principio procesal que es una de las consecuencias más claras (STS de 6-7-1997 ) del derecho constitucional a obtener un proceso público sin dilaciones indebidas y a una tutela judicial efectiva, y que pese a ello ha sido criticado por no ser deseable para el propio principio de seguridad jurídica, y que no ha sido compartido por el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción (sentencias de 21 diciembre 1993 y 4 de julio de 1996 ) la Sala de Conflictos de Competencia del Tribunal Supremo (7 de julio de 1994, 27 octubre 1994 y 11 diciembre 1995), y el Informe del Defensor del Pueblo de 1999. Así, se dice que, hoy día, tras la nueva Ley 28/1998 de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que en su artículo 2 establece que "el orden jurisdiccional contencioso-administrativo conocerá de las cuestiones que se susciten en relación con: e) la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que derive, no pudiendo ser demandada aquélla por este motivo entre las órdenes jurisdiccionales civil o social...", se le atribuye, atendiendo a la literalidad de la norma, la competencia al orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Ahora bien, y si resulta diáfano lo anterior, no lo es menos que, con arreglo a la Disposición Final Tercera de la propia Ley 29/1998, de 13 de julio , la misma no entró en vigor hasta transcurridos cinco meses desde su publicación en el "Boletín Oficial del Estado", esto es, con posterioridad al acaecimiento del hecho del cual dimana la presente reclamación, por lo que, partiendo del principio de irretroactividad de las Leyes (Artículo 2-32 del Código Civil ), y, sobre todo, en atención al principio fundamental de tutela judicial efectiva, se considera plenamente vigente la doctrina del Tribunal Supremo que, por ejemplo en sentencias de fecha 22 de abril y 26 de diciembre de 1999, alude a la preferencia de la jurisdicción civil atendiendo, especialmente, a la "vis atractiva" que se le reconoce en el artículo 9-22 de la Ley Orgánica 6/1995, de 1 de Julio, del Poder Judicial . En consecuencia, procede desestimar la excepción de incompetencia de jurisdicción aducida.

»Tercero. De las alegaciones de las partes y prueba practicada al efecto, resultan acreditados los siguientes extremos:

»

  1. Que, con fecha 16 de julio de 1998, Dª Alejandra acudió a su médico de cabecera, D. Jose Carlos, por padecer un trastorno de defecación, siéndole diagnosticada una incontinencia rectal y derivada al especialista de Aparato Digestivo (documento núm. 1 acompañado al escrito de demanda).

»b) Que la Sra. Alejandra acudió a la consulta de la Dra. Mónica en el Hospital Comarcal del Alto Deba, en Mondragón, practicándosele una biopsia mediante una endoscopia, al advertirse tras la exploración la presencia de un adenoma velloso (prueba documental).

»c) Que la Sra. Ángeles ingresó en el Hospital Comarcal del Alto Deba el día 29 de septiembre de 1998, siendo intervenida quirúrgicamente el día 1. de Octubre por los doctores Sres. Jesús y Luis Manuel, practicándosele una resección o extirpación del pólipo que se encontraba en el recto. Que, tras la operación, y una vez en la Unidad de Recuperación Post Anestésica, la Sra. María Antonieta aquejaba dolor abdominal y mareos (prueba documental). »d) Que el día 2 de octubre, ante la existencia de fiebre en la paciente, el cirujano de planta, Dr. Enrique solicitó la práctica de hemocultivos y antibiograma, aplicándole antibióticos.

»e) Que el día 3 de octubre, tras expulsar sangre la Sra. Ángeles, el cirujano de guardia determinó su traslado al Hospital de Txagorritxu de Vitoria, siendo el diagnóstico de "shock séptico de origen abdominal".

»f) Que, una vez en el Hospital de Txagorritxu, ingresó directamente en la UCI siendo posteriormente intervenida en el quirófano de urgencias donde se le procedió...

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