STS 1026/1997, 20 de Noviembre de 1997

Los actores recurrentes en casación, doña Leticiay don Ángel Daniel, formularon demanda de juicio de mayor cuantía contra doña Pilar, viuda de don Juan, y sus hijos don Ricardo, don Jose Daniel, don Juan Manuel, don Jesús Ángely doña Erica, y contra Banco Español de Crédito, S.A., en la que suplicaba sentencia "por la que, con declaración de la reversión en favor de mis representados impuesta en la escritura de donación acompañada como documento nº 1, comprende, no sólo las acciones mencionadas en la misma, sino también las que traen causa de ellas en las sucesivas ampliaciones de capital, primero del DIRECCION001., y luego de Banco Español de Crédito, S.A., directamente o por medio de las suscritas en cada ampliación anterior, así como de que han quedado resueltos los actos de enajenación o gravamen realizados por don Juana favor del Banco Español de Crédito, S.A., sobre las acciones sujetas a reversión y la enajenación de las mismas acciones sujetas a reversión realizadas por esta entidad al ejecutar la prenda en su favor constituida por esta entidad al ejecutar la prenda en su favor constituida, se condene a los demandados a que, entre todos o cualquiera de ellas, abonen a mis mandantes: 1º.- El valor de cuatrocientas treinta y cuatro mil noventa y una acciones de Banco Español de Crédito, S.A. al cambio que tuvieran en la fecha en que las enajenó, ejecutando la prenda, esta entidad. 2º. Los rendimientos de estas acciones desde el momento del fallecimiento de don Juanhasta su enajenación por el Banco Español de Crédito, S.A. 3º. El valor de las acciones del Banco Español de Crédito, S.A. que hubieran podido suscribirse en las ampliaciones de capital efectuadas en el año 1988, y que son, salvo error, ciento veinticinco mil quinientas noventa y cinco acciones, al cambio que tuvieran en la fecha en que terminó el respectivo periodo de suscripción. 4º. De la cantidad que resulte de sumar que arrojan los tres anteriores apartados, deben deducirse las cantidades efectivamente desembolsadas por los demandados para llevar a cabo las respectivas suscripciones, con sus intereses legales, más las que hubiera sido preciso desembolsar para acudir a las ampliaciones de 1988. 5º.- Los intereses legales de la cantidad a que se llegue tras realizar las operaciones reflejadas en los cuatro apartados anteriores, desde la fecha en que se dicte la sentencia en primera instancia".

El litigio planteado trae causa de la donación hecha, en escritura pública de 5 de julio de 1956, por doña Nuriaa favor de sus hijos don Carlos Jesúsy don Juande 1.953 acciones nominativas, de quinientas pesetas nominales cada una de ellas, números NUM000al NUM001, emisión de 27 de junio de 1945, de DIRECCION001.; doña Nuriadonó a su hijo Carlos Jesúsel usufructo vitalicio de dichas acciones y a su otro hijo, Juan, la nuda propiedad de las mismas, estableciendo que Juansería titular de las acciones "mientras viva" y que "al fallecimiento de don Juanla nuda propiedad de las referidas a acciones pasará, por partes iguales, a los nietos legítimos de la donante que, siendo hijos de su hijo don Carlos Jesús, vivieran al fallecimiento del citado don Juan".

Las acciones objeto de la donación quedaron depositadas en el DIRECCION001a nombre de don Juan, como titular de la nuda propiedad, y de don Carlos Jesús, como usufructuario, sin que en el depósito se hiciera constar la cláusula de reversión; este depósito continuó en Banco Español de Crédito cuando éste absorvió a DIRECCION001. Producida dicha absorción bancaria, consolidada la plena propiedad de las acciones donadas en don Juanpor fallecimiento de don Carlos Jesús, y, fallecido don Juanen el año 1986, los hijos de don Carlos Jesús, ahora recurrentes, requirieron a Banco Español de Crédito, S.A. para que pusiera a su nombre las acciones de las que decían ser titulares; el Banco Español de Crédito, S.A. hizo figurar a nombre de los demandantes 6.195 acciones de Banesto resultantes del canje por las 1953 acciones de DIRECCION001. al producirse la citada absorción y de las ampliaciones de capital llevadas a cabo por Banco Español de Crédito, S.A. en los años 1980, 1981,1982 y 1983, de forma gratuita y en la proporción de una acción nueva por cada diez antiguas.

Desestimada en ambas instancias la pretensión actora, se interpone el presente recurso de casación cuyo primer motivo alega infracción del artículo 24 de la Constitución Española y de la jurisprudencia que reconoce como elemento integrante de este derecho fundamental el de obtener una sentencia fundada en Derecho. En el comienzo de su extenso desarrollo se dice que "no aparece dirigido este motivo a denunciar una ausencia de motivación, sino el hecho de haberse fundado la sentencia en parámetros extrajudiciales que el Juzgador no debe utilizar como elementos valorativos", refiriéndose con ello a la utilización reiterada en la sentencia recurrida de la expresión "exasperación del gravamen", lo que para los recurrentes supone fundar la sentencia en valoraciones de tipo emocional ajenos al Derecho.

El motivo no puede prosperar. En primer término, adolece de graves defectos formales en cuanto incumple lo ordenado en el artículo 1707, párrafo 1º, de la Ley de Enjuiciamiento Civil que exige que en el escrito de interposición del recurso el motivo o motivos en que se ampara y en el caso, ni se hace mención del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ni del ordinal correspondiente del artículo 1692 de aquella Ley Procesal; en la súplica del recurso tampoco se demanda la consecuencia natural de una falta de motivación jurídica en la sentencia, cual es, según el artículo 1715-3º de la Ley Procesal, la declaración de nulidad de la sentencia y la reposición de las actuaciones al momento en que se cometió la falta.

El derecho a la tutela judicial efectiva que encarna en el artículo 24-1 de la Constitución se satisface, según constante doctrina del Tribunal Constitucional y jurisprudencia de esta Sala, con una resolución fundada en derecho, lo que se traduce en que las resoluciones judiciales se apoyen en razones que permitan conocer a las partes cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales fundamentadores de la decisión, es decir, la ratio decidendi que las han determinado. Ello hace inaceptable la argumentación recurrente habida cuenta de la extensa fundamentación jurídica de la sentencia, propiciada por la complejidad de las cuestiones suscitadas, en la que se examinan cada una de las razones jurídicas en que se funda el recurso de apelación interpuesto, con profusión de citas legales y jurisprudenciales así como referencias a distintas posiciones doctrinales sobre esas materias ; dado el significado que el Diccionario de la Real Academia Española atribuye a los vocablos "exasperar" y "exasperación", la utilización que la sentencia "a quo" hace no es, ciertamente, correcto, gramaticalmente hablando , para expresar el efecto que sobre la obligación de reservar los bienes donados en nuda propiedad tendría la inclusión en el objeto de la reversión las acciones adquiridas en virtud del derecho de suscripción preferente con fondos propios del nudo propietario, es evidente que la idea que con ese término, "exasperación, aplicado al gravamen se ha querido expresar no es sino otra que la de significar la mayor onerosidad de aquella obligación que se produciría con lo pretendido por los actores, idea o argumentación que no puede calificarse de "sentimental", sino de estrictamente jurídica.

La cuestión fundamental alrededor de la cual gira el litigio planteado y la resolución de este recurso de casación está en determinar si el gravamen reversional impuesto al donatario don Juanpor la donante en la escritura pública de 5 de julio de 1956 alcanza sólo a las mil novecientas cincuenta y tres acciones nominativas de DIRECCION001., objeto de la donación o, por el contrario, se extiende la obligación de reversión del donatario a las acciones adquiridas por éste haciendo uso del derecho de suscripción preferente de dichas acciones y de las adquiridas en sucesivas ampliaciones de capital de DIRECCION001. y Banco Español de Crédito, S.A., al absorver éste al primero, con cargo al patrimonio privativo del donatario.

Resolviendo recurso de casación contra la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de Madrid en proceso seguido entre don Juan, esposo y padre de las personas físicas aquí recurridas, y varios sobrinos suyos, en relación con la extensión del fideicomiso instituido en su testamento por don Jose Ramón, fundador de DIRECCION001., esta Sala, en sentencia de 18 de julio de 1990, tiene declarado que "el paquete de un séptimo de las acciones suscritas, en virtud de aumento de capital, por don Juan, no vienen adscritos (sic) todos y cada uno de los fideicomisos designados por el referido testador, sino con carácter privativo en su dominio a dicho don Juan, y por tanto con posibilidad de asignación a quien tuviere por conveniente, y concretamente a su hermano don Evaristo, y por causa de fallecimiento a los hijos de éste, pues que el título de adquisición del derecho de las acciones cuestionadas por parte de los hijos de don Evaristo, no es el de sucesión hereditaria por el testamento de don Jose Ramón, sino el representado por el tan aludido documento de 15 de enero de 1958; afectante exclusivamente a don Juancomo nudo propietario de las acciones nuevas por ejercicio de derecho de suscripción con base en las originarias o antiguas y a don Evaristocomo usufructuario de dichas acciones originarias o antiguas bases de dicha suscripción y, de otra parte, debido a que no viene excluido de la masa patrimonial fideicomitida bien alguno en beneficio tan sólo de alguno de los difeicomisarios, desde el momento en que se guarda el debido respeto a las acciones contempladas al tiempo del otorgamiento de su referido testamento por don Jose Ramón, que no reflejó su voluntad testamentaria extendida a las acciones, cual las objeto de controversia, que se adquiriesen mediante el ejercicio de suscripción preferente, por aumento de capital social de DIRECCION001con privativo patrimonio del nudo propietario de las acciones, legadas en el aludido testamento de don Jose Ramón, y con base en éstas con la consiguiente atribución de titularidad dominical de las acciones suscritas por causa de la referida ampliación, por aumento de capital, a un nudo propietario suscriptor en esta caso don Juan" (Fundamento de Derecho 5º) afirmando esta resolución en el siguiente fundamento jurídico que "los mismos argumentos precedentemente expuestos llevan a la no acogida del motivo cuarto, que los recurrentes plantean, al amparo del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por entender infringido el párrafo segundo del artículo 783 del Código Civil, previsor de que "el fiduciario estará obligado a entregar la herencia al fideicomisario, sin otras deducciones que las que correspondan por gastos legítimos, créditos y mejoras, salvo el caso de que el testador haya dispuesto otra cosa", porque, una vez dicho, al no seguir el expresado paquete de una séptima (sic) de las acciones adquiridas por don Juanpor vía de suscripción preferente, por incremento del capital social, el cauce patrimonial del fideicomisario instituido por don Juan(sic), en su tan aludido testamento de 17 de marzo de 1954, sino el privativo de su referido hijo don Juan, claro es que este no ha dispuesto de los bienes fideicomitidos en perjuicio de los fideicomisarios instituidos por el mencionado testador, insistiendo para ello en lo expuesto en orden a esa atribución patrimonial de lo al expresado paquete de acciones en los tantas veces referido precedentes fundamentos de derecho segundo y tercero" (Conviene advertir que si bien se declaró no haber lugar al recurso de casación y que en la sentencia de primera instancia se contiene un pronunciamiento estimatorio de uno de los pedimentos de la demanda, fundado en la tesis contraria a la sustentada por esta Sala, ello es debido a que la sentencia de primer grado no fue apelada por los demandados quedando firme tal pronunciamiento).

Como dice el autor tantas veces citado en apoyo de sus pretensiones por los recurrentes "como en principio, la donación es sin trabas y tiende a entregar al donatario de forma libre y definitiva la cosa donada, ha de entenderse que es así, salvo que conste otra voluntad y, por ello, el sentido del pacto de reversión ha de reducirse a lo seguro, excluyendo la posible mayor extensión que sea dudosa, ya que en la duda debe prevalecer el espíritu general de la donación en abstracto de transmitir sin cortapisas lo donado". A falta de un precepto legal que expresamente establezca la extensión de la reversión pactada a las acciones controvertidas, el tenor de la donación realizada por doña Nuriaal concretar lo donado en las mil novecientas cincuenta y tres acciones que se describen en la escritura pública de 5 de julio de 1956 y limitar a las mismas la reversión ordenada, sin que se establezca ninguna otra carga al donatario de la nuda propiedad, tal pacto reversional, atendidos, se repite, los términos de la referida escritura pública, ha de limitarse a las repetidas mil novecientas cincuenta y tres acciones y las adquiridas por derecho de suscripción en ampliaciones de capital en que no haya sido necesario hacer desembolso alguno pero no a aquéllas otras que el donatario gravado de reversión haya adquirido, ejercitando el derecho de suscripción preferente que le asista aún siendo, como en este caso era, nudo propietario y con cargo a su patrimonio privativo; a falta de precepto expreso y de pacto que a ello le obligue, el donatario sujeto a reversión no viene compelido a destinar sus bienes a la adquisición, mediante el ejercicio del derecho de suscripción preferente, de nuevas acciones resultantes de posteriores ampliaciones de capital con destino a incrementar lo donado que ha de ser objeto de la reversión. Por ello ha de mantenerse el criterio sustentado al respecto en la citada sentencia de 18 de julio de 1990, coincidente con el mayoritariamente sostenido por la doctrina, dado que no existen razones bastantes que justifiquen su abandono y sustitución por el contrario.

Lo expuesto en el anterior fundamento de esta resolución en el sentido de que la reversión impuesta al donatario a favor de los actores recurrentes no se extiende a las acciones adquiridas por aquél ejercitando el derecho de suscripción preferente derivado de las acciones que le fueron donadas, pagando el importe de esas nuevas acciones con sus bienes propios, siendo las acciones así adquiridas de la libre y plena propiedad del donatario, hace decaer los motivos cuarto, dedicado a contradecir el criterio al respecto sustentado, y aquí mantenido, por la sentencia recurrida; quinta y sexto, puesto que negada la tesis expansiva mantenida por los recurrentes, cae por su base la pretensión ejercitada frente al Banco Español de Crédito, S.A.. Igualmente, han de ser rechazados los motivos segundo y tercero; el segundo porque, además de lo dicho, la desestimación de la demanda, como apunta la sentencia recurrida, no se funda en la prescripción de las acciones ejercitadas, sino en la falta de acción de los demandantes; e igualmente el tercero en que se combate la sentencia recurrida achacando a la Sala de instancia no haber hecho uso de la prueba de presunciones, carente de viabilidad por todo lo dicho.

El motivo séptimo, amparado en el ordinal 4º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, alega infracción de los artículos 523, párrafo 1º, y 873, párrafo 2º, de esta Ley Procesal. Regida la condena en costas en la primera y segunda instancia en los juicios de mayor cuantía por el principio del vencimiento, la desestimación de la demanda en primera instancia y así como del recurso de apelación, llevan como consecuencia necesaria la condena en costas al demandante que ve rechazadas íntegramente sus pretensiones y la del apelante cuando es confirmada o agravada la sentencia recurrida, de acuerdo con los preceptos legales que se invocan ahora como infringidos. Si bien se concede al Juzgador la facultad de no imponer las costas cuando estime que existen razones para ello, debiendo razonar o fundamentar la no imposición, el no uso de esa facultad no supone infracción legal alguna que deba o pueda ser corregida en casación; es doctrina reiterada de esta Sala la de que sólo en los casos en que se haya aplicado incorrectamente el principio del vencimiento objetivo o se haya dejado de atender el mismo sin razonarlo adecuadamente, cabe combatir en casación tales pronunciamientos. Decae así este séptimo motivo.

La desestimación de todos y cada uno de los motivos del recurso produce la de este en su integridad con las preceptivas consecuencias que respecto a las costas y destino del depósito constituido establece el artículo 1715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo españolFALLAMOS

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por doña Leticiay don Ángel Danielcontra la sentencia dictada por la Sección Decimocuarta de la Audiencia Provincial de Madrid de fecha uno de septiembre de mil novecientos noventa y tres. Condenamos a los recurrentes al pago de las costas de este recurso y a la pérdida del depósito constituido al que se dará el destino legal. Y líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de Sala en su día remitidos.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Ignacio Sierra Gil de la Cuesta.- Pedro González Poveda.- Luis Martínez- Calcerrada y Gómez.- firmados y rubricado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Pedro González Poveda, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.