Auto nº 1869/2003 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 13 de Noviembre de 2003

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Procedimiento:Auto de Inadmisión
Ponente:D. LUIS ROMAN PUERTA LUIS
Fecha de Resolución:13 de Noviembre de 2003
Número de Resolución:1869/2003
Número de Recurso:2743/2002
Emisor:Tribunal Supremo - Sala Segunda, de lo Penal
RESUMEN

MENORES. MADRE. GUARDA. DEPRESIÓN. Se presenta demanda peticionando la madre la guarda de sus dos hijas al haber cesado el trastorno depresivo agresivo que que determinó en el anterior procedimiento judicial que se le encomendara al padre. El informe psicosocial es contundente, evidenciando cómo la conducta de la madre viene resultando negativa para la evolución de las menores, que están... (ver resumen completo)

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En la Villa de Madrid, a trece de Noviembre de dos mil tres.I. HECHOS

PRIMERO

- Dictada Sentencia por la Audiencia Provincial de Sevilla (Sección 4ª), en autos nº 4928/2002, se interpuso Recurso de Casación por Marco Antoniomediante la presentación del correspondiente escrito por la Procuradora de los Tribunales Dª. Irene Gutiérrez Carrillo.

SEGUNDO

- En el trámite correspondiente a la substanciación del recurso el Ministerio Fiscal se opuso al mismo.

TERCERO

- Conforme a las normas de reparto aprobadas por la Sala de Gobierno de este Tribunal Supremo, es Ponente de la presente resolución, el Magistrado Excmo. Sr. Don Luis Román Puerta Luis.II: RAZONAMIENTOS JURíDICOS

PRIMERO

Por la representación procesal del recurrente se formalizó recurso de casación en base a tres motivos diferentes, uno por vulneración de preceptos constitucionales y los otros dos por infracción de Ley contra la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Sevilla (Sección 4ª) en fecha 18 de octubre de 2002, en la que se condenó al recurrente como autor responsable de dos delitos continuados de abusos sexuales del artículo 182 del Código Penal y un delito continuado de abusos sexuales del artículo 181 del Código Penal , sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal a las penas de :

Por los dos primeros, 8 años y 6 meses de prisión y accesorias de suspensión del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena por cada uno; se impone durante cinco años la prohibición de acudir al lugar donde residan las víctimas Soniay Carmen, plazo que comenzará a contar desde que el condenado disfrute de la libertad por cualquier motivo.

Por el tercero, 3 años de prisión, accesorias de suspensión del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y prohibición durante cinco años de aproximarse y comunicarse con Mónica, plazo que comenzará a contar desde que el condenado disfrute de libertad por cualquier motivo.

Le imponemos asimismo las costas del juicio, incluidas las de la acusación particular.

El condenado indemnizará a Sonia, Carmeny Mónicacon 6.000 euros cada una.

  1. Al amparo del artículo 849.1º de la LECrim y 5.4º de la LOPJ , se alega la infracción del artículo 24 de la Constitución y en concreto el derecho a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia.

    El recurrente, al margen de la enunciación de las infracciones antedichas, nada argumenta en torno a las mismas, por lo que no se sabe a ciencia cierta si basa la vulneración de tales derechos en la ausencia de la actividad probatoria de cargo o en la obtención de la prueba de manera irregular.

  2. La Sentencia expone a lo largo de sus fundamentos jurídicos cuarto, quinto y cuarto (sexto, al que por error enumera como cuarto), la prueba de cargo que le ha servido para fundamentar su convicción sobre la participación en los hechos del recurrente, teniendo en cuenta las propias declaraciones de éste y sobre todo las de las tres menores víctimas de los hechos a las que confiere plena verosimilitud por su persistencia en la incriminación y número de datos ofrecidos por aquellas que hacían creíbles sus manifestaciones sobre los hechos y sus circunstancias.

  3. Por lo que a las discrepancias entre el contenido del acta del juicio, donde consta que la menor Soniaexpresó que "no llegó a meterlo en la boca", en relación al pene del acusado, mientras que la Sentencia en su fundamento jurídico cuarto dice que el Tribunal oyó con toda claridad lo contrario, es decir, que la menor manifestó que se lo introdujo allí, la STS de 13 de septiembre de 2001 dice "Ante tal afirmación, no hemos de perder de vista la relativa fehaciencia del acta de juicio transcrita por el Secretario, que nunca debe prevalecer frente a lo visto y oído por el Tribunal".

    El Secretario sólo incorpora al acta, lo más esencial del juicio, y lo hace a retazos ante la clara imposibilidad de escribir a la misma velocidad a la que se habla.

    Lo escrito puede ajustarse más o menos exactamente a lo dicho, dependiendo de la capacidad retentiva del Secretario judicial.

    Resulta por tanto evidente que en este caso debe tenerse en cuenta lo percibido con claridad por el Tribunal que, además, concuerda con otra declaración anterior de la menor en la causa, como se dice en la Sentencia.

  4. Es cierto que esta Sala viene recogiendo una reiterada doctrina sobre la eficacia probatoria de la declaración de la víctima cuando constituye la única prueba de cargo. Así, entre otras muchas, en las Sentencias de 20 de octubre de 1999, 9 de octubre de 1999, 1 de octubre de 1999, 22 de abril de 1999 y 13 de febrero de 1999, se expresa que aunque en principio, la declaración de la víctima puede ser hábil para desvirtuar la presunción constitucional de...

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