STS 645/2007, 16 de Junio de 2007

El Juzgado de Instrucción número 8 de Zaragoza instruyó Procedimiento Abreviado con el número 55/1995, y una vez concluso fue elevado a la Audiencia Provincial de dicha capital que, con fecha 7 de julio de 2005, dictó sentencia que contiene los siguientes HECHOS PROBADOS: "El día 5 de enero de 1.998, en la localidad de Hospitalet de Llobregat, el acusado, Jaime, mayor de edad y sin antecedentes penales, acordó junto a otras personas, todas ellas relacionadas en su momento con otra asociación denominada Prodiecu, constituir la asociación denominada "Asociación de Minusválidos de los Países Catalanes" que tuvo su sede en la calle Boviles 24. Esta asociación fue inscrita con el número de registro 9.748 en el Registro de Asociaciones de la Generalitat de Cataluña. Según refiere el acta fundacional de la citada asociación, el acusado, Jaime, fue elegido presidente de su Junta Directiva y, desde entonces, asumió de hecho todas las competencias.

A partir del mes de enero de 1.998, y a través de la citada asociación el acusado, Jaime puso en circulación, sin autorización administrativa y con destino a la venta, un boleto fabricado en una imprenta desconocida de valor facial 100 pesetas llamado "el globazo", cuya adquisición daba derecho a su comprador a participar en un sorteo que no contaba con la oportuna autorización administrativa, y que utilizaba como soporte organizativo el sorteo del denominado "cupón pro-ciegos explotado por la Organización Nacional de Ciegos Españoles mediante una concesión administrativa. Los boletos "el globazo" que recogían el número premiado en el sorteo diario realizado por Organización Nacional de Ciegos Españoles, tenían derecho a un premio que oscilaba entre las 100 y las 300.000 pesetas.

Asimismo, en la ciudad de Zaragoza, el día 15 de mayo de 1.990, en virtud de atestado instruido por los funcionarios números NUM000 NUM001, inspectores ambos del Servicio de Vigilancia Aduanera, fue detenido el acusado Luis María, mayor de edad y sin antecedentes penales, a quien le fueron intervenidos

17.464 boletos de "el globazo" de precio facial 100 pesetas cada uno, destinados, todos ellos, a su distribución y venta y, además, un libro de contabilidad en el que se lee caja, y otro libro que da constancia de la entrega y liquidación de boletos con el anagrama "el globazo". De esta forma, el valor de los referidos boletos alcanza la suma de 1.746.400 pesetas. Luis María . De común acuerdo con Jaime, era el encargado en Zaragoza y su provincia de recoger los envíos y controlar la distribución del citado boleto "el globazo" y, en razón de tal tarea, era el destinatario habitual de paquetería remitida por Jaime a través de la empresa de transporte denominada Seur. Esta última información está acreditada por las investigaciones, que, como continuación de las diligencias abiertas el día 15 de mayo de 1.990, realizaron los funcionarios de Hacienda en la empresa Seur, probándose por lo boletines de envío que Luis María recibía, como receptor habitual de paquetería, envíos semanales. Asimismo, Luis María realizaba, entre otras funciones relacionadas con el juego ilegal y desde la papelería que regentaba en la calle Zaragoza la Vieja número 31 33 bajos, las correspondientes al control y anulación de los boletos no vendidos, llegando, incluso, a pagar algún premio y vender boletos.

El pago de premios se realizaba, contra la entrega del boleto que daba derecho a participar en el sorteo, en dinero si era de escasos importe, y mediante pagaré si era de mayor cuantía. Para el pago de estos últimos premios, se desplazaba desde Barcelona, enviado por Jaime, el acusado, Jesús María, mayor de edad y sin antecedentes penales. En su principio, los pagos de premios se realizaban en la oficina de la Asociación, situada en la calle Barcelona número 22 de Zaragoza, hasta que fue cerrada esta dependencia. Posteriormente, se llegaron a pagar premios incluso en la calle.

Los beneficios obtenidos con la venta del citado boleto "el globazo" eran depositados por los vendedores en distintas cuentas corrientes bancarias abiertas a nombre de Luis María, en la entidad de crédito Ibercaja, número de cuenta NUM002 agencia urbana 46 de Zaragoza y de Jaime en las entidades de crédito Caixa de Cataluña, número de cuenta NUM003 de la oficina de Avda Miraflores de Hospitalet e Ibercaja, número de cuenta NUM004, de la agencia urbana 3 de Barcelona.

Desde el mes de marzo de 1.990 y hasta el mes de abril de 1.991, se continuó con la venta de boletos "el globazo", resultando premiados y no pagados, algunos de ellos. Esta última circunstancia, relativa al impago de boletos premiados, fue denunciada el día 5 de julio de 1.991 por Doña Yolanda que compró un boleto de 100 pesetas, Don Luis que compró un boleto de 100 pesetas, Doña Marta que compró un boleto de 100 pesetas, Doña Erica que compro un boleto de 100 pesetas, Doña Amelia que compró un boleto de 100 pesetas, Doña Silvia que compró cinco boletos de cien pesetas, Don Rosendo que compró dos boletos de100 pesetas, Don Javier que compró un boleto de 100 pesetas y Don Jesús Luis un boleto de 100 pesetas. Todos ellos compraron boletos que resultaron premiados conforme a las reglas del juego.

Asimismo, compraron boletos que resultaron premiados las siguientes personas, Doña Rita un boleto de 100 pesetas, Doña Lidia un boleto de 100 pesetas, Doña Elsa 8 boletos de 100 pesetas, Don José un boleto de 100 pesetas, Don Juan Ramón 5 boletos de 100 pesetas, Don Francisco dos boletos de 100 pesetas, Don Luis Carlos dos boletos de 100 pesetas, Don David dos boletos de 100 pesetas y Don Jose María que adquirió en Elda un boleto de 100 pesetas."[sic]

La sentencia de instancia dictó el siguiente pronunciamiento: "FALLAMOS: Que debemos condenar y condenamos en concepto de autores a los acusados, Jaime y Luis María, cuyos datos personales ya constan en el encabezamiento de esta resolución, a la pena de 3 años de prisión con la pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena por el delito de contrabando anteriormente definido y multa de 10.496,08 euros (un millón setecientas cuarenta y seis mil cuatrocientas pesetas), y por la falta de estafa arriba descrita, a la pena de multa de dos meses a razón de 300 euros día multa, con la responsabilidad personal subsidiaria prevista en el artículo 53 del Código penal para caso de impago, y también al pago de dos tercios de las costas procesales incluidas las de la acusación particular.

En concepto de responsabilidad civil derivada de la comisión del delito de contrabando, los acusados, Jaime y Luis María, deberán indemnizar, conjunta y solidariamente a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en la cantidad de 3.681,41 euros (612.535 pesetas).

Asimismo, y en concepto de responsabilidad civil, los acusados, Jaime y Luis María deberán indemnizar conjunta y solidariamente a Doña Yolanda con 60 céntimos de euro (100 pesetas), a Don Luis con 60 céntimos de euro (100 pesetas), a Doña Marta con 60 céntimos de euro (100 pesetas), a Doña Erica con 60 céntimos de euro (100 pesetas), a Doña Amelia con 60 céntimos de euro (100 pesetas), a Doña Silvia con 3,01 euros (500 pesetas), a Don Rosendo con 1,20 euros (200 pesetas), a Don Javier con 60 céntimos de euro (100 pesetas), a Don Jesús Luis con 60 céntimos de euro (100 pesetas), a Doña Rita con 60 céntimos de euro (100 pesetas), a Doña Lidia con 60 céntimos de euro (100 pesetas), a Doña Elsa con 4,81 euros (800 pesetas), a Don José con 60 céntimos de euro (100 pesetas), a Don Juan Ramón con 3,01euros (500 pesetas), a Don Francisco con 1,20 euros (200 pesetas), a Luis Carlos con 1,20 euros (200 pesetas), a David con 1,20 euros (200 pesetas), y a Don Jose María con 60 céntimos de euro (100 pesetas).

Que debemos absolver y absolvemos con todos los pronunciamientos favorables al acusado, Jesús María, cuyos datos personales ya constan en el encabezamiento de esta resolución, de las infracciones penales por las que venía acusado, declarando de oficio un tercio de todas las costas causadas."[sic]

Notificada la sentencia a las partes, se preparó por la representación de Jaime y por Luis María recurso de casación por infracción de ley e infracción de precepto constitucional, que se tuvo por anunciado, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las actuaciones y certificaciones necesarias para su sustanciación y resolución, formándose el rollo y formalizándose el recurso.

El recurso interpuesto por la representación de Jaime se basó en los siguientes MOTIVOS DE CASACION: Primero.-Por infracción de ley.- Con fundamento en el número 1 del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal al haberse infringido un precepto penal de naturaleza sustantiva u otra norma jurídica del mismo carácter que debe ser observada en aplicación de Ley Penal. Segundo.- Por infracción de precepto constitucional .- Con fundamento en los artículos 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 5.4 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial norma que desarrolla el artículo 53.1 de la Constitución Española por vulneración del artículo 24.2 de nuestra Carta Magna, por vulneración del derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas. Tercero.- Por infracción de precepto constitucional.- Con fundamento en los artículos 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 5.4 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial norma que desarrolla el artículo 53.1 de la Constitución Española por vulneración del artículo 9.3 de nuestra Carta Magna, por vulneración del derecho a la seguridad jurídica.

El recurso interpuesto por la representación de Luis María se basó en los siguientes MOTIVOS DE CASACION: Primero.- Por infracción de ley al amparo del artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

, por error iuris, ya que se ha infringido por inaplicación, el artículo 14.3 del Código Penal. Segundo .- Por infracción de ley al amparo del artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ya que dados los hechos probados, se ha infringido por aplicación indebida el artículo 2.2 de la Ley Orgánica 7/82 de 13 de julio sobre contrabando, en relación con el artículo 1, párrafo tercero, apartado segundo de la misma ley. Tercero .Por infracción de ley al amparo del artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ya que dados los hechos probados se ha infringido por inaplicación el artículo 21,4º del Código Penal. Cuarto .- Por infracción de precepto constitucional, al amparo de lo dispuesto en el artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial

, ya que se ha infringido lo dispuesto en el artículo 24 de la Constitución en cuanto consagra en su párrafo segundo el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas.

Instruidas las partes de los recursos interpuestos, el Ministerio Fiscal solicita la inadmisión de los motivos 1º y 3º del recurso de Jaime y motivos 1º, 2º y 3º del recurso de Luis María y de no estimarse así, subsidiariamente, impugna de fondo dichos motivos e interesa su desestimación, asimismo, hace constar que se adhiere al motivo 2º del recurso de Jaime y al motivo 4º del recurso de Luis María y la parte recurrida impugna los motivos de los recursos interpuestos, la Sala admitió el mismo, quedando conclusos los autos para señalamiento del fallo cuando por turno correspondiera. Y, hecho el señalamiento para el fallo, se celebró la votación prevenida el día 30 de octubre de 2006. Seguidamente, y con la finalidad de unificar doctrina sobre la cuestión objeto del presente recurso se acordó el sometimiento de la misma al pleno no jurisdiccional de esta sala y se suspendió, hasta el momento en que se alcanzara acuerdo, el plazo que establece el artículo 899 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para dictar Sentencia. El pasado 30 de enero y el 29 de mayo del presente año han recaído sendos acuerdos sobre esta cuestión en la Sala General celebradas y reanudado, por tanto el plazo para resolver el recurso, se dicta la presente resolución dentro del mismo. Por tanto, se han observado todas las formalidades prevenidas en la ley en la tramitación de este recurso, excepto la prevenida en el artículo 899 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por las razones indicadas.

Los recurrentes, condenados por el Tribunal de instancia, por un delito de contrabando y una falta de estafa, a las penas de tres años de prisión y multa, por el delito, y multa, por la falta, para cada uno de ellos, fundamentan sus respectivos Recursos de Casación en tres y cuatro motivos respectivamente, que, por su paralelismo, merecen ser analizados simultáneamente.

Comenzando, pues, por los motivos Primero y Tercero de los de Jaime y el Segundo de Luis María

, que plantean, a través de diferentes vías casacionales, una misma cuestión, a saber, la inadecuación constitucional consistente en el complemento de una norma penal en blanco mediante la disposición adicional contenida en la Ley Presupuestaria de un concreto ejercicio anual, hemos de concluir en la desestimación de todas las alegaciones en ellos contenidas a este respecto, por cuanto, como recuerda la Sentencia recurrida, que tuvo suspendido su pronunciamiento precisamente por esta razón, al haberse planteado en su momento la correspondiente cuestión de inconstitucionalidad por el Tribunal de instancia, la Sentencia del Pleno del TC de fecha 17 de Febrero de 2005 ya resolvió en el sentido de declarar la ortodoxia constitucional del precepto aplicado, con lo que, al margen de la opinión que dicha Resolución nos merezca, lo cierto es que no cabe reabrir la polémica al respecto ni entrar en los argumentos de los recurrentes relativos a este extremo una vez decidida la cuestión suscitada por el único órgano competente para ello.

Por su parte, también planteaban ambos Recursos en los anteriores motivos la incorrección de aplicar una norma contenida en una Ley de Presupuestos cuya vigencia temporal se refiere a una anualidad concreta, la de 1986, como complemento de la Ley penal especial de Contrabando, máxime cuando la norma en debate se aprobó en relación con el contenido de la Ley especial de 1982 (art. 1.1.4), que ha sido sustituida en 1995 por la nueva Ley de Contrabando hoy vigente, sin que en ésta se hayan incorporado expresamente, como efectos "estancados o prohibidos", las "papeletas" de sorteos no autorizados administrativamente (art. 2 d ) LO 12/1995, de 12 de Diciembre).

El retraso de la presente Sentencia, precisamente provocado por la necesidad de abordar este asunto y el que más adelante se mencionará, en el Pleno no jurisdiccional de esta Sala, ha dado lugar al siguiente Acuerdo, adoptado, por decisión mayoritaria, en la sesión del día 29 de Mayo del presente año, y que resultó del siguiente tenor:

"El supuesto especial de delito de Contrabando incorporado por el apartado 1 de la Disposición Adicional 18ª de la Ley 46/1985, de 27 de Diciembre, sobre Presupuestos Generales del Estado para el año 1986, que complementaba dicha infracción en la previsión que, de la misma, recogía la Ley Orgánica 7/1982, de 13 de Julio, vigente al tiempo de publicación de la referida Ley 46/1985, no resultó derogado por la nueva Ley de represión del Contrabando de 1995, a la que ha seguido complementando."

Con ello, se da, por tanto, cumplida respuesta y se resuelve la cuestión planteada, en sentido nuevamente desestimatorio para las pretensiones de los recurrentes.

Así mismo, los motivos Primero y Tercero del Recurso de Luis María, que se plantean a través del artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por incorrecta aplicación de los preceptos penales a los hechos enjuiciados, deben rechazarse.

El cauce casacional aquí utilizado, de acuerdo con numerosísimos pronunciamientos de esta Sala, supone la comprobación por este Tribunal de Casación de la correcta subsunción de los Hechos declarados probados en los preceptos de orden sustantivo que integran el ordenamiento penal.

Pero esa labor ha de partir de un principio esencial, cual es el de la intangibilidad de la narración de Hechos llevada a cabo por el Tribunal de instancia, a partir de la convicción que por el mismo se alcanza acerca de la realidad de lo acontecido, como consecuencia de la valoración del material probatorio disponible, que le es propia.

En este sentido, es clara la improcedencia también de ambos motivos, puesto que la descripción narrativa del relato sobre el que se asienta el pronunciamiento de la Audiencia es de sobra bastante e idónea para alcanzar la conclusión de la autoría del recurrente en la comisión de los ilícitos y la calificación jurídica de los mismos atribuida por la Audiencia, sin que permita ninguna posibilidad para la aplicación ni del artículo

14.3 ni del 21.4ª, del Código Penal, cuyas indebidas inaplicaciones pretende quien recurre.

El motivo Segundo del Recurso de Jaime se refiere, aunque con una enunciación harto confusa y mencionando el artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en relación con el 24.2 de la Constitución Española, a la prescripción de las infracciones objeto de condena.

El Ministerio Fiscal apoya expresamente este motivo, al comprobar, conforme se refleja además en la propia relación de Antecedentes de Hecho de la STC que resolvió la cuestión de inconstitucionalidad antes referida, que durante casi cinco años, desde el Auto de acumulación de cuestiones dictado el 28 de Marzo de 2000 hasta la Providencia de señalamiento para deliberación y votación de 15 de Febrero de 2005, permaneció totalmente paralizado el procedimiento, que se había abierto por el aludido planteamiento de la cuestión con la lógica suspensión del término para dictar Sentencia en la causa penal, por un plazo, en consecuencia, superior a los tres años precisos para la prescripción, de acuerdo con lo previsto en el Código Penal para la extinción de la responsabilidad criminal por esta causa y para infracciones de la gravedad de las enjuiciadas (vid. arts. 13.2, 33 a), 130.6º y 131.1 CP de 1973, en relación con la Disp. Transit. 11ª CP de 1995).

No obstante, esta alegación, incluso a pesar del apoyo del Ministerio Público, también ha de decaer pues, trasladados igualmente al Pleno no jurisdiccional de esta Sala, por su innegable trascendencia, el debate y la decisión acerca de la posibilidad de prescripción de un delito, por el transcurso de los plazos legales previstos para ello en la Ley, durante el trámite de resolución de una cuestión de constitucionalidad planteada ante el Tribunal Constitucional, los integrantes del Pleno, por mayoría y en la sesión celebrada el día 30 de Enero de 2007, acordaron rechazar la propuesta de la Ponencia, que defendía "Aplicar la prescripción en los supuestos en que haya transcurrido el plazo durante la tramitación de una cuestión de inconstitucionalidad".

Por lo que, no resultando posible esa aplicación de la prescripción, según decisión de la Sala, a las paralizaciones sufridas en el curso de la tramitación de una cuestión de inconstitucionalidad, ha de entenderse, en este caso, como no producida la extinción de las responsabilidades criminales derivadas de las infracciones cometidas.

Cosa distinta, sin embargo, es la relativa a la posible concurrencia de la atenuante analógica del artículo 21.6ª del Código Penal, a la que se refieren los motivos Segundo de Jaime y Cuarto de los de Luis María, por el transcurso de casi quince años entre el acaecimiento de los hechos que dieron lugar a las actuaciones y la Resolución de instancia.

Es cierto que esta Sala acordó, en el Pleno celebrado en fecha de 21 de Mayo de 1999, seguido en numerosas Sentencias posteriores como las de 8 de Junio de 1999, 28 de Junio de 2000, 1 de Diciembre de 2001, 21 de Marzo de 2002, etc., la procedencia de compensar la entidad de la pena correspondiente al delito enjuiciado, mediante la aplicación de la atenuante analógica del artículo 21.6º del Código Penal, en los casos en que se hubieren producido en el enjuiciamiento dilaciones excesivas e indebidas, no reprochables al propio acusado ni a su actuación procesal. Dando con ello cumplida eficacia al mandato constitucional que alude al derecho de todos a un proceso sin dilaciones indebidas (art. 24.2 CE ).

Ese derecho al proceso sin dilaciones, viene configurado como la exigencia de que la duración de las actuaciones no exceda de lo prudencial, siempre que no existan razones que lo justifiquen. O que esas propias dilaciones no se produzcan a causa de verdaderas "paralizaciones" del procedimiento o se debieran al mismo acusado que las sufre, supuestos de rebeldía, por ejemplo, o a su conducta procesal, motivando suspensiones, etc. Semejante derecho no debe, así mismo, equipararse a la exigencia de cumplimiento de los plazos procesales legalmente establecidos.

La "dilación indebida" es, por tanto, un concepto abierto o indeterminado, que requiere, en cada caso, una específica valoración acerca de si ha existido efectivo retraso verdaderamente atribuible al órgano jurisdiccional, es el mismo injustificado y constituye una irregularidad irrazonable en la duración mayor de lo previsible o tolerable (Ss. del TC 133/1988, de 4 de Junio, y del TS de 14 de Noviembre de 1994, entre otras).

Los Hechos, en el presente supuesto, ocurren desde 1988 hasta Abril de 1991 y la Sentencia que los enjuicia en la instancia es de fecha 7 de Julio de 2005, es decir, más de catorce años después.

Y no sólo parece ya, con ese dato, significativamente desproporcionada la duración de un procedimiento que, en modo alguno, puede justificarse por la complejidad de la investigación o de los hechos objeto de enjuiciamiento, sino que, como con tanto acierto y detalle precisa el propio Fiscal en su escrito, que también muestra su apoyo a este motivo como subsidiario a la apreciación de la prescripción ya rechazada, se advierten lapsos de tiempo considerables, llegando en el caso de la suspensión para la tramitación de la cuestión de inconstitucionalidad hasta más de ocho años, desde Septiembre de 1996, en que se admite a trámite dicha cuestión, hasta Febrero de 2005 que, como ya se ha dicho, es cuando se resuelve, dando paso con ello al dictado de la Sentencia de instancia.

Lo que sienta las bases, de acuerdo con la doctrina ya reseñada, para la aplicación de la atenuante analógica solicitada que, en este supuesto y por el extraordinario retraso acontecido, justifica la afirmación excepcional de que nos hallamos ante una circunstancia que debe ser considerada como muy cualificada, con las consecuencias penológicas derivadas de una tal consideración.

Debiendo, por lo tanto, estimar el motivo y corregirse la indebida inaplicación de la referida atenuante en la Segunda Sentencia que, seguidamente a ésta, se dictará.

A la vista del contenido parcialmente estimatorio de la presente Sentencia, deben ser declaradas de oficio las costas ocasionadas por los Recursos, a tenor de lo dispuesto en el artículo 901 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .

En su consecuencia, vistos los preceptos mencionados y demás de general aplicación al caso,

III.

FALLO

Que debemos declarar y declaramos haber lugar a la estimación parcial de los Recursos de Casación interpuestos por las Representaciones de Jaime y Luis María contra la Sentencia dictada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza, el 7 de Julio de 2005, por delito de Contrabando y falta de Estafa, que casamos y anulamos parcialmente, debiéndose dictar, en consecuencia, la correspondiente Segunda Sentencia.

Se declaran de oficio las costas procesales ocasionadas en el presente procedimiento.

Póngase en conocimiento del Tribunal de origen, a los efectos legales oportunos, la presente Resolución y la que seguidamente se dictará, con devolución de la Causa que, en su día, nos fue remitida.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos D. Carlos Granados Pérez D. José Manuel Maza Martín D. José Antonio Martín Pallín

SEGUNDA SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a dieciséis de Junio de dos mil siete.

En la causa incoada por el Juzgado de Instrucción número 8 de Zaragoza con el número 55/1995 y seguida ante la Audiencia Provincial de dicha capital por delito de contrabando y una falta de estafa, contra Jaime, nacido en Laujar de A. (Almería), el 3 de abril de 1953, con DNI número NUM005, hijo de Juan y de María, domiciliado en Rubí (Barcelona), contra Jesús María, nacido en Neira (Lugo), el 10 de agosto de 1939, con DNI número NUM006, hijo de José y de María, domiciliado en Espulgas de Llobregat (Barcelona) y contra Luis María, nacido en Villafranca (Navarra), el 18 de septiembre de 1949, con DNI número NUM007, hijo de Isidro y de Ángela, domiciliado en Zaragoza, y en cuya causa se dictó sentencia por la mencionada Audiencia con fecha 7 de julio de 2005, que ha sido casada y anulada parcialmente por la pronunciada en el día de hoy por esta Sala Segunda del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. expresados al margen y bajo la Ponencia del Excmo. Sr. D. José Manuel Maza Martín, hace constar los siguiente:

Se tienen aquí por reproducidos los fundamentos de nuestra anterior Sentencia de Casación, así como los de la recurrida, en lo que no se opongan a los primeros.

Como ya se ha dicho en el Quinto Fundamento Jurídico de los de la Resolución que precede, resultando de aplicación al delito enjuiciado la atenuante analógica de dilaciones indebidas (art. 21.6ª CP ) como muy cualificada (art. 66.2ª CP ), procede imponer las penas legalmente previstas en la Ley especial de Contrabando vigente al tiempo de los hechos enjuiciados, respecto del delito, y en el Código Penal de 1973

, en cuanto a la falta, como más favorables para los condenados que los textos vigentes en la actualidad, con la correspondiente rebaja en un grado (art. 66.2ª CP ).

En su consecuencia, vistos los preceptos mencionados y demás de general aplicación al caso,

III.