STS 782/2006, 6 de Julio de 2006

La Sección Décima de la Audiencia Provincial de Barcelona, por sentencia de fecha 15 de julio de 2005 , absolvió al acusado Jesús Manuel, del delito de asesinato del que venía acusado, y condenó al médico que atendió a la víctima -Dr. Juan Ramón- por una falta de imprudencia con resultado de muerte.

Las acusaciones -pública y particular- imputaron al acusado Jesús Manuel de haber dado una puñalada por la espalda, en la zona lumbar, a la joven Ángeles -de 16 años-, causándole una herida que afectó al riñón derecho, hígado y vena porta, que, pese a la asistencia médica prestada, determinaron la muerte de la joven; en tanto que al Dr. Juan Ramón le acusaron de un delito de homicidio imprudente por negligencia profesional, por la defectuosa asistencia prestada a la víctima en el Hospital Mutua de Terrasa donde fue llevada tras sufrir la agresión.

Contra la sentencia de la Audiencia, ha interpuesto recurso de casación la acusación particular ejercida por los padres de la víctima - Carlos Manuel y Patricia-, que ha formulado cinco motivos de casación: uno, por vulneración constitucional (el 1º), otro, por quebrantamiento de forma (el 6º), uno por error de hecho (el 5º), y dos por corriente infracción de ley (el 3º y el 4º), cuyo posible fundamento vamos a analizar siguiendo este orden, por razones de método jurídico y exigencias legales (v. arts. 901 bis a) y 901 bis b) LECrim .).

El motivo primero del recurso, con sede procesal en el art. 849.1º de la LECrim ., en relación con el art. 5.4 de la LOPJ , denuncia infracción del art. 24.1 y 2 de la Constitución (tutela judicial efectiva y presunción de inocencia), en relación con los artículos 741, 141 y 142 de la LECrim . y 248 de la LOPJ y del art. 139 del Código Penal , alegando "incumplimiento por parte del juzgador reiteradamente en la resolución de los requisitos esenciales de la sentencia, ya que la misma no se basa en la prueba practicada en el acto del juicio, sino en creencias del juzgador ajenas al mismo, con vulneración, por tanto, de las normas reguladoras de los requisitos mínimos de la resoluciones judiciales". La motivación de las sentencias -dice la parte recurrente- impone "un sometimiento de los juzgadores a la lógica y a la racionalidad en sus resoluciones, de manera que las mismas puedan ser comprendidas (lo que no significa, lógicamente, que tengan que ser compartidas) por cualquier observador racional, sea parcial o imparcial".

El Tribunal de instancia ha absuelto al acusado Jesús Manuel, tras analizar minuciosamente todas las pruebas practicadas, por haber llegado a la conclusión de "que no ha podido destruirse de forma plena el derecho constitucional a la presunción de inocencia que "ab initio" ampara al procesado, dadas la numerosas dudas razonables (que hemos desarrollado) sobre su efectiva participación en el delito de asesinato que se le imputa". En definitiva, pues, el Tribunal de instancia ha aplicado el principio "in dubio pro reo" que impide condenar a una persona cuando el órgano jurisdiccional tenga dudas fundadas sobre los hechos que se le imputan o sobre su participación en ellos.

La parte recurrente ha llevado a cabo, al desarrollar el motivo, un examen minucioso de toda la prueba practicada, intentando rebatir las argumentaciones del Tribunal de instancia que le han llevado a la absolución del acusado.

Comienza afirmando la parte recurrente que "de la prueba practicada no pueden de forma lógica y racional inducirse las conclusiones a las que llega la sentencia recurrida". Y, al efecto, señala cinco puntos en los que, en su opinión, ha errado el Tribunal: 1/ Inexistencia de testigos que hubieran visto a Nadia y al acusado juntos antes del día de los hechos (hecho al que el Tribunal reconoce "una gran trascendencia exculpatoria"). 2/ Que la víctima (tras la agresión) dijo que no conocía al agresor. 3/ El desconocimiento del móvil, y las circunstancias relativas al momento del crimen y a la "capacidad deambulatoria del acusado". 4/ Los denominados "indicios de descargo". Y, 5/ las denominadas "pruebas de cargo".

En cuanto al primer punto, dice la parte recurrente que "es lógico que nadie les hubiera visto juntos antes", añadiendo que "el móvil del crimen no es otro que mantener la clandestinidad de dicha relación" (ella tenía 16 años y él 46, eran vecinos y él regentaba un establecimiento público; además, estaba casado y tiene tres hijos).

En cuanto al segundo punto, la parte recurrente critica que el Tribunal admita la posibilidad de que las manifestaciones de la víctima, sobre el autor de la agresión, pudieran ser falsas, pero les otorgue luego "credibilidad suficiente para suscitar al menos una duda racional al ponerlas en relación con lo declarado por el testigo Sr. Luis Alberto", que dijo haber visto a Ángeles, el día y en el lugar de los hechos, con un joven de 20 años, pero luego dijo que no era Ángeles, la cual, además, a la hora que dijo se encontraba con sus amigas.

Respecto del tercer punto, en cuanto al móvil, sorprende a la parte recurrente -según dice- que las amigas de la víctima manifestasen que les constaba que la víctima "no se interesaba aún por el sexo opuesto", poniendo de relieve que los Doctores Juan Manuel y Miguel Ángel, a preguntas del Sr. Presidente, manifestaron que "el himen de la víctima (...) estaba roto", "por causa de relaciones sexuales, o introducción de un objeto de las características referidas" (un objeto redondo con volumen suficiente para producir la rotura del himen), si bien reconocieron también "que hay veces en que de forma congénita el himen no está íntegro". Y, de ello, concluye la parte recurrente: "Luego sí tenía interés por el sexo opuesto". Pero, pese a ello, no puede considerarse acreditada la existencia de una relación de este tipo entre acusado y víctima.

"No menos llamativo resulta a esta parte -se dice- el tratamiento que por parte de la Sala se realiza del hecho de la existencia de una llamada (telefónica) a casa de la abuela de Ángeles desde la vivienda del Sr. Jesús Manuel" ("la sentencia lo tacha como "un enigma"), cuando este hecho pudo comprobarse tras la declaración de "la persona que vio al imputado con la víctima" (momentos antes de la agresión), la testigo protegida " NUM001".

La parte recurrente estima increíble la afirmación hecha por el Tribunal de que "no consta fehacientemente acreditado que (el acusado) dispusiera de la oportunidad horaria para hacerlo la tarde del día 2.10.02", cuando desde el domicilio del acusado al lugar de los hechos apenas hay seiscientos metros.

Respecto de las pruebas de descargo (que la NUM001 dijera que días después del hecho viera al acusado por el mismo lugar en un Citroën ZX), se dice que "dichos indicios no excluyen (...) la posible participación del señor Jesús Manuel en el hecho". Que las pruebas de ADN no dieran resultado positivo -dice la parte recurrente- únicamente pueden acreditar "que el procesado no tuvo ningún contacto físico con la víctima en las fechas inmediatamente anteriores al suceso". Que no se hallasen en el domicilio del acusado cuchillos como el utilizado para cometer el crimen carece de relevancia al haberse llevado a cabo la correspondiente diligencia seis meses después de los hechos. Y, en cuanto al margen temporal para la comisión del crimen, se destaca que las pruebas sobre el horario de comida provienen de familiares y empleados del acusado.

Seguidamente, se refiere la parte recurrente a "las pruebas de cargo": A) La declaración incriminatoria del testigo protegido ( NUM001). B) la sospechosa conducta del procesado al quitarse el bigote durante los días posteriores a la muerte de Ángeles. Y, C) La capacidad deambularia del Sr. Jesús Manuel en la fecha de comisión de los hechos.

La declaración de la testigo protegida -se dice- "constituye la más trascendente y definitiva prueba de cargo" (esta testigo dijo haber visto, momentos antes del hecho y en lugar próximo a donde se cometió, discutir acaloradamente y con amenazas a Ángeles y al acusado), y, según la parte recurrente, se trata de una prueba que no debe ser estudiada, como ha hecho el Tribunal sentenciador, "de forma individual e inconexa con otras pruebas, tales como las declaraciones de los testigos Victoria y Fidel, pues "los tres coinciden en haber visto a la misma hora y en el mismo sitio a las mismas personas" ("la testigo protegida se encontraba frente a ellos, la Sra. Victoria en el camino de huida del agresor y D. Fidel, en el de la víctima"). "Además, no debemos olvidar lo ya manifestado (...) respecto de la llamada de teléfono, calificada como "enigma" (...)". La parte recurrente, por lo demás, estima que la progresiva concreción de datos facilitados por la NUM001 fue consecuencia de las preguntas que, en cada ocasión, le fueron hechas sobre los hechos de autos.

Sobre la conducta del acusado respecto de su bigote, la parte recurrente dice que se trata simplemente de un "indicio incriminatorio", y se refiere al testimonio de Dª Amanda, la cual recordó "que su marido señaló, dirigiéndose al Sr. Jesús Manuel, "ahora sí que estás feo, Rogelio. Te has quitado el bigote"; añadiendo que "la cuestión de si el señor Jesús Manuel se quitó o no el bigote no sólo es trascendente como indicio incriminatorio de carácter indudable, sino que, además, tiene una trascendencia vital por cuanto viene a reforzar la declaración del NUM001, que fue la primera persona que manifestó dicha cuestión" ("incluso se denegó una prueba (que contaba con la anuencia del Ministerio Fiscal) sobre este particular").

En cuanto a la capacidad deambulatoria, se dice que el traumatólogo que trató al acusado manifestó en el juicio oral "que con esa lesión "sí se puede circular sin muletas, y que el dolor depende del paciente".

En conclusión, entiende la parte recurrente que la sentencia recurrida, "para llegar a la absolución, se apoya en una serie de datos a los que no puede dársele más trascendencia que la de circunstancial", y que, "sin embargo, resta trascendencia de forma exagerada a los indicios y pruebas que sí son realmente de cargo".

La lectura de este motivo pone de manifiesto, claramente, que la parte recurrente se ha limitado en él a criticar, razonadamente, la valoración de las pruebas llevada a cabo por el Tribunal de instancia, y a llevar a cabo, por su parte, también razonadamente, una valoración distinta de las mismas que debería conducir a la condena de acusado.

El Tribunal de instancia, por su parte, ha examinado, también con detalle y razonadamente, las pruebas practicadas y ha concluido absolviendo al acusado en estricta aplicación del principio "in dubio pro reo". Pese a las pruebas de cargo existentes, el Tribunal expone sus dudas fundadas sobre la autoría de la agresión a la víctima; dudas que le llevan a la sentencia absolutoria, pese a reconocer que "durante la instrucción de la causa se llevaron a cabo múltiples y concienzudas diligencias de investigación, cuyo resultado sin duda era suficiente para justificar una imputación sólida contra el procesado Sr. Jesús Manuel en relación con la muerte dolosa de Ángeles, hasta el punto de que tanto el juez instructor como esta misma Sala coincidieron en decretar y mantener su prisión provisional y procesamiento" (v. FJ 2º).

El Tribunal de instancia comienza poniendo de relieve que el acusado ha negado en todo momento la autoría de los hechos, incluso conocer a Ángeles y que, salvo la testigo protegida ( NUM001), ninguno de los cuarenta y cinco testigos que han depuesto en los autos ha podido afirmar que, antes del crimen, hubieran visto al Sr. Jesús Manuel y a Ángeles juntos. Dato importante si se tiene en cuenta que la tesis incriminatoria tanto del Ministerio Fiscal como de la acusación particular "se construye a partir de un dato nuclear: la afirmación de que entre víctima y agresor existía una relación sentimental clandestina" (v. FJ 3º).

Otro dato relevante -según el Tribunal- es que la víctima "pudo declarar (ante sus familiares directos y ante la policía) de forma exhaustiva antes de morir", y, "a todos ellos, contestó reiteradamente que desconocía la identidad del agresor", del que únicamente facilitó "las características físicas que "visualizó" al girarse"; habiendo manifestado sobre el particular "que el agresor era un "joven" de 25 a 30 años, pelo negro, 1,70 de estatura y con bigote que iba vestido de oscuro y llevaba un paraguas negro abierto, pues estaba lloviendo"; manifestación que "guarda cierta similitud con la que expuso el testigo Luis Alberto"(v. FJ 3º).

Todo crimen -casi siempre-, dice el Tribunal, obedece a un móvil determinado, mas, "en el caso que nos ocupa, no consta fehacientemente acreditado que Jesús Manuel tuviera algún móvil para atacar a la víctima". A las amigas y sobrinas de la víctima "les consta que no se interesaba por el sexo opuesto más allá de hablar con jóvenes de su edad y "chatear" en "Internet" con desconocidos"; añadiendo que "la investigación policial exhaustiva del teléfono móvil y el ordenador PC de la víctima (...) pone de manifiesto que jamás existió conexión con el acusado por tales medios electrónicos". No obstante, el Tribunal no puede menos de reconocer la existencia de una "llamada efectuada a las 17,27 horas del 30.9.02 (es decir, dos días antes del crimen) desde el inalámbrico propiedad de la familia Jesús Manuel al teléfono fijo de la casa habitada por la abuela de Ángeles", calificando tal hecho de "un enigma", para luego afirmar que "sin duda nos hallamos ante un indicio claramente incriminatorio, que implica al procesado o su entorno doméstico, pero que -en sí mismo- al ser aislado deviene manifiestamente insuficiente" (v. FJ 4º).

Se refiere, a continuación, el Tribunal a lo que denomina "indicios de descargo" (Vehículo Citroën ZX, pruebas de ADN y cuchillos decomisados), a las que ya nos hemos referido al examinar el desarrollo del motivo. Y, finalmente, se refiere a "las tres pruebas de cargo básicas": A) la declaración de la testigo protegida; B) la conducta del procesado de haberse quitado el bigote durante los días inmediatamente posteriores al hecho; y C) la capacidad deambulatoria del Sr. Jesús Manuel en la fecha de los hechos.

El testimonio del testigo NUM001 es importante, "no tiene ninguna duda que la persona que vio discutir (el día y hora de los hechos) con la víctima era el procesado Sr. Jesús Manuel, pues ya lo había visto una semana antes y volvió a verlo a bordo de un turismo tres días después. (...). Relata también con claridad y coherencia cómo estaba sacando una maceta del interior de su casa a la terraza cuando oyó la disputa verbal en la calle. (...): (sic) "ahora te das cuenta que estás enamorada de otro hombre"; "no te vas a deshacer tan fácilmente de mí"; "¿qué quieres, que lo cuente todo?, "si cuentas algo te mato"; "eres un hijo de puta, Rogelio, mi familia va a saber quién eres".

La Sala -se añade- "no puede ni debe afirmar que la testigo ha faltado a la verdad, (...). Sin embargo, y partiendo del hecho indubitado que no llegó a presenciar la agresión consumada minutos después en la esquina de las calles Alcoi y Pompeu Fabra, pues aclara que entró en la casa cuando ambos reanudaron su marcha, lo más cierto es que tales declaraciones expresadas en el juicio oral vienen precedidas de un extraño "iter procesal" que nos obliga a ponerlas en tela de juicio". Y, a este respecto, el Tribunal destaca que la testigo protegida prestó un total de tres declaraciones (la primera, un mes y veinticuatro días desde la muerte de Ángeles; la segunda, tres meses y medio después del crimen; y la tercera y última en sede policial -dos meses y medio después- aporta nuevos datos de gran trascendencia, entre ellos que "el hombre cojeaba al caminar"), afirmando que, "frente a tal cúmulo de aportaciones graduales (...), el tribunal no puede sino constatar que resulta poco convincente que alguien efectúe un proceso memorístico inverso al esperado y lógico "recuerdo selectivo" de unos hechos", pues "la misma testigo ha admitido en el juicio oral que no le dio mayor importancia a la discusión verbal que presenció". Todo ello lleva al Tribunal a una "duda razonable" que "se acrecienta aún más si tenemos en cuenta que concurren dos datos objetivos que coadyuvan a rechazar la seguridad y firmeza del testimonio. El primero, la constatación palpable de su error en la identificación del vestuario que llevaba la víctima (...). El segundo, que la testigo Victoria siempre ha mantenido que el hombre que vio alejarse con un cuchillo en la mano caminaba con toda normalidad, mientras que la testigo protegida ha cambiado hasta tres veces su versión sobre este punto" (v. FJ 5º).

Respecto del bigote del acusado, dice el Tribunal que "sobre dicha controvertida cuestión en el juicio oral las partes han aportado un total de siete testigos (vecinos del barrio, empleados del bar, operarios y familiares) que sostienen que Jesús Manuel nunca se ha quitado el bigote desde que lo conocen, ni con anterioridad ni con posterioridad al crimen, mientras que otros dos testigos (Sra. Rebeca y Amanda) sostienen lo contrario. Ante tal disparidad de criterios, el Tribunal no puede llegar a ninguna conclusión .." (v FJ 5º).

Por último, sobre la capacidad física deambulatoria del procesado, "también han sido múltiples los testigos de uno y otro signo que han discrepado abiertamente". "El acusado niega rotundamente que entre mayo y diciembre de 2002 pudiera andar sin dicho soporte". "La prueba pericial (...) nos permite deducir que si bien la espondilitis del tobillo izquierdo no le impedía efectuar desplazamientos puntuales cortos entre el piso y el bar sin hacer uso de las muletas, las radiografías practicadas al paciente (...) (cinco días antes del asesinato) ponen de manifiesto que la lesión era cierta, dolorosa e incapacitante para efectuar paseos largos por la calle" (v. FJ 5º).

Tras este examen pormenorizado de las pruebas practicadas, el Tribunal afirma que "todo ello nos lleva a concluir que no ha podido destruirse de forma plena el derecho constitucional a la presunción de inocencia (...), dadas las numerosas dudas razonables que hemos desarrollado) (v. FJ 5º).

A la vista de todo lo expuesto, es evidente que el motivo no puede prosperar. Las argumentaciones de la parte recurrente, sin dejar de reconocer la fuerza de alguna de ellas, carecen, sin embargo, de la entidad necesaria para poder desvirtuar la valoración de la prueba hecha por el Tribunal sentenciador, al que -no lo olvidemos- corresponde propia y exclusivamente tal función (v. art. 117.3 C.E . y art. 741 LECrim .), habida cuenta, en todo caso, de que la valoración de las pruebas efectuada por el Tribunal ha sido explicitada con todo detalle y razonadamente en la resolución impugnada, en forma que no puede considerarse absurda ni arbitraria (v. art. 9.3 CE ), por lo que debe ser respetada, ya que el control casacional no puede rebasar ese ámbito, para adentrarse en una nueva valoración de las pruebas careciendo de todos los esenciales elementos de juicio derivados del principio de inmediación, propio de la instancia.

Por las razones expuestas, el motivo ha de ser desestimado.

El sexto motivo, al amparo del art. 850.1º de la LECrim ., denuncia quebrantamiento de forma por denegación de prueba oportunamente propuesta por la acusación particular.

Dice la parte recurrente que, la acusación particular, antes de finalizar las testificales, "tuvo conocimiento de la existencia de un testigo cuya declaración, (...), acerca de si el acusado se había o no quitado el bigote y sobre si su capacidad deambulatoria estaba mermada, (...) consideró de gran trascendencia".

La proposición de las pruebas es una facultad y una carga de las partes del proceso que han de llevar a cabo en el momento procesal oportuno que, en principio, es el de la calificación provisional (v. arts. 650, 659, 781.1 y 785.1 LECrim .), dado que, como establece el art. 728 de la LECrim ., "no podrán practicarse otras diligencias de prueba que las propuestas por las partes, ni ser examinados otros testigos que los comprendidos en las listas presentadas". Ello no obstante, el art. 729 de la propia ley procesal establece que: "se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior: 1º. Los careos (...) que el Presidente acuerde (...). 2º. Las diligencias de prueba no propuestas por ninguna de las partes que el Presidente considere necesarias (...). 3º. Las diligencias de prueba de cualquiera clase que en el acto ofrezcan las partes para acreditar alguna circunstancia que pueda influir en el valor probatorio de la declaración de un testigo, si el Tribunal las considera admisibles".

Sobre esta cuestión, tiene declarado la jurisprudencia que el ejercicio por el Tribunal de las facultades prevenidas en el art. 729 de la LECrim . no es arbitrario, por lo que puede ser objeto de revisión casacional cuando pueda ocasionar indefensión por limitar de modo no razonable el derecho a la prueba aplicando un criterio excesivamente formalista o restrictivo (v. STS de seis de julio de dos mil ).

En el presente caso, la prueba propuesta por la acusación particular, durante el desarrollo de la vista oral, fue el testimonio de un testigo para que depusiera sobre si el procesado, tras los hechos de autos, se quitó, o no, el bigote que habitualmente tenía.

La parte recurrente se limita a decir -como fundamento del motivo- que "la acusación particular, antes de finalizar las testificales, tuvo conocimiento de la existencia de un testigo cuya declaración, (...), consideró de gran trascendencia", habida cuenta de las dudas que se estaban originando sobre la cuestión del bigote del procesado y sobre su capacidad de deambulación al tiempo de los hechos.

Dado que no consta la existencia de especiales circunstancias que pudieran ser tenidas en cuenta para calibrar la importancia del testimonio propuesto, el hecho de que, sobre los extremos citados, el Tribunal había sido suficientemente ilustrado por el testimonio no concorde de siete personas, en cuanto a la cuestión del bigote del acusado, así como de testigos y peritos, sobre la capacidad de deambulación del mismo en las fechas de autos, no cabe apreciar en la decisión del Tribunal el quebrantamiento de forma denunciado.

Procede, en conclusión, la desestimación de este motivo.

El quinto motivo, por el cauce procesal del art. 849.2º de la LECrim ., denuncia error de hecho en la apreciación de la prueba que pretende acreditarse con los siguientes documentos: a) Documento privado, obrante al folio 161, donde se recoge "que se realizó una llamada telefónica desde el (...) teléfono fijo de la vivienda particular de Jesús Manuel (...), al teléfono (...) (de la) abuela de la víctima .."; b) Documento obrante al folio 353, en el cual informa Telefónica que la permanencia de las llamadas en la base de datos es de cinco semanas: y, c) Documento obrante al folio 681, en el que Telefónica contesta el oficio en el que se solicita relación de llamadas entrantes y salientes del número NUM002 (teléfono fijo de la vivienda del procesado) durante el período 15.07.2002 al 15.10.2002.

El motivo no puede prosperar: a) porque la parte recurrente no ha designado concretamente las declaraciones de los documentos citados que se opongan a las de la resolución recurrida (v. art.884.4º y 6º LECrim .); b) porque el único documento ciertamente relevante, en principio, es el primero, pero se trata de un documento que encuentra su adecuado reflejo, y es valorado adecuadamente, en la sentencia recurrida (v. FJ 4º, pág. 16); y, c) porque de los otros dos documentos nada se dice que pudiera considerarse con relevancia jurídica para el enjuiciamiento de los hechos objeto de la presente causa penal.

Por las razones expuestas, procede la desestimación de este motivo.

El motivo tercero, con sede procesal en el núm. 1º del art. 849 de la LECrim ., denuncia infracción de ley, "por inaplicación del art. 142 del Código Penal ".

Alega la parte recurrente en pro de este motivo que, según los informes periciales de que dispuso el Tribunal de instancia, "la negligencia médica imputada al Dr. Juan Ramón se basaba en dos criterios esenciales: no haber sabido interpretar correctamente el TAC, con la pérdida de sangre que del mismo se deducía y que, a la postre, determinó la muerte de Ángeles, y el hecho de que debía haberse apreciado, asimismo, la existencia de dicha hemorragia dada la poca reacción que a la enferma le produjeron las distintas trasfusiones de sangre a que fue sometida". Parece indubitado el hecho de que "si se hubiera tenido conocimiento de la lesión real de Ángeles, lo normal hubiera sido intervenir quirúrgicamente de forma inmediata (lesión de hígado y riñón).

El Tribunal de instancia ha descartado la calificación de los hechos imputados al acusado Dr. Juan Ramón como constitutivos de un delito de homicidio imprudente, poniendo de manifiesto que "en el caso concreto de la culpa médica, se ha venido admitiendo que no existe negligencia inexcusable cuando se comete un error de diagnóstico (excepto cuando sea de tal magnitud y flagrancia que resulte casi inexplicable)"; y porque "la asistencia médica prestada por el Dr. Juan Ramón a la paciente Ángeles desde que ésta ingresó en el hospital (sobre las 15 horas) hasta aproximadamente las 18,30 horas, fue correcta ya que se ajustó en todo momento a los protocolos de actuación sanitaria"; y, porque los peritos, con leves matizaciones, han coincidido en que "el resultado de las pruebas analíticas realizadas, el escáner (TAC), la exploración física de la paciente y los controles constantes vitales, tensión arterial y diuresis, fueron pautadas y ejecutadas adecuadamente, sin que de su resultado se desprendiera la necesidad -ni tan siquiera la conveniencia- de efectuar una laparotomía de urgencia" ("tan solo ha discrepado de dicho dictamen -coincidente en lo esencial- el Dr. Vicente, perito propuesto por la acusación particular").

No obstante lo dicho, el Tribunal estima que la conducta de este acusado merece censura jurídica, a partir del momento (18,30 horas) en que se produjo un cambio sustancial en el curso clínico que hasta entonces presentaba la lesionada, "a pesar de lo cual, el procesado no adoptó ninguna decisión más allá de ordenar (...) simples medidas paliativas", de tal modo que "cuando a las 20,15 horas modificó su actitud conservadora y ordenó los preparativos de quirófano para operar, ya era demasiado tarde para evitar el resultado final irreversible", y, por ello, estima que esta conducta del acusado "merece el reproche penal por conducta omisiva negligente, en sede de falta" (v. art. 621.2 C. Penal ).

Según reiterada jurisprudencia, relativa a la imprudencia médica: a) no cabe incriminar como delito el simple error científico o diagnóstico equivocado, salvo cuando cualitativa o cuantitativamente resulte de extremada gravedad; b) tampoco, el carecer el facultativo de una pericia extraordinaria o de cualificada especialización; y, c) siempre, es preciso analizar puntualmente las circunstancias concurrentes en el caso de que se trate (v., por todas, STS de 3 de octubre de 1997 ); y, en este sentido, es preciso destacar: 1º) que, en el presente caso, las medidas adoptadas inicialmente por el acusado (ingreso en el "box" de urgencias, práctica inmediata de un TAC abdominal, análisis de sangre, toma de tensión arterial, control periódico y colocación de un drenaje) han sido calificadas por los peritos médicos como adecuadas; 2º) que, en la sesión clínica efectuada antes de que transcurrieran dos horas desde el ingreso de la joven en el hospital con asistencia del acusado, de la radióloga y el urólogo del hospital, se decidió continuar con el tratamiento pautado por el acusado ("a la vista de que el TAC sólo objetivaba una herida en el polo superior del riñón derecho, con laceración parcial y hematoma subcapsular, que no asociaron a hemorragia de sangre" -v. HP 3º); y, 3º) que "la naturaleza de la lesión hepática no detectada -perforación de la vena porta- era de tal gravedad que el riesgo de muerte era muy elevado", ya que "las estadísticas clínicas recogen una tasa de mortalidad entre el 85 y 90 por ciento, lo que indica que incluso habiendo practicado la laparotomía a la joven herida de forma inmediata a su ingreso en el hospital, (...), el cálculo de probabilidades de "exitus" era muy alto" (v. FJ 7º).

No es posible apreciar la infracción de ley denunciada en este motivo, habida cuenta de la doctrina jurisprudencial citada y del conjunto de circunstancias concurrentes en el presente caso. Procede, en conclusión, la desestimación de este motivo.

El cuarto motivo, finalmente, con sede procesal en el art. 849.1º de la LECrim ., denuncia también infracción de ley, en relación con los arts. 109 y ss. del CP , y en particular con el art. 115 CP ), "por error en el cómputo de las indemnizaciones establecidas en la sentencia".

Considera la parte recurrente que la indemnización de 60.000 ¤ establecida en la sentencia es, a todas luces insuficiente; ya que la imprudencia cometida, a pesar de ser leve, "determinó el resultado de muerte de la paciente". De ahí que se estime procedente, "en aplicación de los baremos establecidos por la ley de seguro", una indemnización básica de 82.754,87 ¤ que, con los correspondientes factores de corrección, supone una indemnización máxima de 124.122,3 ¤.

El Tribunal de instancia afirma que la responsabilidad criminal comporta la inexorable condena al culpable a que indemnice a los causahabientes de la víctima "por el daño moral causado", y estima que "el resarcimiento del daño causado por la muerte alevosa de Ángeles debe imputarse al culpable del asesinato cuya identidad fehaciente se ignora por el momento", y que aplicando analógicamente el baremo establecido por la Ley 30/95 , establece la suma de 60.000 euros a favor de los progenitores; declarando la responsabilidad civil directa de la Compañía de Seguros Zurich, S.A. y la responsabilidad civil subsidiaria del Hospital Mutua Terrassa (V. FJ 10º).

El Ministerio Fiscal solicitó se impusiera al Dr. Juan Ramón la obligación de indemnizar a los padres de Ángeles en 45.000 euros a cada uno (v. Antecedente de Hecho 3º), y la acusación particular reclamó, en concepto de responsabilidades civiles, 200.000 euros a cargo de este acusado (v. A. de H. 4º).

En relación con los daños morales, a los que se extiende la obligación de indemnizar (v. arts. 110.3º y 113 C. Penal ), tiene declarado la jurisprudencia que, en principio, no necesitan prueba "cuando su existencia se infiere inequívocamente de los hechos" -como, sin duda, ocurre con la muerte de un hijo-, pero su indemnización presenta la grave dificultad de la imposibilidad de su cuantificación, por lo cual se reconoce un amplio arbitrio judicial a la hora de su concreción, con el límite que siempre implican las cantidades solicitadas por las partes acusadoras que, en ningún caso, podrán sobrepasar los Tribunales.

En el presente caso, el Tribunal de instancia, tras destacar que el principal responsable de la muerte de Ángeles fue el autor del asesinato (y, por tanto, también deberá serlo de la consiguiente responsabilidad civil "ex delicto"), aplica, con un criterio analógico, las normas establecidas en nuestro ordenamiento jurídico para la determinación de las indemnizaciones procedentes en materia de tráfico (normas de indudable valor orientativo, en todo caso), y, en último término, no rebasa las cantidades solicitadas por las partes acusadoras.

No es posible, por todo lo dicho, apreciar la infracción de ley denunciada en este motivo.

III.