ATS, 25 de Febrero de 2003
| Ponente | D. TEOFILO ORTEGA TORRES |
| ECLI | ES:TS:2003:2138A |
| Número de Recurso | 539/2002 |
| Procedimiento | Exequatur |
| Fecha de Resolución | 25 de Febrero de 2003 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
AUTO
En la Villa de Madrid, a veinticinco de Febrero de dos mil tres.ANTECEDENTES
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- El Procurador de los Tribunales Sr. Rodríguez Nogueira, en representación de D. Cornelio, formuló demanda de exequatur de la sentencia de fecha 5 de junio de 1.986, dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua (Maracay), República de Venezuela, por la que se pronunció el divorcio entre su representado (demandado en el juicio de origen) y Dª. Lidia.
El matrimonio disuelto había sido celebrado en Barcelona, España, el 5 de diciembre de 1.974 e inscrito en el Registro Civil español.
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- Los contrayentes eran ambos españoles y residentes en España; al tiempo de promover el juicio de divorcio ante la jurisdicción venezolana, eran residentes en la República de Venezuela; cuando pidió justicia a esta Sala, el solicitante era español y residente en la República de Venezuela.
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- Se han aportado los documentos siguientes: copia apostillada de la ejecutoria cuyo reconocimiento se pretende, con expresión de su firmeza; certificado de inscripción del matrimonio en el Registro Civil español.
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- El Ministerio Fiscal dijo que no se oponía al exequatur.
HA SIDO PONENTE EL MAGISTRADO EXCMO. D.Teófilo Ortega Torres
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- No habiendo tratado con la República de Venezuela ni norma internacional en materia de reconocimiento y ejecución de sentencias que resulte aplicable, debe estarse al régimen general del artículo 954 L.E.C. (de 3 de febrero de 1.881) -que mantiene su vigencia conforme establece la Disposición Derogatoria Única, apartado primero, excepción tercera, de la LEC 1/2000, de 7 de enero-, al no estar acreditada la reciprocidad negativa (art. 953 de la citada Ley de 1881).
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- Resulta probada la firmeza de la sentencia, según la ley del Estado de origen; la firmeza de la sentencia, cuyo exequatur se pretende, viene exigida, cualquiera que sea el régimen de reconocimiento, por el artículo 951 (de la citada Ley de 1881) -que sobre este extremo, no es únicamente atinente al régimen convencional, si se lee junto con los preceptos siguientes- y reiterada doctrina de esta Sala.
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- El requisito 1º del art. 954 (de la citada LEC 1881) ha de entenderse cumplido habida cuenta de la naturaleza personal de la acción de divorcio.
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- En cuanto al requisito 2º del mismo artículo 954, se tiene por probado que el solicitante de exequatur fue demandado en el juicio de origen, por lo que, según reiterado criterio de esta Sala, se han de tener por satisfechas todas las garantías que imponen el derecho de defensa y la proscripción de la indefensión (por todos, AATS de 24-3-98, 31-3-98, 7-4-98, 26-1-99, 13-4-99, 28-3-2000, 4-7- 2000, 14-11-2000, 30-1-2001, 20-2-2001, 13-3-2001, 30-10-2001, 6-11-2001, 28-12-2001, 22-01-2002, 16-7-2002, 15-10-2002 y 26-11-2002 entre otros).
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- Por lo que interesa al requisito 3º del precitado artículo 954, la conformidad con el orden público español -en sentido internacional- es plena: el artículo 85 del Código Civil establece la posibilidad del divorcio cualesquiera que sean la forma y tiempo de celebración del matrimonio.
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- La autenticidad de la resolución, según exige el artículo 954.4º, está garantizada por la apostilla con la que se ha diligenciado y tal y como obra en autos.
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- No hay razón para considerar que la competencia judicial internacional de los Tribunales de la República de Venezuela haya nacido de las partes en busca fraudulenta de un foro de conveniencia (artículos 6º.4 Código Civil y 11.2 L.O.P.J.); el artículo 22.2 y 3 L.O.P.J. no establece foros de competencia exclusiva, lo que sí hace el artículo 22.1 de la misma Ley Orgánica, pero sin que en el presente caso concurran ninguno de los foros determinantes de ella en favor de los tribunales españoles; por el contrario, hay una conexión que no puede desconocerse, como es el domicilio de los cónyuges en la República de Venezuela al tiempo de promoverse el juicio de divorcio ante la jurisdicción venezolana, razón ésta que permite considerar fundada la competencia de los Tribunales de origen, y, por ende, excluir el fraude en cuanto a la ley aplicada al fondo del asunto, cuestión vinculada a la anterior.
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- No consta contradicción o incompatibilidad material con decisión judicial recaída o proceso pendiente en España.
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- Otorgamos exequatur a la sentencia dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua (Maracay), República de Venezuela, de fecha 5 de junio de 1.986, por la que se acordaba el divorcio de Cornelioy Lidia, quienes habían contraído matrimonio en Barcelona, España, el día 5 de diciembre de 1.974, inscrito en el Registro Civil español.
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- Líbrense los despachos a que se refiere el art. 958 L.E.C. de 1.881.
Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, de lo que com Secretario, certifico.
