ATS, 30 de Marzo de 2004
| Ponente | D. IGNACIO SIERRA GIL DE LA CUESTA |
| ECLI | ES:TS:2004:4199A |
| Número de Recurso | 774/2003 |
| Procedimiento | Exequatur |
| Fecha de Resolución | 30 de Marzo de 2004 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
AUTO
En la Villa de Madrid, a treinta de Marzo de dos mil cuatro.I. ANTECEDENTES DE HECHO
-
- La Procuradora de los Tribunales Srª. Dª. Mercedes Albi Murcia en representación de Dª. Julieta, formuló demanda de exequátur de la sentencia de fecha 10 de diciembre de 2002, dictada por el Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, República de Venezuela, por la que se pronunció el divorcio de común acuerdo entre su representada y D. Francisco.
El matrimonio disuelto había sido celebrado en San José de Valencia (Venezuela) 26 de septiembre de 1985, habiendo sido inscrito en el Registro Civil.
-
- Al tiempo de promover el juicio de divorcio ante la jurisdicción venezolana la esposa era venezolana, en tanto que el esposo ostentaba la nacionalidad española, residiendo ambos en el Estado de origen; cuando pidió justicia a esta Sala, la solicitante era española y residente en España.
-
- Se han aportado, entre otros documentos, copia apostillada de la ejecutoria cuyo reconocimiento se pretende, con expresión de su firmeza; certificación de la inscripción del matrimonio en el Registro Civil español.
-
- El Ministerio Fiscal dijo que no se oponía al exequátur.
HA SIDO PONENTE EL MAGISTRADO EXCMO. D.Ignacio Sierra Gil de la Cuesta
-
- No habiendo tratado con la República de Venezuela ni norma internacional en materia de reconocimiento y ejecución de sentencias que resulte aplicable, debe estarse al régimen general del artículo 954 L.E.C. (de 3 de febrero de 1.881) -que mantiene su vigencia conforme establece la Disposición Derogatoria Única, apartado primero, excepción tercera, de la LEC 1/2000, de 7 de enero-, al no estar acreditada la reciprocidad negativa (art. 953 de la citada Ley de 1881).
-
- Resulta probada la firmeza de la sentencia, según la ley del Estado de origen; la firmeza de la sentencia, cuyo exequátur se pretende, viene exigida, cualquiera que sea el régimen de reconocimiento, por el artículo 951 (de la citada Ley de 1881) -que sobre este extremo, no es únicamente atinente al régimen convencional, si se lee junto con los preceptos siguientes- y reiterada doctrina de esta Sala.
-
- El requisito 1º del art. 954 (de la citada LEC 1881) ha de entenderse cumplido habida cuenta de la naturaleza personal de la acción de divorcio.
-
- En cuanto al requisito 2º del mismo artículo 954, se tiene por probado que el divorcio fue promovido por ambos cónyuges de común acuerdo.
-
- Por lo que interesa al requisito 3º del precitado artículo 954, la conformidad con el orden público español -en sentido internacional- es plena: el artículo 85 del Código Civil establece la posibilidad del divorcio cualesquiera que sean la forma y tiempo de celebración del matrimonio.
-
- La autenticidad de la resolución, según exige el artículo 954.4º, está garantizada por la apostilla con la que se ha diligenciado y tal y como obra en autos.
-
- No hay razón para considerar que la competencia judicial internacional de los Tribunales de la República de Venezuela haya nacido de las partes en busca fraudulenta de un foro de conveniencia (artículos 6º.4 Código Civil y 11.2 L.O.P.J.); el artículo 22.2 y 3 L.O.P.J. no establece foros de competencia exclusiva, lo que sí hace el artículo 22.1 de la misma Ley Orgánica, pero sin que en el presente caso concurran ninguno de los foros determinantes de ella en favor de los tribunales españoles; por el contrario, hay conexiones que no pueden desconocerse, como es la residencia de los esposos en el Estado de origen al tiempo del divorcio, razones éstas que permiten considerar fundada la competencia de los Tribunales venezolanos, y, por ende, excluir el fraude en cuanto a la ley aplicada al fondo del asunto, cuestión vinculada a la anterior.
-
- No consta contradicción o incompatibilidad material con decisión judicial recaída o proceso pendiente en España.LA SALA ACUERDA
Otorgamos exequátur a la sentencia dictada por el Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, República de Venezuela, de fecha 10 de diciembre de 2002, por la que se pronunció el divorcio de común acuerdo entre Dª. Julietay D. Francisco, quienes habían contraído matrimonio en San José de Valencia (Venezuela) el 26 de septiembre de 1985.
Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, de lo que com Secretario, certifico.
