STS, 3 de Junio de 2013

Con fecha 11 de enero de 2.012, el Juzgado de lo Social núm. 15 de Valencia, dictó sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: <<Que, teniendo a la parte actora por desistida de la acción entablada frente a la FUNDACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL CONSERVATORIO "PERFECTO GARCÍA CHORNET" y estimando la excepción de caducidad de la acción entablada, opuesta por el AYUNTAMIENTO DE CARLET, debo absolver y absuelvo en la instancia a la referida demandada, de las pretensiones deducidas frente a la misma por don Benjamín >>.

En dicha sentencia se declararon probados los siguientes hechos: « 1º.- Que el demandante, don Benjamín , ha venido prestando sus servicios inicialmente por cuenta de la FUNDACION PÚBLICA MUNICIPAL CONSERVATORIO "PERFECTO GARCIA CHORNET" desde el 5 de octubre de 1.992 en virtud de diversos contratos temporales a tiempo parcial como profesor de música, hasta que, disuelta la referida Fundación por Acuerdo Plenario del AYUNTAMIENTO DE CARLET, fue sucedida de manera universal por el mismo con efectos desde el 1 de enero de 2.010, pasando el demandante desde entonces a prestar servicios por cuenta de dicha Corporación Municipal, que se hizo cargo de sus salarios abonándoselos desde entonces por cuenta de la prestación de 25 horas semanales en cuantía media mensual de 2.272,36 euros, incluida la parte proporcional de pagas extraordinarias.- 2º.- Que, el demandante tomó posesión como músico en propiedad a jornada completa de la Banda Municipal de Castellón, el 28 de julio de 2.011, fecha de su nombramiento funcionarial.- 3º.- Que, advertido el Ayuntamiento de Carlet de la duplicidad de prestaciones de servicios y advirtiéndole que incurría en incompatibilidad, requirió por escrito al demandante para que optara por una de las dos plazas, contestando el actor mediante escrito de 28 de julio de 2.011 que entendía que no existía la aludida incompatibilidad solicitando se dejara sin efecto el mencionado requerimiento.- 4º.- Que mediante resolución de fecha 29 de septiembre de 2.011, con fecha de salida 5 de octubre y notificada al demandante al día 6 de octubre de 2.011, cuyo contenido por su extensión y por figurar incluida en el expediente administrativo como documento numerado 6 se tiene por reproducida a esos solos efectos, el Ayuntamiento acordaba desestimar la solicitud del demandante de compatibilidad de ambos nombramientos y considerar al demandante en situación de excedencia derivada del artículo 10 de la Ley 53/84 de incompatibilidades, con suspensión de la relación laboral mientras durara la incompatibilidad y con derecho a reingresar cuando desaparezca tal causa por cese en dicho puesto de trabajo.- 5º.- Que el día 8 de noviembre de 2.011, el demandante presentó papeleta de conciliación ante el S.M.A.C. frente a la FUNDACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL CONSERVATORIO "PERFECTO GARCÍA CHORNET" a cuyo acto compareció el Ayuntamiento de Carlet, efectuando las manifestaciones que en el acta constan, celebrándose acto de conciliación el 29 de noviembre de 2.011 con resultado de concluido sin avenencia. El 11 de noviembre de 2.011 el actor también presentó reclamación previa frente al Ayuntamiento de Carlet que el mismo desestimó por resolución expresa de fecha 29 de noviembre de 2.011 y fecha de salida de 1 de diciembre de 2.011. El 29 de noviembre de 2.011 se interpuso la demanda».

Interpuesto recurso de suplicación contra la anterior resolución, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, dictó sentencia con fecha 15 de mayo de 2.012 , en la que consta la siguiente parte dispositiva: <<Que debemos desestimar y desestimamos el Recurso de Suplicación interpuesto en nombre de D. Benjamín contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 15 de Valencia de fecha 11-01-12 en virtud de demanda formulada por el mismo, y en su consecuencia, debemos confirmar y confirmamos la sentencia recurrida>>.

Contra la sentencia dictada en suplicación, se formalizó, por la representación procesal de D. Benjamín el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, alegando la contradicción existente entre la sentencia recurrida y la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 23 de mayo de 2.006 .

Por providencia de esta Sala de 15 de noviembre de 2.012, se admitió a trámite el presente recurso, dándose traslado del mismo a la parte recurrida para que formalizara su impugnación en el plazo de diez días.

Evacuado el trámite de impugnación, se dio traslado al Ministerio Fiscal para informe, dictaminado en el sentido de considerar el recurso procedente, e instruido el Excmo. Sr. Magistrado Ponente, se declararon conclusos los autos, señalándose para la votación y fallo el 28 de mayo de 2.013, fecha en que tuvo lugar.

La cuestión que se plantea en el presente recurso de casación para la unificación de doctrina consiste en determinar si resulta aplicable en el ámbito del cómputo del plazo de caducidad del despido que previene el artículo 59.3 del Estatuto de los Trabajadores , el artículo 135.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil cuando se interpone la demanda de conciliación en los términos previstos en éste precepto, esto es, dentro de las 15 horas del "día 21" del plazo referido, y la demanda ante el Juzgado de los Social el mismo día en que se lleva a cabo la conciliación sin avenencia.

Recordemos que el número 1 del artículo 135 LEC dice lo siguiente:

"Artículo 135. Presentación de escritos, a efectos del requisito de tiempo de los actos procesales.

1. Cuando la presentación de un escrito esté sujeta a plazo, podrá efectuarse hasta las quince horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo, en el servicio común procesal creado a tal efecto o, de no existir éste, en la sede del órgano judicial."

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en la sentencia de fecha 15 de mayo de 2.012 que ahora se recurre en casación para la unificación de doctrina, desestimó el recurso que el demandante había planteado frente a la sentencia de instancia, que a su vez declaró caducada la acción de despido. En este caso, el actor había recibido la comunicación del demandado Ayuntamiento de Carlet, que valoró como despido, el 6 de octubre de 2011, en la que se procedía a su cese por la existencia una pretendida situación de incompatibilidad entre dos puestos públicos. Planteó papeleta de conciliación ante el correspondiente órgano administrativo el 8 de noviembre de ese año, celebrándose dicho acto sin avenencia el 29 de noviembre y ese mismo día presenta la demanda por despido.

En consecuencia, descontados los días inhábiles -no se discute éste extremo- la conciliación se planteó el día número 21 del cómputo, antes de las 15 horas, lo que tampoco es objeto de debate. Para la sentencia recurrida, después de afirmar que se entraba en el análisis de la conciliación y la incidencia de la caducidad en ese momento por ser más favorable al demandante -la necesaria reclamación previa se presentó el 11 de noviembre- se afirma que "tras descontarse en el ínterin existente todas las fechas coincidentes con días festivos oficiales, sábados y domingos, que no computan a la hora de determinar el válido ejercicio de la acción, resulta que el inicio de aquél se debe situar el 7 de octubre y su conclusión el 8 de noviembre, que es precisamente el día vigésimo primero hábil a efectos del cómputo, y por tanto superando en un día el legal de veinte señalado en el artículo 59.3 del ET . Sería correcta la argumentación del recurrente en el supuesto de que se hubiera presentado la papeleta de conciliación en el SMAC el día vigésimo, en cuyo caso la presentación de la demanda en el Juzgado al día siguiente hábil, cumpliéndose el resto de requisitos señalados en la LEC, haría viable la acción ejercitada al ser el vigésimo primero, pero lo que no es posible es una interpretación retorcida de la norma máxime se trata de un plazo de caducidad a todos los efectos".

En el recurso de casación para la unificación de doctrina que ahora se interpone frente a la referida sentencia se denuncia por el trabajador demandante la infracción de lo previsto en el artículo 135.1 LEC en relación con los artículos 59.3 ET y 65 LRJS , proponiendo como sentencia de contraste la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia el 23 de mayo de 2.006 . En ella se trata también de una reclamación por despido en la que el día vigésimo después de la comunicación del cese es el inmediatamente anterior a la presentación de la papeleta de conciliación ante el órgano administrativo correspondiente, y se produce el planteamiento de la demanda el mismo día en que se celebra el acto de conciliación sin avenencia, centrándose también el debate jurídico en determinar si resulta aplicable en el caso el artículo 135.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , lo que supone la posibilidad de presentar válidamente el escrito de conciliación ante dicho organismo antes de las 15 horas del siguiente día, que sería el número 21 del cómputo del plazo de caducidad previsto en el artículo 59.3 del Estatuto de los Trabajadores . En ese debate, la sentencia de contraste llega a una conclusión totalmente opuesta a la que se mantiene en la sentencia recurrida, pues entiende que la interpretación ponderada desde la perspectiva constitucional que ofrece el artículo 24 CE y la doctrina del TC que se cita en ella ( STC 252/2004 ), conducen a considerar que resulta aplicable el precepto de la LEC que antes hemos transcrito al supuesto que allí se resolvía. Ante hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales, las sentencias comparadas llegan a soluciones contrapuestas, lo que determina la necesidad de que esta Sala entre a conocer del asunto planteado, estableciendo la doctrina que resulte ajustada a derecho, tal y como se desprende del artículo 219 de la LRJS .

La exigencia que contiene el artículo 59.3 ET de que la demanda por despido se plantee dentro del plazo de caducidad de 20 días hábiles, se ha de completar en el ámbito de las pretensiones de quien desea combatir la decisión en dos momentos distintos, ambos con relevancia en el proceso por despido.

La primera actuación que el reclamante ha de llevar a cabo es la de intentar la conciliación previa ante el correspondiente servicio administrativo, tal y como se decía en el artículo 63 LPL , aplicable al caso puesto que el despido se produjo antes de la entrada en vigor del nuevo artículo 63 LRJS , lo que por otra parte resulta irrelevante en el supuesto que analizamos, puesto que los términos en que se regula ese trámite son iguales.

Dice el referido precepto "será requisito previo para la tramitación del proceso el intento de conciliación o, en su caso, de mediación ante el servicio administrativo correspondiente o ante el órgano que asuma estas funciones ..." . Sobre éste precepto y la incidencia que en el mismo tiene el plazo de caducidad que prevé el número 3 del artículo 59 ET , ésta Sala ha tenido ocasión de pronunciarse en muchas ocasiones, poniendo de relieve con frecuencia la muy especial naturaleza de ese requisito previo al proceso por despido y en relación con la caducidad.

Así y en primer lugar, debemos afirmar que desde la sentencia de esta Sala de 6 de febrero de 1.970 dictada en interés de Ley y recordada en la STS de 17 de septiembre de 1.992 (recurso 1778/1991 ) citada ésta por la sentencia de contraste, no cabe computar para determinar ese plazo ni el día en que se interpone la conciliación, ni aquél en que se lleva a cabo.

Por otra parte, desde hace tiempo se ha venido considerando como un plazo de caducidad verdaderamente singular, pues su teórica naturaleza sustantiva siempre se ha visto afectada por incidencias normativas o regulaciones legales típicamente procesales, como son la exclusión de los sábados (y del 24 y 31 de diciembre) como días hábiles desde la reforma del artículo 182.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial introducida por la LO 19/2003, que vino a establecer la inhabilidad a efectos procesales de tales días, y la jurisprudencia de ésta Sala que vino a zanjar la polémica sobre la aplicación de esa norma, en principio dirigida a las actuaciones puramente procesales, a la manera de computar la caducidad en el despido. SSTS de 23 de enero de 2.006 (recurso 1604/2005 ), 31 de mayo de 2.007 (recurso 4076/2005 ), 17 de abril de 2.007 (recurso 3074/2005 ) o 21 de diciembre de 2.009 (recurso 726/2009 ), entre otras muchas. Por último, el artículo 103.1 de la nueva LRJS expresamente excluye los sábados, domingos y festivos de la sede del órgano jurisdiccional para el cómputo de los 20 días de la repetida caducidad.

En esa doctrina se dice resumidamente que "1) el plazo de caducidad de la acción de despido "tiene una conexión directa con un futuro proceso en cuanto que la válida iniciación del mismo depende de (su) cumplimiento" ( STS 10-11-2004 ); 2) sería "contrario a la lógica" y "contrario a la tutela judicial efectiva que los tribunales deben dispensar" computar como hábil un día de la semana declarado inhábil, y en el que por eso no es posible presentar la demanda" ( STS 23-1-2006, rec. 1604/2005 ) ); y 3) el art. 182 LOPJ declara inhábiles "los sábados y domingos, los días 24 y 31 de diciembre, los días de fiesta nacional y los festivos a efectos laborales en la respectiva Comunidad Autónoma o localidad" y no resultaría razonable "escindir la enumeración, para darle unos efectos distintos a los sábados, que los que son propios de los señalados para los restantes días incluidos en ella".

Muestra también de esa naturaleza especial, compleja, no puramente administrativa, de la conciliación laboral en materia de despido y del propio plazo de caducidad y su incidencia en las vicisitudes de la conciliación previa, es el hecho de que ese plazo previsto en el artículo 59.3 del Estatuto de los Trabajadores , en el artículo 103.1 de la derogada Ley de Procedimiento Laboral , aplicable en el caso por razones temporales, y ahora en precepto del mismo número en la Ley de la Jurisdicción Social, se regulase en la propia norma procesal, lo que impregna ese trámite de ciertas características propias, que lo alejaban de una posible naturaleza puramente administrativa y ajena al proceso laboral.

También resulta significativo que la jurisprudencia de ésta Sala haya afirmado que no resultaba aplicable el artículo 48.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y que en materia laboral hay que estar a las previsiones del ET y LPL, y subsidiariamente a las de la Ley de Enjuiciamiento Civil ( STS de 4 de octubre d 2.005 -recurso 3318/2004 -).

Con ello, discrepamos de uno de los argumentos utilizados por el Ministerio Fiscal en su meticuloso informe, aunque coincidamos en que la doctrina ajustada a derecho se encuentra en la sentencia de contraste. No resulta aplicable en este caso el artículo 47 de la Ley 30/1992 , de RJAP, relativo a la obligatoriedad de términos y plazos para la Administración, en el que, como no podía ser de otra forma, dice que "Los términos y plazos establecidos en ésta u otras leyes obligan a las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos, así como a los interesados en los mismos" . En opinión de la Sala, la norma establece la necesidad de que sean tenidos en cuenta tales plazos y términos para las actuaciones administrativas por las Administraciones que tramiten los asuntos de su competencia, pero no se refiere a actuaciones distintas, ajenas a la Administración y sus potestades, en sentido propio, y con incidencia directa en el proceso, como es el artículo 135.1 LEC .

En resumen: la conciliación previa ante los servicios que están encargados de tramitar ese requisito previo al proceso no es realmente un procedimiento administrativo incrustado en el laboral, o una especie de reclamación planteada ante un órgano administrativo, de perfiles y características típicamente administrativas en el sentido previsto en aquélla norma, la Ley 30/1992, y desde luego tampoco es algo en cierto modo independiente, como hemos dicho, del proceso laboral, sino que realmente se trata de una actuación exigible para acceder a la jurisdicción, un trámite profundamente impregnado de principios y valores procesales de características propias.

De hecho, el Órgano de conciliación que lleva a cabo esos actos de evitación del proceso, no actúa en ellos de manera típica o característica de las Administraciones Públicas, puesto que no puede producir resoluciones autónomas o tomar decisiones propias distintas de las que se derivan de su función, regulada y encaminada a la evitación del proceso laboral, o en caso de no avenencia, abrir la puesta al proceso una vez cumplido el trámite.

Partiendo entonces las premisas anteriores podemos afirmar, como acertadamente hace la sentencia de contraste, que el plazo de caducidad previsto en el artículo 59.3 ET para el ejercicio de la acción de despido queda gráficamente "congelado" durante la sustanciación de la conciliación, esto es, desde el día en que se interpone la papeleta de conciliación hasta aquél en que se lleva a cabo la misma. Por tanto, teniendo cuenta esa naturaleza de la conciliación, tal y como hemos razonado, en absoluto desvinculada del proceso, no hay motivo para la no aplicación del artículo 135.1 de la LEC y, por el contrario, cabe en consecuencia entender que si la conciliación no ha "consumido" ningún día del plazo de caducidad, deberá hacerse un paréntesis con ese tiempo, de manera que cuando el día 20 es el inmediatamente anterior a la demanda de conciliación, ésta podría interponerse -como podría haberse hecho con la demanda por despido- hasta las 15 horas del día siguiente a la finalización de tal plazo, esto es, hasta las quince horas del día número 21, puesto que en la fase final, la demanda procesal realmente se interpuso el mismo día de la conciliación celebrada sin avenencia, por lo que ningún día se consumió con ello del repetido plazo.

En consecuencia, en el caso que resolvemos, tal y como afirma el Ministerio Fiscal en su informe, la interpretación que se ha dado de los preceptos en juego ha de conducir a la conclusión de que si el actor interpuso el día 8 de noviembre -el día siguiente al plazo de 20 días- la papeleta de conciliación antes de las 15 horas, realmente actuó dentro de plazo, pues ese día resultaba legalmente posible hacerlo de manera eficaz en derecho, cuando la demanda por despido se planteó el mismo día en que se celebró el acto de conciliación sin avenencia.

En contra de la opinión de la parte recurrida, manifestada en su escrito de impugnación del recurso, no resulta aplicable en éste caso nuestra sentencia de 16 de enero de 2.007, dictada en el recurso 3127/2005 , puesto que en ella se apreció la concurrencia de un requisito de inadmisibilidad, como era la ausencia de contradicción entre las sentencia comparadas en el recurso de casación para la unificación de doctrina, razón por la que no contiene realmente doctrina unificada. Además en ella se contemplaba un supuesto completamente distinto, relacionado con el cómputo o no de los sábados como días hábiles a los efectos de la caducidad de la acción por despido, cuestión ajena a la que aquí resolvemos, y que además ya fue unificada por la Sala en otras sentencias, en el sentido antes indicado.

Por último, de la misma manera que se razona en la sentencia de contraste, las afirmaciones anteriores y la decisión de posibilitar la aplicabilidad del artículo 135.1 LEC al caso de autos se adapta plenamente a la necesidad de proporcionalidad que el artículo 24.1 CE y el principio pro actione, en la forma que han sido aplicados e interpretados por el Tribunal Constitucional, exigen. Como se afirma en la STC 220/2012, de 26 de noviembre , "... en relación con la aplicación de los plazos de prescripción y de caducidad ... en lo relativo a la interpretación de la actuación procesal de las partes con relevancia para el adecuado cumplimiento de los requisitos de admisibilidad de una acción ... los órganos jurisdiccionales ordinarios han de llevar a cabo una ponderación de los defectos que adviertan en los actos procesales de las partes, guardando la debida proporcionalidad entre el defecto cometido y la sanción que debe acarrear, procurando siempre que sea posible la subsanación del defecto, favoreciendo la conservación de la eficacia de los actos procesales y del proceso como instrumento para alcanzar la efectividad de la tutela judicial (por todas, STC 194/2009, de 28 de septiembre , FJ 1), ello sin perjuicio, claro está, de la indudable importancia de las instituciones de la prescripción y de la caducidad para la seguridad jurídica".

En el presente caso, la interpretación que hacemos de los artículos 59.3 ET , 63 LPL y 135.1 LEC , en relación con el artículo 24.1 CE , ofrece el necesario equilibrio y ponderación de la proporcionalidad a la hora de valorar la actuación procesal de la parte actora hoy recurrente en casación y la incidencia en ella que tiene los preceptos así interpretados.

Como consecuencia de lo razonado, la conclusión es que la sentencia recurrida no se atuvo a la buena doctrina en la interpretación de los preceptos denunciados en el recurso de casación para la unificación de doctrina formulado, lo que determina que haya de estimarse el recurso planteado, casar y anular la sentencia recurrida, estimar el recurso de suplicación formulado en su día por el recurrente y revocar la sentencia de instancia para que partiendo de la inexistencia de la caducidad acogida, resuelva con libertad de criterio las cuestiones que en la demanda se plantean.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.