STS 726/2001, 25 de Abril de 2001

La sentencia recurrida en casación condenaba a Sebastián a la pena de siete años de inhabilitación especial como autor de un delito de prevaricación del art. 359 C.P. de 1.973; a Eloy y Jose María a las penas de cuatro meses de arresto mayor y siete años de inhabilitación especial como autores de un delito de torturas del art. 204 bis, epígrafe 4º C.P. de 1.973; a Cesar a las penas de dos meses de arresto mayor y seis años y un día de inhabilitación especial por el mismo delito de torturas tipificado en el art. 204 bis, epígrafe 5º; y a Gonzalo , Carlos Francisco y Jesus Miguel a la pena de un año de suspensión por cada uno de los seis delitos de detención ilegal del art. 184 C.P. de 1.973.

RECURSO DE Sebastián

Inicia el recurrente su catálogo de censuras casacionales formulando un primer motivo al amparo del art. 849.1º L.E.Cr. por infracción de ley al no haber aplicado el Tribunal sentenciador el art. 2.2º C.P. en relación con la Disposición Transitoria Primera del vigente Código Penal, dado que se condena al acusado por un delito de prevaricación del art. 359 C.P. anterior en el que se sanciona más gravemente la misma conducta tipificada en el vigente art. 408.

El motivo, que apoya el Ministerio Fiscal, debe ser estimado.

La acción omisiva del funcionario que, faltando a la obligación de su cargo, dejare maliciosamente de promever la persecución del delincuente, venía castigada en el art. 359 C.P. de 1.973 con pena de inhabilitación especial, que, a tenor del art. 30 de dicho Texto tenía una duración de seis años y un día a doce años. El mismo tipo delictivo se sanciona en el art. 408 del vigente Código con la pena de "inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años", siendo así que la inhabilitación especial del viejo Código producía como efecto, precisamente, la privación del cargo o empleo del condenado (art. 36).

Como exponía la sentencia de esta Sala de 18 de noviembre de 1.997, la aplicación retroactiva del nuevo Código Penal puede efectuarse por dos vías: la revisión de sentencias ya dictadas y firmes, y la determinación del Código más favorable cuando el hecho aún no ha sido enjuiciado. En este último supuesto, cuando se trata del enjuiciamiento en fecha posterior a la entrada en vigor del Nuevo Código, entra en juego la Disposición Transitoria Primera, en virtud de la cual el hecho habrá de ser juzgado conforme al Código más favorable. Es patente que, según lo consignado anteriormente, en el presente caso resulta mucho más favorable para el acusado el Código vigente que el anterior que fue aplicado por el Tribunal de instancia, con arreglo a cuyas disposiciones se impuso al acusado una pena de inhabilitación especial de siete años, cuando en el actual se fija la misma pena pero con una duración máxima de dos años.

Siendo tan manifiesta y evidente esta realidad, y habiendo tenido el acusado -asistido de su defensor- ocasión de manifestar lo que hubiera tenido por conveniente a este respecto en el juicio oral, que es acto procesal sumamente adecuado para la audiencia del reo, es claro que debe anularse la sentencia impugnada en este particular extremo adecuándose la sanción a imponer a la pena prevista en el vigente art. 408 C.P., a cuyo efecto se estima procedente la de dos años de duración de la inhabilitación especial que establece el precepto, atendidos las especiales circunstancias personales concurrentes en el acusado como autoridad máxima en el lugar y momento de autos y la incontestable gravedad de su conducta omisiva que viene determinada por la indubitada gravedad de los hechos cometidos por sus subordinados, cuyo nivel de antijuridicidad y reprochabilidad son tan relevantes. La ponderación conjunta de todas las circuntancias concurrentes inclinan a esta Sala a imponer la pena señalada por el art. 408 C.P. en su máxima extensión en aplicación de la regla 1ª del art. 66 del Código.

La estimación del motivo precedente conlleva la necesaria acogida del que protesta por la inaplicación del art. 42 del actual Código Penal, que exige que la sentencia especifique los empleos, cargos y honores sobre los que recae la inhabilitación. Es claro que esta obligación no figuraba en el Código anterior al vigente y que, por ello, el Tribunal a quo no señaló la concreción que ahora viene impuesta por el precepto legal. La consecuencia, pues, no tiene otro alcance que el de resaltar que la pena de inhabilitación especial por el tiempo de dos años supone la privación definitiva del empleo público que tenía el acusado en el momento de la comisión del delito, esto es, el de funcionario del Cuerpo Nacional de Policía, y la incapacidad para obtener el mismo u otros semejantes o análogos durante el tiempo de la condena.

El siguiente motivo denuncia infracción de ley por no haber apreciado el Tribunal sentenciador la prescripción del delito sancionado, con lo que se habría vulnerado los artículos 130.5 y 132.2 C.P.

Ciertamente el delito de prevaricación del art. 408 es un delito "menos grave" dado que la pena de inhabilitación especial inferior a tres años tiene esa calificación en el art. 33.3 b) C.P. en relación con lo dispuesto en el art. 13 del mismo Código. Por tanto, el plazo para la prescripción para esta clase de ilícitos es de tres años, según el art. 131.

Alega el recurrente que la sentencia debió haber apreciado la prescripción del delito porque desde la comisión del mismo, el uno de enero de 1.990, ya habían transcurrido los tres años cuando el acusado prestó declaración en calidad de imputado ante el Juez de Instrucción el 11 de enero de 1.993.

Ocurre, sin embargo, que el instituto de la prescripción se interrumpe desde que el procedimiento se dirija contra el culpable (art. 132 C.P.) y, ya al folio 829 del sumario obra providencia del Juez de Instrucción en la que se cita para prestar declaración al hoy recurrente junto al resto de los funcionarios que participaron en los hechos que estaban siendo objeto de investigación judicial, y de todos ellos -incluido el recurrente- el Juez de Instrucción reclamaba sus antecedentes penales, dato este revelador de que el procedimiento se seguía contra todos aquéllos, compareciendo a presencia judicial a prestar declaración en calidad de imputado el once de enero siguiente (folio 911). Todo lo cual indica que, a partir de la fecha de la citada providencia, el procedimiento se dirigía ya contra la persona convocada a presencia judicial como imputado, y así viene considerándolo esta Sala cuando declara que no toda diligencia o acto procesal tiene fuerza para interrumpir el plazo de la prescipción, pero sí la tienen aquellas decisiones judiciales que constituyan efectiva prosecución del procedimiento contra presuntos culpables concretos (por todas, STS de 28 de octubre de 1.997), y es claro que la resolución judicial a que hemos hecho referencia tiene esta naturaleza.

No hubo, pues, prescripción del delito y el motivo ha de ser desestimado.

El siguiente motivo se formula al amparo del art. 5.4 L.O.P.J. por vulneración del derecho a la presunción de inocencia consagrado en el art. 24.2 C.E. porque, según alega el recurrente, no se ha practicado prueba de cargo suficiente para sostener la culpabilidad del acusado.

El reproche no puede ser acogido.

El derecho fundamental invocado quiebra cuando existe una prueba de cargo, por mínima que sea, válidamente obtenida y racionalmente valorada de la que pueda deducirse la realidad del hecho y la participación en el mismo del acusado. En el supuesto presente no puede ponerse en duda que el Tribunal de instancia practicó una numerosa y variada actividad probatoria, sobre todo testifical, pero también documental, con observancia de cuantas exigencias constitucionales y procesales se requieren para considerar legítimos los elementos de prueba a valorar por el juzgador. Una pluralidad de testigos declaran tanto en fase sumarial como en el plenario sobre lo acaecido la noche de autos en la Comisaría de Policía y sobre la repercusión que entre los miembros de esta dependencia oficial tuvieron los maltratos de obra, las amenazas y las vejaciones y tratos degradantes sufridos por alguno de los detenidos. El Tribunal sentenciador, en el ejercicio de la soberana facultad de libre valoración de la prueba que le otorgan el art. 117.3 C.E. y 741 L.E.Cr., ha ponderado los testimonios incriminatorios acerca de este extremo, reforzados sobremanera por la declaración del funcionario policial, Sr. Joaquín , encargado exclusivamente de tramitar las denuncias de hechos en que no hubiera detenidos, y que ninguna función tenía sobre personas detenidas, quien relató al Tribunal la sorprendente y anómala orden recibida del acusado de tramitar todo lo concerniente a los arrestados que se encontraban encerrados en las dependencias policiales, como si se tratara de diligencias sin detenidos, expresándole dicho funcionario al acusado, reiteradamente, lo irregular de lo que se le ordenaba, pero teniendo que cumplirlo ante la insistencia del superior de que pusiera en libertad a aquéllos. La valoración unitaria de este conjunto de elementos probatorios, junto a la insuperable ventaja que supone la inmediación con la que los jueces a quibus ven y escuchan la prueba testifical, captando una pluralidad de matices y detalles sumamente valiosos a efectos de determinar la credibilidad de unos y otros deponentes, todo ello ha permitido al Tribunal formar la convicción no sólo de que el ahora recurrente (máxima autoridad en la Comisaría) conocía los tratos violentos, intimidatorios y degradantes inflingidos, sino que las órdenes que impartió al Sr. Joaquín tenían como finalidad ocultar lo sucedido y evitar que trascendiesen y pudieran llegar a ser investigadas por las autoridades judiciales.

Existiendo las pruebas, siendo éstas de contenido incriminatorio y habiendo sido valoradas con arreglo a las reglas de la lógica, de la experiencia y del recto criterio, exponiendo el Tribunal de manera razonada y razonable su discurso valorativo (fundamentos jurídicos Segundo y Tercero de la sentencia) en el que no se advierte indicio alguno de arbitrariedad o sinrazón, cabe concluir con que no se ha producido la conculcación del principio de presunción de inocencia.

Como paso previo a abordar el motivo en el que, por la vía del error de derecho del art. 849.1º, se denuncia indebida aplicación a los hechos probados del art. 408 C.P., examinaremos el reproche que denuncia error de hecho en la apreciación de la prueba al amparo del número 2º del mencionado art. 849 L.E.Cr.

El recurrente pretende una modificación de la declaración de hechos probados que figura en la sentencia en base a una serie de documentos que designa. Pero el motivo no puede ser acogido porque adolece de una serie de insuperables deficiencias que impiden su estimación. En primer lugar no nos explica el recurrente en qué modo los "documentos" que señala son eficaces para alterar los datos fácticos declarados probados y que configuran los elementos del tipo delictivo apreciado por el Tribunal. Además, debe significarse que los designados en el motivo carecen de la condición de genuinos documentos casacionales a efectos del art. 849.2º L.E.Cr., puesto que ni los Informes ni las diligencias policiales suscritos por las personas que los expiden o formalizan no son otra cosa que manifestaciones de naturaleza personal aunque figuren documentados en un soporte material escrito, pero no son las pruebas documentales que requiere el precepto procesal que se invoca. Por lo demás, los sedicentes "documentos" carecen de aptitud para demostrar de la manera inconcusa, definitiva e indubitada exigida, la equivocación del juzgador en algún extremo fáctico esencial que tuviera relevancia para la subsunción jurídico penal de los hechos declarados probados, no sólo por la falta de literosuficiencia de los mismos, sino también porque sobre las cuestiones a que se refieren los dichos y supuestos documentos, el Tribunal sentenciador ha contado con otros elementos probatorios que acreditan lo contrario de lo que se pretende con aquéllos, lo que permite al juzgador formar su convicción en aquellas pruebas que le merezcan más fiabilidad.

El motivo debe ser desestimado.

Intangibles, pues, los hechos probados, la censura de indebida aplicación del art. 408 C.P. resulta carente de todo fundamento y debe ser rechazada, dado que el relato histórico, complementado por las consideraciones que figuran en la motivación jurídica de la sentencia, contienen todos y cada uno de los elementos constitutivos del tipo penal en el que el Tribunal de instancia subsumió los hechos, tanto el subjetivo del conocimiento de un suceso que presentaba todas las características de delito, como los de omitir conscientemente cualquier actuación en pos del esclarecimiento y persecución del ilícito, ni en el momento inicial ni posteriormente a lo largo del tiempo.

RECURSO DE Eloy

Condenado en la instancia por un delito de torturas del art. 204 bis, párrafo cuarto, C.P. de 1.973, el primer motivo de este recurrente invoca la vulneración del derecho a la presunción de inocencia proclamado en el art. 24.2 de la Constitución.

Ya hemos señalado que una censura casacional como la presente, únicamene puede prosperar cuando se acredita una ausencia absoluta de prueba inculpatoria respecto al hecho imputado y a la intervención del acusado en éste, pero que cuando se verifica una actividad probatoria de signo incriminatorio legítimamente allegada y razonablemente valorada, el reproche debe decaer.

Esto es lo que acontece en el caso actual, hasta el punto de que resulta sorprendente la censura que se nos presenta. Existe una abundante prueba de declaraciones acerca de la participación del recurrente en el maltrato físico y psíquico a los que fueron sometidos las víctimas del suceso. Las propias víctimas así lo relatan al Tribunal sentenciador, lo que ya sería suficiente para repeler el motivo, pues las reticencias del recurrente a la credibilidad de sus testimonios debe ser rechazada con solo significar que la ponderación de la credibilidad de quienes deponen ante el juzgador, forma parte integral de la función exclusiva que éste tiene para la valoración de esta clase de pruebas personales, de modo que ni a las partes procesales, ni a esta Sala de casación, les está permitido revisar esa valoración ni modificar el resultado a que llega el Tribunal que ha gozado de la inmediación en la práctica de dichas pruebas, a no ser, claro es, que dicho resultado valorativo se manifieste irracional, absurdo o arbitrario, lo que aquí no sucede.

Pero, además de los testimonios de cargo de las víctimas del hecho, éstos se robustecen con otros elementos probatorios: el propio recurrente admite que practicó lo que él llama un "cacheo" a las víctimas; el testigo Sr. Fernando -cuya conducta solidaria con personas a quienes no conocía le honra y es merecedora de todo respeto- da cuenta de los gritos de dolor y angustia de quienes eran "cacheados", y de las lesiones que presentaba el Sr. Alejandro cuando fue presentado al policía Sr. Joaquín , que también las apreció, y que no presentaba al llegar a la Comisaría; las manifestaciones de varios coacusados que declararon reiteradamente a todo lo largo del procedimiento penal y del expediente administrativo cómo el coacusado Cesar , que se encontraba de guardia en los calabozos, comentó con diversos compañeros la paliza que habían recibido los gitanos de Eloy (además del Acta del Juicio Oral, véanse folios 125, 143 v., 827, 834. 851, 855, entre otros).

Añádase a estos elementos probatorios los partes médicos de lesiones, que se corresponden con las agresiones denunciadas, y se comprobará que la pretendida falta de prueba que aduce el motivo carece de todo sentido.

Los dos siguientes motivos denuncian infracción de ley del art. 849.1º L.E.Cr. por aplicación indebida del art. 204 bis párrafo 4 C.P. de 1.973, alegando, por un lado, que no concurre en el hecho probado el requisito típico de que el ánimo tendencial consistente en conseguir del sujeto pasivo una confesión o testimonio se haya producido en el curso de una investigación oficial o judicial y, por otro, que no se indica en el "factum" de la sentencia quién resulta ser el sujeto pasivo del hecho.

Dada la vía casacional utilizada, y que uno y otro reproches exigen para su análisis el más escrupuloso respeto a la declaración de hechos probados, será necesario partir de la declaración fáctica de la sentencia impugnada que, en lo que aquí interesa, expone "en las detenciones narradas, los policías que las hicieron requirieron la ayuda de otros dos policías de servicio, Eloy (nº NUM004 ) y Jose María (nº NUM005 ) integrantes de otra dotación policial. En el curso de esa intervención, Eloy perdió o le quitaron su reloj de pulsera. Ya en la Comisaría, Eloy entendió que el reloj en cuestión podían habérselo quitado, durante la detención, y por ello tenerlo encima o poder dar cuenta del paradero, alguno de los varones de la familia de músicos, ya entonces en el calabozo o "precalabozo". Por ello, recaba la ayuda de Jose María y ambos se dirigen al calabozo, sacan del mismo a Alejandro , y en un rincón cercano le insultan, le exigen que les entregue el reloj o diga donde se halla, y para conseguir cualquiera de las dos cosas le desnudan por completo, Eloy le pone la pistola en la cabeza, lo que provoca que el Sr. Alejandro se descomponga de miedo y defeque, mientras le golpean reiteradamente produciéndole, al menos, contusión, erosión y hematoma en el arco ciliar derecho y contusiones y erosiones en 1/3 medio de la cara lateral externa de la pierna izquierda, región dorsal y hombro izquierdo (al ser asistido médicamente, a las 9,25 horas, Alejandro presentó también una contusión occipital que, sin embargo, no sabemos si fue causada en este hecho antes, en la Puerta del Sol). Los dos policías obligaron a Alejandro a recoger con sus manos los excrementos. También sacaron del calabozo a los tres menores, con la misma finalidad los desnudaron íntegramente, les emedrentaron y, además, golpearon reiteradamente a Juan Manuel , produciéndole erosión en la región maleolar externa del pie derecho y dolor contusivo en el costado izquierdo. Alejandro necesitó una asistencia médica por sus lesiones e invirtió 10 días en la curación de las mismas, durante los cuales estuvo impedido para sus ocupaciones habituales. Por su parte, Juan Manuel necesitó también una asistencia y 5 días para la curación, durante los que estuvo incapacitado para sus tareas".

El sometimiento al Hecho Probado que hemos transcrito, impone la desestimación de ambos motivos. El relato histórico designa nominalmente a las personas que fueron víctimas de la actuación de los funcionarios policiales y especifica el tratamiento de violencia a que fueron sometidos, así como las lesiones físicas ocasionadas.

En cuanto al primer reproche, no puede ponerse en duda de que los sujetos pasivos se encontraban en situación de detenidos en una dependencia oficial; que los sujetos activos de la acción típica eran funcionarios policiales que se encontraban de servicio y actuaban en el ejercicio de sus funciones; y que su actuación se dirigía a obtener información de las víctimas acerca del paradero de un reloj que alguno de los detenidos habría sustraido o del que se hubiera apoderado ilícitamente, es decir, la violencia de los agentes iba dirigida a obtener una confesión o testimonio sobre el objeto material de un hecho delictivo cuya autoría atribuían a quienes se encontraban sometidos a su autoridad y sin que las vías de hecho utilizadas puedan ser atribuidos a móviles o motivaciones ajenas a esta realidad. El hecho de que el recurrente fuera el dueño del reloj no enturbia las precedentes consideraciones que fundamentan la concurrencia del elemento típico cuestionado y, por consiguiente, la inexistencia del error de derecho que se imputa al juzgador de instancia.

También al amparo del art. 849.1º L.E.Cr., se alega infracción de ley por inaplicación de los artículos 112 y 113 C.P., denunciándose la prescripción de las faltas de lesiones por las que fue condenado el acusado, y que no apreció el Tribunal a quo, aduciendo el motivo que el art. 113 C.P. establecía un plazo de dos meses para la prescripción de las faltas y que el proceso estuvo paralizado desde el 5 de octubre de 1.990 hasta el 2 de marzo de 1.992 y posteriormente desde 1.993 a 1.995.

Este reparo ya fue examinado por el Tribunal sentenciador, señalando en el fundamento jurídico segundo bis de su sentencia la improcedencia del mismo al significar que "las únicas faltas considerables (las de lesiones) forman parte de la estructura delictiva global, es decir, del conjunto de hechos e ilícitos que han sido objeto del enjuiciamiento. Las detenciones ilegales fueron el antecedente lógico. Las torturas acompañaron las lesiones. Y los acontecimientos e ilícitos posteriores sólo se explican en función de unas y otras. Quiere ello decir que el plazo de prescripción de las faltas es el mismo que el de la estructura delictiva en que se producen, con lo que no es apreciable el instituto de la prescripción, referible a todo ese contexto y, por tanto, al ilícito con mayor plazo prescriptorio, por tener mayor pena (113 y ss. del C.P. de 1.973)".

El Tribunal de instancia rechaza la censura acogiéndose a los mismos argumentos mantenidos por esta Sala ante supuestos idénticos, como, por ejemplo, los que se recogen en nuestra sentencia de 9 de julio de 1.999 en la que se recordaba que esta misma cuestión ya era analizada en la sentencia de 29 de julio de 1.998 (Caso Marey) y se reiteraba que cuando un solo hecho constituye un delito de detención ilegal (en el supuesto presente se trata de un delito de torturas) y dos faltas más, y por todo ello se sigue el mismo procedimiento al existir razones sustantivas para tal unión en unas mismas actuaciones por tratarse de un caso de concurso ideal, no pueden considerarse prescritas las faltas si no lo fue también el delito, porque no cabe computar aisladamente la prescripción de infracciones penales que necesariamente han de ser enjuiciadas conjuntamente y, en tales casos, ha de estarse a los plazos y requisitos de la prescripción para la más grave de todas. En el mismo sentido se pronuncia la STS de 14 de febrero de 2.000 cuando al analizar los casos en que dos infracciones penales se integran en una unidad que responde a un proyecto unitario del sujeto y que se enjuician de manera conjunta y simultánea calificándose una de dichas infracciones como delito y otra como falta, en estos casos, repetimos, no puede realizarse una valoración del plazo de prescripción de la falta con independencia del objeto del proceso integrado por una pluralidad de acciones con distinta calificación.

Por todo lo cual, el motivo debe ser desestimado.

RECURSO DE Jose María Y Cesar

El recurso de estos coacusados se articula por un solo motivo de casación por el cauce procesal del error de derecho del art. 849.1º LE.Cr. por aplicación indebida al primero de los reseñados del art. 204 bis,4 C.P. de 1.973 y al segundo del art. 204 bis, párrafo quinto por los que respectivamente fueron condenados.

En realidad el desarrollo del motivo reproduce los argumentos que alega el anterior recurrente y que han sido examinados y en el fundamento jurídico Noveno precedente de esta resolución, razón por la cual nos remitimos a las consideraciones que allí han quedado consignadas para rechazar las mismas censuras que allí se analizan. Baste señalar que la coparticipación de Jose María en las agresiones y coacciones que describe el hecho probado le convierte inequívocamente en coautor del delito de torturas del párrafo cuarto del art. 204 bis C.P. pues, como mantiene la STS de 2 de junio de 1.998 al abordar un supuesto muy similar al presente, "de los hechos probados surge claramente que el recurrente conocía la situación en la que se estaban propinando a la víctima malos tratos, y ello permite inferir que su aportación golpeándolo e insultándolo estaba dirigida conscientemente a la misma finalidad que perseguían los otros torturadores".

Y, por último, la incardinación de la conducta de Cesar en el apartado 5º del art. 204 bis, no admite reparo alguno, siempre bajo el estricto respeto a la declaración de Hechos Probados. De este coacusado se dice en el "factum" que "Cesar , policía nacional nº NUM006 estaba prestando servicio de seguridad en la mencionada comisaría. En calidad de tal se dio perfecta cuenta de que Eloy y Jose María habían desnudado y estaban agrediendo e insultando en la manera indicada los detenidos anteriormente referidos. A pesar de ello no hizo absolutamente nada para impedir la actuación de los otros dos policías".

Los datos fácticos complementarios que la sentencia recoge en el Fundamento de derecho Primero, "in fine", en el que se especifica que este coacusado no sólo vio desnudos e increpados a los detenidos, sino que también comprobó cómo eran golpeados y amenazados por Eloy y Jose María , sin hacer absolutamente nada, limitándose a volver a su sitio [de servicio en los calabozos], no dejan lugar a la duda del acierto de la Sala de instancia al efectuar la subsunción en el tipo aplicado, pues, como en el indicado fundamento jurídico se señala, el recurrente faltó de modo absoluto a la obligación de tratar de evitar de algún modo lo que estaba ocurriendo, obligación que deriva de la misma Constitución (art. 104) que asigna a la Policía la protección de los derechos de los ciudadanos, y de la Ley reguladora de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado que desarrolla esa obligación.

Procede la desestimación del recurso.

RECURSO DE Gonzalo , Carlos Francisco y Jesus Miguel

Los tres recurrente formulan cada uno de ellos un único motivo al amparo del art. 5.4 L.O.P.J. en el que, en idénticos términos argumentan la vulneración del derecho a la presunción de inocencia. Alegan estos coacusados - que fueron condenados por seis delitos de detención ilegal- insuficiencia de prueba de cargo para fundamentar un pronunciamiento de culpabilidad.

Esta censura no puede ser acogida.

No pueden negar los recurrentes -y así lo admiten- que en la instancia se practicó una amplísima actividad probatoria sobre la cuestión controvertida de las detenciones efectuadas por los acusados, como lo acredita el contenido del Acta del Juicio Oral donde se recogen las declaraciones de numerosas personas que relataron al Tribunal su versión acerca de dichas detenciones y de las antecedentes a ellas. Sobre estos hechos el órgano juzgador recibió los testimonios incriminatorios de varios de los que resultaron detenidos, de los empleados de la limpieza y de los funcionarios policiales intervinientes. Esta variada prueba se practicó con plena observancia de los requisitos de oralidad, publicidad, contradicción e inmediación, por lo que la legitimidad y validez de la misma queda a salvo de todo reparo. El contradictorio contenido de las diferentes versiones que se ofrecieron al Tribunal sentenciador, inculpatorias las unas y exculpatorias las otras, han sido valorados por los jueces a quibus en un examen analítico unitario de la prueba en su conjunto, para lo que, una vez más, resulta determinante la inmediación con la que el Tribunal sentenciador ha visto y ha escuchado a cada uno de los deponentes, lo que, como ya se ha dicho anteriormente, constituye un factor esencial para la ponderación de las pruebas de naturaleza personal como facultad soberana, exclusiva y excluyente y con total libertad de criterio que le asignan el art. 117.3 C.E. y 741 L.E.Cr.

De este modo, con base en ese variado elenco probatorio, el Tribunal ha formado su convicción sobre las circunstancias precedentes, coetáneas y subsiguientes a las detenciones y que se describen en la declaración de hechos probados, donde se establece como tal la ausencia de razones que justificaran la privación de libertad decidida por los acusados que detuvieron incluso a jóvenes de 11 y 15 años "al margen de cualquier indagación mínima respecto de hechos y sujetos y, por tanto, al margen de cualquier motivación legal.....". Existe, pues, prueba de cargo plural respecto del hecho de las detenciones y de las circunstancias en que éstas tuvieron lugar que, además, debe calificarse de suficiente por su indudable contenido incriminatorio por más que los recurrentes al socaire de denunciar la supuesta falta de suficiencia, pretendan revisar la valoración de la prueba realizada por el Tribunal, lo que, como se ha reiterado con insistencia, no está permitido en la casación.

Tampoco puede prosperar, por último, la censura de los recurrentes acerca de la ausencia de dolo en la conducta de los acusados ya que la resultancia fáctica de la sentencia impugnada es rica en elementos de los que se infiere que los acusados conocían la arbitrariedad de su proceder y tuvieron la voluntad de ejecutar la acción típica, configurándose de este modo la concurrencia del elemento subjetivo del delito (véase STS de 21 de julio de 1.994 y las más recientes de 16 de diciembre de 1.997, 15 de diciembre de 1.998 y 28 de octubre de 1.999).

III.

FALLO

QUE DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS HABER LUGAR AL RECURSO DE CASACION por infracción de ley, con estimación de los motivos primero y segundo del recurso interpuesto por el acusado Sebastián , desestimando el resto de sus motivos, así como los recursos de los demás recurrentes Cesar , Jose María , Eloy , Carlos Francisco , Gonzalo y Jesus Miguel ; y, en su virtud, casamos y anulamos la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Séptima, de fecha 25 de enero de 1.999, en causa seguida contra los anteriores acusados y otros por delitos de detención ilegal, torturas, prevaricación y faltas de lesiones. Se declaran de oficio las costas procesales ocasionadas en el recurso interpuesto por el acusado Sebastián , condenando a los demás recurrentes al pago de las costas procesales ocasionadas en sus respectivos recursos. Y comuníquese esta resolución, y la que seguidamente se dicte, a la mencionada Audiencia a los efectos legales oportunos con devolución de la causa que en su día remitió.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos

SEGUNDA SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veinticinco de Abril de dos mil uno.

En la causa incoada por el Juzgado de Instrucción nº 19 de Madrid con el nº 1216 de 1.992, y seguida ante la Audiencia Provincial de la misma capital, Sección Séptima por delitos de detención ilegal, torturas, prevaricación y faltas de lesiones contra los acusados Sebastián , nacido el 17 de octubre de 1.944, hijo de Hugo y de Mónica , natural de Casas de D. Antonio (Cáceres) y vecino de Madrid, sin antecedentes penales, solvente, y en libertad provisional por esta causa; Eloy , nacido el 11 de enero de 1.957, hijo de Alfredo y de Valentina , natural de Estepona (Málaga) y vecino de Madrid, sin antecedentes penales, solvente y en libertad privisional por esta causa; Carlos Francisco , nacido el 29 de enero de 1.963, hijo de Jose Ángel y de Ángela , natural y vecino de Madrid, sin antecedentes penales, solvente y en libertad provisional por esta causa; Joaquín , nacido el 1 de noviembre de 1.959, hijo de Luis y de Eva , natural de Orellana Vieja (Badajoz) y vecino de Madrid, sin antecedentes penales, solvente y en libertad provisional por esta causa; Gonzalo , nacido el 28 de julio de 1.951, hijo de Ángel Daniel y de Patricia , natural de Zarzuelo Monte (Segovia) y vecino de Madrid, sin antecedentes penales, solvente, y en libertad provisional por esta causa; Jesus Miguel , nacido el 12 de enero de 1.961, hijo de Alfredo y de María Inés , natural y vecino de Madrid, sin antecedentes penales solvente y en libertad provisional por esta causa; Cesar , nacido el 31 de marzo de 1.951, hijo de Jesús Ángel y de Carina , natural y vecino de Madrid, sin antecedentes penales, solvente y en libertad provisional por esta causa ; Jose Miguel , nacido el 9 de mayo de 1.949, hijo de Matías y de Francisca , natural de Zorita (Cáceres) y vecino de Madrid, sin antecedentes penales, solvente y en libertad provisional por esta causa y contra Jose María , nacido el día 11 de noviembre de 1.951, hijo de Franco y de Sandra , natural de Guareña (Badajoz) y vecino de Madrid, sin antecedentes penales, solvente, y en libertad provisional por esta causa, y en la que se dictó sentencia por la mencionada Audiencia con fecha 25 de enero de 1.999, que ha sido casada y anulada por la pronunciada en el día de hoy por esta Sala Segunda del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. expresados al margen y bajo la Ponencia del Excmo. Sr. D. Diego Ramos Gancedo, hace constar lo siguiente:

Se mantienen y dan por reproducidos los de la sentencia recurrida, con la excpeción de que la cita que en los mismos se hace al art. 359 C.P. de 1.973 se sustituye por el art 408 del C.P. de 1.995 que tipifica y sanciona la prevaricación por la que resulta condenado el Sr. Sebastián .

Se añade un fundamento jurídico en los siguientes términos: "De acuerdo con lo dispuesto en el art. 42 C.P. vigente se especifica que la pena de inhabilitación especial que se impone al acusado Sebastián conlleva la privación definitiva de su empleo como funcionario del Cuerpo Nacional de Policía y la incapacidad para obtener el mismo y otros análogos durante el tiempo de la condena. Igual que los demás acusados a los que se impone la pena de inhabilitación especial por aplicación del art. 204 bis, 4º y 5º párrafos del Código de 1.973 (véase STS de 6 de febrero de 2.001)".

III.