STS 417/2013, 27 de Junio de 2013

El Procurador D. Adolfo Rodríguez Hernández, en nombre y representación de Dª. Crescencia y de D.ª Marcelina , interpuso demanda de juicio ordinario contra D.ª María Esther , la entidad "SANTALUCÍA, S.A., COMPAÑÍA DE SEGUROS" y el "CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS", cuyo suplico decía: «[...] dicte Sentencia por la que condene a D.ª María Esther , Seguros Santa Lucía y Consorcio de Compensación de Seguros a pagar a mis mandantes las cantidades siguientes:

» a) La cantidad de noventa y cuatro mil setecientos setenta y cuatro euros con veintiún céntimos (94.774,21 euros) a cada una de las madres por las dos menores fallecidas, lo que hace un total de ciento ochenta y nueve mil quinientos cuarenta y ocho euros con cuarenta y dos céntimos (189.548,42 euros).

» b) Una indemnización de ochenta y ocho mil quinientos treinta y ocho euros con cincuenta y tres céntimos (88.538,53 euros) para la menor Joaquina por las lesiones permanentes, todo ello en concepto de principal.

» c) La cantidad que resulte en concepto de interés legal que devengue la expresada cantidad, desde el vencimiento de la obligación de pago, esto es el día que se produjeron los acontecimientos, hasta su efectivo pago;

» d) Las costas causadas y que se causen en este procedimiento.»

La demanda fue presentada en el Decanato de los Juzgados de Huelva el 15 de abril de 2008 y una vez repartida tuvo entrada en el Juzgado de Primera Instancia núm. 5, siendo registrada como procedimiento ordinario núm. 546/2008. Admitida ésta a trámite, se procedió al emplazamiento de las partes demandadas para su contestación.

El Abogado del Estado, en representación del "CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS" contestó a la demanda alegando su falta de legitimación pasiva, por lo que suplicó al Juzgado«[...] dicte en su día sentencia por la que se absuelva al Consorcio de Compensación de Seguros, desestimando así la demanda formulada contra el mismo, y se le impongan a las actoras las costas causadas.»

D.ª M.ª Luisa Torres Toronjo, Procuradora de los Tribunales y de la entidad "SANTALUCÍA, S.A., COMPAÑÍA DE SEGUROS" y de D.ª María Esther presentó escrito de contestación a la demanda en el que suplicó al Juzgado: «[...] dicte sentencia por la que estimándose la excepción de prescripción de la acción se absuelva a mis representadas del petitum contenido en el escrito de demanda, y ello de conformidad con lo alegado y acreditado en el cuerpo del presente escrito de contestación a la demanda; subsidiariamente y para el caso de que no sea estimada la excepción de prescripción alegada, se dicte sentencia por la que igualmente se absuelva a mis representadas del petitum contenido en el escrito de demanda y ello de acuerdo con los motivos de fondo alegados en el cuerpo del presente y con expresa imposición de costas a la parte demandante de conformidad con el art. 394.1 de la LEC .»

Tras seguirse los trámites correspondientes, el Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Huelva dictó Sentencia, con fecha 29 de mayo de 2009 , con la siguiente parte dispositiva: «FALLO: Que estimando parcialmente la demanda formulada por el Procurador de los Tribunales D. Adolfo Rodríguez Hernández, en nombre y representación de Dª Marcelina y Crescencia , debo condenar y condeno a la Cía de Seguros Santa Lucía, a satisfacer, a Marcelina y Crescencia la cantidad de 55.000 euros a cada una de ellas, y a la menor doña Joaquina la suma de 124.486,54 euros; las cuales devengarán el interés de demora del art. 20 LCS desde el día 18/01/05; absolviéndose a la otra codemandada doña María Esther , y teniendo por desistida a la acts respecto del Consorcio de Compensación de Seguros.

»Cada parte abonará las costas causadas a su instancia y la mitad de las comunes. No se hace condena en costas respecto del Consorcio de Compensación de Seguros.»

Tramitación en segunda instancia

D.ª María Luisa Torres Toronjo, en nombre y representación de la entidad "SANTALUCÍA, S.A., COMPAÑÍA DE SEGUROS" interpuso recurso de apelación contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Huelva, en el procedimiento ordinario núm. 546/2008, y suplicó: «[...] estime el presente recurso y revoque íntegramente la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Huelva de fecha 29-5-09 , dictando nueva sentencia por la que estime totalmente el recurso interpuesto por esta parte, desestimando íntegramente la demanda interpuesta frente a mi mandante y subsidiariamente, para el caso de que no proceda su total revocación, acuerde su revocación parcial, con fundamento en los distintos motivos expuestos, y todo ello sin condena en costas en esta instancia.»

D. Adolfo Rodríguez Hernández, Procurador que actuó en representación de Dª Marcelina y Crescencia , presentó escrito cuyo suplico decía: «[...] me tenga por opuesto al Recurso de Apelación deducido de contrario, solicitando expresamente la plena confirmación de la sentencia dictada en Primera Instancia, con expresa imposición de costas a la parte recurrente en la presente instancia.»

La resolución de este recurso correspondió a la sección tercera de la Audiencia Provincial de Huelva, que lo tramitó con el rollo núm. 103/2010 , y tras seguir los trámites correspondientes, dictó Sentencia, de 11 de noviembre de 2010 , cuya parte dispositiva disponía: «FALLAMOS: Estimamos el recurso de apelación interpuesto por Santa Lucía, S.A., representado en esta alzada por la Procuradora Sra. Torres Toronjo, contra la sentencia dictada en los autos a que se contrae el rollo de Sala y su primer grado por el Iltmo. Sr. Magistrado-Juez de Primera Instancia nº 5 de Huelva en fecha 29 de abril 2009, y revocamos la indicada resolución sólo en el sentido de que los intereses moratorios del 20% se computen no desde la fecha del siniestro sino desde la interposición de la demanda, es decir desde el día 15 de abril de 2008.

»Se mantienen el resto de los pronunciamientos de la Sentencia recurrida sin imponer las costas al apelante.»

Interposición y tramitación del recurso de casación

D.ª M.ª Luisa Torres Toronjo, en nombre y representación de entidad "SANTALUCÍA, S.A., COMPAÑÍA DE SEGUROS" interpuso recurso de casación contra la Sentencia dictada por la sección tercera de la Audiencia Provincial de Huelva, en el recurso de apelación núm. 103/2010 , argumentando para su interposición, al amparo del artículo 477.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , en relación con el apartado 2.3º. del mismo artículo, la infracción de normas aplicables para resolver la cuestión objeto del procedimiento y, concretamente, la infracción de los artículos 1 , 3 , 8.5 , 27 , 73 y concordantes de la Ley 50/1980, del Contrato de Seguro , poniéndose de manifiesto que la Sentencia recurrida se opone a doctrina jurisprudencial de la Sala Primera del Tribunal Supremo.

La Audiencia Provincial remitió las actuaciones a esta Sala, con emplazamiento de las partes. Personadas ante la misma la entidad "SANTA LUCÍA, S.A., COMPAÑÍA DE SEGUROS", representada por la Procuradora D.ª Inmaculada Ibáñez de la Cadiniere Fernández, y D.ª Marcelina y D.ª Crescencia , representadas por la Procuradora D.ª María Rita Sánchez Díaz, se dictó Auto de 27 de septiembre de 2011, cuya parte dispositiva decía: «La Sala acuerda:

»1.- Admitir el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de SANTA LUCÍA, S.A., COMPAÑÍA DE SEGUROS, contra la Sentencia dictada, en fecha 11 de noviembre de 2010, por la Audiencia Provincial de Huelva (Sección 3ª), en el rollo nº 103/2010 , dimanante de los Autos de juicio ordinario nº 546/2008, del Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Huelva.

»2.- De conformidad y a los fines dispuestos en el art. 485 LEC 2000 , entréguese copia del escrito de interposición del recurso de casación formalizado con sus documentos adjuntos, a la parte recurrida personada ante esta Sala, para que formalice su oposición por escrito en el plazo de veinte días, durante los cuales estarán de manifiesto las actuaciones en la Secretaría.»

La Procuradora de D.ª Crescencia y de D.ª Marcelina presentó escrito de oposición al recurso de casación interpuesto por la parte contraria.

Se tuvo por formalizada la oposición y al no haber solicitado todas las partes la celebración de vista, quedó el recurso pendiente de vista o votación y fallo.

Mediante providencia de 26 de marzo de 2013 se nombró ponente al que lo es en este trámite y se acordó resolver el recurso sin celebración de vista, señalándose para votación y fallo el 30 de mayo del mismo año, fecha en que tuvo lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Rafael Saraza Jimena, Magistrado de Sala

Resumen de antecedentes

La entidad "SANTA LUCÍA, S.A., COMPAÑÍA DE SEGUROS" (en lo sucesivo, SANTA LUCÍA) fue condenada a indemnizar a las demandantes Dª Crescencia y Dª Marcelina en la cantidad de 55.000 euros a cada una de ellas, por la muerte de sus hijas menores de edad en un incendio acaecido en la vivienda sobre la que se había concertado un seguro "combinado de hogar" ,y a la menor Joaquina , que resultó con graves lesiones en dicho incendio, en la cantidad de 124.486,54 euros. La sentencia del Juzgado de Primera Instancia condenaba también al pago de los intereses previstos en el art. 20 de la Ley del Contrato de Seguro desde la fecha del siniestro. La sentencia de la Audiencia Provincial revocó la sentencia del Juzgado de Primera Instancia solo en el extremo relativo al inicio del devengo de tales intereses, que fijó en la fecha de interposición de la demanda.

Motivo único del recurso de casación

La aseguradora SANTA LUCÍA interpone recurso de casación con base en un único motivo que se encabeza del siguiente modo: «Primero y único.- Se ampara este motivo de recurso en el artículo 477.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , en relación con el apartado 2.3º. de dicha norma, denunciándose la infracción de normas aplicables para resolver la cuestión objeto del procedimiento y, concretamente, la infracción de los artículos 1 , 3 , 8 apartados 5 , 27 , 73 y concordantes de la Ley 50/1980 de Contrato de Seguro , poniéndose de manifiesto que la sentencia recurrida se opone a doctrina jurisprudencial de la Sala Primera del Tribunal Supremo -lo que fundamenta el interés casacional del recurso.- ».

Los argumentos esgrimidos para fundamentar el motivo son, resumidamente, (i) que la cuantía fijada en el "capital asegurado" correspondiente a la garantía "responsabilidad civil" contratada en la póliza de seguro no es una cláusula limitativa de derechos sino una cláusula objetivamente delimitadora del riesgo asumido por la aseguradora respecto de la cobertura de responsabilidad civil; (ii) que dicha estipulación de la póliza no puede considerarse una excepción personal del asegurador contra el asegurado que no pueda ser opuesta por aquel frente al perjudicado de acuerdo con el art. 76 de la Ley del Contrato de Seguro ; (iii) que la fijación de la suma asegurada o del alcance de la cobertura es una mención obligatoria de la póliza de seguro conforme al art. 8.5 de la Ley del Contrato de Seguro , constituyendo la suma asegurada el límite máximo de la indemnización a pagar por el asegurador en cada siniestro conforme al art. 27 de la Ley del Contrato de Seguro .

Valoración de la Sala. La cuantía de la cobertura del seguro de responsabilidad civil como elemento esencial del contrato

El seguro de responsabilidad civil es aquel por el que el asegurador se obliga, dentro de los límites establecidos en la Ley y en el contrato, a cubrir el riesgo del nacimiento a cargo del asegurado de la obligación de indemnizar a un tercero los daños y perjuicios causados por un hecho previsto en el contrato de cuyas consecuencias sea civilmente responsable el asegurado, conforme a derecho, según establece el art. 73 de la Ley del Contrato de Seguro .

El alcance cuantitativo de la cobertura del asegurador es un elemento esencial del contrato. El art. 8.5 de la Ley del Contrato de Seguro exige su constancia en la póliza de seguro. A tal exigencia se ha dado cumplimiento en el caso enjuiciado puesto que en las condiciones particulares, firmadas por la tomadora del seguro y asegurada, consta como una de las coberturas contratadas en el "seguro combinado de hogar" la de responsabilidad civil, con un "capital asegurado", esto es, la suma asegurada en la cobertura del seguro, de diez millones de pesetas, que suponen actualmente 60.101,21 euros, y con una prima de 3.500 pesetas anuales.

El art. 27 de la Ley del Contrato de Seguro prevé que "la suma asegurada representa el límite máximo de la indemnización a pagar por el asegurador en cada siniestro".

La sentencia de la Audiencia Provincial ha considerado que la estipulación de las condiciones particulares en la que se establecía la cuantía de la cobertura de responsabilidad civil es una cláusula limitativa de los derechos del asegurado, y que al no reunir los requisitos exigidos en el art. 3 de la Ley del Contrato de Seguro para su eficacia (estar destacada de modo especial y ser específicamente aceptadas por escrito), no puede ser opuesta al perjudicado.

La trascendencia de la distinción entre las cláusulas que delimitan el objeto del seguro ( art. 1 de la Ley del Contrato de Seguro ) y las limitativas de los derechos del asegurado ( art. 3 de la Ley del Contrato de Seguro ) viene determinada por el régimen especial que para estas últimas se establece en el citado art. 3 de la Ley del Contrato de Seguro . La cuestión ha sido tratada por esta Sala en muchas de sus sentencias.

La sentencia del Pleno de esta Sala núm. núm. 853/2006, de 11 de septiembre (recurso núm. 3260/1999 ), sienta una doctrina, recogida posteriormente en otras muchas sentencias, que considera que las estipulaciones delimitadoras del riesgo son las cláusulas que tienen por finalidad delimitar el objeto del contrato, de modo que se concreten qué riesgos son objeto del contrato de seguro, en qué cuantía, durante qué plazo y en qué ámbito espacial. Por su parte, las cláusulas limitativas de derechos válidamente constituidas van a permitir limitar, condicionar o modificar el derecho del asegurado, y por tanto la indemnización, cuando el riesgo objeto del seguro se hubiera producido. Sentencias posteriores, como las núm. 516/2009, de 15 de julio, (recurso núm. 2653/2004 ), núm. 268/2011, de 20 de abril (recurso núm. 1226/2007 ) y núm. 598/2011, de 20 julio, (recurso núm. 819/2008 ), han considerado que la determinación positiva del concepto de cláusula limitativa de derechos del asegurado debe hacerse por referencia al contenido natural del contrato derivado, entre otros elementos, de las cláusulas identificadas por su carácter definidor, de las cláusulas particulares del contrato y del alcance típico o usual que corresponde a su objeto con arreglo a lo dispuesto en la ley o en la práctica aseguradora.

De estos criterios se sigue que el carácter limitativo de una cláusula puede resultar, asimismo, de que se establezca una reglamentación del contrato que se oponga, con carácter negativo para el asegurado, a la que puede considerarse usual o derivada de las cláusulas introductorias o particulares. No es ese el caso de la cláusula que establece la cuantía que alcanza la cobertura de la responsabilidad civil asegurada, que es una cláusula no solo usual sino exigida ( art. 8.5 de la Ley del Contrato de Seguro ) para que quede determinado uno de los elementos esenciales del contrato de seguro de responsabilidad civil.

No estamos ante una cláusula sorpresiva que restrinja el ámbito de la cobertura del seguro tal como resultaría de otras cláusulas de la póliza de seguro. En el caso de autos, la cláusula se encuentra en la segunda página de las condiciones particulares, tras la identificación de los elementos personales del contrato, la fecha de iniciación y la duración del contrato y la localización de la vivienda asegurada, esto es, entre las menciones de los elementos principales del contrato, en un amplio cuadro de texto con una columna para la descripción de las garantías contratadas y bienes asegurados, otra para el capital asegurado y otra para la prima correspondiente a cada garantía, con una tipografía y un tamaño de letra adecuado para su clara visibilidad.

Como conclusión de lo expuesto, la fijación de la cuantía de la cobertura de la responsabilidad civil contenida en la póliza de seguro objeto del litigio no es una cláusula limitativa de los derechos del asegurado, pues no lo son las que determinan qué riesgo se cubre, en qué cuantía, durante qué plazo y en qué ámbito espacial, incluyendo en estas categorías la cobertura de un riesgo, los límites indemnizatorios y la cuantía asegurada o contratada ( sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo núm. 82/2012 de 5 marzo, recurso núm. 838/2009 ).

La sentencia del Juzgado de Primera Instancia, que es confirmada en este extremo por la sentencia de la Audiencia Provincial, consideró que se trataba de una excepción que correspondía al asegurador frente al asegurado y «por lo tanto, no opera frente a la misma [la víctima] el límite de la responsabilidad civil fijado en la póliza».

La previsión en la cobertura de responsabilidad civil de la suma asegurada en esta cobertura tampoco participa de la naturaleza de una excepción que no pueda ser opuesta por la aseguradora frente a la víctima con base en la previsión del art. 76 de la Ley del Contrato de Seguro . Las excepciones a que hace referencia esta previsión legal están vinculadas a la conducta del asegurado y son ajenas a las estipulaciones delimitadoras de la cobertura establecida en abstracto, como es el caso de la que fija la suma asegurada en una determinada cobertura.

Lo expuesto lleva a que el recurso haya de ser estimado. La responsabilidad de SANTA LUCÍA debe quedar limitada, en cuanto al principal, al importe de la suma asegurada en la cobertura de la responsabilidad civil. Las indemnizaciones a cuyo pago la sentencia condena a SANTA LUCÍA deben ser reducidas proporcionalmente para adecuar el total de las mismas a dicha cantidad. Las indemnizaciones de 55.000 euros a Dª. Crescencia y D.ª Marcelina deben reducirse a 15.504,37 euros cada una de ellas, y la indemnización a la menor Joaquina , que ascendía a 124.486,54 euros, debe reducirse a 35.092,47 euros.

Costas

La estimación del recurso conlleva que, en cuanto a costas, no se haga especial declaración de las de ninguna de ambas instancias. Tampoco de las ocasionadas por el recurso de casación, de conformidad con los artículos 394 y 398, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

Depósito

Procede acordar la devolución del depósito constituido a la parte recurrente, de conformidad con la disposición adicional decimoquinta, apartado octavo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial , introducida por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de Reforma de la Legislación Procesal para la implantación de la nueva oficina judicial.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.