ATS, 2 de Febrero de 2017
| Ponente | SEGUNDO MENENDEZ PEREZ |
| ECLI | ES:TS:2017:275A |
| Número de Recurso | 92/2016 |
| Procedimiento | RECURSO CASACIÓN |
| Fecha de Resolución | 2 de Febrero de 2017 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
AUTO
En la Villa de Madrid, a 2 de febrero de 2017
Interpuesto recurso contencioso-administrativo contra la desestimación presunta de la reclamación efectuada por parte de la Asociación de Empresas Aeronáuticas de Andalucía, S.L. a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, relativa a la liquidación total de la concesión de una subvención para la realización de un proyecto de acciones formativas destinado a la formación compensatoria, la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Primera, Sevilla) del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dictó sentencia el 21 de septiembre de 2016 , mediante la que se estima el recurso y se reconoce el derecho al pago de 63.019 euros.
Dicha sentencia, tras señalar que por el Servicio Andaluz de Empleo se concedió una subvención de 126.360 euros, ordenándose el abono en concepto de anticipo de 63.180 euros, con liquidación y abono del resto cuando se realizara al menos el 25 por 100 de las acciones concedidas y la justificación de al menos el 25 por 100 de la subvención, declara que la beneficiaria remitió a la Junta de Andalucía toda la documentación justificativa y solicitó la liquidación y pago, razonando después que:
(...) la actora ha dirigido su reclamación contra la desestimación de una reclamación de liquidación de la subvención. La Administración nada ha opuesto, en sede administrativa, a dicha liquidación pues se ha limitado a denegarla por silencio. Y consta en el expediente tanto la concesión como la justificación del gasto. No hay razón jurídica, vista la Orden de convocatoria, y la propia Ley General de Subvenciones, para no abonar dicha ayuda, una vez que han transcurrido los plazos previstos y la beneficiaria ha justificado el gasto
.
La Sala rechaza el argumento de que previo al pago debe existir una tarea de comprobación del cumplimiento de las condiciones por parte del destinatario de la subvención, en todo caso dentro del plazo de prescripción establecido en el artículo 39 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones , de tal modo que considera que no es aceptable que se incumpla el plazo de resolución al que está obligada la Administración (que indica la sentencia que es de tres meses desde la reclamación, con lo que cabe considerar que la Sala de Sevilla está aplicando el previsto en el artículo 42.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre ) amparándose en la facultad de comprobación previa a la liquidación, para no pagar pese a estar obligada por la convocatoria y la resolución de concesión al pago y liquidación, cuando se justifique al menos el 25% -extremo, según señala la sentencia, no cuestionado por la Comunidad Autónoma- por lo que debió abonar la cantidad reclamada en el citado plazo de 3 meses, conforme al artículo 34 de la Ley 38/2003 , 88 de su Reglamento (Real Decreto 887/2006, de 21 de julio ) y 99 y siguientes de la Orden, de 23 de octubre de 2009, reguladora de la subvención. Todo ello, entiende, sin perjuicio de la posibilidad de comprobación de las condiciones asumidas por el beneficiario y de iniciar un procedimiento de minoración o reintegro en caso de incumplimiento ( artículo 32 LGS ).
Y concluye declarando que:
(...) acreditado el cumplimiento de las obligaciones que incumbían al beneficiario, y que la subvención fue concedida y debió ser abonada, procede ahora la condena [al] pago tal como se reclama
.
La Junta de Andalucía, Administración demandada en la instancia, ha preparado recurso de casación en el que, después de cumplir en debida forma las exigencias que impone el art. 89.2 LJCA , afirma que el recurso presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, invocando a tal fin lo siguiente:
En primer lugar, mantiene que "(...) la sentencia parte del error de considerar aplicable el artículo 42.3.b) de la Ley 30/1992 ", cuando "(...) la presentación de una solicitud de liquidación y pago de una subvención no puede considerarse como elemento iniciador de ningún procedimiento administrativo". Así, considera que la sentencia sienta una doctrina sobre el artículo 42 de la Ley 30/1992 , junto con el artículo 43 de la misma Ley , en relación con el artículo 32 de la Ley 38/2003 que puede ser gravemente dañosa para los intereses generales, al suponer "(...) una disposición indiscriminada de fondos públicos por la Administración (...) con el solo transcurso de un tiempo de tres meses desde la presentación por los interesados de solicitudes de liquidación y pago de subvenciones correspondientes a procedimientos de concesión terminados, sin proceder a la labor previa de comprobación de la procedencia de la cantidad reclamada, remitiendo a una posterior comprobación y un posterior y eventual procedimiento de reintegro con las dificultades de recuperación de los fondos públicos por medio de tal procedimiento".
En segundo lugar, sostiene que la sentencia afecta a un gran número de situaciones por trascender del caso objeto del proceso, dado que "son numerosos los pleitos que, con el mismo objeto (...), se tramitan (...), habida cuenta del elevado número de subvenciones concedidas por la (...) Junta de Andalucía".
Por auto, de 8 de noviembre de 2016, la Sala sentenciadora tuvo por preparado el recurso de casación, ordenando el emplazamiento de las partes para su comparecencia en el plazo de treinta días ante esta Sala del Tribunal Supremo, así como la remisión a la misma de los autos originales y del expediente administrativo.
Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. Segundo Menendez Perez, Magistrado de la Sección
Cumplidas las exigencias que impone el art. 89.2 de la LJCA , la Sección de Admisión de la Sala Tercera del Tribunal Supremo entiende, coincidiendo en ello con la parte recurrente, que tienen interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia las cuestiones atinentes a si una vez otorgada una subvención mediante resolución firme en la que se condiciona el pago total de su importe a la justificación de ciertas condiciones, la petición por el interesado de ese último pago da lugar a un procedimiento autónomo, sometido al plazo máximo de resolución que determina el artículo 42.3 de la Ley 30/1992 (actual artículo 21.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre ); y, de ser así, si la falta de respuesta a aquella petición por parte de la Administración, y la ausencia por ella de consideración alguna sobre la suficiencia de la justificación aportada determinan, indefectiblemente, un pronunciamiento judicial de condena al pago del importe reclamado. Ello, por las siguientes razones:
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Porque la sentencia sienta una doctrina sobre el artículo 42 de la Ley 30/1992 (actual artículo 21.3 de la Ley 39/2015 ) que pudiera ser gravemente dañosa para los intereses generales, al considerar que el mismo es de directa aplicación a las solicitudes de liquidación y pago de subvenciones, sin que se oponga a tal aplicación la potestad administrativa de comprobación de la adecuada justificación y cumplimiento de los fines por parte del destinatario de la subvención, concurriendo así la circunstancia prevista en el artículo 88.2.b) LJCA .
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Porque aquella sentencia afecta a un gran número de situaciones por trascender del caso objeto del proceso, habida cuenta de que la institución de la subvención se utiliza con extrema frecuencia por las Administraciones Públicas, como parte de su actividad de fomento, razón por la que cabe apreciar la circunstancia que prevé el artículo 88.2.c) LJCA .
Por tanto, en virtud de lo dispuesto en los artículos 88.1 y 90.4 de la LJCA , procede admitir a trámite el recurso de casación preparado por la Junta de Andalucía contra la sentencia, de 21 de septiembre de 2016, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Primera, Sevilla) del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el procedimiento ordinario núm. 494/2015. Precisar que las cuestiones en las que se entiende que existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia lo son las atinentes a si una vez otorgada una subvención mediante resolución firme en la que se condiciona el pago total de su importe a la justificación de ciertas condiciones, la petición por el interesado de ese último pago da lugar a un procedimiento autónomo, sometido al plazo máximo de resolución que determina el artículo 42.3 de la Ley 30/1992 (actual artículo 21.3 de la Ley 39/2015 ); y, de ser así, si la falta de respuesta a aquella petición por parte de la Administración, y la ausencia por ella de consideración alguna sobre la suficiencia de la justificación aportada determinan, indefectiblemente, un pronunciamiento judicial de condena al pago del importe reclamado.
Conforme a lo dispuesto en el art. 90.7 de la LJCA , este auto se publicará en la página web del Tribunal Supremo.
Por lo expuesto, en el recurso de casación registrado en la Sala Tercera del Tribunal Supremo con el núm. 92/2016:
La Sección de Admisión
Primero.- Admitir a trámite el recurso de casación preparado por la Junta de Andalucía contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Primera, Sevilla) del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el procedimiento ordinario núm. 494/2015.
Segundo.- Precisar que las cuestiones en las que se entiende que existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia lo son las atinentes a si una vez otorgada una subvención mediante resolución firme en la que se condiciona el pago total de su importe a la justificación de ciertas condiciones, la petición por el interesado de ese último pago da lugar a un procedimiento autónomo, sometido al plazo máximo de resolución que determina el artículo 42.3 de la Ley 30/1992 (actual artículo 21.3 de la Ley 39/2015 ); y, de ser así, si la falta de respuesta a aquella petición por parte de la Administración, y la ausencia por ella de consideración alguna sobre la suficiencia de la justificación aportada determinan, indefectiblemente, un pronunciamiento judicial de condena al pago del importe reclamado.
Tercero.- Identificar como normas jurídicas que en principio serán objeto de interpretación ese artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (actual artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre ) y los artículos 32 , 34 , 39 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre , y 88 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio .
Cuarto.- Publicar este auto en la página web del Tribunal Supremo.
Quinto.- Comunicar inmediatamente a la Sala de Instancia la decisión adoptada en este auto. Y
Sexto.- Para su tramitación y decisión, remitir las actuaciones a la Sección Cuarta de esta Sala, competente de conformidad con las normas de reparto.
El presente auto, contra el que no cabe recurso alguno, es firme.
Así lo acuerdan y firman. D. Luis Maria Diez-Picazo Gimenez D. Manuel Vicente Garzon Herrero D. Segundo Menendez Perez D. Octavio Juan Herrero Pina D. Eduardo Calvo Rojas D. Joaquin Huelin Martinez de Velasco D. Diego Cordoba Castroverde D. Jose Juan Suay Rincon D. Jesus Cudero Blas
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ATS, 26 de Septiembre de 2019
...prevista en el apartado c) del artículo 88.2 de la Ley Jurisdiccional , pues, como ya pusimos de manifiesto, entre otros, en ATS de 2 de febrero de 2017 (RCA 92/2016 ), y de 4 de julio de 2017 (RCA 2109/2017 ), la institución de la subvención se utiliza con extremada frecuencia por las Admi......