ATS, 11 de Enero de 2017
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 11 Enero 2017 |
| Emisor | Tribunal Supremo, sala primera, (Civil) |
AUTO
En la Villa de Madrid, a once de Enero de dos mil diecisiete.
Con fecha de 28 de diciembre de 2015 se recepcionó ante la Oficina de Registro y Reparto del Decanato de Chantada, demanda de juicio verbal por la mercantil Ames Formación, S.L. contra Doña Hortensia , en reclamación de cantidad por importe de 782,07 euros.
Turnado el asunto al Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Chantada, que lo registró con el nº 559/2015, se dictó decreto con fecha de 19 de abril de 2016, admitiendo a trámite la demanda presentada. Tras realizar diligencia de emplazamiento con resultado negativo, y diligencia de averiguación de domicilio, se dio traslado a las parte traslado a las partes y al Ministerio Fiscal para que alegasen sobre la falta de competencia territorial del juzgado. Con fecha de 12 de septiembre de 2016 por el Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Chantada se dictó auto por el que declaró su falta de competencia territorial.
Recibidas las actuaciones en el Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de Arrecife, que las registró con el n.º 612/2016, dictó auto de fecha de 15 de noviembre de 2016 por el que rechazó la inhibición acordada por el Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Chantada y acordó remitir las actuaciones a esta Sala para resolver el conflicto negativo de competencia.
Remitidas las actuaciones a esta Sala, que las registró con el n.º 1091/2016, y pasadas aquéllas para informe al Ministerio Fiscal, éste ha dictaminado que el Juzgado competente para conocer de la solicitud es el Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Chantada.
Ha sido ponente el Excmo. Sr. Magistrado D. Eduardo Baena Ruiz .
ÚNICO.- De conformidad con el criterio del Juzgado remitente y con la solución interesada en su informe por el Ministerio Fiscal, el presente conflicto negativo de competencia territorial debe resolverse declarando competente al Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Chantada por las siguientes razones:
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) Tratándose de un procedimiento de juicio verbal en el que se ejercita acción de reclamación de cantidad, dado que dicha acción no está sujeta a fuero imperativo, la competencia territorial para el conocimiento del asunto viene determinada por los fueros generales de los artículos 50 y 51 LEC , en concreto por lo dispuesto en el artículo 50.1 LEC , fuero general de las personas físicas, según el cual estas deben ser demandadas en el lugar donde tengan su domicilio. Al no ser posible la sumisión expresa o tácita por no estar permitida en los juicios verbales ( art. 54.1 LEC ), el órgano judicial está facultado para examinar de oficio su competencia territorial sin necesidad de que se plantee declinatoria.
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) La cuestión de si cabe establecer algún límite temporal en el control de oficio de la competencia territorial resulta controvertida.
Durante un tiempo esta Sala vino dando el mismo tratamiento procesal a la falta de competencia objetiva y a la falta de competencia territorial (por ejemplo, AATS de 25 de abril de 2006, conflictos nº 3/2006 y nº 105/2005 ; 3 de octubre de 2006 , conflicto nº 91/2006 ; 10 de julio de 2007, conflictos nº 61/2007 y 70/2007 ; y 31 de julio de 2007, conflictos nº 2/2007 , 21/2007 y 46/2007 ), solución que, en aplicación del art. 48 LEC , posibilitaba un control de oficio de ambas clases de competencia tan pronto como se advirtiera su falta; por tanto, no restringido al inicio del proceso.
En esta línea se encuentran los arts. 416 y 443.3 LEC , puesto que ambos permiten dicho examen de oficio, respectivamente, en el acto de la audiencia previa en el procedimiento ordinario y en el acto de la vista en el verbal. Además, la actual distribución de competencias entre el titular del órgano judicial y el secretario judicial tras la reforma procesal operada por la Ley Orgánica 13/2009, de 3 de noviembre, en cuya virtud se ha atribuido a este último la admisión de las demandas ( arts. 404.1 y 440.1 LEC ), también parece abonar la idea de que el juez pueda apreciar de oficio su falta de competencia territorial con posterioridad al momento inicial del proceso.
No obstante, en autos más recientes esta Sala ha venido entendiendo que, de conformidad con el tenor literal del art. 58 LEC , la apreciación del oficio de la competencia territorial se constriñe al momento inmediatamente posterior a la presentación de la demanda, siendo por ello inadmisible un examen posterior (en este sentido, y entre los más recientes, AATS de 22 de abril de 2014, conflicto n.º 25/2014 ; 29 de octubre de 2013, conflicto n.º 126/2013 ; 15 de octubre de 2013, conflicto n.º 152/2013 , y 24 de septiembre de 2013, conflicto n.º 108/2013 ).
Esta última interpretación parte de la base de que, pese al tenor del art. 48 LEC , el legislador ha querido diferenciar entre competencia objetiva y competencia territorial, de modo que no reciban el mismo tratamiento procesal. En consecuencia, a diferencia del control sobre la competencia objetiva, se entiende que el legislador ha querido limitar el control de oficio sobre la competencia territorial al momento inicial del pleito, lo que además es coherente con la previsión legal para el control a instancia de parte, pues la ley procesal civil establece que la declinatoria debe plantearse en los primeros diez días del plazo para contestar, en el juicio ordinario, o en los cinco primeros posteriores a la citación para la vista, en el juicio verbal, con suspensión del procedimiento, lo que significa que también para el control a instancia de parte se ha querido que tenga lugar al inicio del pleito, de manera que, una vez determinado el órgano judicial territorialmente competente, no puedan suscitarse de nuevo problemas de competencia territorial.
Este segundo criterio, favorable a restringir el control sobre la competencia territorial al momento inicial del proceso, encuentra respaldo normativo en los casos en que se trata de controlar de oficio la competencia territorial en fase de ejecución forzosa (el art. 545.2 LEC ).
Además, dicho criterio también resulta avalado por la circunstancia de que, a diferencia de lo que sucede con la competencia objetiva, la ley no ha creído conveniente considerar los defectos de competencia territorial como determinantes de nulidad absoluta ( arts. 238.1.º LOPJ y 225 LEC ), de tal modo que, cuando concurra en el proceso un vicio de esta naturaleza, solo cabe estar al tratamiento procesal específicamente previsto (denuncia mediante declinatoria, en tiempo y forma, o control de oficio al inicio del pleito), a fin de que después ya no se planteen problemas de competencia territorial, salvo la especialidad representada por el art. 67.2 LEC , que en cualquier caso exigiría una denuncia inicial de parte que se mantuviera luego durante todo el curso del proceso.
Finalmente, también se puede añadir que tanto el principio de seguridad jurídica ( art. 9.3 de la Constitución ) como la salvaguarda de la tutela judicial efectiva ( art. 24 de la Constitución ) constituyen argumentos a favor de limitar temporalmente el control de oficio de la competencia territorial, con el fin de evitar el peregrinaje jurisdiccional. Precisamente la necesidad de evitar el peregrinaje jurisdiccional fue la razón que llevó a esta Sala a optar por el archivo en los procesos monitorios ( ATS de 5 de enero de 2010 y posteriores), lo que ha tenido plasmación legal en el último párrafo del art. 813 LEC tras la reforma introducida por la Ley 4/2011, de 24 de marzo.
Pues bien, ante esa disparidad de criterios esta Sala declaró en Pleno (Conflicto negativo de competencia de fecha 9 de septiembre de 2015, recurso n.º 87/2015) que no cabía dar un mismo tratamiento procesal a la competencia objetiva y a la territorial, y que la necesidad de conciliar el tenor del art. 58 LEC , que opta por limitar el control de oficio al momento inmediatamente posterior a la presentación de la demanda, con lo dispuesto en los arts. 416 y 443.3 LEC , que posibilitan un control de oficio en momentos posteriores, aconsejaba adoptar una solución intermedia, consistente en que el control de oficio de la competencia territorial durante la fase declarativa de los juicios ordinario y verbal tuviera su límite, respectivamente, en el acto de la audiencia previa y en el acto de la vista.
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) La necesidad de dotar de sentido a la perpetuación de la jurisdicción como regla general ( art. 411 LEC ) supone que, independientemente de que pueda controlarse de oficio la competencia territorial fijada por normas imperativas (y en el caso del juicio verbal, por no admitirse la sumisión), la mera localización del demandado en un lugar distinto del domicilio indicado en la demanda no justifique, sin más, que el órgano que inicialmente declaró su competencia se inhiba a favor de los órganos de esa otra demarcación, pues viene declarando esta Sala, respecto del art. 411 LEC , que para que resulte competente un Juzgado diferente de aquel que conoció de la petición inicial es necesario acreditar que el domicilio actual conocido por hechos sobrevenidos ya era el real o efectivo en el momento en que se presentó la demanda, de forma que si no se acredita tal circunstancia, o si resulta probado que la alteración se produjo con posterioridad, el Juzgado que conoció inicialmente perpetuaría su jurisdicción por aplicación del citado artículo 411 LEC , aunque el emplazamiento o la citación deban practicarse en el nuevo domicilio acudiendo al auxilio judicial ( AATS, entre los más recientes, de 4 de febrero de 2015, conflicto nº 143/2014 , 22 de abril de 2015, conflicto nº 12/2015 , y de 8 de noviembre de 2016, conflicto nº 1058/2016 ).
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) En este caso, en la demanda se indicó que la persona demandada tenía su domicilio en Chantada (Lugo), de acuerdo con la ficha de inscripción y documentos anexos unidos a las actuaciones, y el Juzgado al que se repartió examinó y declaró acertadamente su competencia territorial en atención a ese dato por decreto de 19 de abril de 2016. No obstante, al no ser localizada la demandada en dicho domicilio y tras diligencia de averiguación domiciliaria, el Juzgado de Chantada decidió finalmente inhibirse a favor de los Juzgados de Arrecife y con la única razón de constar ese domicilio en la Tesorería General de la Seguridad Social.
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) En estas circunstancias, aunque con arreglo al criterio que se ha fijado el Juzgado de Chantada podía controlar de oficio su competencia territorial después de presentarse y admitirse la demanda, ya que en el juicio verbal el art. 443.3 LEC permite dicho control hasta el acto de la vista inclusive, sin embargo el mero conocimiento sobrevenido de un domicilio de la demandada, distinto del indicado en la demanda, no determinaba su pérdida de competencia territorial: en primer lugar, y como razón principal, porque, como indica el órgano remitente, se trata de una apreciación sin justificación documental, ya que no existe certeza de que la demandada o su administrador único tenga efectivamente su domicilio en la localidad de Arrecife, habida cuenta del resultado de averiguación en el Punto Neutro donde constan otro domicilio en Parets del Vallés (Barcelona); y en segundo lugar, porque ya se ha dicho que, una vez declarada su competencia territorial por el Juzgado al que se repartió la demanda, el efecto de la litispendencia a que se refiere el art. 411 LEC determina que el órgano que se declaró competente siga siéndolo, a menos que se acredite que el domicilio averiguado posteriormente era ya el real o efectivo del demandado al tiempo de interponerse la demanda, lo que tampoco consta que fuera así al no haber ningún dato que permita concluir que la demandada tuviera su domicilio en Arrecife cuando se presentó la demanda.
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) Declarar que la competencia territorial para conocer del asunto corresponde al Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Chantada.
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) Remitir las actuaciones a dicho Juzgado.
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) Y comunicar este auto, mediante certificación, al Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de Arrecife.
Contra la presente resolución no cabe recurso alguno.
Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, de lo que como Secretario, certifico.
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AAP Barcelona 233/2019, 16 de Mayo de 2019
...de un domicilio distinto del indicado en la demanda en el que se había intentado sin éxito el emplazamiento. Asi el auto del Tribunal Supremo de 11 de enero de 2017, conflicto 1091/2016, y de 7 de junio de 2017, conflicto 58/2017, "...La necesidad de dotar de sentido a la perpetuación de la j......
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...de 6 de marzo de 2012, conflicto nº 255/2011, o de 25 de octubre de 2011, conflicto nº 170/2011, entre otros). Como recogen los AATS de 11 de enero de 2017, conflicto 1091/2016 y 7 de junio de 2017, conflicto 1091/2016 " Y añade como justificación de lo anterior ""[...]La necesidad de ......
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