ATS, 23 de Julio de 2014
| Ponente | MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN |
| ECLI | ES:TS:2014:8117A |
| Número de Recurso | 61/2014 |
| Procedimiento | Casación |
| Fecha de Resolución | 23 de Julio de 2014 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Cuarta, de lo Social |
AUTO
En la Villa de Madrid, a veintitrés de Julio de dos mil catorce.
Es Magistrada Ponente la Excma. Sra. Dª. Maria Lourdes Arastey Sahun
La sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 9 de julio de 2013 (autos 14/2013 ), dictada en proceso de despido colectivo seguido a instancia de los sindicatos LAB y ELA frente a FCC ÁMBITO S.A., declaró ajustado a derecho el despido colectivo adoptado por la empresa el 10 de mayo de 2013 "en cuanto extingue cuatro contratos de trabajo y no ajustado a derecho en cuanto a las otras doce extinciones, correspondiendo a la demandada la determinación de unos y otros, de entre los afectados y siguiendo el criterio de menor antigüedad en la empresa dentro de los de la misma categoría".
Frente a dicho sentencia formalizaron recurso de casación tanto el demandante LAB, como la empresa.
Hallándose en tramitación el recurso ante esta Sala, el 10 de julio de 2014 la Sala de instancia elevó a esta Sala IV el acta de la comparecencia celebrada ante el Secretario Judicial de aquel órgano por la empresa y los dos sindicatos demandantes manifestando haber alcanzado un acuerdo transaccional, el cual adjuntan. Ratificándose a presencia del Secretario Judicial, los comparecientes solicitaron la remisión a esta Sala IV para la homologación del acuerdo.
En esencia, las partes acuerdan los siguientes:
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La empresa satisfará a los 16 trabajadores afectados por el procedimiento de despido colectivo una indemnización bruta total por la extinción de su contrato de trabajo, producido el 31 de mayo de 2013, equivalente a 33 días de salario por años de servicio, prorrateándose por meses los periodos inferiores a un año, con un máximo de 24 mensualidades.
-
La diferencia entre la indemnización ya satisfecha y esta indemnización se abonará a los mismos en el plazo de 30 días desde la homologación judicial de este convenio transaccional, mediante transferencia bancaria al número de cuenta donde habitualmente venían percibiendo su salario, salvo que se indique otra distinta.
1 .- Hasta la entrada en vigor de la LRJS (Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social), en aplicación de la supletoria Ley de Enjuiciamiento Civil ( DA 1ª. 1 LPL- Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral ), una vez que habían llegado las partes a un acuerdo transaccional sobre la materia que constituía el objeto del proceso, ratificado ante la Secretaría de esta Sala de lo Social del Tribunal Supremo, devenía aplicable lo dispuesto a tal efecto por el art. 19 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC ). En el apartado 1 de dicho precepto se dispone expresamente que " los litigantes están facultados para disponer del objeto del juicio y podrán renunciar, desistir del juicio, allanarse, someterse a arbitraje y transigir sobre lo que sea objeto del mismo, excepto cuando la ley lo prohíba o establezca limitaciones por razones de interés general o en beneficio de tercero "; así mismo, en el apartado 2 de dicho precepto se dispone igualmente que " si las partes pretendieran una transacción judicial y el acuerdo o convenio que alcanzaren fuere conforme a lo previsto en el apartado anterior, será homologado por el tribunal que esté conociendo del litigio al que se pretenda poner fin "; y en el apartado 3 se señala que " los actos a que se refieren los apartados anteriores podrán realizarse, según su naturaleza, en cualquier momento de la primera instancia o de los recursos o de la ejecución de sentencia ".
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- Del precepto procesal civil trascrito se desprendía claramente que las partes pueden disponer válidamente del objeto del proceso en cualquier momento del mismo y en concreto en el momento en que lo hicieron, situado dentro del ámbito de la competencia funcional de esta Sala. La decisión judicial de homologación del acuerdo procederá siempre que no se produzca en supuestos en los que la Ley expresamente lo prohíba o lo limite.
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- En relación con ello, dentro de la normativa laboral de la ahora derogada LPL únicamente existían dos preceptos que aparentemente podrían interferir en el acuerdo de homologación, en concreto: el art. 245 LPL en cuanto disponía expresamente que " se prohíbe la transacción o renuncia de los derechos reconocidos por sentencias favorables al trabajador ", y el art. 3.5 Estatuto de los Trabajadores (ET ) en cuanto dispone que " los trabajadores no podrán disponer válidamente, antes o después de su adquisición, de los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales de derecho necesario... ".
-
- Sin embargo, incluso bajo la vigencia de la normativa procesal social ahora derogada, esta Sala interpretó, entre otros, en los Autos de fechas 11-enero-2001 (rcud 979/2000), 25-octubre-2001 (rcud 3110/2001), 8-noviembre-2006 (rcud 3649/2005), 24-enero-2007 (rcud 3159/2005), 15-marzo-2007 (rcud 2248/2006), 17- julio-2007 (rcud 1933/2006), 18-julio-2007 (rcud 45/2007), 21-noviembre-2007 (rcud 1871/2006), 14-marzo-2008 (rcud 1200/2007), 20-junio-2008 (rcud 1301/2007), 12-febrero-2009 (rcud 3939/2008) y 20-junio-2013 (rcud 893/2013), contemplando situaciones semejantes a la aquí producida, que no juega en este caso la prohibición del art. 245 LPL porque sólo puede entenderse referida a sentencias firmes, ni tampoco estamos ante el supuesto contemplado en el art. 3.5 ET porque el eventual derecho de la parte actora sólo tiene un reconocimiento provisional en el marco de un litigio. Fuera del marco laboral el objeto de la transacción no se halla comprendido dentro de ninguna de las prohibiciones contenidas en el art. 1814 del Código Civil ni tampoco puede desprenderse del mismo que sea fraudulento, a los efectos del art. 6.4 del mismo Código .
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- Por lo que, en definitiva, se entendía que se trababa de una transacción merecedora de su homologación por esta Sala, en los términos en que ha sido aceptada por las partes, dentro de la facultad de disposición que tienen legalmente reconocida y se proclamaba que la homologación de dicha transacción en cuanto modo legítimo de terminación del proceso debía producir sus efectos procesales plenos, lo que significaba que lo acordado sustituía a lo resuelto en las sentencias de instancia y de suplicación, de conformidad con el hecho de que, cual dispone expresamente la regla 3ª del art. 517.2 LEC , el título para la ejecución de lo acordado en estos supuestos lo constituye el Auto de homologación y no lo que pudiera haberse dispuesto en aquellas sentencias anteriores.
1.- Los anteriores principios fueron asumidos expresamente por la ahora vigente LRJS, disponiendo en su art. 235.4 que " Las partes podrán alcanzar, en cualquier momento durante la tramitación del recurso, convenio transaccional que, de no apreciarse lesión grave para alguna de las partes, fraude de ley o abuso de derecho, será homologado por el órgano jurisdiccional que se encuentre tramitando el recurso, mediante auto, poniendo así fin al litigio y asumiendo cada parte las costas causadas a su instancia, con devolución del depósito constituido. El convenio transaccional, una vez homologado, sustituye el contenido de lo resuelto en la sentencia o sentencias anteriormente dictadas en el proceso y la resolución que homologue el mismo constituye título ejecutivo. La impugnación de la transacción judicial así alcanzada se efectuará ante el órgano jurisdiccional que haya acordado la homologación, mediante el ejercicio por las partes de la acción de nulidad por las causas que invalidan los contratos o por los posibles perjudicados con fundamento en su ilegalidad o lesividad, siguiendo los trámites establecidos para la impugnación de la conciliación judicial, sin que contra la sentencia dictada quepa recurso ", que a posibilitado incluso alcanzar un convenio transaccional en ejecución definitiva de sentencia ( art. 246 LRJS ).
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- Por lo expuesto, no apreciándose en el convenio transaccional alcanzado entre las partes lesión grave para alguna de ellas, fraude de ley o abuso de derecho, procede su homologación por esta Sala, como órgano jurisdiccional que se encuentra tramitando el recurso de casación unificadora, mediante el presente auto, poniendo así fin al litigio, sustituyendo este auto el contenido de lo resuelto en la sentencia de instancia anteriormente dictada en el proceso y constituyendo el mismo título ejecutivo; asumiendo cada parte las costas causadas a su instancia, con devolución a la empresa del depósito constituido para recurrir en casación y acordando que se remitan las actuaciones al órgano judicial de procedencia para que, por el que proceda y con relación a las consignaciones o aseguramientos efectuados para recurrir, se ponga la cantidad acordada en la transacción homologada a disposición del trabajador y el sobrante a disposición de la empresa.
Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.
Se homologa a todos los efectos el acuerdo transaccional al que llegaron las partes que intervinieron en este proceso, los sindicatos LAB y ELA y la empresa FCC Ámbito, S.A. plasmado y ratificado ante la Secretaría de la Sala de instancia en fecha 4 de julio de 2014, cuyo contenido es el siguiente:
La empresa satisfará a los 16 trabajadores afectados por el procedimiento de despido colectivo una indemnización bruta total por la extinción de su contrato de trabajo, producido el 31 de mayo de 2013, equivalente a 33 días de salario por años de servicio, prorrateándose por meses los periodos inferiores a un año, con un máximo de 24 mensualidades.
La diferencia entre la indemnización ya satisfecha y esta indemnización se abonará a los mismos en el plazo de 30 días desde la homologación judicial de este convenio transaccional, mediante transferencia bancaria al número de cuenta donde habitualmente venían percibiendo su salario, salvo que se indique otra distinta.
Se pone fin al litigio, sustituyendo este auto el contenido de lo resuelto en la sentencia de instancia dictada en el proceso y constituyendo el mismo título ejecutivo; asumiendo cada parte las costas causadas a su instancia, con devolución a la empresa del depósito constituido para recurrir en casación y acordando que se remitan las actuaciones al órgano judicial de procedencia para que se de las consignaciones y depósitos el destino legal.
Así lo acordamos, mandamos y firmamos.
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