STS 543/2014, 29 de Septiembre de 2014

El procurador don Pascual Font Pons, en nombre y representación de la entidad «Centro Comercial Vilella», interpuso demanda contra la entidad «Editorial Prensa Valenciana, S.A.» y don Erasmo porque -así lo afirma- habían vulnerado su derecho al honor por la información falsa publicada en el diario «Levante» el 12 de agosto de 2010.

Las pretensiones de la demandante fueron estas:

- Que se declarara la existencia de una intromisión ilegítima de los demandados en su derecho al honor.

- Que se publicara el texto íntegro de la sentencia en el diario «Levante» a costa de los demandados.

- Que se le indemnizara solidariamente en la cantidad de 3.000 euros, más los intereses legales desde la fecha de la sentencia.

Las demandadas contestaron alegando «en primer término la falta de legitimación pasiva del codemandado Sr. Erasmo ya que el mismo ha sido demandado como Director en funciones cuando el mismo ni ostenta ni ostentaba tal cargo cuando se publicó la noticia y en cuanto al fondo y en esencia, la improcedencia de la reclamación, habida cuenta que la información fue dada para informar a los ciudadanos acerca de las vicisitudes que atravesaba el Centro Comercial Vilella, la paralización de las obras desde hacia año y medio y sobre el hecho de que el nuevo propietario no iba a continuar con el proyecto lo cual era de interés público y veraz».

El Juzgado de Primera Instancia núm. 21 de Valencia dictó sentencia el 27 de mayo de 2011 , cuya parte dispositiva dice así:

QUE ESTIMANDO LA DEMANDA INTERPUESTA POR CENTRO COMERCIAL VILELLA, 2003 SL "CONTRA EDITORIAL PRENSA VALENCIANA SA" Y DON Erasmo :

A) DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO A DON Erasmo DE LAS PRETENSIONES FORMULADAS EN SU CONTRA

B) DEBO DECLARAR Y DECLARO LA EXISTENCIA DE UNA INTROMISIÓN ILEGÍTIMA LLEVADA A CABO POR LA ENTIDAD EDITORIAL PRENSA VALENCIANA SA EN EL DERECHO AL HONOR DE LA ENTIDAD DEMANDANTE POR LA INFORMACIÓN INVERAZ VERTIDA EN LA PUBLICACIÓN DEL PERIÓDICO LEVANTE EL DÍA 12 DE AGOSTO DE 2010.

C) DEBO CONDENAR Y CONDENO A EDITORIAL PRENSA VALENCIANA SA A ESTAR Y PASAR POR LA ANTERIOR DECLARACIÓN, A PUBLICAR EL TEXTO INTEGRO DE LA ESTA SENTENCIA EN EL DIARIO LEVANTE A SU COSTA Y A INDEMNIZAR A LA DEMANDANTE, EN LA CANTIDAD DE 3000 EUROS MAS INTERESES LEGALES DESDE LA FECHA DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.

RESPECTO A LAS COSTAS LAS DEVENGADAS A INSTANCIAS DE DON Erasmo SERÁN SATISFECHAS POR LA PARTE ACTORA Y LAS DEVENGADAS A INSTANCIAS DE LA PARTE ACTORA POR EDITORIAL PRENSA VALENCIANA SA.

Dentro del plazo legal, la entidad EDITORIAL PRENSA VALENCIANA, S.A. interpuso recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Valencia.

Por su parte, la entidad Centro Comercial Vilella se opuso al recurso de apelación e impugnó la sentencia en lo referente a la absolución del codemandado don Erasmo .

La sección undécima de la Audiencia desestimó el recurso de apelación y la impugnación por sentencia de 30 de mayo de 2012, cuya parte dispositiva es la siguiente:

Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora de los Tribunal doña María Luisa Izquierdo Tortosa, en nombre y representación de Editorial Prensa Valenciana, SA contra la Sentencia número 115/2011, dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 21 de Valencia , el día 27 de mayo de 2011, en el Juicio Ordinario seguido con el número 1468/2010.

Desestimar la impugnación interpuesta por el Procurador de los Tribunales don Pascual Pons Font, en nombre y representación del Centro Comercial Vilella 2003, S.L., contra la citada Sentencia

.

Mediante escrito de 29 de octubre de 2012, la entidad EDITORIAL PRENSA VALENCIANA, S.A. interpuso recurso de casación que contiene el siguiente único motivo:

Por infracción de Ley y Doctrina Legal, al amparo del artículo 477.2.1º de la Ley de Enjuiciamiento Civil , por infracción del artículo 7 de la Ley 1/82, de 5 de mayo, de Protección Civil al derecho al Honor, a la Intimidad y a la Propia Imagen, infringido a sensu contrario, a tenor del contenido de la jurisprudencia que interpreta la intromisión ilegítima de dichos derechos, en relación con el derecho a la información y a la opinión. Y por infracción así mismo, por inaplicación del artículo 20.1e) de la Constitución Española , que garantiza el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión

.

Por auto de 18 de marzo de 2014, la Sala acordó admitir el recurso por concurrir los requisitos legales.

Mediante escrito presentado el 24 de abril de 2014 en el Registro General del Tribunal Supremo, la entidad ASOCIACIÓN Y DEFENSA JURÍDICA LEX, S.A., sucesora procesal de la demandante Centro Comercial Vilella, se opuso al recurso invocando doctrina del Tribunal Constitucional y de esta Sala sobre el requisito de la veracidad y haciendo suyo el razonamiento de la Audiencia Provincial sobre la existencia o inexistencia de un error terminológico.

El Ministerio Fiscal impugnó el recurso argumentando la falta de veracidad respecto a la situación concursal de la entidad Centro Comercial Vilella y afirmando que resultó lesionado el derecho fundamental de ésta a su prestigio profesional porque, «para una sociedad mercantil en un marco territorial específico, cuya actividad es conocida y seguida por su innegable trascendencia económica, la imputación inveraz de estar sometida a concurso de acreedores le causa un serio perjuicio en la medida que le está imputando una situación de falta de solvencia económica lo que conlleva desconfianza general y evidente descrédito».

Por providencia de 23 de julio de 2014, la Sala se señaló el día 23 de septiembre de 2014, para deliberación, votación y fallo.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Jose Luis Calvo Cabello,

Para resolver el recurso conviene recordar lo siguiente:

1. - Mediante su demanda, la entidad Centro Comercial Vilella 2003, S.L solicitó que se declarara que los codemandados Editorial Prensa Valenciana, SA, hoy recurrente, y don Erasmo habían vulnerado su derecho al honor.

2. - El Juzgado de Primera Instancia absolvió a don Erasmo por falta de legitimación pasiva y condenó a la Editorial Prensa Valenciana argumentando que, contrariamente a la información publicada -información que se transmitió sin contrastarla ni verificarla previamente-, la entidad Centro Comercial Vilella no había sido declarada en concurso de acreedores.

3. - La Audiencia Provincial, rechazando el recurso de apelación interpuesto por la Editorial Prensa Valenciana y la impugnación formulada por Centro Comercial Vilella, confirmó la sentencia del Juzgado argumentando que, pese a ser cierto que la noticia tenía interés público y que su núcleo era el fracaso comercial, la afirmación de hallarse esta entidad en concurso de acreedores no era verdadera y excedía de la noticia.

   De manera gratuita, dice la Audiencia, se introduce ese hecho (hallarse en concurso de acreedores) sin que pueda asumirse que la redactora no se daba cuenta de la trascendencia que para la entidad mercantil tenía la publicación de que se hallaba en situación concursal.

   Por último, niega la Audiencia que la publicación falsa obedeciera a un error terminológico, pues «estos quedan limitados a las frecuentes confusiones de los términos jurídicos utilizándolos en un sentido que le es impropio, así por ejemplo, emplear como sinónimos demanda y denuncia, o no distinguir entre imputado y acusado, o confundir determinadas figuras jurídicas; pero en el supuesto enjuiciado no nos encontramos en este ámbito pues no estamos ante un error de términos sino que la inveracidad recae en el hecho mismo al declarar que la demandante estaba en concurso de acreedores, error que nació de una falta de suficiente comprobación de la noticia».

4. - El único motivo de casación, formulado con apoyo procesal en el artículo, se fundamenta en las siguientes razones.

   1. El núcleo de la información era el fracaso comercial del Centro Comercial Vilella, no la -ciertamente falsa- situación de concurso de acreedores. Toda la información, extensa, se refiere a ese fracaso, resultando improcedente que se concluya que hubo vulneración del honor por «una línea y media en la que se habla de situación concursal y autorización de los jueces para la retirada de las grúas».

   2. El motivo de la frase fue un error en la utilización de términos técnico-jurídicos. Dice la recurrente que no es exigible a un «periodista profano en materia jurídica» el uso del término jurídico preciso.

Derecho al honor

El derecho al honor está directa e intensamente relacionado con la dignidad de la persona. Dignidad que por expresa disposición de la Constitución es, junto a los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás, fundamento del orden político y de la paz social.

Por ello, por esta vinculación con la dignidad, todos los seres humanos son titulares del derecho al honor. El artículo 18.1 de la Constitución Española lo reconoce -no lo concede, lo reconoce- junto al derecho a la intimidad y a la imagen. Y lo reconoce como un derecho autónomo, que además se alza como límite a la libertad de expresión e información. Mediante el derecho al honor se protege la reputación, la buena fama, el aprecio; en definitiva, lo que la persona merece a los demás. De aquí que el titular del derecho al honor -todo ser humano- pueda exigir a los demás que no perjudiquen la opinión que exista sobre el.

Derecho al honor en el que está incluido el derecho al prestigio profesional, como resulta de la doctrina contenida en las sentencias de 25 de marzo de 1993 , 20 de diciembre de 1993 ; 24 de mayo de 1994 ; 12 de mayo de 1995 ; 16 de diciembre de 1996 ; 20 de marzo de 1997 , 21 de mayo de 1997 , 24 de julio de 1997 , 10 de noviembre de 1997 , 15 de diciembre de 1997 ; 27 de enero de 1998 , 27 de julio de 1998 y 31 de diciembre de 1998 ; 22 de enero de 1999 ; 15 de febrero de 2000 , 26 de junio de 2000 ; 30 de septiembre de 2003 ; 18 de marzo de 2004 , 5 de mayo de 2004 , 19 de julio de 2004 , 18 de junio de 2007 ; doctrina que admite que el prestigio profesional forma parte del marco externo de trascendencia en que se desenvuelve el honor.

Libertad de expresión e información

En el artículo 20 de la Constitución Española , está reconocida la libertad de expresión e información, que, como el derecho al honor, corresponde a todos los seres humanos. El derecho a estas libertades -en rigor un derecho, si bien con distinto régimen según predomine una u otra libertad- se asienta sobre la existencia de una opinión pública. Opinión que, así está reconocido por la doctrina y la jurisprudencia, además de ser condición necesaria para el correcto funcionamiento de la democracia, es indispensable para el crecimiento de una sociedad, para el crecimiento libre de la creatividad en todos los órdenes. De aquí esta suerte de dimensión instrumental por la que, analizadas todas las circunstancias mediante un juicio de proporcionalidad, la libertad de expresión e información puede ser declarada prevalente frente a otros derechos ligados a la personalidad.

También, como el derecho al honor, estas libertades están vinculadas a la dignidad de la persona. Y también por ello les corresponden a todos los seres humanos.

Sobre la veracidad

La libertad de expresión y la libertad de información no son libertades idénticas. Quien se expresa, opina. Quien informa hace algo más: cuenta o trasmite noticias. En los casos habituales suelen ir mezcladas, siendo necesario diferenciarlas pues es diferente el tratamiento que les corresponde.

Hay un diferencia básica: la veracidad se exige a la información. No está relacionada con la opinión. La opinión estará mejor o peor fundamentada, pero no será verdadera o falsa. La información, sí. La verdad es consustancial a la información. No solo cuando entra en conflicto con el derecho al honor, a la intimidad o a la imagen (una información falsa carece de protección) sino por sí sola, por sí misma. Si no es verdadero lo que se informa a los ciudadanos no existe información. Una información falsa es desinformación y no contribuye a la formación de la opinión pública; es más, causa un daño, en ocasiones grave, a esta.

Esta Sala tiene declarado - en sus sentencias de 30 de diciembre de 2010 y 19 de abril de 2012 - que la veracidad es requisito indispensable de toda información. No importa si es cultural, política, científica o de entretenimiento. Si no es veraz, ni siquiera merece la condición de información. No es información.

Por otra parte, la Sala también tiene declarado, en su sentencia de 3 de marzo de 2010 , entre otras, que por veracidad debe entenderse el resultado de una razonable diligencia por parte del informador para contrastar la noticia de acuerdo con pautas profesionales ajustándose a las circunstancias del caso, aun cuando la información pueda más adelante ser desmentida o no resultar confirmada ( STC 139/2007 ). El requisito de la veracidad no empece que la total exactitud de la noticia pueda ser controvertida o se incurra en errores circunstanciales que no afecten a la esencia de lo informado ( SSTC 6/1988, de 21 de enero , 105/1990, de 6 de junio , 171/1990, de 12 de noviembre , 172/1990, de 12 de noviembre , 40/1992, de 30 de marzo , 232/1992, de 14 de diciembre , 240/1992, de 21 de diciembre , 15/1993, de 18 de enero , 178/1993, de 31 de mayo , 320/1994, de 28 de noviembre , 76/1995, de 22 de mayo , 6/1996, de 16 de enero , 28/1996, de 26 de febrero , 3/1997, de 13 de enero , 144/1998, de 30 de junio , 134/1999, de 15 de julio , 192/1999, de 25 de octubre , 53/2006, de 27 de febrero , FJ 6).

Desestimación del recurso

En aplicación de la doctrina expuesta, el recurso debe ser desestimado por las siguientes razones conjuntas:

1. La entidad recurrente publicó lo siguiente: «Y a la espera, también, de que los jueces autorizaran su retirada [de las grúas], al encontrarse la sociedad promotora [el Centro Comercial Vilella] en proceso concursal».

2. No es verdad que dicha entidad mercantil estuviera en situación de concurso de acreedores.

   Este apartamiento de la verdad ha sido declarado por la sentencia recurrida y reconocido por la propia entidad recurrente: si alega que fue un error terminológico y que una sola línea en la información no puede quebrar la veracidad de esta, es lógico concluir que acepta la no veracidad de la concreta frase transcrita.

3. Ninguna de las razones del recurso merece ser acogida.

   Por lo que se refiere a la causa, dice que fue un error en el uso del término jurídico. Pero, como dice la Audiencia Provincial, los errores terminológicos «quedan limitados a las frecuentes confusiones de los términos jurídicos utilizándolos en un sentido que le es impropio, así por ejemplo, emplear como sinónimos demanda y denuncia, o no distinguir entre imputado y acusado, o confundir determinadas figuras jurídicas; pero en el supuesto enjuiciado no nos encontramos en este ámbito pues no estamos ante un error de términos sino que la inveracidad recae en el hecho mismo al declarar de que la demandante estaba en concurso de acreedores, error que nació de una falta de suficiente comprobación de la noticia».

4. Y por lo expuesto, la ponderación que la Audiencia Provincial hizo de los derechos en conflicto fue ajustada a derecho porque tuvo en cuenta el contenido de cada uno. En el ejercicio del derecho a informar que hizo la recurrente no fueron cumplidas las exigencias para que merezca la condición de derecho prevalente. Fue incumplido el requisito esencial de la veracidad. Es cierto que la noticia no versó sobre la situación concursal, sino sobre el fracaso del Centro Comercial Vilella. Pero no lo es que fuera nimia, intrascendente o irrelevante. Además de innecesaria para informar sobre el fracaso comercial -excede de la noticia, dice la sentencia recurrida- apuntó a una circunstancia muy importante para una entidad mercantil: Como dice el Ministerio Fiscal en su escrito de oposición al recurso, «para una sociedad mercantil en un marco territorial específico, cuya actividad es conocida y seguida por su innegable trascendencia económica, la imputación inveraz de estar sometida a concurso de acreedores le causa un serio perjuicio en la medida que le está imputando una situación de falta de solvencia económica, lo que conlleva desconfianza general y evidente descrédito».

Examen de la petición subsidiaria sobre la publicación del texto integro o parcial de la sentencia

Ante la Audiencia Provincial la recurrente alegó -solicitando se revocara la sentencia del Juzgado- que carecía de fundamento la condena de publicar a su costa la sentencia íntegra, sobre todo en la parte referente a la absolución por falta de legitimación pasiva del codemandado Sr. Erasmo . Nada le es atribuible a este respecto -dice- pues el Sr. Erasmo participó en el proceso en su condición de codemandado por el Centro Comercial Vilella.

La Audiencia Provincial rechazó analizar tal cuestión argumentando que había sido planteada de manera extemporánea, estando vedado examinar las alegaciones «ex novo». Después, la Audiencia añadió que si examinara la cuestión «resultarían quebrantados los principios de preclusión, contradicción y defensa, ocasionando indefensión a la contraparte, que se ve privada de contrarrestar estas alegaciones nuevas [...]»

Así las cosas, no procede que la Sala analice la cuestión planteada. pues lo que la recurrente atribuye a la Audiencia Provincial es una incongruencia por defecto ya que no resolvió la cuestión planteada: si era ajustada a derecho la condena de la recurrente a publicar a su costa la sentencia íntegra. La denuncia por incongruencia omisiva debe ser formulada mediante el recurso extraordinario por infracción procesal con apoyo en el artículo 469.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , y no mediante el recurso de casación.

En aplicación de los dispuesto en el artículo 394, en relación con el artículo 398, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil , procede condenar a la entidad recurrente al pago de las costas del recurso.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.