Sentencia de TS, Sala 3ª, de lo Contencioso-Administrativo, 6 de Junio de 2008
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Resumen
"RECURSO DE CASACION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. FALTA DE OBJETO. NULIDAD PREVIA. Las sentencias -dos- de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo de fecha 4 de mayo de 2007 desestimaron los recursos de casación número 7450 y 7303 de 2003, que la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias había interpuesto contra las sentencias dictadas el 19 de diciembre de 2002 y el 21 de febrero de 2003, respectivamente, por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, en los recursos contencioso-administrativos números 271 y 601 de 2001. En esas sentencias de la Sala de Canarias, ésta declaró la nulidad de pleno derecho del Decreto del Gobierno de Canarias 4/2001, de 12 de enero, por el que se acordó la formulación de las Directrices de Ordenación General y del Turismo de Canarias; declaración de nulidad de pleno derecho que devino firme tras aquellas sentencias nuestras citadas al inicio. Así las cosas, el recurso de casación que ahora resolvemos, interpuesto también por aquella Administración, ha quedado sobrevenidamente privado de objeto, pues lo que en él defiende la parte recurrente es, sólo, la validez del citado Decreto, negada en la sentencia aquí recurrida y negada ya antes, como hemos dicho, en otras sentencias cuyo pronunciamiento ha devenido firme. Se estima el recurso contencioso administrativo. Se desestima la casación. "
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Historial del Caso
☞ Sentencia Favorable a: Recurrido
Extracto
Sentencia de TS, Sala 3ª, de lo Contencioso-Administrativo, 6 de Junio de 2008
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a seis de Junio de dos mil ocho.Visto por la Sala Tercera (Sección Quinta) del Tribunal Supremo el Recurso de Casación 2545/2004 interpuesto por el GOBIERNO DE CANARIAS, representado por el Letrado de sus servicios jurídicos, siendo parte recurrida Don Diego, Doña...Ver el contenido completo de este documento
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Documentos citados
- Constitución Española de 1978.
- Ley 39/1980, de 5 de julio, de bases sobre procedimiento económico-administrativo.
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