STS, 25 de Febrero de 2014

Estimamos los recursos de casación para la unificación de doctrina interpuestos por las representaciones procesales de TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU y SEGUROS DE VIDA PENSIONES ANTARES, SA., contra la sentencia dictada el día 9 de mayo de 2013 por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León, con sede en Valladolid, en el recurso de suplicación 686/2013 , que a su vez había sido formulado frente a la sentencia que, con fecha 11 de septiembre de 2012, pronunció el Juzgado de lo Social número 4 de los de Valladolid en los autos número 268/2011, seguidos a instancia de D. Franco , contra las mencionadas recurrentes, en reclamación por reconocimiento de derecho. Casamos y anulamos la sentencia recurrida, y resolviendo el debate de suplicación desestimamos el recurso interpuesto y en consecuencia confirmamos la sentencia de instancia, con absolución a las partes demandadas de la pretensión de demanda. Decretamos la devolución de los depósitos constituidos para recurrir. Sin costas.

Devuélvanse las actuaciones al Organismo Jurisdiccional correspondiente ,con la certificación y comunicación de esta resolución.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL EXCMO. SR. MAGISTRADO DON Jordi Agusti Julia A LA SENTENCIA DICTADA EN EL RECURSO DE CASACIÓN PARA LA UNIFICACIÓN DE DOCTRINA Nº 1625/2013

Haciendo uso de la facultad conferida por el art. 260.2 LOPJ , formulo voto particular a la sentencia dictada en el recurso de casación para la unificación de doctrina 1625/2013, por discrepar , -siempre con la mayor consideración y respeto-, del criterio adoptado por la mayoría de la Sala en la indicada resolución, respecto a haber entrado en el fondo de la cuestión controvertida, con estimación del recurso, cuando en mi parecer, la decisión debió ser de INADMISIÓN POR FALTA DE CONTRADICCIÓN Y POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN LEGAL.

Fundándome en los siguientes antecedentes y consideraciones jurídicas:

1. Con carácter previo (antecedentes fácticos) y discrepancias con la sentencia mayoritaria.

   1. Conviene poner de manifiesto, en primer lugar, la dificultad que me supone para la formulación del presente voto particular, la singular construcción de la sentencia mayoritaria, en relación con los motivos de los recursos. Eso sí, hay que partir de la evidencia -y en eso coincido totalmente con la sentencia mayoritaria- de que, aun cuando ambas demandadas formulan recurso, los dos recursos son idénticos, por lo que para simplificar me referiré al recurso de la demandada.

   2. Con respecto a los cuatro motivos del recurso se afirma por la sentencia mayoritaria en el primero de los fundamento de derecho, que "Parece evidente que, en puridad, los motivos en cuestión se reducen a uno solo, que es el tercero, donde se concreta la infracción jurídica material, mientras que el inicial se limita a cumplir el requisito del art 224.1.a) en relación con el 221.2.a) de la LRJS referente a la exposición de los extremos de la contradicción, de modo que no se trata de un motivo propiamente dicho, y así puede entenderse suficiente respecto de ambos la alegación de una exclusiva sentencia de contraste cual es la del TSJ de Madrid mencionada, constituyendo el segundo un motivo procesal que carece de entidad independiente en tanto en cuanto no hay una sentencia de contraste específica para el mismo, por lo que, en puridad, ha de negársele virtualidad como tal motivo, pudiendo, no obstante, quedar su razonamiento subsumido en el anterior, como se verá, y el cuarto, constituye un a modo de apéndice dialéctico al que alude el art 224.1.b) de la misma norma al hablar de la fundamentación de la infracción legal que se entienda cometida por la sentencia recurrida "y en su caso" del quebranto producido en la unificación de la interpretación del derecho y la formación de la jurisprudencia, por lo que habría de entenderse integrado en el tercero, lo que igualmente conduce a la existencia real de un motivo único que es éste último mencionado (el tercero)".

   Ciertamente, que el primero de los motivos se limita a cumplir el requisito del artículo 224.1 a) en relación con el 221.2 a) de la LRJS referente a la exposición de la contradicción, y en puridad no es propiamente un motivo, y también es cierto que debe negarse virtualidad al segundo motivo, en cuanto no señalan las recurrentes, con respecto al mismo la oportuna sentencia de contraste, como exige la doctrina de la Sala. En efecto, en este sentido, denunciándose que la sentencia recurrida incurre en incongruencia al pronunciarse sobre cuestiones no planteadas en el recurso de suplicación, resulta de aplicación la reiterada doctrina de esta Sala, recordada, entre otras en la sentencia de 7 de diciembre de 2006 (rcud. 3771/2005), "Esta Sala se ha ocupado en múltiples ocasiones de la cuestión relativa a la necesidad de que, cuando en el recurso de casación para la unificación de doctrina se denuncian infracciones procesales graves que hayan causado indefensión, es preciso para poder dictar una resolución estimatoria que la resolución referencial sea realmente contradictoria con la recurrida, por exigencia del citado art. 217 de la LPL . Baste citar al respecto nuestras Sentencias de 16 de Junio de 2004 (rec. 4126/03 ) y de 16 de Noviembre de 2004 (rec. 4210/03 ), que a su vez invocan otras anteriores". Discrepo de la posición mayoritaria en cuanto a pesar de negar virtualidad al motivo, mediante un razonamiento un tanto singular -dicho sea con el máximo respeto a la posición mayoritaria- le otorga un cierto valor, cuando lo procedente es su total rechazo por incumplimiento del precepto legal interpretado por la doctrina expuesta.

   Pero, es que además, lo que sostengo -como se desprende de lo que más adelante razonaré- es que, dicho motivo, de haberse formulado correctamente, pudiera haber sido estimado. Por el contrario, precisamente su rechazo aboca a la inadmisión del recurso por faltar el requisito imprescindible, para su viabilidad, de la contradicción entre sentencias.

2. FALTA DE CONTRADICCIÓN POR FALTA DE IDENTIDAD DE LOS DATOS FACTICOS UTILIZADOS POR LA SENTENCIA RECURRIDA Y POR LA SENTENCIA DE CONTRASTE.

   1. - Contrariamente a lo que se razona en el segundo de los fundamentos jurídicos de la sentencia mayoritaria, no se da entre la sentencia recurrida y la invocada para el contraste dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en fecha 18 de mayo de 2012 (recurso 6696/2012 ), la "contradicción" que exige el artículo 219.1 de la LRJS , conforme se desprende de lo siguiente :

      1. La sentencia recurrida, tras poner de manifiesto que la cuestión debatida es idéntica a la resuelta en sentencia de la misma Sala de 31 de octubre de 2012 (recurso 1881/2012 ), señala que dicha cuestión se centra en determinar si para que el trabajador estuviera cubierto por el sistema de protección social era preciso que hubiera hecho una manifestación expresa de adhesión al mismo, y con respecto a esta cuestión, razona, que cuando en 1983 se segrega el sistema de protección complementaria por supervivencia y se convierte en fondo interno, la obligación de la empresa era la de incorporar a todos los empleados a dicho fondo y eso explica el contenido del acuerdo de noviembre de 1992 que ofrecía una cobertura alternativa, que era la antigua para el trabajador que no optara por el nuevo sistema del Fondo de pensiones. Adiciona, que en las mejoras directas no se precisa adhesión expresa del trabajador, ni forma de contrato, salvo que se exija algún tipo de aportación del trabajador, que exigen información a éste, para que pueda o no adherirse. Para la desestimación de la demanda, afirma, sería preciso que la compañía demandada acreditase que, siendo exigible una aportación del trabajador y debiendo expresa éste si se adhería o no al sistema, que la adhesión le fue ofrecida y fue rechazada expresamente por éste, lo que no consta en los hechos probados, y las manifestaciones de las demandadas en sus escritos de impugnación sobre la existencia de unos boletines de adhesión y su disponibilidad para el trabajador no tiene apoyo en dicho hechos, cuya revisión tampoco se ha instado. "Por tanto -sigue señalando la Sala de suplicación- hemos de partir como hecho (lo que puede constituir una importante elemento de diferencia con otros supuestos que pudieran plantearse) de que al trabajador nunca se le informó de la existencia de la mejora por supervivencia y de la posibilidad de adherirse a la misma y sus condiciones, por lo que si bien no hubo adhesión expresa, tampoco hubo ofrecimiento". Sobre esta base, al no haberse acreditado el ofrecimiento y el correspondiente rechazo, entiende la Sala que lo que debe hacerse es reabrir la posibilidad de adhesión que no se le ofreció en el momento de su contratación ni en ninguno posterior, de manera que, al haber manifestado el trabajador su voluntad de adhesión ésta ha de admitirse aunque fuera extemporáneamente, y en este concreto punto estima la demanda;

      2. Por el contrario en la citada sentencia de contraste -en la que cuando no consta expresamente la petición de los demandantes, parece se plantea un debate similar, dado que se trata de varios trabajadores incorporados a la compañía Telefónica con anterioridad a 1992, que emitieron su adhesión al Seguro colectivo en fechas que van del 1 de diciembre de 1994 a 1 de julio de 1995, no habiéndose incorporado ninguno de ellos al Plan de Pensiones-, se desestima la demanda, argumentando, que de los datos incorporados a los hechos probados no puede deducirse que los trabajadores desconocieran el contenido de los convenios colectivos y acuerdos empresa-representantes de los trabajadores. Ni que fuera necesario adherirse al convenio colectivo, como hicieron más de 70.000 empleados de Telefónica y no lo hicieron por su por su propia voluntad y decisión más de 3.000, por lo que si estima que si los demandantes en su día no constituyeron derecho alguno en aplicación de los acuerdo de mejora voluntaria de la Seguridad Social, no pueden pretender que se le reconozcan unos derechos que carecen de causa y nunca han existido; y,

      3. Ciertamente, que de lo expuesto en los apartados anteriores, se desprende un núcleo de discusión idéntico, cual es la necesidad o no de adherirse expresamente al sistema de protección complementaria y la conducta seguida por los demandantes con respecto a la adhesión. Pero, precisamente, con respecto a esta controversia, existe la diferencia fáctica fundamental, que resalta expresamente, la sentencia recurrida, la de que hemos de partir como hecho (lo que puede constituir una importante elemento de diferencia con otros supuestos que pudieran plantearse) de que al trabajador nunca se le informó de la existencia de la mejora por supervivencia y de la posibilidad de adherirse a la misma y sus condiciones, por lo que si bien no hubo adhesión expresa, tampoco hubo ofrecimiento". Por el contrario, en la sentencia recurrida, como se ha expuesto, se parte de que de los datos fácticos no puede deducirse de que los actores desconocieran los acuerdos empresa-representantes de los trabajadores ni que no fuera necesario a nivel individual adherirse al seguro colectivo, discrepancia fáctica que, precisamente, sirve de base a la también la distinta argumentación jurídica utilizada en cada una de las sentencias: fundamentalmente, el artículo 192 de la LGSS y los artículos 11.3 y 14 de la Orden de 28-12-1966, y la doctrina de los actos propios en la sentencia de contraste.

   2. Se dice en el segundo de los fundamentos jurídicos de la sentencia mayoritaria que "la contradicción ha de entenderse que existe, al haber llegado las resoluciones comparadas, relativas a unos mismos hechos, fundamentos y pretensiones, a soluciones diferentes, resultando en todo caso inasumible y erróneo lo que entiende o califica la sentencia recurrida de "partir como hecho de que al trabajador nunca se le informó de la existencia de mejora por supervivencia y la posibilidad de adherirse a la misma y sus condiciones porque si bien no hubo adhesión expresa, tampoco hubo ofrecimiento". Ello, en primer lugar, resulta inatendible porque no es posible admitir que la sentencia de suplicación introduzca en esa fase procesal lo que considera un "hecho" cuando no apareciendo en el relato de la sentencia de instancia, no se ha pedido la pertinente revisión fáctica al efecto por la parte recurrente en suplicación. Por otra parte y en realidad, más bien cabe entender que tal afirmación, a pesar de su dicción, constituye un juicio de valor, precisamente porque no consta así declarado en el relato de la sentencia de instancia, de modo que como señala el Mº Fiscal en su preceptivo informe, sólo se trata de deducciones diferentes pero no de hechos distintos, es decir, de diversos procesos valorativos de unos mismos hechos,...".

   3. Pues bien, claramente se advierte que no es tanto que la posición mayoritaria niegue el "hecho" en sí mismo -su redacción no deja lugar a dudas y previamente se razona por la Sala de donde extrae tal dato fáctico- sino que lo considera "inasumible o erróneo", por resultar "inatendible porque no es posible admitir que la sentencia de suplicación introduzca en esa fase procesal........". Es decir, lo que en realidad se cuestiona no es si se trata o no de un dato fáctico, sino la validez y eficacia de ese dato fáctico adicionado por la Sala de suplicación, y su incidencia con respecto al recurso de casación para la unificación de doctrina. Y esta cuestión ha sido ya resuelta por la doctrina de esta Sala, entre otras en la sentencia de 30 de octubre de 2007 (rcud. 1766/2006), dictada -como se verá- en cuestión idéntica a la aquí controvertida, y de la que ahora parece querer apartarse la posición mayoritaria.

      Decíamos en el fundamento jurídico cuarto de dicha sentencia que, "Ahora bien, debe tenerse en cuenta que en estos casos en que se produce una divergencia o disparidad entre los hechos que consideró probados la sentencia de instancia y los que declara acreditados la sentencia de suplicación, y tal divergencia es totalmente ajena al cauce previsto a tal fin por el art. 191-c) de la LPL , la Sala, viene siguiendo el criterio de que, a los efectos del recurso de casación para la unificación de doctrina, prevalecen las declaraciones fácticas recogidas en la sentencia de suplicación, y por tanto éstas son las que conforman los datos fácticos a tomar en consideración a tales efectos. Ello es así, por cuanto que la sentencia que es objeto de este recurso de casación unificadora, aquélla contra la que el mismo se interpone, es precisamente esa que resolvió la suplicación, y la decisión que en ella se adoptó se funda y apoya en los hechos que ella misma estimó como ciertos; de lo que se desprende que para resolver tal recurso de casación es obligado tomar como referencia esa sentencia impugnada en su totalidad, incluyendo también ineludiblemente, como no puede ser de otro modo, esos hechos nuevos añadidos por ella, que son una de las bases generadoras del pronunciamiento que la misma adoptó.

      Es cierto que si la sentencia de suplicación ha añadido al relato histórico de instancia nuevos hechos, o ha alterado o modificado los que en tal relato se contenían, prescindiendo por completo de los mandatos y trámites del art. 191-b) de la LPL ; dicha sentencia de suplicación vulnera claramente este precepto; máxime cuando tales añadidos o modificaciones ni siquiera han sido solicitados por la parte que recurrió en suplicación. Se trata, sin duda, de un quebrantamiento de la normas esenciales del proceso que puede ser perseguido por el cauce del art. 205-c) de la LPL . Pero cuando tal impugnación se tiene que hacer valer en un recurso de casación para la unificación de doctrina, para que la misma pueda tener efectividad es de todo punto necesario que se cumplan todos y cada uno de los rigurosos requisitos que este excepcional recurso exige para su viabilidad, en especial el requisito esencial de la contradicción entre sentencias que impone el art. 217 de la LPL ; es decir, tenía que haberse alegado en dicho recurso de casación unificadora un motivo articulado al amparo del citado art. 205-c) de la ley procesal laboral , fundado en la infracción procesal referida, en el que se instase la nulidad de tal sentencia, y en el que se cumpliesen con exactitud todos los estrictos requisitos que este recurso establece, y sobre todo tenía que haberse aducido en ese específico motivo una sentencia de contraste que fuese contraria a la recurrida en lo que se refiere a la concreta infracción procesal que estamos aludiendo.

      Pero en el presente recurso no se han cumplido, en forma alguna, estas exigencias, pues en él no existe ningún motivo autónomo en el que se denuncie esa vulneración procesal, ni en relación a ella se ha esgrimido ninguna sentencia referencial que sea contrapuesta a la recurrida en lo que concierne a tal cuestión, ni tampoco se cumplen todos los demás requisitos del recurso de casación para la unificación de doctrina en lo que respecta a dicha infracción procesal.

      Por todas estas reflexiones y consideraciones, resulta claro que los datos fácticos consignados en la sentencia del TSJ de Cataluña del 25 de enero del 2006 , son los que han de ser tenidos en cuenta al resolver el recurso de casación unificadora de que tratamos."

   4. Es manifiesto el encaje de la doctrina expuesta al caso y cuestión aquí controvertida, pues si bien las recurrentes han formulado un motivo para combatir la adición fáctica llevada a cabo por la Sala de suplicación, dicho motivo -como ya se ha argumentado- ha sido rechazado en base, precisamente, a no haberse " esgrimido ninguna sentencia referencial que sea contrapuesta a la recurrida en lo que concierne a tal cuestión". En conclusión, siendo inamovible el dato fáctico que añade la sentencia recurrida, y manteniendo en plenitud su eficacia y vigor, ha de tenerse en cuenta de manera ineludible a los efectos de la contradicción entre sentencias, por lo que al igual que en el caso resuelto por la citada sentencia de esta Sala, debió declararse también aquí, la inadmisión del recurso por falta de contradicción, tal como sostuve en la deliberación y reitero en este voto particular.

3. FALTA DE FUNDAMENTACIÓN DE LA INFRACCIÓN LEGAL COMETIDA EN LA SENTENCIA IMPUGNADA.

   1. - Pero, es que además, de la expuesta falta de contradicción, concurre otra causa de inadmisión de los recursos formulados por las recurrentes, cual es la falta de fundamentación de la infracción legal cometida en la sentencia recurrida. En efecto, como recuerda la sentencia más reciente de esta Sala de 3 de marzo de 2014 (rcud. 1688/2013), "La Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (LRJS -BOE 11-10-2011), en orden al contenido del escrito de interposición del recurso de casación unificadora, -siguiendo la linea jurisprudencial sentada reiteradamente por esta Sala de casación (entre otras muchas, SSTS/IV 5-marzo-2008 -rcud. 4298/2006 , 8-mayo-2012 -rcud 2404/2011 , 25-octubre-2012 -rcud 3208/2011 , 13-febrero-2013 -rcud 2854/2011 y 23-abril-2013 -rcud 622/2012 )-, dispone que " El escrito de interposición del recurso deberá contener: ... b) La fundamentación de la infracción legal cometida en la sentencia impugnada y, en su caso, del quebranto producido en la unificación de la interpretación del derecho y la formación de la jurisprudencia " ( art. 224.1.b LRJS ) y que " Para dar cumplimiento a las exigencias del apartado b) del número anterior, en el escrito se expresará separadamente, con la necesaria precisión y claridad, la pertinencia de cada uno de los motivos de casación, en relación con los puntos de contradicción a que se refiere el apartado a) precedente, por el orden señalado en el artículo 207, excepto el apartado d), que no será de aplicación, razonando la pertinencia y fundamentación de cada motivo y el contenido concreto de la infracción o vulneración cometidas, haciendo mención precisa de las normas sustantivas o procesales infringidas, así como, en el caso de que se invoque la unificación de la interpretación del derecho, haciendo referencia sucinta a los particulares aplicables de las resoluciones que establezcan la doctrina jurisprudencial invocada " ( art. 224.3 LRJS )".

      En nuestra sentencias de 24 de noviembre de 2009 (rec. 23/2009), " siguiendo una doctrina ya muy consolidada, constituye causa de inadmisión del recurso el incumplimiento de la obligación que impone el artículo 222 de la Ley de Procedimiento Laboral de "fundamentar la infracción legal denunciada ".

      De no adoptarse tal decisión, " se produciría un doble resultado pernicioso para los principios que deben regir el proceso y para la finalidad que éste está llamado a cumplir. Por un lado, se estaría pretendiendo que fuera el propio Tribunal quien tuviera que construir y fundamentar el recurso, con la consiguiente pérdida de la obligada neutralidad de aquél: la construcción y argumentación del recurso únicamente a la parte recurrente incumbe; y por otro, la decisión del recurso que hubiera de adoptar el órgano jurisdiccional en estas condiciones, necesariamente habría causado indefensión a la parte recurrida, porque le habría impedido conocer con la debida claridad y precisión el sentido y alcance de la tesis de su contrincante, de suerte que no hubiera podido rebatirla con la necesaria seguridad y eficacia " ( STS 15 de junio de 2005 - rec. 103/2004 -, entre otras).

   2. - La sentencia recurrida fundamenta jurídicamente su fallo estimatorio en "el artículo 192 de la Ley General de la Seguridad Social (texto refundido de 1994, Real Decreto Legislativo 1/1994, que recoge el contenido del artículo 182 del texto refundido de 1974, Decreto 2065/1974 , desarrollado en los artículos 11.3 y 14 de la Orden de 28-12-1966)" , preceptos relativos, como es sabido, a las mejoras voluntaria de seguridad social. Pues bien, como textualmente nos dice la sentencia mayoritaria en su fundamento jurídico " TERCERO .-Entrando, pues, en el fondo del asunto, contenido en el motivo tercero del recurso donde se denuncia la infracción de los acuerdos de previsión social de 1992 y en concreto el punto 6º (sexto) de los mismos en relación con el art 1281 del CC y siguientes , cabe reseñar que, en efecto, la vulneración del punto en cuestión es apreciable y ello sobre la base de los siguientes elementos de convicción enumerados en clave de deducción lógico jurídica, de más general a concreto, y a partir de un inicial planteamiento de la propia resolución impugnada:..." y a partir de ahí, como es de ver, en el fundamento jurídico se efectúan diversas consideraciones en siete apartados con las letras a), b), c) d), e), f), y g), sin que en ninguno de ellos se cite precepto jurídico alguno.

   3. A mi juicio, resulta evidente que no contiene el referido escrito/s de interposición del recurso de casación unificadora la fundamentación de la infracción legal cometida en la sentencia impugnada, al no establecer la relación de las normas jurídicas invocadas con la cuestión que ha sido objeto de debate en la sentencia, tal como es exigida por la doctrina jurisprudencial reseñada. En efecto, de una parte, se alude a la infracción de unos Acuerdos de previsión social de 1992, cuando como es reiterada doctrina de esta Sala -sentencia entre otras de 8 de mayo de 2006 (recurso 197/2004), que recuerda la de 19 de febrero de 1990- "no es admisible, en el ámbito del recurso de casación, la denuncia de infracciones de pactos o acuerdos concertados entre las partes, ya que las violaciones que dan lugar a este especial y extraordinario recurso son de normas o preceptos legales ..., por lo que ninguna efectividad puede otorgarse a la alegación relativa a las cláusulas" de pactos o acuerdos entre partes".

      En relación con dichos Acuerdos, el único precepto legal invocado es el artículo 1281 del Código Civil y siguientes relativos a la interpretación de los contratos, sin decir -menos aún razonar- en que sentido considera el recurrente se ha producido la infracción por la sentencia recurrida. Pero, es que además, como ya se ha señalado, la sentencia impugnada aplica y se fundamenta en "el artículo 192 de la Ley General de la Seguridad Social (texto refundido de 1994, Real Decreto Legislativo 1/1994, que recoge el contenido del artículo 182 del texto refundido de 1974, Decreto 2065/1974 , desarrollado en los artículos 11.3 y 14 de la Orden de 28-12-1966)" . Ninguno de estos preceptos es siquiera citado en el escrito/s de recurso, y como tampoco son objeto de atención en la fundamentación jurídica de la sentencia mayoritaria, es por lo que no alcanzo a comprender -y por ende, tampoco puedo analizar- la infracción que, de los preceptos señalados haya podido cometer la sentencia recurrida.

   4. En atención a las precedentes consideraciones, entiendo que el recurso/s formulado/s no cumple con la exigencia - " fundamentación de la infracción legal cometida en la sentencia impugnada " ( art. 224.1.b LRJS ) - y que bien, aun aceptando a efectos dialécticos la existencia de contradicción- pudiera haber sido inadmitido conforme a las prevenciones del art. 225.5 LRJS ; motivo de inadmisión que debería haberse transformado en causa de desestimación en el presente momento procesal.

      Madrid 25 de febrero de 2014

      PUBLICACIÓN.- En el mismo día de la fecha fue leída y publicada la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Miguel Angel Luelmo Millan así como el voto particular formulado por el Excmo. Sr. Magistrado D. Jordi Agusti Julia, hallándose celebrando Audiencia Pública la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario de la misma, certifico.