STS, 19 de Febrero de 2014

La mercantil Videoteca Norte, S.L, presentó, con fecha 25 de Julio de 2005, declaración-liquidación del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2004, del que resultaba una cuota a ingresar por importe de 4.682,12 euros. En la citada declaración se consignaron unos gastos de personal por importe de 499.655,05 euros, sin que se llegara a presentar ante la Agencia tributaria la declaración resumen anual del Modelo 190 para ese ejercicio.

A la vista de dicha omisión, la Oficina de Gestión Tributaria de la Delegación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de Castellón, con el fin de subsanar la incidencia advertida, inició actuaciones de comprobación limitada, emitiéndose con fecha 13 de enero de 2006 requerimiento para que la recurrente acreditase los gastos de personal consignados en la autoliquidación, requerimiento que fue notificado en el domicilio de la entidad el 19 de enero de 2006.

Tras pasar el periodo de tiempo concedido al efecto sin ser atendido dicho requerimiento, se practicó con fecha 6 de abril de 2006 propuesta de liquidación en la que se efectúa un ajuste positivo al resultado contable por el importe de los gastos de personal no justificados, por un total de 499.655,05 euros, propuesta de liquidación que fue notificada personalmente en el domicilio fiscal de la entidad el 21 de abril de 2006, y de la que resultaba un importe a pagar de 171.817,93 euros, consecuencia de la diferencia entre el liquido a ingresar declarado de 4.682,12 euros y el resultante de la propuesta de liquidación de 176.500,05 euros.

Con fecha 1 de junio de 2006, sin haberse formulado alegaciones a la anterior propuesta, se adoptó acuerdo de liquidación provisional en el mismo sentido que la propuesta, por un importe total a ingresar de 179.137,84 euros (171,817,93 euros de cuota y 7.319,91 euros de intereses de demora), que fue notificada el 8 del mismo mes.

Contra la anterior liquidación provisional no se interpuso recurso de reposición ni reclamación económico-administrativa, por lo que la liquidación adquirió firmeza, siguiéndose el procedimiento recaudatorio para lograr el cobro de la deuda tributaria liquidada.

Igualmente, en fecha 31 de mayo de 2006 se inició expediente sancionador, que finalizó por resolución sancionadora de 19 de julio de 2006, por un importe de 45.102,21 euros, que fue notificada el 26 de julio de 2006, sin que tampoco fuese impugnada.

El 11 de enero de 2007 la mercantil solicitó a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria la rectificación del error material en que incurrió la Administración al practicar liquidación por importe de 179.137,84 euros, dado que "la empresa había cumplido los ingresos trimestrales de las retenciones a sus trabajadores , que a cuenta del IRPF se llevaron a cabo, así como con sus compromisos cuatrimestrales de pago a cuenta del Impuesto sobre Sociedades, no habiendo podido presentar de modo telemático, ni la relación de los operarios sobre los que practicó las retenciones, ni el listado anual de dichas retenciones, por causas ajenas a su voluntad". Adjuntaba copia de los modelos 110 de retenciones, de los modelos 202 y el 201 de declaración anual del Impuesto sobre Sociedades, asi como copia de numerosas nóminas y de los modelos TC1 Y TC2 de boletines de cotización presentados a la Seguridad Social..

Emitido informe, con fecha 12 de Abril de 2007, por la Jefa de la Dependencia de Gestión de Castellón en el sentido de que no se apreciaba el error material invocado por la mercantil, propuso, sin embargo, en base a la documentación aportada incoar el procedimiento de revocación del artículo 219 de la Ley General Tributaria .

Remitido el expediente a la Dependencia Regional de Gestión Tributaria de Valencia, la Delegación Especial de la A.E.A.T acordó, con fecha 7 de mayo de 2007, el inicio de procedimiento de revocación de la liqudación y sanción paralela, al darse la circunstancia de que, en el momento de practicarse la liquidación provisional, se desconocían elementos de juicio que la afectaban, y haber transcurrido el plazo para plantear reclamación económico administrativa, dando trámite de audiencia a la interesada.

Tramitado el procedimiento, se elevaron las actuaciones al Departamento de Gestión Tributaria de la AEAT, acordando la Directora, previo informe del Servicio Juridico, mediante resolución de 28 de Octubre de 2008, no revocar la liquidación provisional de fecha 1 de Junio de 2006 practicada por el Jefe de la Dependencia de Gestión Tributaria de Castellón, y la sanción impuesta por acuerdo de 19 de julio de 2006, al no apreciarse la concurrencia de infracción manifiesta de la ley, circunstancias sobrevenidas que afecten a una situación juridica particular, ni indefensión del interesado

La resolución, en primer lugar, descarta la existencia de infracción manifiesta de la ley argumentando que «[e]n el supuesto planteado, en el que se cuestiona la existencia y cuantificación de unos gastos de personal dentro del procedimiento de comprobación limitada previsto en los artículos 136 a 140 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria , de aplicación a la gestión y a la inspección tributaria, que queda habilitada por el artículo 117.1 h) al decir que la gestión tributaria consiste en el ejercicio de las funciones administrativas dirigidas entre otros asuntos a la realización de actuaciones de comprobación limitada, pudiendo las oficinas de gestión realizar dentro del citado procedimiento, la comprobación los hechos, actos, elementos, actividades, explotaciones y demás circunstancias determinantes de la obligación tributaria, y por tanto no se aprecia la existencia de infracción manifiesta de ley, tal y como se ha conceptuado , de manera patente, indubitada, de forma que la contradicción con el mandato legal aflore sin necesidad de complejas interpretaciones

En relación con el ...", el Servicio Jurídico de la Agencia Tributaria viene considerando que éste motivo solo podrá referirse a cuestiones de hecho, es decir, a circunstancias sobrevenidas que afecten al supuesto de hecho aceptado por el acto sometido a revocación, sin que pueda atribuirse la condición de circunstancia sobrevenida a aquéllas que eran conocidas o razonablemente debían ser conocidas por el interesado y que, pudiendo y debiendo haberlas comunicado a la Administración, no lo hizo.

En el presente caso dichas circunstancias vendrían determinadas por el hecho de haberse acreditado la partida de sueldos y salarios, dentro de los gastos de personal, consignada en la autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades correspondiente al ejercido 2004 y su condición de gasto deducible, lo que determina la improcedencia de la liquidación provisional.

Sin embargo a la mencionada circunstancia no cabe atribuirle la condición de circunstancia sobrevenida, a efectos de concurrencia de causa de revocación pues no pueden considerarse como circunstancias sobrevenidas aquéllas que el interesado pudo o debió haber puesto en conocimiento de la Administración antes de que se dictase el acto cuya revocación se solicita, y en este asunto la entidad interesada tuvo sucesivas y numerosas oportunidades para ponerlas en conocimiento de la Administración, según resulta de los antecedentes de hecho, sin que lo hiciera ní haya justificado imposibilidad de haberlo hecho»

Finalmente, tampoco considera que pueda apreciarse que se haya generado indefensión a los interesados, "toda vez que los diferentes actos del procedimiento aparecen correctamente notificados, en las diferentes fases del procedimiento de comprobación limitada efectuado por la Dependencia de Gestión de la Delegación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de Castellón, tras la notificación del requerimiento efectuado, la posterior apertura del trámite de audiencia y notificación de la propuesta de liquidación y por último, después de la notificación de la liquidación provisional, momento en el que se debió mantener la disconformidad con los criterios puestos de manifiesto, mediante la presentación de recurso de reposición o reclamación económico administrativa".

Frente a la anterior Resolución, la representación procesal de la recurrente promovió recurso contencioso- administrativo núm. 21/2009, formulando la demanda mediante escrito presentado el 3 de junio de 2009.

La demandante defendió en la instancia la concurrencia del caso previsto en el apartado del art. 219 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria , consistente en que se estime que infringen manifiestamente la ley, señalando que «el mero hecho de no haber presentado el modelo 190, se deduce una consecuencia económica, que duplica el coste de las responsabilidades económicas de mi representado, que ha ingresado todos y cada uno de las retenciones de los trabajadores de IRPF, así como el importe de las nóminas y las cotizaciones a la Seguridad Social, lo que impone necesariamente, una revocación de la resolución, no sólo porque se está reclamando algo que es ilegal, sino que además NO CORRESPONDE A LA ADMINISTRACIÓN, habida cuenta del enriquecimiento injusto que se produce, y todo ello, insistimos, por mor de una falta de presentación de un modelo (190) que pone de relieve el resumen anual de retensiones, pro que esta parte cumplió, no obstante, con la presentación de las declaraciones trimestrales de IRPF, e ingresos a cuenta del Impuesto de Sociedades y de cotización a la Seguridad Social, con lo que la administración sabía y le constaba que estaban declarados oportunamente ante la propia administración[...]»

Por su parte el Abogado del Estado, en el escrito de contestación a la demanda presentado el 29 de julio de 2009, reiteró los fundamentos de la Resolución impugnada, a los que luego se remite, adicionando que, a su juicio, no es «atendible la argumentación de la demanda por el hecho del fallecimiento del administrador único de la mercantil actora que como persona jurídica sujeta al Impuesto sobre Sociedades debe atender al cumplimiento de sus obligaciones fiscales igual que ahora atiende a la defensa de sus posibles derechos ante un órgano jurisdiccional»

La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, con fecha 22 de junio de 2011, dictó Sentencia por la que se estimó el recurso contencioso-administrativo planteado.

La Sala de instancia centró la cuestión en «si, dando por supuesto que se trata de actos liquidatorios firmes, existe causa legal para entender aplicable alguna de las causas de revocación previstas en el art. 219 de la Ley General Tributaria » (FD Tercero); y tras traer a colación la literalidad parcial de este precepto, considera que «habrá que determinar si estamos ante actos administrativos que infringen manifiestamente la ley, debiendo anticipar que el resultado debe ser estimatorio por varias razones:

1. La sociedad actora cumplió escrupulosamente todas sus obligaciones tributarias de pago en el ejercicio 2004, abonando en plazo las retenciones del IRPF de sus trabajadores, declarando los gastos deducibles, realizando los ingresos trimestrales a cuenta de las retenciones del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades, tal como se desprende del expediente administrativo, folios 1 al 4, 5 al 51, 52 al 54, 55 y 56 a 1.455 (nóminas de los trabajadores).

2. Es cierto que la actora no presentó en plazo el modelo 190, la declaración resumen anual, siendo éste una acto negligente, pero no es menos cierto que los contenidos materiales de las obligaciones tributarias fue escrupulosamente cumplido, de manera que consta acreditado que se realizaron los oportunos pagos de los tributos adeudados (IRPF e IS de 2004), no pudiendo por ello volver a liquidar y exigir unos tributos ya abonados por el mero incumplimiento de una obligación formal.

3. La seguridad jurídica derivada de unos actos liquidatorios firmes no puede amparar la injusticia de hacer pagar dos veces un mismo tributo a un contribuyente, lo que viene a suponer un enriquecimiento injusto o sin causa de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, pues se dan los requisitos establecidos por nuestra jurisprudencia para determinar que se ha producido un enriquecimiento injusto a su favor que ésta debe satisfacer pecuniariamente

   [...]

4. - En el marco constitucional no cabe duda que se da una clara vulneración del principio de igualdad ante la ley, pues como establece la STC 46/2000, de 17 de febrero , " La igualdad ante la Ley -en la Ley tributaria, en ese caso-, resulta, pues, indisociable de los principios de capacidad económica, así como de los de generalidad, justicia y progresividad, que se enuncian en el último precepto constitucional citado( SSTC 27/1981, de 20 de julio, FJ 4 ; 19/1987, de 17 de febrero, FJ 3 ; 209/1988, de 10 de noviembre, FJ 6 ; 45/1989, de 20 de febrero, FJ 4 ; 54/1993, de 15 de febrero, FJ 1 ; y 134/1996, de 22 de julio , FJ 5)".

   No debe olvidarse que toda actuación administrativa en materia tributaria debe estar sometida a los principios de "... generalidad, capacidad y progresividad que, en el ámbito específicamente tributario, concretan y particularizan aquella genérica interdicción del trato discriminatorio( SSTC 209/1988, de 10 de noviembre, FJ 7 ; y 134/1996, de 22 de julio , FJ 6A), no es posible desconocer que es a través de este Impuesto como se realiza la personalización del reparto de la carga fiscal en el sistema tributario según los criterios de capacidad económica, igualdad y progresividad, lo que lo convierte en una figura impositiva primordial para conseguir que nuestro sistema tributario cumpla los principios de justicia tributaria que impone el art. 31.1 CE , dada su estructura y su hecho imponible ( STC 182/1997, de 28 de octubre , FJ 9)... ".

   Desde el punto de vista sistemático, el art. 31,1 de la Constitución Española se inserta en la Sec. 2ª del Cap. II Tít. I de la Constitución bajo la rúbrica "De los Derechos y Deberes de los ciudadanos". Desde una perspectiva material el art. 31,1 CE consagra no solo los principios ordenadores del sistema tributario, que son, al propio tiempo, límite y garantía individual frente al ejercicio del poder, sino también derechos y deberes de los ciudadanos frente a los impuestos establecidos por el poder tributario del Estado. Existe el deber de pagar el impuesto de acuerdo con la capacidad económica, en el modo, condiciones y cuantía establecidos por la Ley; pero existe, correlativamente, un derecho a que esa contribución de solidaridad sea configurada en cada caso por el legislador según aquella capacidad. La aplicación de los tributos encuentra su raíz y su justificación en el deber general de contribuir que nuestra Constitución impone en el art. 31 ( STC 76/1990 , f. j. 3º), de manera que no cabe exigir a un contribuyente unos tributos que no respondan a los principios del artículo 31.1de la Constitución Española y, en particular, que excedan de su capacidad económica y del deber de contribuir, como sería el supuesto de abonar por partida doble un mismo tributo. Cada hecho imponible genera una obligación de contribuir, pero, a sensu contrario, no cabe contribuir dos veces por un mismo hecho imponible.

5. Merece destacar que la propia Agencia Estatal de la Administración Tributaria informó de manera favorable a la revocación solicitada, mereciendo especial mención el informe de 12-4-2007 (folios 69 y 70 del expediente) de la Jefa de Dependencia de Gestión Tributaria.

6. Si la Administración demandada consideraba que la actora había incumplido un deber formal, la no presentación del modelo 190, debió sancionar dicho incumplimiento, pero no ser tan estrictamente formalista que ignorara los pagos trimestrales producidos y hacer tributar a la contribuyente como si hubiera pasado el 2004 sin hacer pago alguno a cuenta de las retenciones del IRPF o del I. Sociedades.

   En consecuencia, siendo evidente que la actuación administrativa impugnada (resolución de 31-10-2008 y liquidaciones de deuda tributaria y sanción del IS de 2004) fue contraria a la ley, tanto a las citadas normas constitucionales como a las que regulan el Impuesto sobre Sociedades, se dará el supuesto revocatorio previsto en el artículo 219 de la Ley General Tributaria , debiendo por tanto estimar la demanda y anular dichos actos, reconociendo el derecho de la actora a los intereses de las sumas trabadas y pagos realizados por dichos conceptos y al alzamiento inmediato de los embargos.» (FD Tercero).

Contra la citada Sentencia, la Administración recurrente preparó, mediante escrito presentado el día 11 de julio de 2011, recurso de casación, formalizando su interposición por escrito registrado el 19 de octubre de 2011, en el que, planteó dos motivos. El primero, al amparo del art. 88. 1 b) de la Ley Jurisdiccional , por incompetencia de la Sala que dictó la sentencia, y el segundo, al amparo de lo dispuesto en el art. 88. 1 d), por infracción de los artículos 219. 3 de la Ley General Tributaria de 2003 y 10.1. del Real Decreto 520/05.

Mediante Auto de 9 de febrero de 2012 se admitió parcialmente el recurso de casación planteado, exclusivamente en relación con el motivo segundo, inadmitiendo el primero de los formulados por cuanto «en el escrito de preparación del recurso de casación del ABOGADO DEL ESTADO, formalizado ante la Sala a quo, únicamente se anunció la interposición del recurso al amparo del artículo 88.1.c ) y d) de la LJCA , sin que se apuntara nada entonces, ni siquiera implícitamente, sobre la futura articulación de un motivo casacional por el cauce del referido subapartado b).

En consecuencia, por las razones que hemos explicado en los fundamentos anteriores, hemos de concluir que el motivo primero del recurso es inadmisible, por aplicación de la causa de inadmisión prevista en el artículo 93.2 a), en relación con el artículo 89.1 de la Ley Jurisdiccional , por estar defectuosamente preparado al no haber sido anunciado en el escrito de preparación con las concretas exigencias expresadas, sin que obste a dicha conclusión las alegaciones efectuadas por el Abogado del Estado en el trámite de audiencia al efecto conferido, en las que se limita a indicar que la razón de articular el referido motivo fue que estabamos ante una materia de orden público, y apreciada la falta de competencia, se puso inmediatamente de manifiesto a este Tribunal, pues, para tomarlo en consideración ahora habría sido necesario, que la parte recurrente lo hubiera anunciado, y no ha sido así, en el escrito de preparación del recurso» (FD Tercero).

Mediante escrito presentado el 30 de abril de 2012, VIDEOTECA NORTE, S.L. formuló oposición al recurso de casación, solicitando su inadmisión o subsidiariamente desestimación, con imposición de costas a la parte recurrente.

La parte recurrida, en primer término, aduce, en relación con el único motivo que conforma el actual recurso, que ha de ser inadmitido por cuanto se trata de una cuestión nueva no planteada en la instancia.

Y para el caso de que no prosperase el anterior alegato, se opone a los argumentos de fondo indicando, en síntesis, que la Sentencia no viene a confundir el art. 217 y el art. 219 de la LGT , sino que se contrae a analizar la correcta aplicación de este último, en cuanto la liquidación y sanción impuesta infringen manifiestamente la ley. Incide nuevamente la parte recurrida en que los hechos que constan acreditados en la Sentencia de instancia conllevan el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y la realización del pago correspondiente, y en que la validez de la liquidación conllevaría un enriquecimiento injusto para la Administración.

Mediante Providencia de fecha 23 de diciembre de 2013, se designó como Ponente al Excmo. Sr.Don Manuel Vicente Garzon Herrero, señalándose para la votación y fallo el día 5 de febrero de 2014, en cuyo acto, el Ponente, por no participar del criterio mayoritario, declinó la ponencia y el Presidente de la Sección encomendó la redacción de la Sentencia al Magistrado Excmo. Sr. Don Emilio Frias Ponce.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Emilio Frias Ponce, Magistrado de la Sección

Ante la inadmisión del motivo primero, procede centrarnos en el segundo, formulado al amparo del art. 88. 1 d) de la Ley de la Jurisdicción , en el que se denuncia como infringidos los artículos 219.3 de la Ley General Tributaria de 2003 y 10.1 del Real Decreto 520/05 , por el que se aprueba el Reglamento General en materia de Revisión en Vía Administrativa, que establecen que el procedimiento de revocación se iniciará siempre ( o exclusivamente) de oficio, así como la jurisprudencia de la Sala acerca de la legitimación para instar la revocación de los actos tributarios de gravamen, como la contenida en las sentencias de 19 de diciembre de 2002 , cas. 9707/07 , o de 7 de Noviembre de 2003 , cas. 22325/98 , recaída sobre el precedente del art. 219 de la nueva Ley General Tributaria , constituido por el art. 154 de la Ley General Tributaria de 1963 .

La representación estatal inicia la explicación del motivo recordando la distinción entre la ejecutabilidad del acto y su firmeza que genera su inatacabilidad, para señalar a continuación:

"En el caso de autos, la Sentencia de instancia, frente a la resolución de la Directora de Gestión de la AEAT de 31 de Octubre de 2008 que desestimó la revocación de la liquidación practicada por la Delegación de la Agencia Tributaria de Castellón de la Plana de 1 de Junio de 2006 por no concurrir los requisitos y ninguno de los supuestos del art. 219 de la ley 58/2003 , entra a conocer de la legalidad de esa liquidación tributaria, que era un acto firme, por consentido y no recurrido dentro de plazo, y declara y anula los actos impugnados -la citada resolución, la liquidación tributaria y la sanción- por ser contrarios a derecho.

Esta parte sostiene que, el procedimiento previsto y regulado en el art. 219 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre , y desarrollado por el Reglamento de Revisión en Vía Administrativa, aprobado por R.D. 520/2005, de 13 de mayo (arts. 10 , 11 , 12 ), es un procedimiento reservado a la Administración, es un procedimiento de revisión de oficio, en el que la Administración puede ejercer una potestad de revisión de un acto tributario de gravamen, siempre que concurran los supuestos del citado art. 219.1 que la Administración estime que los actos infringen manifiestamente la Ley, cuando circunstancias sobrevenidas que afecten a una situación jurídica particular pongan de manifiesto la improcedencia del acto dictado, o cuando en la tramitación del procedimiento se haya producido indefensión a los interesados. Así, el art. 219.3 de la ley dice que el procedimiento de revocación se iniciará siempre de oficio. En igual sentido, el R.D. 520/2005 (ART. 10).

Los particulares, los contribuyentes, frente a un acto de gravamen, tienen la vía de los recursos, que en el ámbito tributario, son las reclamaciones económico administrativas, y previamente si quieren, el recurso de reposición. Fuera de estos dos procedimientos, pueden instar la revisión de actos nulos de pleno derecho ( art. 217 de la Ley 58/2003 ). Y pueden pedir la revocación de un acto de gravamen, al amparo del art. 219 de la ley 58/2003 , pero si la Administración resuelve en respuesta a esta última petición que, no concurren los requisitos ni ninguno de los supuestos del art. 219, con esta resolución no se está conculcando ningún derecho de los contribuyentes, porque éstos carecen del derecho a que la Administración revoque el acto de gravamen, por estar ante una potestad otorgada a la Administración, para que la ejercite de oficio. Estos, los contribuyentes, ya tuvieron la oportunidad de ejercer la acción de reclamación económico administrativa, y en su caso, del recurso de reposición, y si estiman que están ante un acto nulo de pleno derecho, pedir la revisión de oficio de ese acto nulo de pleno derecho.

En definitiva, la Sentencia de instancia está equiparando el procedimiento contemplado en el art. 217 de la Ley General Tributaria de 2003 , sobre declaración de nulidad de pleno derecho de actos dictados en materia tributaria con el del art. º 219 de la misma Ley , sobre revocación de actos de gravamen en materia de aplicación de los tributos; asumiendo erróneamente que los interesados tienen una acción en sentido propio, técnico-jurídico, para instar la revocación de actos de gravamen en materia de aplicación de los tributos, por infracción simple de Ley, equiparable a la que la Ley les reconoce para la declaración de nulidad de pleno derecho en los supuestos tasados del art. 217 de a misma Ley General Tributaria .

Interpretación ésta que no solo violenta el tenor literal de lo establecido en los arts. 219 de la nueva Ley General Tributaria , y 10 del Real Decreto 520/05 , anteriormente citados, sino que sobre todo contraviene su interpretación lógica y sistemática, y más aún, el esencial principio de inatacabilidad de los actos firmes y consentidos, por no haber sido recurridos por los administrados en tiempo y forma; en definitiva, se contraviene así el esencial principio de seguridad jurídica. Pues la tesis de la Sentencia que combatimos, convertiría en superfluo el principio de inatacabilidad de los actos firmes y consentidos fuera de los supuestos excepcionales y tasados en que nuestro Ordenamiento Jurídico administrativo permite la revisión de dichos actos, como ocurre con los supuestos de nulidad de pleno derecho que en el ámbito tributario se contemplan en el artº 217 de la nueva Ley General Tributaria de 2003 y con los supuestos del recurso extraordinario de revisión ( art. 244 de esta última Ley), pues en definitiva con la interpretación de la Sentencia de instancia se transforma la vía excepcional de revocación del artº 219 de la nueva Ley General Tributaria , que de acuerdo con la ley solo puede iniciarse de oficio, y no en virtud de una propia acción del administrado, en una vía de recurso ordinario frente a actos dictados en aplicación de los tributos.

Finalmente, no quiere esta parte dejar de señalar que,el criterio sostenido en el presente recurso de casación, ha sido acogido por la propia Sala, a la que tenemos el honor de dirigirnos, en la reciente sentencia de 19 de mayo de 2011 - recurso de casación 2411/2008 , RJ 2011/4487-........"

Con carácter previo al examen del motivo procede resolver sobre la concurrencia de la causa de inadmisión alegada por la parte recurrida en su escrito de oposición.

Se mantiene que las alegaciones contenidas en el mismo constituyen una cuestión nueva no planteada en la instancia, y que, por consiguiente, procede su inadmisión.

Lo primero que se aprecia es que la fundamentación del motivo es la misma que se adujo en el rec. de cas. 2411/2008, a que se refiere el Abogado del Estado, y que dio lugar a la sentencia de 19 de mayo de 2011 , que contemplaba un supuesto de solicitud de inicio de un procedimiento de revocación de una liquidación tributaria y su sanción, que fue desestimada por el Delegado Especial de Canarias de la A.E.A.T, por entender que no concurría ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 219 de la Ley General Tributaria , siendo objeto de impugnación en vía jurisdiccional la resolución del TEAR de Canarias que inadmitió, a su vez, la reclamación económica administrativa formulada contra la decisión del Delegado Especial, finalizando con sentencia estimatoria parcial de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, reconociendo el derecho de la recurrente a que se sustancie y resuelva la solicitud de revocación cursada en su día.

Pues bien, frente a la sentencia citada, el Abogado del Estado interpuso recurso de casación, por infracción del art. 219.3 de la Ley General Tributaria de 2003 , que fue estimado por la sentencia de 19 de mayo de 2011 .

Sin embargo, ahora nos encontramos ante un procedimiento iniciado de oficio, que fue debidamente tramitado, y que finalizó con una resolución expresa en cuanto al fondo por el órgano competente, si bien apreciando que no concurría ninguna de las circunstancias previstas para la revocación, frente a la que se indicó la procedencia de la interposición de un recurso potestativo de reposición, o bien de un recurso ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, al que se acogió la recurrente, al acudir a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, siendo objeto de casación la sentencia estimatoria recaida, por lo que carece de sentido en este caso el núcleo de la argumentación del Abogado del Estado, en cuanto no va dirigido a atacar el fundamento de la sentencia dictada.

Esto sentado, la inadmisión del motivo que se postula debe ser rechazada, toda vez que la Sala, en su Auto de su Sección Primera, de fecha 9 de Febrero de 2011, ya se pronunció expresamente sobre su admisión, y aunque se aceptase la posibilidad de revisar lo entonces decidido (entre otras, sentencias de 26 de Noviembre de 2009 , cas. 3130/04 ; 17 de Diciembre de 2009 , cas. 2166/04 , 2725/04 y 3127/07 ; 27 de Diciembre de 2010 , cas. 1781/2007 , y 23 de Febrero de 2012 , cas. 847/2008 ), no puede entenderse propiamente que el motivo suscite una cuestión nueva, sino simplemente que no es consecuente con los términos en que se pronunció la Sala de instancia, contestando al debate suscitado, la conformidad o no a Derecho de la resolución recurrida, lo que determinará la desestimación del motivo, al no combatir la razón de decidir de la sentencia.

En todo caso, y para el supuesto de que se considere que lo que el motivo plantea es la irrecurribilidad del acuerdo denegatorio de la revocación, procede que nos pronunciemos sobre esta cuestión.

Conviene significar, ante todo, que el hecho de que la ley otorgue a la Administración Pública el ejercicio de una potestad de carácter discrecional, no puede entenderse como obstáculo, ni mucho menos impedir, la revisión jurisdiccional de la legalidad de la Administración Pública en el ejercicio de la misma, pues la Constitución encarga a los Tribunales que «control [en] la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican» ( art. 106.1 CE ).

Por otro lado, no se puede olvidar que el ejercicio de potestades discrecionales no está exenta de elementos reglados. Entre ellos el de la motivación ( art. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre , 215.1 de la LGT ), cuya existencia y corrección jurídica es revisable ante la jurisdicción contencioso administrativa. También el ejercicio de la potestad discrecional debe ser modulado para su sujeción a la legalidad y a los principios y finalidades que deben regir la actuación de la Administración. En particular y para el ámbito tributario, al principio de capacidad económica de las personas obligadas a satisfacer los tributos de justicia, generalidad, igualdad, progresividad, equitativa distribución de la carga tributaria y no confiscatoriedad ( art. 9.2 de la LGT y 14 , 31.1 de la CE ).

Por tanto, no podría tener acogida aquella alegación que, bajo el simple argumento de ejercer una potestad discrecional, quisiera sustraer del ámbito de la revisión jurisdiccional y del control de legalidad, las actuaciones de las Administraciones públicas en que la misma se manifiesta, pues ello sería contrario a lo prevenido en el art. 106.1 de la Constitución y 1.1 de la LJCA .

Es más, por lo que respecta al procedimiento de revocación de actos tributarios,no cabe tampoco desconocer que el art. 219 de la Ley General Tributaria en su apartado quinto señala que la resolución que ultima el procedimiento pondrá fin a la vía administrativa.

La recurribilidad de la resolución que se dicta en el procedimiento de revocación tiene sentido no sólo por la existencia de los limites que la Ley establece a la facultad de revocación, (apartados 1 y 2 del art. 219), sino además porque en la propia ley se establecen como supuestos de la revocación motivos de legalidad, tales como que el acto dictado infrinja de manera manifiesta la ley o que se haya producido en el procedimiento indefensión a los interesados, junto al supuesto relativo a la concurrencia de circunstancias sobrevenidas que afecten a una situación juridica particular y que pongan de manifiesto la improcedencia del acto dictado.

Estas circunstancias vienen a constituir elementos reglados del acto sujetos al control de los Tribunales, por lo que no puede cuestionarse la recurribilidad de la decisión final del procedimiento

En atención a los razonamientos expuestos, procede desestimar el recurso de casación interpuesto por ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, lo que determina la imposición de costas a la parte recurrente, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 139 de la LJCA .

Sin embargo, la Sala, haciendo uso de la facultad reconocida en el art. 139.3 de dicho texto legal , señala 6000 euros como cuantía máxima a los efectos de las referidas costas, por todos los conceptos.

En su virtud, en nombre de su Majestad el Rey y en el ejercicio de la potestad de juzgar que, emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución