ATS, 19 de Noviembre de 2013
| Jurisdicción | España |
| Emisor | Tribunal Supremo, sala cuarta, (Social) |
| Fecha | 19 Noviembre 2013 |
AUTO
En la Villa de Madrid, a diecinueve de Noviembre de dos mil trece.
Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. Jesus Souto Prieto
Por el Juzgado de lo Social Nº 4 de los de Granada se dictó sentencia en fecha 20 de junio de 2012 , en el procedimiento nº 703/11 seguido a instancia de DON Leoncio contra INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, sobre prestaciones, que desestimaba la pretensión formulada.
Dicha resolución fue recurrida en suplicación por DON Leoncio , siendo dictada sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, en fecha 14 de noviembre de 2012 , que desestimaba el recurso interpuesto y, en consecuencia, confirmaba la sentencia impugnada.
Por escrito de fecha 6 de mayo de 2013 se formalizó por el Letrado Don Néstor González Jiménez, en nombre y representación de DON Leoncio , recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.
Esta Sala, por providencia de fecha 18 de julio de 2013 acordó abrir el trámite de inadmisión, por falta de contenido casacional y falta de contradicción y falta de fundamentación de la infracción legal. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en el plazo de cinco días hiciera alegaciones, lo que no efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso.
La sentencia recurrida del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Granada), de 14 de noviembre de 2012 (Rec. 2042/2012 ), confirma la de instancia que denegó el derecho del actor, cajero prejubilado con un grado de minusvalía reconocido del 65%, que había suscrito contrato a tiempo parcial de 6 horas semanales (15% de la jornada), contrato que había finalizado al cumplir los 65 años y pasar a ser pensionista de jubilación, a la prestación de incapacidad permanente absoluta solicitada, padeciendo como cuadro patológico: "espondiloartrosis lumbar y cervical. B.A. limitado forma leve en raquis cervical e inexplorable en raquis lumbar ante la falta de colaboración. Balance muscular 5/5, sin signos clínicos de afectación neurológica- radicular. Signos radiológicos de discartorsis severa C5-C6-C7 y polidiscopatia cervical, espondiloartrosis lumbar y pinzamiento L5-S1 en 2002. Trastorno adaptativo. Síntomas adaptativos leves-moderados que varían en función del empeoramiento de la problemática física (artrosis)" . Entiende la Sala que no se cita precepto alguno en cuanto que infringido, sin que la Sala pueda construir el recurso a instancia de parte, señalando, además, que el grado de incapacidad absoluta que exclusivamente solicita el recurrente, exige que las limitaciones que padezca le impidan desarrollar las esenciales tareas de cualquier actividad profesional por liviana o sedentaria que sea, lo que no se ha probado en atención a los hechos que constan probados y los razonamientos del Magistrado de instancia.
Contra dicha sentencia recurre en casación para la unificación de doctrina el actor, por considerar que debe ser declarado en situación de incapacidad permanente absoluta, teniendo en cuenta la incorrecta valoración realizada en la sentencia de las documentales suscritas por especialistas en traumatología y psiquiatría, para lo que invoca de contraste la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 6 de marzo de 2008 (Rec. 8372/2006 ). Pues bien, antes de analizar la posible existencia de contradicción entre la sentencia recurrida y la aportada como término de comparación, debe señalarse que la parte recurrente construye el recurso en torno a las dolencias que describe y desgrana, pretendiendo en realidad que esta Sala proceda a revisar los hechos que constan probados o valorar nuevamente la prueba, lo que no le está permitido, ya que la Sala ha señalado con reiteración que la finalidad institucional del recurso de casación para la unificación de doctrina determina que no sea posible en este excepcional recurso revisar los hechos probados de la sentencia recurrida ni abordar cuestiones relativas a la valoración de la prueba ( sentencias de 14 de marzo de 2001 (R. 2623/2000 ), 7 de mayo de 2001 (R. 3962/1999 ), 29 de junio de 2001 (R. 1886/2000 ), 2 de octubre de 2001 (R. 2592/2000 ), 6 de marzo de 2002 (R. 2940/2001 ), 30 de septiembre de 2002 (R. 3828/2001 ), 24 de abril de 2007 (R. 107/2006 ), 25 de septiembre de 2008 (R. 1790/07 ), 23 de febrero de 2009 (R. 3017/07 ), 22 de diciembre de 2010 (R. 1344/10 ) y 12 de abril de 2011 (R. 3169/10 ) pues "es claro que el error de hecho no puede fundar un recurso de casación para la unificación de doctrina, como se desprende de los artículos 217 y 222 de la Ley de Procedimiento Laboral , y ello tanto si la revisión se intenta por la vía directa de la denuncia de un error de hecho como si de forma indirecta ( sentencia de 9 de febrero de 1.993 (R. 1496/1992 ), 24 de abril de 2007 (R. 107/2006 ), 29 de mayo de 2007 (R. 429/2006 ), 2 de julio de 2007 (R. 1251/2006 ), 25 de septiembre de 2007 (R. 3137/2006 ), 5 de diciembre de 2007 (R. 3071/2006 ), 17 de junio de 2008 (R. 67/2007 ), 30 de junio de 2008 (R. 1385/2007 ), 30 de junio de 2008 (R. 2639/2007 ), 17 de julio de 2008 (R. 2929/2007 ), 15 de diciembre de 2008 (R. 178/2008 ), 29 de enero de 2009 (R. 476/2008 ), 23 de febrero de 2009 (R 3017/2007 ), 2 de febrero de 2010 (R. 2033/09 ), 27 de septiembre de 2011 (R. 4299/2010 ) y 5 de diciembre de 2011 (R. 905/2011 ). La finalidad de este recurso es «evitar una disparidad de criterios susceptibles de producir un quebranto en la unificación de la interpretación del derecho y en la formación de la jurisprudencia; quebranto que no se produce cuando el órgano judicial parte de una distinta apreciación de los hechos, que -acertada o no- no puede corregirse a través de este recurso» ( sentencia 17 de diciembre de 1991 (R. 953/1991 ) 29 de enero de 2009 (R. 476/2008), 1 de junio de 2010 (R. 1550/2009) y 18 de julio de 2011 (R. 2049/2010).
Además, el artículo 219 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser -a salvo del supuesto contemplado en el número 2 de dicho artículo- una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de "hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales" ( sentencias, entre otras, de 7 de abril y 4 de mayo de 2005 , R . 430/2004 y R. 2082/2004 ; 25 de julio de 2007, R. 2704/2006 ; 4 y 10 de octubre de 2007 , R. 586/2006 y 312/2007 , 16 de noviembre de 2007, R. 4993/2006 ; 8 de febrero y 10 de junio de 2008 , R. 2703/2006 y 2506/2007 ), 24 de junio de 2011, R. 3460/2010 , 6 de octubre de 2011, R. 4307/2010 , 27 de diciembre de 2011, R. 4328/2010 y 30 de enero de 2012, R. 4753/2010 .
La sentencia de contraste del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 6 de marzo de 2008 (Rec. 8372/2006 ), confirma la de instancia que declaró a la actora, con categoría profesional de manipuladora, en situación de incapacidad permanente absoluta acreditando "migraña crónica diaria; síndrome depresión mayor; discartrosis severa C5-C6 pendiente de artrodesis" . Entiende la Sala que teniendo en cuenta las dolencias que presenta no puede entenderse que subsista una capacidad de trabajo valorable, debiendo estarse a la valoración realizada por el Magistrado de instancia que de conformidad con los informes médicos presentados, en los que consta que la actora presenta una sintomatología con dificultades para una adecuada reincorporación sociolaboral, declaró a la actora en situación de incapacidad permanente absoluta, sin perjuicio de que las dolencias justifiquen una posible revisión por mejoría del grado de incapacidad declarado.
De lo relacionado se desprende que no puede apreciarse la existencia de contradicción entre las resoluciones comparadas, teniendo en cuenta que no existe identidad en las dolencias padecidas por los actores de ambas sentencias - "espondiloartrosis lumbar y cervical. B.A. limitado forma leve en raquis cervical e inexplorable en raquis lumbar ante la falta de colaboración. Balance muscular 5/5, sin signos clínicos de afectación neurológica-radicular. Signos radiológicos de discartorsis severa C5-C6- C7 y polidiscopatia cervical, espondiloartrosis lumbar y pinzamiento L5-S1 en 2002. Trastorno adaptativo. Síntomas adaptativos leves-moderados que varían en función del empeoramiento de la problemática física (artrosis)" en el supuesto de la sentencia recurrida y " migraña crónica diaria; síndrome depresión mayor; discartrosis severa C5-C6 pendiente de artrodesis" en el supuesto de la sentencia de contraste- de ahí que en atención a las mismas no puedan considerarse los fallos contradictorios cuando en el supuesto de la sentencia recurrida no se reconoce al actor en situación de incapacidad permanente absoluta y sí en la sentencia de contraste, máxime cuando en la sentencia de contraste, y no así en la recurrida, se ha tenido en cuenta que con la sintomatología que presenta, la actora tiene dificultades para una adecuada reincorporación sociolaboral, y en la sentencia recurrida el actor, prejubilado, ya había accedido a la prestación de jubilación al cumplir los 65 años.
Por otra parte, la Sala ha venido señalando con reiteración que las cuestiones relativas a la calificación de la incapacidad permanente no son materia propia de la unificación de doctrina tanto por la dificultad de establecer la identidad del alcance del efecto invalidante, como por tratarse, por lo general, de supuestos en los que el enjuiciamiento afecta más a la fijación y valoración de hechos singulares que a la determinación del sentido de la norma en una línea interpretativa de carácter general. Así se ha declarado en los autos y sentencias de 3 de marzo de 1998 (R. 3347/1997 ), 22 de marzo de 2002 (R. 2914/2001 ), 27 de febrero de 2003 (R. 2566/2002 ), 7 de octubre de 2003 (R. 2938/2002 ), 19 de enero de 2004 (R. 1514/2003 ), 11 de febrero de 2004 (R. 4390/2002 ) y 10 de diciembre de 2004 (R. 5252/2003 ). En este sentido las sentencias de 23 de junio de 2005 (Recursos 1711/2004 y 3304/2004 ) y 2 de noviembre de 2005 (R. 3117/2004 ) han establecido que «este tipo de litigios carece de interés -o contenido- casacional y que su acceso al recurso no sólo resulta inadecuado en orden a la función unificadora que le es propia, sino que comprometería gravemente su funcionamiento, con repercusiones muy negativas en la garantía del principio de celeridad, que es esencial en la configuración institucional del proceso social» ( sentencia de 17 de febrero de 2010, R. 52/2009 ).
Por último, debe señalarse que la parte recurrente, al hilo de las preguntas que se formula a lo largo del recurso, cita los arts. 137.5 y 134 LGSS y la jurisprudencia (que no cita), si bien no fundamenta, más allá de las preguntas que realiza y las respuestas que implícitamente da, las razones por las que entiende que existe infracción legal, y el recurso de casación para la unificación de doctrina es de carácter extraordinario y debe por eso estar fundado en un motivo de infracción de ley o, en su caso, en el quebranto producido en la unificación de la interpretación del derecho. Todo ello, de acuerdo con el artículo 224 1. b ) y 224.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , en relación con los apartados a ), b ), c ) y e) del artículo 207 del mismo texto legal . La exigencia de alegar de forma expresa y clara la concreta infracción legal que se denuncia, precisa la Ley Reguladora de la Jurisdicción social, consiste en expresar "separadamente, con la necesaria precisión y claridad, la pertinencia de cada uno de los motivos de casación, en relación con los puntos de contradicción a que se refiere el apartado a) precedente, por el orden señalado en el artículo 207 , excepto el apartado d), que no será de aplicación, razonando la pertinencia y fundamentación de cada motivo y el contenido concreto de la infracción o vulneración cometidas, haciendo mención precisa de las normas sustantivas o procesales infringidas". La Jurisprudencia de esta Sala ya había señalado con insistencia que dicha exigencia «no se cumple con solo indicar los preceptos que se consideran aplicables, sino que además, al estar en juego opciones interpretativas diversas que han dado lugar a los diferentes pronunciamientos judiciales, es requisito ineludible razonar de forma expresa y clara sobre la pertinencia y fundamentación del recurso en relación con la infracción o infracciones que son objeto de denuncia» ( sentencias, entre otras, de 6 de febrero de 2008, R. 2206/2006 y 5 de marzo de 2008, R. 1256/2007 y 4298/2006 , 14 de mayo de 2008, R. 734/2007 y 1671/2007 ; 17 de junio de 2008, R. 67/2007 ; 25 de septiembre de 2008, R. 1790/2007 ; 2 y 7 de octubre de 2008 , R. 1964/2007 y 538/2007 ; 3 de noviembre de 2008, R. 2791/2007 ; 7 de octubre de 2011, R. 3528/2010 ; 13 de octubre de 2011, R. 4019/5010 y 13 de diciembre de 2011, R. 4114/2010 ).
Asimismo, concreta el art. 224.2 in fine, en el caso de que se inste en el recurso la unificación en la interpretación del derecho, deberá el recurrente hacer referencia a los particulares aplicables de las sentencias en las que se contenga la doctrina jurisprudencial cuya aplicación se pretende.
Así se deduce, no sólo del citado art. 224 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , sino también de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), de aplicación supletoria en ese orden social, cuyo artículo 477.1 prescribe que "el recurso habrá de fundarse, como motivo único, en la infracción de las normas aplicables para resolver las cuestiones objeto del proceso", mientras que el artículo 481.1 LEC impone que en el escrito de interposición deberán exponerse, con la necesaria extensión, los fundamentos del recurso. El incumplimiento de esta regla constituye causa de inadmisión, según el artículo 483.2.2º LEC (entre otras, sentencias de 8 de marzo de 2005, R. 606/2004 ; 28 de junio de 2005, R. 3116/2004 ; 16 de enero de 2006, R. 670/2005 y 8 de junio de 2006, R. 5287/2004 ; 7 de junio de 2007, R. 767/2006 ; 21 de diciembre de 2007, R. 4193/2006 ; 16 y 18 de julio de 2008 , R. 2202/2007 y 1192/2007 ; 19 y 25 de septiembre de 2008 , R. 384/2007 y 1790/2007 ; 22 de octubre de 2008, R. 4312/2006 ; 16 de enero de 2009, R. 88/2008 ; 17 de febrero de 2009, R. 2401/2007 , 11 de octubre de 2011, R. 4322/2010 y 26 de diciembre de 2011, R. 1160/2011 ).
No habiendo presentado alegaciones la parte recurrente en el plazo conferido para ello, de conformidad con el informe del Ministerio Fiscal procede inadmitir el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, sin imposición de costas.
Declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Letrado Don Néstor González Jiménez en nombre y representación de DON Leoncio contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada de fecha 14 de noviembre de 2012, en el recurso de suplicación número 2042/12 , interpuesto por DON Leoncio , frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 4 de los de Granada de fecha 20 de junio de 2012 , en el procedimiento nº 703/11 seguido a instancia de DON Leoncio contra INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, sobre prestaciones.
Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente.
Contra este auto no cabe recurso alguno.
Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de procedencia con certificación de esta resolución y comunicación.
Así lo acordamos, mandamos y firmamos.
