STS 1007/2013, 3 de Enero de 2014

PRIMERO.- La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia condenó a Manuel como autor criminalmente responsable de un delito continuado de apropiación indebida a las penas que dejamos expuestas en nuestros antecedentes, frente a cuya resolución judicial ha interpuesto este recurso de casación el aludido acusado en la instancia, y también la representación procesal de la acusación particular "MERPATATA, S.L.", recursos que pasamos seguidamente a analizar y resolver.

Recurso de Manuel .

SEGUNDO.- En un único motivo de contenido casacional, formalizado al amparo del art. 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , se denuncia la vulneración del art. 24.2 de la Constitución española en el aspecto relativo al derecho de defensa «al haber rechazado [la Audiencia] la solicitud del condenado de poder renunciar a su letrado».

Se basa esta queja casacional en el escrito presentado por el recurrente el día 4 de octubre de 2012, remitido vía fax, por medio del cual se ponía en conocimiento de la Audiencia Provincial que se solicitaba la suspensión del juicio oral, señalado para el día siguiente, 5 de octubre, dejándose sin efecto la designación de oficio de su letrada defensora y concediéndose a la parte plazo legal para nueva representación procesal.

La Sala sentenciadora de instancia rechazó esta petición, tildándola de generar un evidente fraude procesal y entendiendo que únicamente pretendía ser una maniobra dilatoria, constitutiva por tanto de un claro abuso del derecho, en tanto que no existe «una mínima base razonable que explique los motivos por los que el acusado ha demorado su decisión de cambiar de Letrado hasta el mismo comienzo de las sesiones del juicio oral, pudiendo haberlo hecho con anterioridad. No se trata de penetrar en las razones que pudieran justificar la alegada "pérdida de confianza", que se expresa ordinariamente como motivación de la solicitud de cambio de Letrado, sino únicamente de disponer de una mínima base de racionalidad acerca del hecho de que la solicitud se formule precisamente cuando su resolución favorable obliga a suspender el juicio, con las consiguientes dilaciones». También se valora por la Audiencia que el acusado dispuso de tiempo sobrado desde la última actuación de su Letrado en la causa, que lo ha constituido la calificación provisional o escrito de defensa, que fue despachado con varios meses de antelación a la celebración del juicio oral, esperando a la víspera para pedir la suspensión, lo que el Tribunal sentenciador considera una maniobra claramente dilatoria.

Estas consideraciones son compartidas por esta Sala Casacional, lo que llevará a la desestimación del motivo.

En efecto, en el caso enjuiciado la defensa del acusado la ostentaba una letrada designada por el turno de oficio, que llevó la causa durante el trámite de instrucción, la fase intermedia y hasta el día antes de la celebración del juicio oral. Sin explicar razón alguna, pero sobre todo, en un momento en que no podía más que suspenderse el señalamiento, dada la inminencia del mismo, se solicita el cambio de letrado, esperando hasta el último momento para poner en conocimiento esta circunstancia del Tribunal sentenciador. Como la letrada designada había sido nombrada por el turno de oficio, no podía ser nombrado otro profesional por el mismo turno, sin conocer la razón de la disidencia surgida, ya que no es posible renunciar sucesivamente a los diversos letrados nombrados de turno de oficio, sin una razón que lo justifique. Por otro lado, y como argumentan los jueces «a quibus», desde hacía once meses había tenido tiempo el recurrente para poner esta circunstancia en conocimiento de la Sala, pero no lo hizo hasta tal fecha, que conllevaba la suspensión del plenario. Incluso la buena fe procesal aconsejaba proponer ya el nombre de un letrado de su designación particular, a efectos de que se hubiera hecho cargo de su defensa, o por lo menos que se encontrase a disposición del Tribunal. En suma, los derechos no son absolutos, tampoco los de alcance constitucional, y no pueden ejercerse sin límite. En el caso, el Tribunal de instancia detectó una maniobra dilatoria en fraude de ley, y rechazó la suspensión del plenario.

Como ha dicho la Sentencia de esta Sala, núm. 1066/1996, de 23 de diciembre , una interpretación conforme a la Constitución de los preceptos que rige en denominado procedimiento abreviado no permite acoger dicha causa de suspensión cuando el Tribunal aprecie que de algún modo, la denegación de la suspensión para cambiar de Letrado en tan tardío e inoportuno procesal, pudiera originar indefensión o perjudicar materialmente el derecho de defensa del procesado. Pero para ello debe contar el Tribunal, al menos, con una mínima base razonable que explique los motivos por los que el acusado ha demorado su decisión de cambiar de Letrado hasta el mismo comienzo de las sesiones del juicio oral, pudiendo haberlo hecho con anterioridad.

Como señala nuestra STS 816/2008, de 2 de diciembre , citando a la 486/2008, 11 de julio , en donde ya se apuntaba que el derecho a la libre designación de Letrado constituye uno de los signos que identifican a un sistema procesal respetuoso con los principios constitucionales que definen la noción de un proceso justo. Sin embargo, ese derecho no puede considerarse ilimitado. En el proceso penal convergen intereses jurídicos de muy distinto signo. La necesidad de lograr un equilibrio entre todos esos derechos exige del órgano jurisdiccional ponderar, en función de cada caso concreto, qué grado de sacrificio es aceptable imponer al resto de las partes cuando alguna de ellas introduce una incidencia sorpresiva que puede perturbar el desarrollo ordinario del proceso. Aceptar con naturalidad que toda petición de cambio de Letrado, sea cual sea el momento en el que aquélla se produce, forma parte del contenido material del derecho de defensa, supondría distanciarnos del verdadero significado constitucional de ese derecho. La capacidad de todo imputado de designar a un Abogado de su confianza no ampara estrategias dilatorias ni actuaciones que sean expresivas de una calculada desidia a la hora de hacer valer el propio derecho de defensa.

Estas ideas laten en la jurisprudencia de esta Sala en relación con el problema suscitado. En efecto, la STS 1989/2000, 3 de mayo , tuvo ocasión de pronunciarse sobre los efectos jurídicos del abandono por parte del Letrado de la defensa de su representado. Razona la Sala Segunda -proclamando un criterio interpretativo que ya ha sido acogido con posterioridad, entre otras, por las SSTS 1732/2000, 10 de noviembre , 327/2005, 14 de marzo y por el auto 24 de abril de 2003 -, que la facultad de libre designación implica a su vez la de cambiar de Letrado cuando lo estime oportuno el interesado en defensa de sus intereses, si bien tal derecho -ha dicho esta Sala- no es ilimitado pues está modulado, entre otros supuestos, por la obligación legal del Tribunal a rechazar aquellas solicitudes que entrañen abuso de derecho, o fraude de ley procesal según el artículo 11.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial ( SSTS 23 de abril de 2000 ; 23 de diciembre de 1996 ; 20 de enero de 1995 ; entre otras). De ahí la improcedencia, por ejemplo, del cambio de letrado cuando suponga la necesidad de suspender la celebración de la vista y no conste una mínima base razonable que explique los motivos por los que el interesado ha demorado hasta ese momento su decisión de cambio de Letrado. Fuera de estos supuestos de ejercicio abusivo del derecho en que se afectan otros valores y derechos como el de un proceso sin dilaciones indebidas, sin una justificación razonable basada en la proscripción de una efectiva y material indefensión, los cambios de Letrado están amparados por el ejercicio del derecho a la defensa que incluye el de libre designación del Abogado.

En consecuencia, el motivo no puede ser estimado.

Recurso de MERPATATA, S.L.

TERCERO.- Esta parte recurrente formaliza dos motivos que han sido apoyados por el Ministerio Fiscal. Por el primero, y por vía del art. 849-2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , se invoca como documentos literosuficientes las pólizas de seguro suscritas por el Colegio de Abogados de Valencia, obrantes a los folios 976 a 1.110 del Tomo IV de las actuaciones, que incluyen como riesgo cubierto la responsabilidad civil derivada de las actividades de asesoría fiscal, concretamente los folios 988 y 1.071.

La jurisprudencia de esta Sala exige para que pueda estimarse este motivo, que concurran los siguientes requisitos: a) que se invoque tal error de hecho en la apreciación de las pruebas, de modo que tenga significación suficiente para modificar el sentido del fallo, pues en caso contrario estaríamos en presencia de una simple corrección de elementos periféricos o complementarios; b) que se citen con toda precisión los documentos en que se base la queja casacional, incorporados a la causa, con designación expresa de aquellos particulares de donde se deduzca inequívocamente el error padecido; c) que tales documentos sean literosuficientes, es decir, que basten por sí mismos para llegar a la conclusión acreditativa que se pretende, evidenciando el objeto de prueba sin necesidad de acudir a otras fuentes probatorias o a complejos desarrollos argumentales; d) que su eficacia probatoria no haya sido desvirtuada o contradicha merced a otras pruebas que obren igualmente en la causa; e) que el recurrente lleve a cabo, al menos, una mínima justificación argumental como causa de la impugnación; f) que el recurrente proponga una nueva redacción del "factum" derivada del error de hecho denunciado en el motivo; y g) que tal rectificación del "factum" no es un fin en sí mismo, sino un medio para crear una premisa distinta a la establecida y, consiguientemente, para posibilitar una subsunción jurídica diferente de la que se impugna.

Los documentos invocados cumplen tales requisitos, de manera que, como argumenta el Ministerio Fiscal en esta instancia casacional, debe incluirse en el relato fáctico que «el acusado estuvo adherido a la póliza colectiva de responsabilidad civil concertada por el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia con las aseguradoras St. Paul Insurance España seguros y reaseguros S.A. que con posterioridad pasó a denominarse HCCE Houston Company Europe, con una cobertura de 60.100 euros y una franquicia del 10% con un mínimo de 150 euros y un máximo de 1.500; a partir del 1 de julio de 2006 hasta el 1 de julio de 2010 estuvo adherido a la póliza colectiva de seguro de responsabilidad civil contratada por el Consejo General de la Abogacía con la Aseguradora DUAL IBÉRICA por cuenta de Arch Insurance Company Europe LTD con una cobertura de 150.000 euros, pólizas entre cuyos riesgos se incluía expresamente la responsabilidad civil derivada del desempeño del ejercicio de la abogacía y de la actividad profesional de asesoría fiscal».

CUARTO.- En el segundo motivo, y al amparo de lo autorizado en el art. 849-1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , se denuncia la inaplicación indebida del art. 117 del Código Penal . Referido precepto sustantivo dispone que «los aseguradores que hubieren asumido el riesgo de las responsabilidades pecuniarias derivadas del uso o explotación de cualquier bien, empresa, industria o actividad, cuando, como consecuencia de un hecho previsto en este Código, se produzca el evento que determine el riesgo asegurado, serán responsables civiles directos hasta el límite de la indemnización legalmente establecida o convencionalmente pactada, sin perjuicio del derecho de repetición contra quien corresponda».

Como argumenta el Ministerio Fiscal en esta instancia casacional, una vez acreditado que la práctica de la asesoría fiscal estaba cubierta en la póliza suscrita, la consecuencia jurídica obligada es la declaración de la responsabilidad civil directa de las compañías aseguradoras, cada una de ellas dentro de los ámbitos temporales y con los límites de cuantía establecidos en sus respectivas pólizas.

La sentencia recurrida razona que debe excluirse la responsabilidad civil de las aseguradoras porque la actuación profesional del acusado no era propiamente la de un abogado sino la gestión administrativa y fiscal, pero el acusado fue contratado, según el relato histórico de la sentencia recurrida, como asesor de la empresa en aspectos fiscales, financieros y contables, y tal actividad está comprendida en el riesgo asegurado en las pólizas, y es propia de asesoría jurídica.

La doctrina establecida por este Tribunal, como nos recuerda la STS 1240/2001, de 22 de junio , a cuya virtud el seguro de responsabilidad civil constituye tanto un medio de protección del patrimonio del asegurado como un instrumento de tutela de los terceros perjudicados, determinando en casos de actuación dolosa del asegurado, el derecho del asegurador a repetir contra éste una vez subrogado en la obligación indemnizatoria conforme al art. 76 de la Ley de Seguros , justifica el anticipado rechazo de la propuesta recurrente que ahora examinamos. En las Sentencias, entre otras, de 24-10-1997 , 11-2-1998 y 4-12-1998 , se dice al efecto -siguiendo criterios hermenéuticos unificados en Sala General-: «una cosa es que no quepa asegurar conductas dolosas y otra muy distinta que entre los riesgos aleatorios del seguro esté incluido el de hacer frente a los perjuicios causados por actuación ilícita del asegurado. En esos casos, el asegurador que se subroga en la obligación indemnizatoria, tiene derecho a repetir sobre el asegurado culpable para resarcirse del perjuicio que a su vez sufre por esa conducta culpable. El tercero inocente es ajeno a todo ello y ostenta por eso aquella acción directa e inmune del artículo 76 que rige con especificidad en la materia por lo que como norma singular es prevalente.

El mismo dato de que prevea la posibilidad de la repetición es revelador de que ha habido obligación legal y su pago por el asegurador, si no tal previsión sería ociosa.

El artículo 19 lo que excluye es que el asegurador esté obligado a indemnizar al propio asegurado por el siniestro producido por mala fe de éste.

El seguro de responsabilidad civil constituye tanto un medio de protección del patrimonio del asegurado como un instrumento de tutela de los terceros perjudicados. En consecuencia se trata de amparar a las víctimas dando cobertura a las indemnizaciones procedentes con independencia de que el evento generador del daño sea un ilícito civil o un ilícito penal, sea culposo o doloso.

Con carácter general el art. 76 de la Ley de Contratos de Seguro establece que: "el perjudicado o sus herederos tendrán acción directa contra el asegurador para exigirle el cumplimiento de la obligación de indemnizar, sin perjuicio del derecho del asegurador a repetir contra el asegurado en el caso de que sea debido a conducta dolosa de éste, el daño o perjuicio causado a tercero", de lo que se deduce necesariamente que los daños ocasionados como consecuencia de eventos dolosos no están excluidos de la cobertura del seguro con respecto a las víctimas del daño, y únicamente permiten repetir frente al asegurado, pues en tales casos el seguro no ampara el patrimonio del asegurado frente a las consecuencias negativas de su propio comportamiento doloso.

En el mismo sentido el art. 117 del Código Penal .

Frente a las razones expuestas se alega, en primer lugar, el principio de no asegurabilidad del dolo. Sin embargo lo que prohíbe dicho principio es que el agente asegure su patrimonio contra las consecuencias negativas que se le pueden derivar de sus propios comportamientos dolosos, pero no que se establezca un sistema obligatorio de protección a las víctimas de una determinada fuente de riesgo que garantice a las mismas un nivel básico de cobertura frente a los daños sufridos, con independencia de que el origen del daño sea un ilícito civil o penal, doloso o culposo. La diferencia no afecta a la víctima, pero sí al autor: si el comportamiento causante del daño fue culposo, el seguro ampara a la víctima sin posibilidad de repetición es decir que también exonera al causante del daño de su responsabilidad civil. Si el acto es doloso, el seguro ampara igualmente a la víctima, pero se puede repetir contra el causante del daño pues al ser doloso el acto la responsabilidad del causante no se elimina con el pago del seguro, sino que se le exige por el asegurador».

En el mismo sentido, la STS 322/2009, de 23 de marzo .

Por consiguiente, el motivo ha de ser estimado.

Costas procesales.

QUINTO.- Se condena en costas procesales de esta instancia casacional con respecto al recurso del acusado, al propio Manuel , y se declaran de oficio las correspondientes al recurso de MERPATATA, S.L., todo ello en virtud de lo dispuesto en el art. 901 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (en este último caso, con devolución del correspondiente depósito, si éste hubiera sido constituido).

FALLO

Que debemos declarar y declaramos HABER LUGAR al recurso de casación interpuesto por las representación legal de la Acusación particular MERPATATA SL contra Sentencia núm. 537/12, de 15 de octubre de 2012, de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia . Declaramos de oficio las costas procesales ocasionadas en la presente instancia por su recurso y devolvemos el depósito judicial, si en su día lo hubiere constituido.

Que debemos declarar y declaramos NO HABER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la representación legal del acusado Manuel , contra Sentencia núm. 537/12, de 15 de octubre de 2012, de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia . Condenamos al recurrente la pago de las costas procesales ocasionadas en la presente instancia por su recurso.

En consecuencia casamos y anulamos, en la parte que le afecta, la referida Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, que será sustituida por otra más conforme a Derecho.

Comuníquese la presente resolución y la que seguidamente se dicta, a la Audiencia de procedencia, con devolución de la causa que en su día remitió, intersándole acuse de de recibo.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Candido Conde-Pumpido Touron Julian Sanchez Melgar Jose Manuel Maza Martin Juan Ramon Berdugo Gomez de la Torre Alberto Jorge Barreiro

SEGUNDA SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a tres de Enero de dos mil catorce.

El Juzgado de Instrucción núm. 5 de los de Valencia incoó P.A. núm. 128/11 por delito de apropiación indebida contra Manuel , y una vez concluso lo remitió a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de dicha Capital, que con fecha 15 de octubre de 2012 dictó Sentencia núm. 537/12 , la cual ha sido recurrida en casación por las representaciones legales de la Acusación particular MERPATATA SL y por el acusado Manuel , y ha sido casada y anulada en la parte que le afecta, por la Sentencia dictada en el día de hoy por esta Sala Segunda del Tribunal Supremo; por lo que los mismos Magistrados que formaron Sala, y bajo idéntica Presidencia y Ponencia, proceden a dictar esta Segunda Sentencia, con arreglo a los siguientes:

ÚNICO.- De conformidad con lo razonado en nuestra anterior Sentencia Casacional, se condena a HCC EUROPE y ARCH INSURANCE COMPANY EUROPE LTD a responder civil y directamente de la responsabilidad civil que se declara en la sentencia de instancia, cada una de ellas dentro de los ámbitos temporales y con los límites de cuantía establecidos en sus respectivas pólizas, lo que se determinará en ejecución de sentencia, de conformidad con lo dispuesto en el art. 115 del Código Penal .

Que manteniendo la responsabilidad criminal y civil del acusado Manuel , se ha de condenar también, como debemos, a las aseguradoras HCC EUROPE y ARCH INSURANCE COMPANY EUROPE LTD a responder civil y directamente de las cantidades que se declaran en la sentencia de instancia, cada una de ellas dentro de los ambitos temporales y con los limites de cuantia establecidos en sus respectivas pólizas, lo que se determinara en ejecución de sentencia.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos . Candido Conde-Pumpido Touron Julian Sanchez Melgar Jose Manuel Maza Martin Juan Ramon Berdugo Gomez de la Torre Alberto Jorge Barreiro

PUBLICACIÓN .- Leidas y publicadas han sido las anteriores sentencias por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Julian Sanchez Melgar, mientras se celebraba audiencia pública en el día de su fecha la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario certifico.