STS 804/2013, 23 de Octubre de 2013

En el primer motivo del recurso, formalizado al amparo del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , se invoca vulneración del derecho a la debida motivación que proclama el artículo 120.3 de la Constitución .

Se denuncia la falta de motivación con mera mención de doctrina del Tribunal Constitucional sobre la obligación de motivar las sentencias y alcance de ese deber.

Como bien señala el Ministerio Fiscal al impugnar el motivo, el recurrente hace una referencia general a la necesidad de motivas las sentencias, referencia con la que indudablemente se está de acuerdo. En cambio, el motivo carece de todo desarrollo en relación a la aplicación de esa doctrina al caso que examinamos y sin indicar que parte de la sentencia adolece de tal vicio.

Ciertamente, el Tribunal Constitucional y esta Sala han recordado, en numerosas resoluciones, el mandato del artículo 120.3 de la Constitución acerca de la necesidad de que las sentencias estén siempre motivadas lo cual constituye, asimismo, una exigencia derivada del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de Jueces y Tribunales, proclamado en el artículo 24.1 del mismo texto constitucional. Motivación que viene impuesta para evitar cualquier reproche de arbitrariedad, satisfacer el derecho del justiciable a alcanzar la comprensión de la resolución judicial que tan especialmente le afecta, así como para garantizar y facilitar el control que permite la revisión de la sentencia en otras instancias judiciales o, en su caso, por el Tribunal Constitucional.

Examinados los fundamentos jurídicos de la sentencia recurrida puede comprobarse que el Tribunal de instancia explica con suficiencia las pruebas que le han permitido construir el relato fáctico señalando que la detallada declaración de la víctima viene corroborada con datos objetivos que califica de abrumadores, significándose que la pericial biológica ofrece una rotundidad científica aplastante y viene a afirmar la existencia de un enlace lógico y suficientemente sólido entre la actividad desplegada y los hechos que se imputan al acusado, razonándose la subsunción típica de los hechos que integran el relato fáctico.

Ha existido la debida motivación y el motivo no puede prosperar.

En el segundo motivo del recurso, formalizado al amparo del artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en relación al artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , se invoca vulneración del derecho a la presunción de inocencia que proclama el artículo 24.2 de la Constitución .

Se alega, en defensa del motivo, que la declaración de la víctima es insuficiente para sustentar las condenas del Tribunal de instancia en cuanto constituye la única prueba de cargo al no existir corroboraciones periféricas.

No es eso lo que se expresa en la sentencia recurrida. Como se ha dejado expresado al examinar el motivo anterior, el Tribunal de instancia no solo resalta la declaración de la víctima, que califica de detallada, firme, verosímil, coherente y consistente, con reconocimientos rotundos tanto fotográficos como en rueda de detenidos, sino que la corroboración periférica de esa declaración es abrumadora. Así se señala que en todos y cada uno de los lugares de la vivienda en que se desarrolla la violación múltiple se encuentran objetos y enseres con vestigios orgánicos del procesado (cuchillo, sabanas, pañuelo,...) que la pericial biológica confirma con rotundidad científica aplastante, y a ello se añade el informe médico forense sobre las lesiones que presentaba la víctima y respecto a la sustracción de efectos es bien esclarecedor el hallazgo, en la diligencia de entrada y registro practicado en el domicilio del acusado, de parte de las joyas y otros efectos sustraídos.

Ha existido, por consiguiente, prueba de cargo, legítimamente obtenida, que enerva el derecho de presunción de inocencia invocado.

El motivo debe ser desestimado.

En el tercer motivo del recurso, formalizado al amparo del número 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , se invoca infracción, por aplicación indebida, de los artículos 178 , 179 , 180.1.1 º y 180.1.5º del Código Penal .

Se reitera que no han quedado acreditados, por ausencia de prueba de cargo, los hechos que sustentan el delito de agresión sexual.

Es de reiterar, una vez más, lo que se ha dejado expresado para rechazar los anteriores motivos. Este debe correr la misma suerte de desestimación.

En el cuarto motivo del recurso, formalizado al amparo del número 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , se invoca infracción, por aplicación indebida, de los artículos 237 , 238.1.2 y 3 del Código Penal .

Se remite al anterior motivo al considerar que igualmente existe ausencia de prueba respecto al delito de robo.

El Tribunal de instancia ha podido valorar la declaración de la víctima, la grabación de una cámara de seguridad cercana al domicilio y el hallazgo de diversos efectos de los sustraídos a la víctima en el domicilio del procesado.

Ha existido, por consiguiente, prueba de cargo que acredita la sustracción, con evidente violencia e intimidación como se explica por el Tribunal de instancia, que contrarresta el derecho a la presunción de inocencia.

El motivo debe ser desestimado.

En el quinto motivo del recurso, formalizado al amparo del número 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , se invoca infracción, por aplicación indebida, del artículo 617.1 del Código Penal .

Se alega, como en los motivos anteriores, falta de prueba de cargo que acredite la comisión de la falta de lesiones y que debe prevalecer el derecho a la presunción de inocencia.

Es de reiterar lo que se ha dejado expresado en motivos anteriores. El Tribunal de instancia pudo valorar junto a la declaración de la víctima el informe emitido por el médico forense sobre las lesiones causadas por las agresiones del acusado.

Este último motivo tampoco puede prosperar.

RECURSO INTERPUESTO POR LA ACUSACION PARTICULAR, EN NOMBRE DE Yolanda

UNICO .- En el único motivo del recurso, formalizado al amparo del número 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , se invoca infracción del artículo 163.1 del Código Penal .

Se disiente de la decisión del Tribunal de instancia de haber absuelto al acusado del delito de detención ilegal por razones procesales, entendiéndose que no existen tales impedimentos para entrar en el fondo de la acusación por ese delito del que el acusado debería haber sido condenado.

Ciertamente, el Tribunal de instancia, en el segundo de sus fundamentos jurídicos, señala que la absolución del delito de detención ilegal no lo es de carácter sustantivo, esto es si existía correspondencia entre el lapso temporal de inmovilización de la víctima y el perseverante y feroz ánimo lúbrico del procesado para cometer la espeluznante sucesión de actos atentatorios contra la libertad sexual, sino que la razón obedece a postulados de orden adjetivo. Sigue diciendo que en su momento, el dictado del auto de procesamiento no comprendía dicho injusto. Ciertamente esa resolución judicial toma como referente elementos fácticos. En este sentido cabe destacar que la doctrina de casación tiene dicho que "el auto de procesamiento no vincula a las partes excepto en los que se refiere a la persona del procesado o procesados. Como ha señalado la jurisprudencia de esta Sala dicho auto es un simple presupuesto de acceso del proceso a la fase plenaria por el que se estima que de unos determinados hechos, de carácter ilícito, resultan provisionalmente indicios racionales de criminalidad atribuibles a persona concreta, pero no sirve de instrumento de ejercicio de la acción penal, que únicamente se entiende fijada y promovida en el escrito de calificación de la acusación, es decir, el auto de procesamiento no delimita el objeto del proceso, sino que éste se establece en los escritos iniciales de calificación ( STS 867/2002 , entre otras). Es más, debemos señalar que son las conclusiones definitivas el verdadero instrumento procesal de la acusación, donde se definen las pretensiones jurídicas que deben ser objeto de resolución en la sentencia ( STS de 5 de julio de 2006 ). O, más recientemente, insiste en que "el auto de procesamiento es un simple presupuesto de acceso del proceso a la fase plenaria, acordado en resolución motivada por el Juez de instrucción en periodo sumarial pero no el instrumento de ejercicio de la acción penal, que únicamente se entiende fijada y promovida en el escrito de calificación de la acusación. El Auto de procesamiento en el proceso ordinario no opera con efecto preclusivo de la calificación de las acusaciones en el ámbito del principio acusatorio, toda vez que si éste exige que el acusado tiene derecho a conocer la acusación de tal manera que pueda ejercer una plena defensa y contradecir los hechos que se le imputan, este derecho se ve satisfecho cuando las conclusiones provisionales de las acusaciones ponen formalmente en su conocimiento las pretensiones de las mismas. El Tribunal sentenciador debe, pues, pronunciarse sobre las pretensiones que le demandan las partes procesales, entre las que no se encuentra el Juez de Instrucción, de modo que en el proceso ordinario la acusación se formalizará respecto de "los hechos punibles que resulten del sumario ( art. 650 LECrim .), no de los que figuren en el auto de procesamiento, sin establecer limitación alguna ( STS de 20 de mayo de 2009 ). Aún dando por cierto, como sostiene la parte acusadora particular, que el Auto de procesamiento dictado en la presente causa sí recogía el supuesto fáctico de la detención ilegal, lo que acaso no resulta así de los incisos que menciona, sí se aquietó ante la denegación por este Tribunal de la apertura del juicio oral por ese delito, pudiendo haber acudido en casación ante ese sobreseimiento parcial como previene el art. 636 LECrim .

Lo que se acaba de dejar expresado es copia literal de lo que se declara en el fundamento jurídico segundo de la sentencia de casación en el que tras dejar bien esclarecido que el Auto de procesamiento no limita ni impide la acusación por otro delito no incluido en el procesamiento, sin embargo, en este caso no se ha entrado en el fondo con el único razonamiento de que no se había recurrido, y por tanto se había aquietado, con un auto de apertura del juicio oral en el que se había acordado, se dice, el sobreseimiento parcial por el delito de detención ilegal.

Examinado el Auto de apertura del juicio oral, de fecha 6 de julio de 2012, que obra a los folios 28 y 29 del Rollo de Sala, puede comprobarse que no existe decisión de sobreseimiento ya que en la parte dispositiva lo único que se decreta es la apertura del juicio oral contra el procesado, y consta en las actuaciones que la acusación particular solicitó la apertura del juicio oral, entre otros, por el delito de detención ilegal. Además, como bien señala el Ministerio Fiscal, al apoyar el motivo, el propio auto de procesamiento describe que la víctima estuvo privada de libertad de movimientos por tiempo de cuatro horas y que fue atada de pies y manos asi como amordazada. Congruente con su petición la acusación particular acusó del delito de detención ilegal y solicitó por ese delito la pena de seis años de prisión, calificación de la que pudo defenderse el acusado.

Así las cosas, no ha existido, por consiguiente, indefensión y ha habido correcta acusación por el delito de detención ilegal.

Este es el criterio de esta Sala, en supuestos similares.

En la Sentencia de esta Sala 5/2003, de 14 de enero , se declara que el auto de apertura del juicio oral responde a la necesidad de un previo pronunciamiento judicial para poder entrar en el juicio oral. Es lo que se ha venido llamando el juicio de racionabilidad en cuanto supone una estimación de que hay motivos suficientes para entrar en el juicio. Esa función la viene desarrollando el auto de procesamiento en el procedimiento ordinario. En el procedimiento abreviado el Instructor tiene la facultad de denegar la apertura del juicio oral. Así el art. 790.6 dispone que "solicitada la apertura del juicio oral por el Ministerio Fiscal o la acusación particular, el Juez de Instrucción la acordará, salvo que estimare que concurre el supuesto del nº 2 del art. 637(el hecho no sea constitutivo de delito) o que no existan indicios racionales de criminalidad contra el acusado en cuyo caso acordará sobreseimiento que corresponda conforme a los artículos 637 y 641. La fase de investigación ha de servir tanto para preparar el juicio oral como para evitar la apertura de juicios innecesarios. Ese es el cometido del auto de apertura del juicio oral pero en modo alguno viene a condicionar los delitos concretos objeto de enjuiciamiento. Lo que si condiciona el contenido de la sentencia es la acusación con la que se debe corresponder, debiendo atenerse a la que resulte de las conclusiones definitivas así formuladas en el acto del juicio oral, aunque difiera de la provisionales anteriormente presentadas, siempre que se mantenga la identidad esencial de los hechos sobre los que recae la acusación y se someten a enjuiciamiento. Si así fuere, no se producirá vulneración del principio acusatorio ni puede aducirse indefensión, ya que el acusado estará perfectamente impuesto e informado de lo que se le imputa y puede ejercer su defensa sin restricción alguna. En este sentido se manifiesta la doctrina de esta Sala, como es buen exponente la Sentencia 1/1998, de 12 de enero de 1998 en la que se expresa que "es doctrina consolidada -se recuerda en la S. de esta Sala de 11-11-92 , con cita de las STC 10-4-87 y 16-5-89 y de las de esta misma Sala de 19-6-90 y 18-11-91 - que el verdadero instrumento procesal de la acusación es el escrito de conclusiones definitivas, por lo que la sentencia debe resolver sobre ellas y no sobre las provisionales. El derecho a ser informado de la acusación, junto con la interdicción de la indefensión - Sentencia de esta Sala de 6 de abril de 1995 - suponen, de un lado, que el acusado ha de tener pleno conocimiento de la acusación contra él formulada, tanto en su contenido fáctico como jurídico, debiendo tener la oportunidad y los medios para defenderse contra ella, y de otro, que el pronunciamiento del Tribunal ha de efectuarse precisamente sobre los términos del debate, tal y como han sido formulados por la acusación y la defensa. El conocimiento de la acusación se garantiza inicialmente mediante las conclusiones provisionales y, una vez finalizada la actividad probatoria en el acto del juicio oral, mediante las definitivas en las que, naturalmente, se pueden introducir las modificaciones fácticas y jurídicas demandadas por aquella actividad, siempre que se respete la identidad esencial de los hechos que han constituido el objeto del proceso. La posibilidad de que en las conclusiones definitivas de la acusación se operen cambios, incluso relevantes, se deduce con toda claridad del art. 793.7 LECr que concede al Juez o Tribunal, "cuando la acusación cambie la tipificación penal de los hechos, o se aprecien un mayor grado de participación o de ejecución, o circunstancias de agravación de la pena", la facultad de "conceder un aplazamiento de la sesión, hasta el límite de diez días, a petición de la defensa, a fin de que ésta pueda aportar los elementos probatorios y de descargo que estime convenientes".

Y en la sentencia 36/2013, de 25 de enero se expresa que el argumento es que en el auto de procesamiento no se atribuyó a M. la realización de ningún acto contra J.; y, sin embargo, sin que ese auto hubiera sido recurrido por las acusaciones, éstas, en sus escritos de calificación provisional, atribuyeron al que ahora recurre la realización de dos homicidios intentados, uno el de J. Por tanto, como correctamente interpreta el Fiscal en su informe, lo denotado a través del magmático enunciado del motivo, del que se ha dejado constancia, es una vulneración del principio acusatorio. Pero la objeción, como el mismo argumenta, carece de fundamento. En efecto, pues ambas partes acusadoras lo fueron por unos hechos considerados delictivos que comprendían las agresiones, estimadas mortales, a A. y J.. Luego, a partir de estos datos, se decantaron por la existencia de un acuerdo de voluntades entre el recurrente y sus hermanos (ahora rebeldes), expresando esta opción con total claridad en el escrito de acusación y en la calificación definitiva. Así las cosas, no puede ser más patente que A. entró en el juicio seguido contra él sabiendo perfectamente de qué se le acusaba. Cuando resulta que, según conocidísima jurisprudencia del Tribunal Constitucional (por todas, sentencia 302/2000, de 11 de diciembre ) "el derecho a ser informado de la acusación y el principio acusatorio implican que nadie puede ser condenado en un proceso penal si no se ha formulado previamente contra él una acusación suficientemente determinada, por quien puede iniciar el proceso y mantener la pretensión acusatoria (...)", que es por lo que, consecuentemente, "el juzgador no puede excederse de los términos en que la acusación ha sido formulada, ni puede apreciar hechos o circunstancias que no han sido objeto de consideración en la misma". Términos similares a los de, entre muchísimas, la sentencia de esta sala 1559/2000, de 13 de octubre , cuando afirma que "el tribunal estará absolutamente vinculado por el contenido de la acusación en cuanto a sus elementos fácticos". De todo lo que se sigue que el recurrente supo en todo momento a qué atenerse, por la expresividad y claridad de las imputaciones; y que la sala de instancia, que ha desestimado una de éstas, se ha mantenido dentro de los términos de lo pedido por las acusaciones.

Por todo lo que se deja expresado, a la vista del auto de procesamiento y del auto de apertura del juicio oral, en los que se describe los tiempos en los que estuvo privada la víctima de libertad y asimismo atada de pies y manos y amordazada, y de los escritos de acusación, se ha formulado, en debida forma, acusación por el delito de detención ilegal del que ha podido defenderse el acusado, como resulta de las pruebas practicadas en el acto del juicio oral.

No existen razones procesales que impidan entrar en el examen de sí los hechos que se declaran probados permiten sustentar el delito de detención ilegal del que fue acusado Luis Manuel .

La privación de libertad a que fue sometida la víctima supera la que sería propia de la dinámica comisiva de un ataque a la libertad sexual o contra el patrimonio. No solo fue atada y amordazada sino que el mucho tiempo que estuvo privada de su libertad de movimientos, aproximadamente cuatro horas, de ningún modo puede considerarse necesario, como medio a fin, para lograr sus criminales propósitos.

En consecuencia, se puede afirmar la autonomía de la privación de libertad, como constitutiva de la figura delictiva de detención ilegal, en cuanto el ataque a la libertad de movimientos adquiere una entidad propia e independiente de los actos contra la libertad sexual y el patrimonio, habiéndose producido una multiplicidad delictiva que caracteriza un concurso real.

El motivo, con este alcance, debe ser estimado, condenándose al acusado Luis Manuel asimismo como autor, en concurso real, de un delito de detención ilegal previsto y penado en el apartado primero del artículo 163 del Código Penal ya que encerró y detuvo, privándola de libertad de movimientos, a la víctima de los hechos, logrando los propósitos que se había propuesto.

FALLO

DEBEMOS DESESTIMAR Y DESESTIMAMOS EL RECURSO DE CASACION por infracción de precepto constitucional e infracción de Ley interpuesto por el acusado Luis Manuel contra sentencia dictada por la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Barcelona, de fecha 28 de enero de 2013 , en causa seguida por delitos continuado de violación, robo con violencia, detención ilegal y una falta de lesiones. Condenamos a dicho recurrente al pago de las costas ocasionadas en el presente recurso.

Y DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS HABER LUGAR AL RECURSO DE CASACION por infracción de Ley interpuesto por la acusación particular en nombre de Yolanda , contra mencionada sentencia dictada por la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Barcelona, que casamos y anulamos, declarando de oficio las costas de este recurso. Y remítase certificación de esta sentencia y de la que a continuación se dicta a la mencionada Audiencia a los efectos procesales oportunos.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos Joaquin Gimenez Garcia Julian Sanchez Melgar Francisco Monterde Ferrer Antonio del Moral Garcia Carlos Granados Perez

SEGUNDA SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veintitrés de Octubre de dos mil trece.

En la causa incoada por el Juzgado de Instrucción número 24 de Barcelona con el número 6/2011 y seguida ante la Sección Décima de la Audiencia Provincial de esa misma capital por delitos de violación, robo, detención ilegal y una falta de lesiones y en cuya causa se dictó sentencia por la mencionada Audiencia con fecha 28 de enero de 2013 , que ha sido casada y anulada por la pronunciada en el día de hoy por esta Sala Segunda del Tribunal Supremo , integrada por los Excmos. Sres. expresados al margen y bajo la Ponencia del Excmo. Sr. D. Carlos Granados Perez, hace constar lo siguiente: