ATS, 15 de Noviembre de 2005
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 15 Noviembre 2005 |
AUTO
En la Villa de Madrid, a quince de Noviembre de dos mil cinco.
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- La Procuradora de los Tribunales Sra. Noya Otero, en representación de D. Inocencio, formuló demanda de exequátur de la sentencia de fecha 21 de julio de 1998, dictada por el Juzgado Octavo de Primera Instancia de Familia y Menores de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, República de Venezuela, por la que se pronunció el divorcio entre su representado y Dª. Marta (demandada en el juicio de origen).
El matrimonio disuelto había sido celebrado en El Hatillo (Estado Miranda), República de Venezuela, el 14 de octubre de 1987 e inscrito en el Registro Civil español.
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- Los contrayentes eran español -el varón- y venezolana -la mujer- y residentes en la República de Venezuela; al tiempo de promover el juicio de divorcio ante la jurisdicción venezolana, los cónyuges eran residentes en la República de Venezuela; cuando pidió justicia a esta Sala, el solicitante era español y residente en España.
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- Se han aportado los documentos siguientes: copia apostillada de la ejecutoria cuyo reconocimiento se pretende, con expresión de su firmeza; certificado de inscripción del matrimonio en el Registro Civil español.
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- Citada y emplazada en legal forma la demandada Dª. Marta, por medio de Edictos publicados en el Tablón de Anuncios de la Secretaría de la Sra. Bartolomé Pardo -ante el infructuoso intento de citación y emplazamiento personal-, la misma no compareció en las actuaciones.
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- El Ministerio Fiscal dijo que no se oponía al exequátur.
HA SIDO PONENTE EL MAGISTRADO EXCMO. D.Jesús Corbal Fernández
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- No habiendo tratado con la República de Venezuela ni norma internacional en materia de reconocimiento y ejecución de sentencias que resulte aplicable, debe estarse al régimen general del artículo 954 L.E.C. (de 3 de febrero de 1.881 ) -que mantiene su vigencia conforme establece la Disposición Derogatoria Única, apartado primero, excepción tercera, de la LEC 1/2000, de 7 de enero -, al no estar acreditada la reciprocidad negativa ( art. 953 de la citada Ley de 1881 ).
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- Resulta probada la firmeza de la sentencia, según la ley del Estado de origen; la firmeza de la sentencia, cuyo exequátur se pretende, viene exigida, cualquiera que sea el régimen de reconocimiento, por el artículo 951 (de la citada Ley de 1881 ) -que sobre este extremo, no es únicamente atinente al régimen convencional, si se lee junto con los preceptos siguientes- y reiterada doctrina de esta Sala.
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- El requisito 1º del art. 954 (de la citada LEC 1881 ) ha de entenderse cumplido habida cuenta de la naturaleza personal de la acción de divorcio.
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- En cuanto al requisito 2º del mismo artículo 954, está acreditado que el procedimiento de separación del que trae causa el divorcio se tramitó de mutuo acuerdo ante los Tribunales del Estado de origen y, aunque la demandada manifestó su oposición a la solicitud de conversión, la misma no fue estimada al haber transcurrido el lapso de tiempo establecido por el último aparte (sic) del artículo 185 del Código Civil venezolano desde que se decretara la separación y haber evidenciado que no existió reconciliación entre los cónyuges, no presentando la Sra. Marta recurso alguno contra dicha decisión.
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- Por lo que interesa al requisito 3º del precitado artículo 954, la conformidad con el orden público español -en sentido internacional- es plena: el artículo 85 del Código Civil establece la posibilidad del divorcio cualesquiera que sean la forma y tiempo de celebración del matrimonio.
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- La autenticidad de la resolución, según exige el artículo 954.4º, está garantizada por la apostilla con la que se ha diligenciado y tal y como obra en autos.
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- No hay razón para considerar que la competencia judicial internacional de los Tribunales de la República de Venezuela haya nacido de las partes en busca fraudulenta de un foro de conveniencia ( artículos 6º.4 Código Civil y 11.2 L.O.P.J .); el artículo 22.2 y 3 L.O.P.J . no establece foros de competencia exclusiva, lo que sí hace el artículo 22.1 de la misma Ley Orgánica, pero sin que en el presente caso concurran ninguno de los foros determinantes de ella en favor de los tribunales españoles; por el contrario, hay conexiones que no pueden desconocerse, como es la nacionalidad venezolana de la esposa, el domicilio de los cónyuges en la República de Venezuela al tiempo de promoverse el juicio de divorcio ante la jurisdicción venezolana y el lugar de celebración del matrimonio, razones éstas que permiten considerar fundada la competencia de los Tribunales de origen, y, por ende, excluir el fraude en cuanto a la ley aplicada al fondo del asunto, cuestión vinculada a la anterior.
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- No consta contradicción o incompatibilidad material con decisión judicial recaída o proceso pendiente en España.
Otorgamos exequátur a la sentencia dictada por el Juzgado Octavo de Primera Instancia de Familia y Menores de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, República de Venezuela, de fecha 21 de julio de 1998, por la que se acordaba el divorcio de D. Inocencio y Dª. Marta, quienes habían contraído matrimonio en El Hatillo (Estado Miranda), República de Venezuela, el día 14 de octubre de 1987, inscrito en el Registro Civil español.
Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, de lo que com Secretario, certifico.
