STS 402/2011, 12 de Abril de 2011

En el primer motivo del recurso, sin cita de precepto procesal alguno, se invoca la vulneración del art. 18.3 de la Constitución: derecho al secreto de las comunicaciones . Las razones en que se sustenta la impugnación son la falta de motivación del auto, en lo que se refiere a los fundamentos fácticos y jurídicos de la intervención telefónica; la no concurrencia de datos objetivos que constaten la existencia de indicios delictivos; la falta de datos relativos a los vehículos objeto del delito; la inexistencia de vinculación de los hechos con el imputado; las carencias de motivación de las resoluciones que acuerdan las prórrogas; y la falta de control judicial en la ejecución de la medida debido a la tardanza en las daciones de cuenta y a la forma en que se seleccionaban los pasajes y la interpretación que se hacía de ellos. La nulidad determinaría además la de todas las restantes diligencias probatorias, por derivarse de las intervenciones telefónicas iniciales.

2. El Tribunal Constitucional ha venido señalando reiteradamente que la resolución judicial en la que se acuerda la medida de intervención telefónica debe expresar o exteriorizar las razones fácticas y jurídicas que apoyan la necesidad de tal intervención, esto es, cuáles son los indicios que existen acerca de la presunta comisión de un hecho delictivo grave por una determinada persona, así como concretar con precisión el número o números de teléfono y personas cuyas conversaciones han de ser intervenidas -en principio, deberán serlo de las personas sobre las que recaigan los indicios referidos-, el tiempo de duración de la intervención, quiénes han de llevarla a cabo y cómo, y los períodos en los que deba darse cuenta al Juez (SSTC 82/2002 ; 167/2002 ; 184/2003 ; 165/2005 ; 136/2006 ; y 197/2009 ).

   También advierte que la obligación de apreciar razonadamente la conexión entre el sujeto o sujetos que iban a verse afectados por la medida y el delito investigado, esto es, el presupuesto habilitante de la intervención telefónica, constituye un prius lógico del juicio de proporcionalidad ( SSTC 49/1999, FJ 7; 138/2001, FJ 3 ; 165/2005, FJ 4 ; 219/2006 ; 220/2006 ; 239/2006 ; y 253/2006 ).

   Precisa el Tribunal Constitucional, en lo que respecta a los indicios, que son algo más que simples sospechas , pero también algo menos que los indicios racionales que se exigen para el procesamiento. Esto es, " sospechas fundadas" en alguna clase de datos objetivos, que han de serlo en un doble sentido: en el de ser accesibles a terceros , sin lo que no serían susceptibles de control; y en el de que han de proporcionar una base real de la que pueda inferirse que se ha cometido o que se va a cometer el delito, sin que puedan consistir en valoraciones acerca de la persona. Han de excluirse las investigaciones meramente prospectivas , pues el secreto de las comunicaciones no puede ser desvelado para satisfacer la necesidad genérica de prevenir o descubrir delitos o para despejar las sospechas sin base objetiva que surjan de los encargados de la investigación, ya que de otro modo se desvanecería la garantía constitucional; exclusión que se extiende igualmente a las hipótesis subjetivas y a las meras suposiciones y conjeturas , pues si el secreto pudiera alzarse sobre la base de esas hipótesis, quedaría materialmente vacío de contenido ( SSTC 49/1999 ; 166/1999 ; 171/1999 ; 299/2000 ; 14/2001 ; 138/2001 ; 202/2001 ; 167/2002 ; 261/2005 ; 136/2006 ; 253/2006 ; 148/2009 ; 197/2009 ; 5/2010 ; y 26/2010 ).

   Matiza el Tribunal Constitucional que el hecho en que el presunto delito pueda consistir no puede servir como fuente de conocimiento de su existencia; la fuente del conocimiento y el hecho conocido no pueden ser la misma cosa ( SSTC 299/2000 ; 167/2002 ; y 197/2009 ). Sin que, además, la carencia fundamental de la expresión de los elementos objetivos indiciarios y la ausencia de los datos indispensables pueda ser justificada a posteriori por el éxito de la investigación misma ( STC 138/2001 , y 167/2002 ).

   Por su parte, este Tribunal de Casación , siguiendo la doctrina constitucional, tiene establecido en reiteradas resoluciones ( SSTS 77/2007, de 7-2 ; 610/2007, de 28-5 ; 104/2008, de 4-2 ; 304/2008, de 5-6 ; 406/2008, de 18-6 ; 712/2008, de 4-11 ; 778/2008, de 18-11 ; 5/2009, de 8-1 ; y 737/2009, de 6-7 ) que de la nota de la judicialidad de la medida de la intervención telefónica se derivan, como consecuencias inherentes, que solo la autoridad judicial competente puede autorizar el sacrificio del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones y a la intimidad, y siempre con la finalidad exclusiva de proceder a la investigación de un delito concreto y a la detención de los responsables, rechazándose las intervenciones predelictuales o de prospección. Esta materia se rige por el principio de especialidad en la investigación.

   La medida -señalan las sentencias citadas de este Tribunal- debe ser fundada en el doble sentido de adoptar la forma de auto y tener suficiente motivación o justificación. Ello exige de la policía solicitante la expresión de la noticia del hecho delictivo a comprobar y la probabilidad de su existencia, así como de la implicación posible de la persona cuyo teléfono es el objeto de la intervención. Los datos facilitados por la policía tienen que tener una objetividad suficiente que los diferencie de la mera intuición policial o conjetura. Tienen que ser objetivos en el doble sentido de ser accesibles a terceros y, singularmente, al Juez que debe decidir sobre la medida, pues de lo contrario se estaría en una situación ajena a todo posible control judicial. Y es obvio que el Juez, como director de la investigación judicial, no puede adoptar el pasivo papel del vicario de la actividad policial que se limita a aceptar sin control alguno lo que le diga la policía en el oficio. En definitiva, en la terminología del TEDH, se deben facilitar por la autoridad policial las " buenas razones " o " fuertes presunciones " a que dicho Tribunal se refiere en los casos Lüdi -5 de junio de 1997-, o Klass -6 de septiembre de 1998-. Se trata de términos semejantes a los que se emplean en el art. 579 LECrim .

3. La traslación de los criterios precedentes al caso concreto que ahora se juzga impide declarar la nulidad de las intervenciones telefónicas que postula el recurrente por considerar vulnerado el derecho al secreto de las comunicaciones y a un proceso con todas las garantías.

   En efecto, en lo que se refiere al cuestionamiento de la motivación del auto dictado el 6 de febrero de 2003 (folios 54 y 55 de la causa) se hace una remisión expresa al oficio y al atestado policial que preceden a la resolución, reseñando que se halla en trámite una investigación sobre una organización dedicada al robo de vehículos de gama alta que son después reconstruidos utilizando elementos de otros vehículos declarados siniestro total por las compañías de seguros. Y a continuación refiere que el ahora recurrente se halla implicado en dicha red u organización, atribuyéndole la coordinación de la misma. Por lo cual, se interesa la intervención del teléfono que utiliza habitualmente, que se halla registrado a nombre de su mujer.

   El oficio policial y la información de los Mossos d'Esquadra que anteceden al auto de intervención telefónica suman un total de 51 folios, cuyo contenido recoge datos indiciarios suficientes para apoyar la medida. En el oficio se dice que el matrimonio formado por el recurrente y su esposa, Bárbara , adquirió un importante número de vehículos siniestrados, comprobándose después que el acusado tiene un amplio historial delictivo.

   La investigación la centran primeramente en tres vehículos. Un Audi 6 matrícula G-....- UQ sobre el que se aportan todo tipo de datos: fecha de sustracción, transformaciones mecánicas y alteraciones que afectan a piezas internas del coche. También se constata la rematriculación y el troquelaje de las placas de matrícula.

   Asimismo se recogen en el oficio detalles similares sobre el vehículo Volkswagen Passat, matrícula WB-....-E . Se pormenorizan tanto la sustracción del coche, como las transformaciones que ha sufrido en sus piezas y en su identificación. Labor policial que los Mossos d'Esquadra realizan también meticulosamente sobre un tercer vehículo: Volkswagen Golf, matrícula W-....-OD .

   El acusado era la persona que adquiría por medio de su esposa los vehículos siniestrados y después los revendía. Y dadas las manipulaciones y alteraciones ilegales de los coches que se describen, ha de hablarse de indicios claros de que los automóviles sustraídos en su momento eran después, una vez realizadas las transformaciones y manipulaciones ilícitas correspondientes, vendidos a terceras personas de buena fe que ignoraban la situación real de los coches.

   Además, en el atestado policial complementario se recibe declaración a las víctimas de las sustracciones y a los adquirentes de los coches, constando así datos objetivos claramente indicativos de que el ahora acusado llevaba a cabo operaciones falsas y defraudatorias relacionadas con la sustracción, adquisición y venta de vehículos.

   Por consiguiente, el oficio y el atestado que complementan la resolución cuestionada sí aportan datos objetivos legitimadores de la intervención del teléfono que usa el acusado. Se está ante lo que se conoce como una motivación por remisión, que ha sido admitida de forma reiterada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, al argumentar que la resolución judicial puede considerarse suficientemente motivada si, integrada incluso con la solicitud policial , a la que puede remitirse, contiene los elementos necesarios para considerar satisfechas las exigencias para poder llevar a cabo con posterioridad la ponderación de la restricción de los derechos fundamentales que la proporcionalidad de la medida conlleva ( SSTC 200/1997 ; 166/1999 ; 171/1999 ; 126/2000 ; 299/2000 ; 138/2001 ; 202/2001 ; 184/2003 ; 261/2005 ; 136/2006 ; 197/2009 ; 5/2010 y 26/2010 ).

   Y otro tanto debe decirse de la legitimidad de las prórrogas y de las intervenciones de otros teléfonos. En la resolución recurrida se van analizando las nuevas resoluciones y los oficios que las preceden, sin que ahora en el escrito de recurso se especifiquen vacíos concretos o lagunas que permitan cuestionar la justificación de las medidas que se van adoptando en orden a las escuchas y los resultados que se obtienen.

   Así se comprueba al examinar la fundamentación de la primera prórroga y de la intervención de un nuevo teléfono a nombre del acusado Ezequias merced al informe que se plasma en la solicitud, dándose cuenta del contenido de las escuchas y aportándose las cintas originales (folio 147 y 148 de la causa).

   En la sentencia recurrida se concretan algunas de las conversaciones que han legitimado la prórroga de la medida (conversación de la cinta núm. 19, cara A, día 28-2- 2003, a las 13,20 horas, en la que un tal Gallina habla con Gerardo y le pregunta si alguno de sus hombres ha robado un Mercedes en C/ Masnou de Barcelona, contestándole que ahora se pone su hombre, haciéndolo Ezequias , quien manifiesta que él no lo ha hecho, que ya no se dedica mucho a eso: folios 177 y 178 de la causa). Los indicios que se exponen en el oficio solicitando las prórrogas y una nueva intervención son suficientes, y en este sentido son valorados en la resolución de fecha 5 de marzo de 2003 (con cita errónea de la fecha: 5-2-2003) para dar lugar a lo peticionado.

   También se examina el oficio de fecha 18 de marzo de 2003, en el que se solicita la intervención de un nuevo número telefónico de Gerardo , concretando los indicios derivados de la operación de traslado del Mercedes CL55 que fue sustraído en Cornellá el 22 de diciembre de 2002 y recuperado después por los Mossos d'Esquadra en el Parking de la Plaza de la Glorias el día 13 de marzo de 2003. Destacándose también que el acusado Ezequias ha sido visto por funcionarios policiales conduciendo el referido vehículo. Estos datos sirvieron de fundamento para legitimar el auto de intervención dictado el 19 de marzo siguiente (folios 984 y ss. de la causa).

   Y en el mismo sentido se explica el Tribunal de instancia sobre el nuevo auto dictado el 24 de marzo de 2003 (folios 998 a 1000), que se sustenta en el correspondiente oficio policial de la misma fecha (folios 991 a 997), en el que se da cuenta de varias conversaciones telefónicas relevantes para la investigación y se interesa la intervención de un nuevo teléfono al mismo tiempo que se solicita el cese de la escucha de otro.

   Lo mismo sucede con el oficio de 1 de abril de 2003, al que se acompañan las cintas de las intervenciones, transcripciones de algunas de ellas y la relación de llamadas hasta esa fecha (Tomo IV y V folios 1003 a 1528), que sustentan el auto dictado el 2 de abril de 2003 (folios 1537 a 1540). También con oficio de la misma fecha -señala la Audiencia- se solicita la prórroga de las intervenciones acordadas y el cese de uno de los números, resolviéndose por auto de 2 de abril de 2003, en el que se analizan los indicios que se extraen de las conversaciones intervenidas y aportadas, completadas con actuaciones, seguimientos e intervención del vehículo antes referido.

   En el mismo sentido, el Tribunal sentenciador prosigue examinando los oficios de los Mossos d'Esquadra de los días 15 y 24 de abril de 2003, y del 16 de mayo siguiente, que determinaron los autos de intervención telefónica dictados los días 15 de abril (folios 1554 a 1557 de la causa), 24 de abril de 2003 (folios 2274 a 2278, y 2284-2285) y el 19 de mayo (folios 2798 a 2802).

   Por consiguiente, la Sala de instancia ha examinado con minuciosidad los diferentes autos dictados sobre las intervenciones telefónicas y los datos policiales en que fueron sustentándose, sin que por la parte recurrente se hayan proporcionado en el escrito de recurso elementos concretos que cuestionen el fundamento de tales resoluciones, que aparecen debidamente avaladas por las investigaciones policiales que las preceden.

   Ello a su vez constata un debido y puntual control judicial de las intervenciones telefónicas, desvirtuándose así las impugnaciones de la parte recurrente sobre el particular. Y si bien esta se queja de que no se haya respetado el plazo de diez días de dación de cuenta que se imponía en la resolución que autorizaba la medida, lo cierto es que, tal como se argumenta por la Sala sentenciadora, ese incumplimiento no ha afectado al derecho fundamental limitado por la resolución judicial, puesto que el propio juez de instrucción no acuerda intervención alguna ante el retraso esgrimido, a lo que ha de sumarse que la dación de cuenta sí se va materializando, aunque no se aporten las cintas, según se desprende de los oficios en los que los Mossos d'Esquadra solicitan otras actuaciones (folio 60 y 61) o aportan datos periciales (folios 66 a 139). Esto constituye un argumento a mayores sobre la comunicación entre la fuerza policial actuante y el Juzgado, al mismo tiempo que constata el control judicial en el curso de las intervenciones de los teléfonos.

   Así pues, y en virtud de lo razonado, debe desestimarse este primer motivo de impugnación.

1. En el motivo segundo del recurso denuncia la vulneración del derecho de defensa (art.24.2 ) por no haber estado presente en la diligencia de entrada y registro el propio imputado, Gerardo , en la finca " DIRECCION000 ", pese a hallarse ya detenido en ese momento. Se dice en el recurso que la diligencia resultaba de capital importancia para el acusado al registrarse el inmueble donde se habría perpetrado la presunta actividad ilícita. Tal omisión le habría dejado indefenso, por lo que se postula la nulidad de las pruebas obtenidas con tal motivo.

2. La intervención de un imputado en la práctica de un registro domiciliario puede contemplarse desde dos vertientes diferentes en el ámbito procesal. En una primera fase cabe que su intervención tenga lugar en el otorgamiento de la autorización para que su domicilio sea registrado por los funcionarios policiales, en cuyo caso los problemas que se suscitan al respecto (autorización por terceros convivientes, forma de prestar el consentimiento y requisitos para su eficacia, constancia en la causa, etc) afectan de modo pleno y directo al derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio (art. 18.2 CE ). En el caso enjuiciado no se suscita esa primera dimensión de la intervención del imputado, dado que la diligencia se ha practicado en virtud de un auto judicial que no ha sido específicamente rebatido.

La segunda cuestión que puede plantearse se centra en la aplicación del art. 569 de la LECr., cuyo párrafo primero exige que el registro se practique a presencia del interesado, o de la persona que legítimamente le represente. Previéndose en el precepto otras posibilidades alternativas en el caso de que el denunciado no fuere habido o no quisiera estar presente en la diligencia.

Sobre este segundo aspecto, este Tribunal tiene establecida como doctrina reiterada, según se recuerda en la sentencia 967/2009, de 7 de octubre (a su vez se remite a la STC 219/2006, de 3-7 , y a la de esta Sala 991/2007, de 16-11 ) que, una vez obtenido el mandamiento judicial, la forma en que la entrada y registro se practique, las incidencias que en su curso puedan producirse y los excesos o defectos en que incurran quienes lo hacen se mueven siempre en el plano de la legalidad ordinaria, por lo que el incumplimiento de las previsiones de la Ley de Enjuiciamiento criminal no afecta al derecho a la inviolabilidad del domicilio (art. 18.2 CE ), ya que para entrar en él basta con la orden judicial ( SSTC 290/1994 y 309/1994 ; AATC 349/1988 , 184/1993 , 223/1994 ), ni tampoco concierne a la efectividad de la tutela judicial (art. 24.1 CE ) en sus diferentes facetas», sino en su caso a la «validez y eficacia de los medios de prueba» ( SSTC 133/1995, de 25 de septiembre ; 94/1999, de 31 de mayo ; y 171/1999, de 27 de septiembre ). Y es que la STC 219/2006 (fundamento séptimo) establece que el incumplimiento de las previsiones del art. 569 de la LECr . no trasciende al plano de la constitucionalidad, quedando así circunscrito al de la legalidad ordinaria.

Pues bien, esta segunda vertiente de la intervención del imputado en la diligencia es la que ahora se suscita en el recurso. Ello se debe a que había sido ya detenido cuando se practicó el registro, pese a lo cual no estuvo presente en la diligencia, no constando tampoco su renuncia a ello.

Estas omisiones afectan de forma primordial al derecho de defensa del imputado (art. 24.2 de la CE ), toda vez que se trata de una diligencia que posteriormente suele tener notable repercusión en la probanza de los hechos objeto de juicio, especialmente en orden a constatar la incautación en poder del imputado de piezas de convicción con un acentuado carácter incriminatorio. Visto lo cual, no resulta indiferente que el encausado tenga el conocimiento directo de una serie de datos objetivables para el resultado probatorio que pudieran vincularle con la actividad delictiva, como pudieran ser la identidad de los objetos intervenidos en el domicilio, el lugar de la vivienda en que aparecieron, la forma en que se hallaban colocados o dispuestos, etc.

Así las cosas, se hace preciso exponer cuáles son las exigencias que los tribunales imponen en la práctica para garantizar el derecho de defensa de los imputados en las diligencias de entrada y registro, y más en concreto cuáles son los parámetros sobre los que se establece su validez cuando los interesados no están presentes.

La jurisprudencia de esta Sala exige, como norma general y con criterio uniforme, la presencia del interesado -persona investigada- en la realización del registro en aquellos casos en los que se halle detenido y aun en el supuesto de que sea distinto del titular del domicilio o este se halle presente o rehuse su presencia en la diligencia. Tal presencia, si es posible, viene reclamada por las exigencias contradictorias de que debe rodearse toda diligencia de prueba y más por las características de los registros domiciliarios en los que la ausencia de contradicción en el acto en que se lleva a cabo no puede suplirse por la actividad contradictoria que posibilita el debate del juicio oral. Por tanto, de encontrarse detenido el interesado, su presencia en el registro es obligada, no siendo de aplicación las excepciones establecidas en los párrafos 2 y 3 del art. 569 LECrim . ( SSTS. 833/97, de 20-6 ; 40/1999, de 19-1 ; 163/2000, de 11-2 ; 1944/2002, de 9-4 ; y 199/2011, de 30-3 ).

Asimismo, y también como norma general, establece la jurisprudencia que nuestro sistema de garantías constitucionales no incluye como presupuesto legitimante la presencia litisconsorcial de todos y cada uno de los moradores de la vivienda que es objeto de registro (SSTS 777/2009, de 24-6; 779/2009, de 24-6; 967/2009, de 7-10; 968/2010, de 4-11; y 199/2011, de 30-3).

Sin embargo, y aunque esta Sala viene imponiendo como norma la presencia del imputado en la diligencia de registro, máxime si se halla detenido, tal pauta interpretativa general tiene como excepciones aquellos supuestos en los que, aun hallándose detenido, no resulta factible su presencia en el domicilio en que se practica el registro. Y así, en las sentencias 393/2010, de 22 de abril , y en la 968/2010, de 4 de noviembre , se consideró legítimo el registro sin la presencia del imputado que se hallaba ya detenido al deberse su incomparecencia a la circunstancia extraordinaria de que se hallaba ingresado en un centro hospitalario y la urgencia en la práctica de la diligencia no permitía su demora.

Otro supuesto en el que la jurisprudencia ha legitimado la práctica del registro sin la presencia del imputado que se halla detenido es aquel en que resulta urgente la práctica de varias diligencias de registro simultáneas y el acusado, lógicamente, solo puede estar presente en una de ellas. Y así lo recogen y avalan las sentencias de esta Sala 199/2011, de 30 de marzo , y 947/2006, de 26 de septiembre .

Pues bien, en el caso que ahora se juzga es esto último lo que sucedió realmente, pues el acusado se hallaba practicando otra diligencia de registro en su propio domicilio cuando se realizaba el de la finca " DIRECCION000 ". Por ello en el registro de este último inmueble estuvo presente la esposa del recurrente, la coimputada Bárbara , que también es cotitular de la finca, no constando que concurra una incompatibilidad de intereses que impidiera su intervención también en defensa de los derechos de su esposo.

Por lo demás, y como argumento secundario, se reseña en la sentencia recurrida que se trataba de una finca rústica dedicada a establo y en la que se hallaba instalada una nave para realizar reparaciones de vehículos y tenía también unos cobertizos destinados a los mismos menesteres. Por lo que no se aprecian unas circunstancias que permitan referirse a una vivienda en sentido estricto.

Procede, pues, a tenor de todo lo que antecede, desestimar también este segundo motivo de impugnación.

La defensa del acusado suscita como tercer motivo la vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia , vulneración que extiende a los delitos de receptación, falsificación y estafa.

Se requiere, pues, analizar si se han practicado en la instancia pruebas de cargo válidas y con un significado incriminatorio suficiente (más allá de toda duda razonable) para estimar acreditados los hechos integrantes del delito y la participación del acusado en los mismos; pruebas que, además, tienen que haber sido valoradas de forma razonable y lógica, constando siempre en la resolución debidamente motivado el resultado de esa valoración, según viene exigiendo de forma reiterada la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ( SSTC 137/2005 , 300/2005 , 328/2006 , 117/2007 , 111/2008 y 25/2011 , entre otras).

1. En lo que respecta al delito de receptación , en la sentencia recurrida se hace un análisis minucioso y pormenorizado de los diferentes elementos de convicción probatoria en que se fundó la condena del Tribunal de instancia. Y así en los folios 32 y ss. se describen las sustracciones de los vehículos mediante las declaraciones de sus propietarios. También se reseñan los informes realizados por los Mossos d'Esquadra sobre la manipulación de los distintos automóviles, detallándose asimismo los golpes que presentaban y las alteraciones de piezas de que fueron objeto los distintos automóviles. Constan igualmente el acceso de los vehículos a la DIRECCION000 ; la presencia del recurrente y del coacusado Iván en el referido inmueble; las numerosas conversaciones telefónicas que acreditan la conducta del recurrente, conversaciones que fueron ratificadas por los agentes y que coinciden con la titularidad de los teléfonos intervenidos y con los nombres que utilizan los implicados; la descripción de los cambios de piezas y las irregularidades que presentan los vehículos; y los automóviles y demás objetos hallados en el registro de la finca " DIRECCION000 ".

   Frente a este abrumador acervo probatorio de cargo la defensa se limita a alegar algún error aislado, como el de un motor que se reseñó como de gasolina y al parecer se trataba de un motor de gasoil. Y también se hace especial hincapié en la falta de certificaciones de las casas oficiales de vehículos que permitirían verificar de forma exhaustiva la identificación de los coches, cuestionando igualmente la falta de aportación de las certificaciones de titularidades obrante en la Jefatura de Tráfico.

   En contra de lo que considera el recurrente, se puede fácilmente constatar que estas impugnaciones presentan un carácter meramente formal, dada la trasparencia y contundencia de las alteraciones que los funcionarios observaron en los vehículos y las ratificaciones que hicieron sus propietarios acerca de las distintas sustracciones denunciadas en su día.

   Esa formalidad y falta de enjundia de las alegaciones de la parte recurrente también se extiende al argumento sobre el déficit de imparcialidad de los funcionarios policiales que describieron de forma minuciosa las alteraciones practicadas en algunos elementos esenciales de los coches. Pues, en principio, y ante la inexistencia de datos objetivos que evidencien lo contrario, no cabe afirmar la parcialidad de los funcionarios policiales autores de los informes, puesto que, con fundamento en el art. 5.b) de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tales funcionarios actúan en el cumplimiento de sus funciones con imparcialidad y, en consecuencia, salvo prueba en contrario, no es posible predicar de estos interés personal, directo o, incluso, otro distinto de la fiel aplicación de la ley, puesto que, tal como se ha declarado en otros procesos, los funcionarios se limitan a cumplir con el mandato normativo previsto en el artículo 11 de la norma antes citada, de "elaborar los informes técnicos y periciales procedentes".

   Por lo demás, tampoco pueden acogerse como ciertas las manifestaciones del acusado orientadas a desvincularse de la DIRECCION000 ", dado que es su titular y los funcionarios han visto sus entradas y salidas del inmueble. No cabe, pues, asumir su versión exculpatoria de que todo lo que allí sucedía ha de serle atribuido al coimputado Iván , vistas las declaraciones policiales y también de alguno de los coimputados, pruebas personales que no puede afirmarse que hayan sido apreciadas erróneamente por la Sala de instancia.

   En consecuencia, una vez constatada la sustracción de los vehículos, cuya autoría no se ha podido dilucidar, y su tenencia y uso por parte del recurrente a sabiendas de las alteraciones y manipulaciones graves que presentaban y de los signos claramente indicativos de la sustracción, ha de considerarse debidamente enervado el derecho fundamental a la presunción de inocencia, lo que comporta la desestimación de este submotivo con respecto a la autoría del delito de receptación.

2. Otro tanto debe decirse en relación con el delito de falsificación . En este caso la parte recurrente vuelve a insistir en la falta de imparcialidad de los funcionarios policiales y alega que se hallan contaminados para poder emitir el informe. Pues bien, nada hay que añadir al respecto a lo que ya se dijo en el apartado precedente sobre los restantes informes policiales.

   De otra parte, el recurrente señala algunos errores relativos a los colores de los vehículos y a algunas de las piezas, infiriendo a partir de ello que esos datos erróneos permiten barruntar que también concurren otros de mayor calado que afectan a todos los vehículos.

   Tal inferencia la hace la parte recurrente apartándose de los datos objetivos e informes que figuran en la causa y por lo tanto no puede compartirse. El hecho de que haya podido concurrir, entre tantos vehículos y piezas, algún error a la hora de compulsar y transcribir un color o el número o la identidad de alguna pieza de los vehículos no permite en modo alguno desvirtuar el grueso de la prueba, que ha resultado abrumadoramente contraria en su verificación de datos a los intereses de la parte recurrente.

   Y en la misma dirección debemos pronunciarnos sobre la autoría del delito de falsedad. Aquí señala el recurrente que él no pudo ejecutar los actos falsarios porque carece de formación y de conocimientos técnicos de mecánica sobre la materia. Y también incide en que no dispone de instalaciones y de instrumental para materializar esas falsificaciones de piezas de vehículos, a lo que habría de sumarse el dato de que los funcionarios nunca lo han sorprendido manipulando pieza alguna. Por lo tanto habrían sido otras personas las que alteraron los coches.

   La Sala de instancia infiere merced a numerosos datos indiciarios que el acusado es autor de la falsificación de los vehículos, inferencia que resulta razonable y lógica al sopesar que es él quien dirige todo el negocio y el trajín de los coches y es el recurrente también quien procede a su venta y se beneficia con todas las actuaciones ilícitas instrumentales, aunque sean otros las que, debido a sus mayores conocimientos técnicos, las materialicen siguiendo las órdenes del acusado.

   A este respecto, y en lo que atañe a la autoría en los delitos de falsedad, como es sabido, la jurisprudencia tiene establecida como doctrina consolidada que deben reputarse autores no solamente aquellos que ejecutan personal y físicamente la acción falsaria, sino también quienes, sin realizarla materialmente, intervienen en su realización con un acto que permita atribuirles el codominio del hecho o, en su caso, la condición de partícipes en la modalidad de inductores o de cooperadores necesarios. Es suficiente, por lo tanto, con probar que el imputado ha intervenido con actos decisivos para que se lleve a cabo la falsedad documental por un tercero, máxime teniendo en cuenta el concepto amplio de autor que acoge el art. 28 del C. Penal ( SSTS 704/2002, de 22-4 ; 661/2002, de 27-5 ; 1531/2003, de 19-11 ; 200/2004, de 16-2 ; 368/2004, de 11-3 ; 474/2006, de 28-4 ; y 702/2006, de 3-7 , entre otras).

   Con arreglo a lo anterior, resulta indiferente que fuera el propio acusado el autor de las falsedades o que se las encargara a un tercero, pues en ambos casos respondería con la pena correspondiente al autor material de las falsificaciones y manipulaciones. De lo que no cabe duda alguna es que él fue la persona que se benefició directamente de las mismas, dato que permite colegir que o fue él quien los manipuló o que indujo a un tercero para que alterara las piezas y los signos de identidad de los coches. Por lo cual, ha de responder de la autoría de la falsificación.

   El submotivo, en consecuencia, se desestima.

3. Por último, también cuestiona el recurrente que haya ejecutado los actos propios de un delito de estafa , por lo que también en este caso se habría vulnerado el derecho a la presunción de inocencia. Alega sobre este extremo concreto que dos de los tres compradores de los coches no comparecieron a la vista oral del juicio y que por lo tanto no puede acogerse como cierta la autoría de los hechos primero y tercero del apartado primero de los hechos probados.

   En la sentencia recurrida se dice sobre ese particular, y en concreto sobre el hecho primero, que el conductor habitual del vehículo, un Audi modelo A6, compareció a deponer en la vista oral y explicó cómo se lo habían llevado y de dónde. La Sala contó además con el informe acreditativo de las manipulaciones efectuadas en el turismo, que después se puso a nombre de Bárbara , esposa del acusado, según admitió este. Y finalmente fue vendido a Raimundo , quien así lo admitió en la fase de instrucción, si bien después no pudo ser localizado para declarar como testigo en el plenario. La representante de la aseguradora del vehículo sí compareció en el plenario y explicó que tuvo que abonar la indemnización correspondiente a la empresa propietaria del vehículo sustraído y mantuvo la reclamación por la suma correspondiente.

   Sí consta por tanto acreditado que el acusado puso el vehículo sustraído a nombre de su esposa y también que, según consta en la documentación, después se lo vendió a un tercero, que ignoraba su procedencia ilícita, resultando así defraudado en su adquisición.

   Con respecto al segundo hecho del apartado primero de la premisa fáctica, consta la declaración del primer propietario en la vista oral del juicio, donde describió la sustracción. También figura la prueba pericial sobre la manipulación del coche. Y asimismo declaró en el plenario el nuevo comprador, Luciano , que describió ante el Tribunal la compra que hizo en la ignorancia de que el coche hubiera sido manipulado y alterado en sus piezas principales. Y si bien ya no pudo reconocer a Gerardo , lo cierto es que el coche cuando fue fraudulentamente vendido figuraba a nombre de este.

   Por último, y en relación con el hecho tercero: la venta del vehículo Volkswagen Golf, matrícula .... QBX , la autoría del acusado quedó acreditada mediante declaración del comprador ante la policía, explicándoles los detalles de la misma, declaración que fue ratificada después ante el Juez de Instrucción el 23 de junio de 2004 (folio 581). Esa declaración la considera la Sala de instancia prueba de cargo suficiente al haber sido sometida a contradicción en el acto del juicio, ante la imposibilidad de localizar a este testigo. El comprador expuso que adquirió el automóvil al recurrente en octubre de 2002, pagándole parte al contado y parte aplazadamente. Las cantidades las ingresó mensualmente en la cuenta de la esposa del vendedor.

   En consecuencia, los hechos segundo y tercero han quedado fehacientemente evidenciados mediante prueba testifical y documental clara y concluyente. Y en cuanto al primero, si bien no acudió el comprador al plenario y no pudo someterse a contradicción su declaración policial, la prueba documental revela la existencia de la venta fraudulenta, dado el estado del coche y sus alteraciones. En cualquier caso, las operaciones de venta segunda y tercera resultan suficientes para acreditar la autoría por parte del acusado del delito de estafa continuado que se le imputa.

4. Sin embargo, queda por resolver en este recurso el extremo relativo a la adecuación de la cuantía de las penas impuestas al acusado por el concurso medial de falsedad y estafa por el que fue condenado para ajustarlas a la reforma del C. Penal por LO 5/2010 .

   En la sentencia recurrida se calificaron los hechos 1º, 2º y 3º como constitutivos de un delito continuado de falsedad en documento oficial de los arts. 392 y 390.1.2 y 74 del CP, al haberse alterado la realidad en los elementos de identificación de los vehículos referidos, en concurso ideal medial con un delito continuado de estafa del art. 248, 249 y 250.1.6 y 74 del Código Penal , pues a partir de esta alteración de la verdad se consiguió el desplazamiento patrimonial fraudulento que imputa la acusación. El subtipo agravado de la estafa -dice la sentencia recurrida- se construye sobre la suma de las diferentes cantidades defraudadas. Y con base en esa calificación fue condenado el recurrente como como autor responsable de un delito continuado de falsedad en documento oficial en concurso medial con un delito continuado de estafa, en su modalidad agravada de cantidad de especial importancia, y de un delito continuado de receptación, sin concurrir circunstancias modificativas genéricas de la responsabilidad criminal, a la pena, por el concurso, de cuatro años de prisión y una multa de diez meses, con cuota diaria de diez euros, y dos años de prisión por el delito de receptación.

   Pues bien, lo primero que conviene subrayar es que en la sentencia de instancia se ha apreciado el delito de estafa en la modalidad agravada del art. 250.1.6ª del C. Penal (anterior a la reforma por LO 5/2010 ), sin que haya operado en este caso conjuntamente con la continuidad delictiva. Los tres coches fueron vendidos por el acusado en los siguientes precios: 15.626, 12.000 y 22.000 euros. Por lo tanto, la suma de las tres cantidades alcanza la cuantía de 49.626 euros. Ello justificó la apreciación de la estafa agravada por razón de la cuantía pero no posibilitó a la Audiencia penar conjuntamente el delito continuado y la estafa agravada, ya que ninguno de los coches individualmente alcanzaba el valor de los 36.000 euros ( SSTS 919/2007, de 20-11 ; 8/2008, de 24-1 ; 199/2008, de 25-4 ; 563/2008, de 24-9 ; 662/2008, de 14-10 ; y 973/2009, de 6-10 ). Se estableció un mínimo punitivo de tres años, seis meses y un día de prisión (al operar con el concurso medial), además de la multa, y se acabó penando por una cuantía algo superior al mínimo: cuatro años de prisión y una multa de diez meses.

   Dejando a un lado ya la pena que le correspondió al acusado en la instancia, procede ahora individualizar la pena a imponer con arreglo a la reforma del C. Penal por LO 5/2010 .

   En el nuevo texto legal se contempla el subtipo agravado por razón de la cuantía en el art. 250.1.5ª , estableciéndose como base del subtipo un valor de la defraudación que supere los 50.000 euros, cifra que favorece al reo (la anterior la fijó la jurisprudencia en 36.000 euros). Y como en el supuesto enjuiciado la cifra solo alcanza los 49.626 euros, no cabe la aplicación del subtipo agravado, que de todas formas, según ya se apuntó, no podía operar conjuntamente con la modalidad del delito continuado.

   Así las cosas, ha de aplicarse ahora el tipo básico de la estafa, previsto en el art. 249 del C. Penal , en concurso medial con el delito de falsedad, ambos en la modalidad continuada. Y como el delito de continuado de falsedad conlleva una mayor pena que el de la estafa, al añadirse a la prisión de seis meses a tres años una multa de 6 a 12 meses, ha de ser el tipo falsario del art. 392 del C. Penal el que marque la cuantía punitiva del concurso.

   La pena queda así establecida en un marco legal que comprende desde dos años, cuatro meses y quince días a tres años de prisión. Y ello porque el tipo penal de la falsedad ha de imponerse en su mitad superior al ser continuado, es decir: de un año y nueve meses a tres años; y este marco legal a su vez debe imponerse en su mitad superior en virtud de la exasperación del concurso medial, esto es: de dos años, cuatro meses y quince días a tres años de prisión.

   Ubicados en ese submarco legal, entendemos que por la gravedad del hecho, que se halla ya en el límite de la agravación por la razón de la cuantía, y la potencialidad delictiva mostrada, se considera que ha de imponerse la pena de tres años de prisión, con la misma pena accesoria establecida en la instancia. Y con respecto a la pena de multa, se mantiene en la misma cuantía con el fin de no incurrir en una reforma en perjuicio del reo.

   Se estima, en consecuencia, en ese punto concreto el recurso de casación, con declaración de oficio de la tercera parte de las costas de esta instancia (art. 901 de la LECr .).

   2. Recurso de Iván

El primer motivo lo dedica a invocar la vulneración del derecho a la presunción de inocencia . Sin embargo, los argumentos que se exponen en la única página que destina a desarrollar esta impugnación solo contienen generalidades sobre el concepto del derecho a la presunción de inocencia, así como referencias para distinguirlo del principio del in dubio pro reo y una alusión a su relevancia en el proceso penal. En las dos últimas líneas afirma que falta actividad probatoria.

Siendo así, y ante la inexistencia de una impugnación referida al caso concreto, nos limitamos a remitirnos a la motivación probatoria de la sentencia de instancia, especialmente las páginas 32 y ss. y también la 49, donde se recogen los fundamentos probatorios sobre los actos falsarios ejecutados por el recurrente en la finca " DIRECCION000 " relativos a la sustitución de diferentes piezas de un vehículo. En la sentencia se razona cómo fue visto el recurrente en compañía de Gerardo en el interior de la finca, ejecutando personalmente el que ahora recurre la manipulación del bastidor y las placas de matrícula de un vehículo Nissan Terrano.

El motivo por tanto resulta inviable.

En el segundo motivo denuncia la falta de claridad en los hechos probados, citando al respecto el art. 851 de la LECr . Alega el recurrente que la sentencia no describe con precisión y claridad la conducta delictiva del acusado. Sin embargo, y como en el motivo anterior, el recurrente no especifica qué frases resultan poco claras o equívocas. De nuevo expone un argumento genérico y señala lo que dice el precepto procesal pero no concreta después a qué se debe la imprecisión y en que líneas o frases de la sentencia se aprecia.

Sobre el vicio procesal relativo a la falta de claridad de los hechos probados (art. 851.1 LECr .), reiterada doctrina de esta Sala sostiene que la sentencia debe anularse, prosperando por lo tanto este motivo, cuando se aprecie en el relato fáctico una insuficiencia descriptiva que lo haga incomprensible, o difícilmente inteligible, bien por una omisión total de versión fáctica, bien por omisiones parciales que impidan su comprensión, bien por el empleo de frases ininteligibles o dubitativas que impidan saber lo que el Tribunal declara efectivamente probado, o bien por contener la sentencia un relato de hechos construido de tal forma que conduzcan a la duda acerca de si el Tribunal los está declarando probados o no; siendo necesario además que los apuntados defectos supongan la imposibilidad de calificar jurídicamente los hechos ( SSTS 1610/2001, de 17-9 ; 559/2002, de 27-3 ; y 131/2009, de 12-2 ).

Y también tiene establecido este Tribunal que concurre este vicio procesal cuando la redacción de los hechos probados aparece confusa, dubitativa e imprecisa, de modo que por su insuficiencia u oscuridad, o por no expresarse en forma conclusiva, imperativa, terminante o categórica, sino vacilante o ambigua, puede conducir a subsunciones alternativas, de modo que queda prácticamente sin contenido específico la narración de los hechos; sin que el laconismo o concisión en el relato de hechos esté reñido con la claridad ( SSTS 260/2004, de 23-2 ; y 766/2008, de 27-11 ).

En el presente caso la sentencia describe la conducta principal del acusado en la narración del hecho sexto (folio 9 de la resolución), y allí se dice que el ahora recurrente, por encargo del coimputado Gerardo , sustituyó el número de bastidor de un vehículo concreto (Nissan Terrano II, matrícula Y-....-FY ), y también le incorporó las placas de matrícula de otro automóvil.

La descripción del hecho es de una claridad meridiana. Y lo mismo puede decir de otros hechos que le atribuyen en los números 8, 9 y 10 del relato fáctico, si bien en estos casos no se refieren ya actividades consistentes en cambiar el número de bastidor ni incorporar placas de matrícula.

El motivo ha de ser por tanto rechazado y también desestimado el recurso, imponiéndole al recurrente la tercera parte de las costas de esta instancia (art. 901 de la LECr .).

3. Recurso de Mariano

Al amparo de lo dispuesto en los arts. 5.4 de LOPJ, 24.1 y 18.3 de la Constitución, denuncia en el primer motivo la vulneración del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones . Y ello porque tanto el auto de 6 de febrero de 2003 como las resoluciones que se dictaron posteriormente acordando la práctica de las escuchas telefónicas infringen, a criterio del impugnante, el referido derecho fundamental.

Las razones de la impugnación y los argumentos que se vierten son los mismos que expuso la defensa del acusado Gerardo . Por lo tanto, y al efecto de no repetirnos innecesariamente en la exposición, nos remitimos a lo que se dijo en el fundamento primero de esta resolución.

Objeta el recurrente en el segundo motivo , apoyándose en el art. 5.4 de la LOPJ y en el art. 24.2 de la Constitución, la infracción del derecho fundamental a la presunción de inocencia , al entender que no ha concurrido prueba de cargo enervadora del referido derecho fundamental.

A este acusado se le condena por haber cometido los hechos reseñados en la premisa fáctica de la sentencia recurrida con los números 11º del primer apartado y 6º del segundo. En concreto, por haber depositado en su local o finca de desguace de vehículos ("Desguace Centauro de Automoción") el vehículo marca Mercedes 300CE-24, matrícula, W-....-WF , al que ya había retirado la matrícula y se disponía a manipularlo para destinarlo a la venta cuando compareció la policía en el inmueble.

Y en el hecho nº 6 del segundo apartado del relato fáctico se declaran probadas dos acciones similares con respecto a otros dos vehículos. En estos dos casos manipuló un Mercedes C250, matrícula H-....-WH , instalando en él un motor y una caja de cambios perteneciente a un automóvil sustraído, cuyos datos se especifican en la resolución impugnada. Y también manipuló el turismo Audi modelo A4, matrícula KE-....-KT , alterando las características del número de bastidor y sustituyéndole las placas de matrícula por las de un vehículo siniestrado. El número de motor que lleva el coche pertenece a un vehículo robado, que acabó siendo declarado siniestro total.

El recurrente discrepa de que por el mero hecho de que tales vehículos estuvieran depositados en su establecimiento de desguace se le atribuyan a él las alteraciones que presentaban, que implicaban un delito de falsedad por manipular las señas administrativas de identidad de los turismos con el fin de ponerlos a la venta.

En contra de lo que aduce el recurrente, la Audiencia recoge en su sentencia los datos indiciarios que le sirvieron para inferir la conducta ilícita del acusado y expone el razonamiento incriminatorio inferencial que le sirvió de base argumental para su convicción probatoria.

En efecto, en el folio 35 de la sentencia se describe la diligencia de registro de las instalaciones del taller de desguace del recurrente, haciendo constar el estado en que fue hallado el vehículo Mercedes 300CE-24 y las piezas de convicción que se intervinieron en el curso de la diligencia. Y en el folio 42 de la sentencia impugnada se especifican cómo se hallaron en el registro del local del acusado destinado al desguace los vehículos Mercedes C250 y Audi modelo A4. Ello se complementa con los informes periciales relativos a las alteraciones que sufrieron y con lo argumentado sobre el hecho 6º en el folio 55 de la sentencia.

El recurrente se queja de que se le imputen a él la autoría de tales hechos, arguyendo que la circunstancia de que los coches estuvieran en su poder no quiere decir que las alteraciones las realizara él o diera las órdenes para la sustitución de las placas de matrícula. Sin embargo, esos datos objetivos unidos a las conversaciones telefónicas con el coimputado Gerardo que se especifican en el folio 45 de la sentencia son prueba de cargo suficiente para inferir la conducta falsaria sobre la que se cimenta su condena.

El motivo por tanto no puede prosperar.

Alega como motivo tercero , por la vía de la infracción de ley prevista en el art. 849.1º de la LECr ., la vulneración de los arts. 392 y 390.1.1º y 2º del C. Penal , que son los preceptos relativos a la falsedad documental por la que fue condenado. Pues bien, una vez que se ha argumentado en el fundamento anterior el material probatorio y se ha ratificado la certeza de los hechos declarados probados, sólo cabe subsumir la conducta del recurrente en los referidos preceptos sustantivos, toda vez que la sustitución de las placas de matrículas de un coche y la alteración de cualquier dato administrativo idóneo para identificar administrativamente el vehículo han de ser considerados como actos falsarios subsumibles en la norma penal, dado el carácter de documentación oficial que presentan en el tráfico jurídico.

El motivo queda así desestimado.

1. En el motivo cuarto , y con cita de los arts. 5.4 de la LOPJ y del art. 24.2 de la Constitución, se denuncia la infracción de precepto constitucional por no haber sido aplicada la atenuante analógica de dilaciones indebidas , en virtud de lo dispuesto en el art. 21.6ª del C. Penal , ya que desde el inicio del proceso hasta que se dictó sentencia han transcurrido seis años y medio.

2. La "dilación indebida" es considerada por la jurisprudencia como un concepto abierto o indeterminado, que requiere, en cada caso, una específica valoración acerca de si ha existido efectivo retraso verdaderamente atribuible al órgano jurisdiccional, si el mismo resulta injustificado y si constituye una irregularidad irrazonable en la duración mayor de lo previsible o tolerable. Se subraya también su doble faceta prestacional -derecho a que los órganos judiciales resuelvan y hagan ejecutar lo resuelto en un plazo razonable-, y reaccional -traduciéndose en el derecho a que se ordene la inmediata conclusión de los procesos en que se incurra en dilaciones indebidas-. En cuanto al carácter razonable de la dilación de un proceso, ha de atenderse a las circunstancias del caso concreto con arreglo a los criterios objetivos consistentes esencialmente en la complejidad del litigio, los márgenes de duración normal de procesos similares, el interés que en el proceso arriesgue el demandante y consecuencias que de la demora se siguen a los litigantes, el comportamiento de éstos y el del órgano judicial actuante. Por lo demás, en la práctica la jurisdicción ordinaria ha venido operando para graduar la atenuación punitiva con el criterio de la necesidad de pena en el caso concreto y también ha atendido a los perjuicios que la dilación haya podido generar al acusado ( SSTC 237/2001 , 177/2004 y 153/2005 ; y SSTS 1733/2003, de 27-12 ; 858/2004, de 1-7 ; 1293/2005, de 9-11 ; 535/2006, de 3-5 ; 705/2006, de 28-6 ; 892/2008, de 26-12 ; 40/2009, de 28-1 ; 202/2009, de 3-3 ; 271/2010, de 30-3 ; y 470/2010, de 20-5 , entre otras).

   También tiene establecido esta Sala que dos son los aspectos que han de tenerse en consideración a la hora de interpretar esta atenuante de creación jurisprudencial. Por un lado, la existencia de un "plazo razonable", a que se refiere el artículo 6 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que reconoce a toda persona el «derecho a que la causa sea oída dentro de un plazo razonable», y por otro lado, la existencia de dilaciones indebidas, que es el concepto que ofrece nuestra Carta Magna en su art. 24.2 . En realidad, son conceptos confluyentes en la idea de un enjuiciamiento rápido, pero difieren en sus parámetros interpretativos. Las dilaciones indebidas son una suerte de proscripción de retardos en la tramitación, que han de evaluarse con el análisis pormenorizado de la causa y los lapsos temporales muertos en la secuencia de tales actos procesales. Por el contrario, el "plazo razonable" es un concepto mucho más amplio, que significa el derecho de todo justiciable a que su causa sea vista en un tiempo prudencial, que ha de tener como índices referenciales la complejidad de la misma y los avatares procesales de otras de la propia naturaleza, junto a los medios disponibles en la Administración de Justicia ( SSTS 91/2010, de 15-2 ; 269/2010, de 30-3 ; y 338/2010, de 16-4 ).

   De otra parte, se ha advertido en algunos precedentes de este Tribunal que la obligación de denunciar las dilaciones indebidas con el fin de evitar cuanto antes, o en su caso de paliar, la lesión del derecho fundamental, no alcanza al acusado en el proceso penal. En primer lugar porque en el proceso penal, y sobre todo durante la instrucción, el impulso procesal es un deber procesal del órgano judicial. Y, en segundo lugar, porque el imputado no puede ser obligado sin más a renunciar a la eventual prescripción del delito que se podría operar como consecuencia de la inactividad procesal. Esto marca una diferencia esencial entre el procedimiento penal, en lo que se refiere a la posición del imputado, y otros procesos que responden a diversos principios. El derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas está configurado en el artículo 24 CE sin otras condiciones que las que surgen de su propia naturaleza ( SSTS 1497/2002, de 23-9 ; 705/2006, de 28-6 ; 892/2008, de 26-12 ; 269/2010, de 30-3 ; y 590/2010, de 2-6 ).

   Actualmente, la reforma del C. Penal mediante la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, que entró en vigor el 23 de diciembre siguiente, regula como nueva atenuante en el art. 21.6ª las dilaciones indebidas en los siguientes términos: " La dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento, siempre que no sea atribuible al propio inculpado y que no guarde proporción con la complejidad de la causa ".

   Por consiguiente, el nuevo texto legal, según ha advertido la doctrina, coincide sustancialmente con las pautas que venía aplicando la jurisprudencia de esta Sala para operar con la atenuante analógica de dilaciones indebidas.

   Los requisitos para su aplicación serán, pues, los tres siguientes: 1) que la dilación sea indebida; 2) que sea extraordinaria; y 3) que no sea atribuible al propio inculpado. Pues si bien también se requiere que la dilación no guarde proporción con la complejidad de la causa, este requisito se halla comprendido realmente en el de que sea indebida, toda vez que si la complejidad de la causa justifica el tiempo invertido en su tramitación la dilación dejaría de ser indebida en el caso concreto, que es lo verdaderamente relevante.

3. Al trasladar al caso concreto las pautas que se vienen aplicando por la jurisprudencia, solo cabe confirmar el criterio del Tribunal de instancia. Pues si bien el proceso se ha extendido por un periodo de tiempo algo superior a los seis años no puede hablarse de un plazo irrazonable a tenor del volumen y de la complejidad que presenta. En este sentido, ha de sopesarse que se trata de un proceso que rebasa los treinta tomos de investigación, a los que han de sumarse los cuatro correspondientes al rollo de la Audiencia Provincial. Los acusados fueron diez, sin contar el que se hallaba rebelde, y a ellos deben añadirse otros imputados que finalmente no fueron acusados en el plenario.

   De otra parte, y tal como se recuerda en la sentencia de instancia, no concurren periodos significativos de paralización del proceso, ya que no ha habido ninguna interrupción que dure más de dos meses. Y además se tomó declaración a más de cincuenta perjudicados.

   Todo ese conjunto de factores no permite hablar de una dilación indebida ni de un periodo de tramitación extraordinario que se muestre inadecuado en atención a las circunstancias del caso concreto. Visto lo cual, el motivo debe también desestimarse.

1. Por último, con cita del art. 5.4 de la LOPJ, denuncia el recurrente como motivo quinto la infracción de precepto constitucional, al haberse vulnerado el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE ) en relación con el art. 66 del C. Penal . Según el recurrente, la infracción del derecho a la tutela judicial efectiva se debe a la falta de motivación de la extensión de la pena.

2. En cuanto a la motivación de la individualización de la pena , el Código Penal en el artículo 66 recoge las reglas generales de individualización, y en el artículo 72 se establece que los jueces y tribunales razonarán en la sentencia el grado y la extensión de la pena concretamente impuesta.

   El Tribunal Constitucional argumenta en su sentencia 21/2008, de 31 de enero , el deber general de motivación de las sentencias que impone el art. 120.3 CE , y que se integra en el contenido del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE -conforme al cual las decisiones judiciales deben exteriorizar los elementos de juicio sobre los que se basan y su fundamentación jurídica ha de ser una aplicación no irracional, arbitraria o manifiestamente errónea de la legalidad- resulta reforzado en el caso de las sentencias penales condenatorias, por cuanto en ellas el derecho a la tutela judicial efectiva se conecta con otros derechos fundamentales y, directa o indirectamente, con el derecho a la libertad personal (entre otras, SSTC 43/1997, de 10 de marzo ; 108/2001, de 23 de abril ; 20/2003, de 10 de febrero ; 170/2004, de 18 de octubre ; y 76/2007, de 16 de abril ).

   Y en la misma sentencia 21/2008 del Tribunal Constitucional se subraya que el deber de motivación incluye no sólo la obligación de fundamentar los hechos y la calificación jurídica, sino también la pena finalmente impuesta en concreto ( SSTC 108/2001 , 20/2003 , 148/2005 y 76/2007 ). El fundamento de extender el deber reforzado de motivación a las decisiones judiciales relativas a la fijación de la pena radica en que el margen de discrecionalidad del que legalmente goza el Juez no constituye por sí mismo justificación suficiente de la decisión finalmente adoptada, sino que, por el contrario, el ejercicio de dicha facultad viene condicionado estrechamente por la exigencia de que la resolución esté motivada, pues solo así puede procederse a su control posterior en evitación de toda arbitrariedad. De este modo, también en el ejercicio de las facultades discrecionales que tiene reconocidas legalmente el Juez penal en la individualización de la pena, es exigible constitucionalmente, como garantía contenida en el derecho a la tutela judicial efectiva, que se exterioricen las razones que conducen a la adopción de la decisión ( SSTC 20/2003 , 136/2003 , 170/2004 y 76/2007 ) y que éstas no sean incoherentes con los elementos objetivos y subjetivos cuya valoración exigen los preceptos legales relativos a la individualización de la pena ( SSTC 148/2005 y 76/2007 ). Finalmente, dicha obligación reforzada de motivar la pena concreta impuesta cobra especial relieve desde la perspectiva constitucional, y así se ha destacado cuando la pena sea mayor a la solicitada por las acusaciones, como reflejo del principio acusatorio implícito en el art. 24 CE (por todas, SSTC 59/2000 , 20/2003 y 136/2003 ) y en aquellos casos en que se imponga la máxima pena legalmente prevista ( SSTC 170/2004 y 148/2005 ).

   Esta Sala de casación tiene establecido que la individualización realizada por el Tribunal de instancia es revisable en casación no solo en cuanto se refiere a la determinación de los grados a la que se refiere especialmente el citado artículo 66 , sino también en cuanto afecta al empleo de criterios admisibles jurídico-constitucionalmente en la precisa determinación de la pena dentro de cada grado o de la mitad superior o inferior que proceda ( STS 302/2009, de 24-3 ). La individualización corresponde al tribunal de instancia, que ha de ajustarse a los criterios expuestos, de forma que en el marco de la casación la cuestión de la cantidad de la pena sólo puede ser planteada cuando haya recurrido a fines de la pena inadmisibles, haya tenido en consideración factores de la individualización incorrectos o haya establecido una cantidad de pena manifiestamente arbitraria o desproporcionada ( SSTS 390/1998, de 21-3 , y 56/2009, de 3-2 ). En la medida en que se aleje del mínimo legal se hará más patente la necesidad de explicar fundadamente la razón de la pena que se impone, motivación que en su corrección es controlable en casación por la vía de la corriente infracción de ley ( SSTS 1478/2001, de 20-7 ;y 56/2009, de 3-2 ). Sin embargo, su inexistencia no determina la nulidad de la sentencia con devolución para su explicación por el Tribunal de instancia, si dentro del marco de la fundamentación jurídica o concordancia fáctica de la sentencia existen elementos de donde se pueda deducir tal individualización, siquiera sea implícitamente ( SSTS 1099/2004, de 7-10 ; y 56/2009, de 3-2 ).

3. Ciñéndonos ya al caso concreto , en el fundamento cuarto de la sentencia recurrida se motiva, al final del mismo, la pena de dos años de prisión que se le impone al ahora recurrente con el argumento de que se le aplica la agravante de reincidencia y por la trascendencia social de la falsedad.

   El marco legal específico de la pena de prisión impuesta es el correspondiente a la mitad superior de la pena prevista en el art. 392 del C. Penal , al aplicarse la agravante de reincidencia. Por tanto queda comprendido entre un año, nueve meses y un día y tres años de prisión. Dado lo cual, se le han impuesto tres meses a mayores sobre el mínimo legal.

   Pues bien, la referida pena no puede considerarse ni desproporcionada ni irrazonable con arreglo a los criterios de la gravedad del hecho y de las circunstancias personales del acusado. En cuanto a la gravedad del hecho, la defensa no aporta argumento concreto alguno que desdiga la motivación del Tribunal de instancia para imponer una cuantía punitiva algo superior al mínimo legal. Pues la relevancia que puede tener para el tráfico jurídico la manipulación de varios vehículos no es escasa si se pondera que los convierte en idóneos para que en futuro se ejecuten conductas defraudatorias de cierta entidad contra los intereses de los ciudadanos.

   Y ya desde la perspectiva de la prevención especial, ha de ponderarse que al tratarse de un sujeto que ya ha sido condenado por el delito de falsedad no tiene, en principio, un pronóstico bueno de rehabilitación, toda vez que ya mostrado en otra ocasión anterior su reticencia al cumplimiento de la norma y su rechazo a la consideración y valoración que el bien jurídico tutelado merece en su entorno social.

   Se desestima, por tanto, también este motivo de impugnación y la totalidad de su recurso, con imposición de la tercera parte de las costas de esta instancia (art. 901 de la LECr .).

   FALLO

   ESTIMAMOS PARCIALMENTE EL RECURSO DE CASACIÓN por infracción de ley interpuesto por la representación de Gerardo contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Sexta, de fecha 28 de septiembre de 2009 , que condenó al recurrente como autor de los delitos de receptación, falsedad en documento oficial y estafa, los tres continuados, y los dos últimos en concurso medial, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad, y, en consecuencia, anulamos parcialmente esta resolución, con declaración de oficio de la tercera parte de las costas causadas en el presente recurso.

   De otra parte, se desestiman los recursos de casación interpuestos por las representaciones de los acusados Iván y Mariano , imponiéndole a cada uno de ellos la tercera parte de las costas de esta instancia.

   Comuníquese esta sentencia con la que a continuación se dictará a la Audiencia Provincial de instancia con devolución de la causa, interesando el acuse de recibo de todo ello para su archivo en el rollo.

   Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos Carlos Granados Perez Jose Ramon Soriano Soriano Juan Ramon Berdugo Gomez de la Torre Alberto Jorge Barreiro Diego Ramos Gancedo

   SEGUNDA SENTENCIA

   En la Villa de Madrid, a doce de Abril de dos mil once.

   En la causa Procedimiento Abreviado 20/08, del Juzgado de instrucción número 1 de Granollers, seguida por un delito de falsedad en documento oficial en concurso medial con un delito continuado de estafa y un delito continuado de receptación, la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Sexta dictó sentencia en fecha 28 de septiembre de 2009 , que ha sido casada y anulada por la dictada en el día de la fecha por esta sala integrada como se expresa. Ha sido ponente el magistrado Alberto Jorge Barreiro .