STS 1091/2010, 7 de Diciembre de 2010

En el primer motivo del recurso, formalizado al amparo del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , se invoca vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, a la presunción de inocencia, y a un proceso con todas las garantías que proclama el artículo 24.1 y 2 de la Constitución.

Se alega, en defensa del motivo, que no existe prueba de que el ahora recurrente hubiese actuado con ánimo de ocultar o evadir el dinero y perjudicar a los acreedores y que una selección de deudas por parte de este acusado constituye una conducta atípica.

El Tribunal de instancia, en el primero de los fundamentos jurídicos, declara que sobre la objetividad de los hechos que se declaran probados no existe en realidad controversia, pues todas las partes los admiten, desde el momento en que todos ellos resultan acreditados inequívocamente por la abundante prueba documental, en buena parte de carácter público. La discusión versó en el acto del juicio oral sobre la intencionalidad y significado de tales hechos y de la intervención en ellos de cada uno de los acusados. Se añade a continuación, en el segundo de los fundamentos jurídicos, que los hechos que se describen en los dos primeros apartados del relato fáctico son constitutivos de un delito de alzamiento de bienes, tipificado en el artículo 257.1.2º del Código Penal , en cuanto el deudor Isidro realizó una serie de actos de disposición patrimonial que impidieron la eficacia de los embargos decretados y procedimientos ejecutivos emprendidos o a punto de emprenderse contra los bienes transmitidos en perjuicio de los titulares de los derechos de crédito que de este modo devinieron incobrables. Se dice que el empeño de las defensas ha sido presentar tales operaciones como un supuesto de selección de deudas o de preterición, favorecimiento o posposición de unos acreedores respecto de otros que consideran atípicos, sin embargo, se dice en la sentencia de instancia que tales conductas se subsumen en el apartado 2º del artículo 257.1º del Código Penal que tipifica los actos de disposición patrimonial o generador de obligaciones que dilaten, dificulten o impidan la eficacia de un embargo o procedimiento ejecutivo iniciado o de previsible iniciación en relación a concretos acreedores individuales cuyos embargos o procedimientos resulten ineficaces por la conducta del deudor, como sucedió en este caso con respecto al ahora recurrente, en su condición de administrador único de las sociedades "Lacablock, S.L." y "Carmonsur, S.L.", que según la documentación aportada y las declaraciones depuestas en el acto del plenario por los perjudicados, acumulaban numerosos deudas con proveedores de sus dos empresas que determinaron los procedimientos judiciales que se describen en el relato fáctico y los embargos en ellos decretados que resultaron ineficaces, quedando totalmente descapitalizadas, y en concreto se hace referencia a la venta de la maquinaria, que estaba instalada en la sede de la sociedad "Carmonsur", a su hermano Marcos , también acusado.

El recurrente señala en apoyo del motivo la sentencia de esta Sala 984/2009, de 8 de octubre , que absolvió del delito de alzamiento de bienes en un supuesto en el que no cabía inferir que el acusado estuviera impidiendo u obstaculizando que su patrimonio fuera destinado al pago de sus acreedores, sino que fue empleado en el pago de otras deudas realmente existentes, máxime cuando la posible conducta delictiva se contraía a dos anticipos destinados a iniciar dos obras concretas de dos clientes, que fue lo que se hizo, y se declara en esa Sentencia, entre otros extremos, que ha de entenderse que la norma punitiva debe aplicarse cuando se incurra realmente en una conducta que genere una situación de insolvencia que dificulte o impida el ejercicio del derecho de los acreedores y que en los casos en que el deudor se limita a pagar a unos acreedores con prioridad a otros no se estaría generando o incrementando la situación de insolvencia, sino que su comportamiento se reduciría a la mera liquidación de las deudas derivadas de una situación de insolvencia ya generada con anterioridad, y al no constatarse, en este caso, que el acusado estuviera ocultando o evadiendo el patrimonio para generar insolvencia en perjuicio de los acreedores no cabe apreciar el delito de alzamiento de bienes.

Y la doctrina que emana de esa Sentencia y de las que en ella se hacen referencia de ningún modo es aplicable al supuesto que examinamos.

La situación de insolvencia de las dos empresas de que era administrador único el ahora recurrente, haciendo ineficaces los embargos ejecutivos trabados sobre los bienes de estas empresas, se produjo cuando el acusado evadió la totalidad de sus patrimonios y en concreto, entre otras, por la venta que hizo de la maquinaria de la entidad "Carmonsur, S.L" a su hermano Marcos , que atendió algunos pagos pendientes ante entidades bancarias esencialmente por deudas personales de los acusados, manteniéndose la descapitalización de las empresas deudoras.

Así las cosas, como se ha razonado con anterioridad, se ha impedido que el patrimonio de las mencionadas empresas fuera destinado al pago de sus acreedores, excluyéndolos de las posibilidades de ejecución de los embargos que se habían constituido sobre esos mismos bienes, sin que pueda admitirse que su comportamiento se hubiese reducido a la mera liquidación de otras deudas de esas mismas empresas, lo que no ha quedado acreditado, resultando evidente que con esas disposiciones el ahora recurrente había empeorado, frente a los acreedores, la solvencia de esas mismas empresas que quedaron descapitalizadas.

Ha existido, por consiguiente, prueba de cargo, y el motivo no puede prosperar.

En el segundo motivo del recurso, formalizado al amparo del número 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , se invoca infracción, por aplicación indebida, del artículo 257 del Código Penal .

Se alega que no concurren los elementos objetivos y subjetivos del injusto típico de esta figura delictiva.

Por lo que se acaba de dejar expresado al examinar el anterior motivo, concurren cuantos elementos objetivos y subjetivos caracterizan el delito de insolvencia apreciado por el Tribunal de instancia ya que se declara probado, lo que debe ser rigurosamente respetado, dado el cauce procesal esgrimido, que el acusado realizó disposiciones patrimoniales dejando totalmente descapitalizadas las dos empresas de las que era administrador único, impidiendo la eficacia de los embargos ejecutivos, acordados en procedimientos judiciales, con evidente perjuicio de los acreedores.

El motivo debe ser desestimado.

En el tercer motivo del recurso, formalizado al amparo del número 2º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , se invoca error en la apreciación de la prueba basado en documentos que obran en autos que demuestran la equivocación del juzgador sin resultar contradichos por otros elementos probatorios.

Se alega, en defensa del motivo, que la interpretación que se hace en la sentencia recurrida en relación a la escritura de cesión de crédito litigioso entre la compañía denunciante Fijaplast y el denunciado Marcos incurre en error en base a unas consideraciones que se hacen a continuación.

Se dice que en el primer juicio cambiario 279/2006, entablado por FIJAPLAST contra LACABLOCK, el crédito no pertenecía a Fijaplast sino a la mercantil IRVINGBLOCK propiedad de Marcos , en virtud de escritura pública de fecha 23 de marzo de 2007, autorizada por el Notario D. Antonio Baquero y con número de Protocolo 573.

Se dice erróneo que se declare como probado que el recurrente descapitaliza la sociedad lo que no se corresponde con la realidad ya que no figura documento alguno que acredite tal afirmación.

Se cuestiona asimismo que se declare probado lo siguiente: "el acusado Isidro presentó este contrato para justificar la desaparición de los bienes embargados en los diversos procesos de ejecución derivados de los declarativos enumerados en el apartado anterior" y se dice que tal afirmación pone de manifiesto la inexistencia de ocultación así como el conocimiento por parte de los acreedores del derecho de cobro en virtud del contrato de compraventa que ostentaba la sociedad "Carmonsur", el cual podría ser embargado y ello demuestra la existencia de bienes como es el derecho de cobro.

Con relación a la escritura de cesión, se alega que la sociedad Fijaplast carece de legitimación en virtud de la cesión que realiza en marzo de 2007, en escritura que obra al folio 341 y siguientes de las actuaciones.

En relación a la intervención de la acusada Dª Mónica respecto al traslado de la maquinaria se dice que no hay documento alguno e incluso en el acta del juicio oral que acredite la intervención de la esposa del recurrente en los hechos objeto de enjuiciamiento.

Por último se alega que cuando consideramos errónea la apreciación del documento de compraventa obrante al folio 236, pretendemos acreditar que la presentación del contrato ante el Juzgado pone de manifiesto la inexistencia de dolo y su buen hacer de carácter transparente con relación a la posibilidad otorgada a los acreedores de embargar los derechos de cobro que ostentaba "Carmonsur" a tenor de la compraventa realizada.

Lo primero que debe dejarse consignado es que esta Sala viene declarando, en reiteradas sentencias (496/99, de 5 de abril , y 1340/2002, de 12 de julio , entre otras), que este motivo de casación exige, como requisitos, los siguientes: en primer lugar ha de fundarse en una verdadera prueba documental, quedando excluidas las pruebas personales aunque estén documentadas en la causa; en segundo lugar, que el documento sea literosuficiente, es decir, que evidencie el error cometido por el juzgador al consignar algún elemento fáctico o material de la sentencia, por su propio contenido, sin tener que recurrir a otras pruebas ni a conjeturas o complejas argumentaciones; en tercer lugar, que sobre el mismo extremo no existan otros elementos de prueba, pues en ese caso se trata de un problema de valoración sometido a las reglas generales que le son aplicables; y, finalmente, en cuarto lugar, que el dato o elemento acreditado por el particular del documento designado por el recurrente tenga virtualidad para modificar alguno de los pronunciamientos del fallo, pues si afecta a elementos fácticos carentes de tal virtualidad el motivo no puede prosperar ya que, como reiteradamente tiene dicho esta Sala, el recurso se da contra el fallo y no contra los argumentos de hecho o de derecho que no tienen aptitud para modificarlo.

Y esos requisitos de ningún modo están presentes en los documentos que se señalan en apoyo del motivo.

La cesión del crédito litigioso efectuado por escritura de fecha 23 de marzo de 2003 no desvirtúa la descapitalización y vacío patrimonial realizado con anterioridad por el acusado Isidro , dejando ineficaces embargos ejecutivos previamente acordados, siendo significativo que esa cesión de créditos, que efectuó la sociedad "Fijaplast" ante la situación de insolvencia generada por los acusados, con la esperanza de resarcirse del crédito de que eran titulares, resultó asimismo infructuosa ya que el también acusado Marcos , que era el titular de la casi totalidad de las participaciones sociales de la entidad cesionaria Irvingblock sólo hizo efectivo los pagos de 933,33 euros de los primeros meses.

Respecto a los otros errores invocados, ningún documento se aporta que evidencia que el recurrente no descapitalizó a las sociedades deudoras de las que era administrador único cuando sí existen que esa descapitalización se produjo. Tampoco se aporta documento alguno que acredite que es erróneo entender que con la venta de la maquinaria se pretendió justificar la desaparición de los bienes embargados cuando es precisamente eso lo que resulta de una aparente venta de unas maquinarias que estaban embargadas y que se sustrajeron a la acción de los acreedores que judicialmente habían obtenido su embargo. Con relación a la escritura de cesión de crédito no se puede olvidar que constituye una de las deudas que judicialmente se habían reclamado a las sociedades de que era titular el recurrente y que esa cesión, como antes se ha declarado e igualmente se razonó por el Tribunal de instancia, se produjo cuando la conducta delictiva enjuiciada ya se había producido permaneciendo, en su casi totalidad, impagado el crédito de que era titular la entidad "Fijaplast".

Respecto a la intervención en estos hechos de la acusada Dª Mónica es cuestión que será examinada al estudiarse su recurso.

De todo lo que se deja expresado, resulta bien evidente que el recurrente no ha ofrecido, en apoyo del motivo, documento alguno que goce de autonomía probatoria y que acredite los errores que se dicen cometidos por el Tribunal de instancia.

El motivo no puede prosperar.

En el cuarto motivo del recurso, formalizado al amparo del artículo 851.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , se invoca quebrantamiento de forma por contener los hechos que se declaran probados conceptos jurídicos que predeterminan el fallo y por manifiesta contradicción.

Se dice predeterminante del fallo las siguientes frases del relato fáctico: "el acusado decidió sustraer los bienes propiedad de ambas empresas a los embargos decretados o que había de decretarse sobre ellos como consecuencia de las deudas impagadas, dejando ambas empresas absolutamente descapitalizadas y a sus acreedores sin posibilidad de hacer efectivos sus créditos por vía de apremio" y "dentro del plan de ocultación de bienes descritos".

Tiene declarado esta Sala, como es exponente la Sentencia 338/2008, de 4 de junio , que el invocado quebrantamiento de forma por predeterminación del fallo sólo es apreciable cuando supone la utilización de conceptos que unitariamente describan una infracción delictiva, o de frases técnico-jurídicas que engloben la definición de un concreto tipo punible, siempre que por ellas solas se llegue indefectiblemente al pronunciamiento decisorio acordado. En el caso, las frases y acciones invocadas (sustracción de bienes a los embargos decretados, descapitalización y ocultación de esos bienes) son meramente descriptivas, perfectamente entendibles y utilizables en el lenguaje común y no vacían de contenido los tipos penales aplicados.

Respecto a la invocada contradicción nada se dice y es de recordar que tiene declarado esta Sala que la manifiesta contradicción ha de ser tal que desemboque necesariamente en conclusiones insostenibles y que los extremos fácticos que se señalen se encuentren enfrentados en oposición o antítesis manifiesta y que afecte a hechos o circunstancias esenciales que influyan causalmente en el fallo y nada de eso se aprecia en el relato fáctico de la sentencia recurrida.

El motivo ha de ser desestimado.

RECURSO INTERPUESTO POR EL ACUSADO D. Marcos

En el primer motivo del recurso, formalizado al amparo del artículo 851.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , se invoca quebrantamiento de forma por contener los hechos que se declaran probados conceptos jurídicos que predeterminan el fallo.

Se dice predeterminante del fallo las siguientes frases del relato fáctico: "el acusado decidió sustraer los bienes propiedad de ambas empresas a los embargos decretados..." y "dentro del plan de ocultación de bienes descrito.... sustrayéndola así a la acción de los acreedores...".

Coincide este motivo con el cuarto formalizado por el anterior recurrente siendo de dar por reproducidas las razones que allí se ha dejado expresadas para su desestimación.

En el segundo motivo del recurso, formalizado al amparo del artículo 851.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , se invoca quebrantamiento de forma por existir contradicción entre hechos que se declaran probados.

Se dice contradictorio que se relaten unos hechos que determinarían que existió un contrato ficticio, con la única finalidad de evitar que los bienes de las empresas fueran embargados, y se alega que esto se contradice con el hecho cuarto de la sentencia que declara probado la realización de pagos por el recurrente para satisfacer deudas de las empresas propietarias de los bienes.

Lo que se dice en el relato fáctico es que el acusado Isidro concertó con su hermano Marcos una operación con el fin de que la maquinaria propiedad de "Carmonsur" pasara a manos de una empresa, constituída el día anterior por Marcos y, por consiguiente, sin deudas, sustrayendo esos bienes de la acción de los acreedores, lo que de ningún modo resulta contradictorio con el hecho de que después se describa en el mismo relato fáctico que el adquirente de la maquinaria en ese mismo contrato "se decía" que pagaría parte del precio "mediante la cancelación de las deudas que la entidad vendedora o sus administradores tengan suscritas [sic]con la entidad la General de Granada y la Caixa, al objeto de obtener mayor saneamiento de la empresa", cuando esas deudas bancarias respondían esencialmente a deudas personales de los acusados y en nada disminuyó las que correspondían a los procedimientos judiciales en los que se acordaron los embargos.

El motivo debe ser desestimado.

En el tercer motivo del recurso, formalizado al amparo del artículo 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , se invoca vulneración del derecho a la presunción de inocencia que proclama el artículo 24 de la Constitución.

Se alega, en defensa del motivo, que no existe prueba que acredite la comisión del delito por el que ha sido condenado, afirmándose que se ha limitado a comprar unos bienes a su hermano sin que haya indicio alguno que acredite que conociera la existencia de los procedimientos judiciales contra los bienes que estaba comprando y que el importe de dicho contrato ha sido abonado por el recurrente, no siendo el precio inferior al de mercado.

Este motivo tampoco puede prosperar.

Esta Sala, cuando se invoca el derecho a la presunción de inocencia debe verificar una triple comprobación. En primer lugar que el Tribunal de instancia ha apoyado su relato fáctico en pruebas relativas a la existencia del hecho y a la participación del acusado en él. En segundo lugar, que las pruebas son válidas, es decir, que han sido obtenidas e incorporadas al juicio oral con respeto a los derechos fundamentales y con arreglo a las normas que regulan su práctica. Y en tercer lugar, que la valoración realizada para llegar a las conclusiones fácticas que son la base de la condena, teniendo en cuenta el contenido probatorio de la prueba de cargo disponible, no se aparta de las reglas de la lógica, de las máximas de experiencia y de los conocimientos científicos, y que no es, por lo tanto, irracional, inconsistente o manifiestamente errónea.

En el supuesto que examinamos, como se razona en la sentencia recurrida, está plenamente acreditado por la documental aportada y por las propias declaraciones del ahora recurrente, que era plenamente consciente de los embargos trabados sobre los bienes que adquiría, sustrayéndolos a la acción de los acreedores, alcanzando el Tribunal de instancia la convicción, que de ningún modo puede considerarse irracional o ilógica, que ese contrato respondía al plan concertado con su hermano para impedir la efectividad de los embargos sobre los bienes que adquiría.

Ha existido prueba lícitamente obtenida en el acto del plenario que contrarresta el derecho de presunción de inocencia invocado.

En el cuarto motivo del recurso, formalizado al amparo del número 2º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , se invoca error en la apreciación de la prueba basado en documentos que obran en autos que demuestran la equivocación del juzgador sin resultar contradichos por otros elementos probatorios.

Para acreditar el error se designa el folio 236 en el que consta el contrato de compraventa de maquinaria en cuya cláusula tercera se indica la forma de pago y en los folios 120, 121 y 122 se reproducen certificados bancarios que acreditan el pago de distintas deudas bancarias, que coinciden con los pagos del contrato. Y que al folio 341 figura la escritura pública por la cual el recurrente compra el crédito litigioso a "Fijaplast" y por el que se acredita la nueva situación procesal y que debería constar en la sentencia el cumplimiento fiel del contrato por parte del recurrente.

Es de reiterar lo expresado al examinar el recurso anterior de que este motivo de casación exige, como requisitos, los siguientes: en primer lugar ha de fundarse en una verdadera prueba documental, quedando excluidas las pruebas personales aunque estén documentadas en la causa; en segundo lugar, que el documento sea literosuficiente, es decir, que evidencie el error cometido por el juzgador al consignar algún elemento fáctico o material de la sentencia, por su propio contenido, sin tener que recurrir a otras pruebas ni a conjeturas o complejas argumentaciones; en tercer lugar, que sobre el mismo extremo no existan otros elementos de prueba, pues en ese caso se trata de un problema de valoración sometido a las reglas generales que le son aplicables; y, finalmente, en cuarto lugar, que el dato o elemento acreditado por el particular del documento designado por el recurrente tenga virtualidad para modificar alguno de los pronunciamientos del fallo, pues si afecta a elementos fácticos carentes de tal virtualidad el motivo no puede prosperar ya que, como reiteradamente tiene dicho esta Sala, el recurso se da contra el fallo y no contra los argumentos de hecho o de derecho que no tienen aptitud para modificarlo.

Y en el supuesto que examinamos, el contrato de compraventa de maquinaria, incluida su cláusula tercera , evidencia la realidad de la sustracción de los bienes embargados a la eficacia de los embargos, y los pagos efectuados a determinadas entidades bancarias, como se razona por el Tribunal de instancia, acreditan ese mismo fin en cuanto lo que se pretende es atender esencialmente pagos de los que respondían personalmente los acusados.

A la cesión del crédito ya hemos hechos antes referencia, siendo de reiterar que esa cesión se produjo una vez consumada la conducta delictiva a la que cooperó eficazmente el ahora recurrente con el contrato antes mencionado, que es anterior a la escritura de cesión.

No se ha acreditado que el Tribunal de instancia hubiese incurrido en error en la apreciación de la prueba y el motivo debe ser desestimado.

En el quinto motivo del recurso, formalizado al amparo del número 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , se invoca infracción, por aplicación indebida, del artículo 257.1.2º del Código Penal .

Se afirma que existe jurisprudencia que niega la existencia del delito de alzamiento de bienes cuando lo que se ha sustraído a la posible vía de apremio del acreedor fue empleado en el pago de otras deudas ya existentes y entre otros argumentos se dice que se trata del mero pago preferente de unas deudas frente a otras y que existen datos objetivos que acreditan la realidad del contrato y del pago del precio por el recurrente, por lo que no puede existir esa conducta delictiva.

Este motivo coincide con el primero formalizado por el anterior recurrente siendo de dar por reproducido lo que allí se ha dejado expresado para rechazarlo.

Con la conducta de los dos hermanos acusados se ha impedido que el patrimonio de empresas deudoras fuera destinado al pago de sus acreedores, excluyéndolos de las posibilidades de ejecución de los embargos que se habían constituido sobre esos mismos bienes, sin que pueda admitirse que su comportamiento se hubiese reducido a la mera liquidación de otras deudas de esas mismas empresas, lo que no ha quedado acreditado, resultando evidente que con el contrato entre ambos concertado se había empeorado, frente a los acreedores, la solvencia de esas mismas empresas que quedaron descapitalizadas.

Este motivo también debe ser desestimado.

En el sexto motivo del recurso, formalizado al amparo del número 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , se invoca infracción, por aplicación indebida, de los artículos 109 y 110 del Código Penal .

Se alega que no procedía la nulidad del contrato cuando tal declaración excedía del ámbito de actuación y de la jurisdicción del Tribunal de instancia y sin que se hubiera podido debatir ni llevar a cabo actividad probatoria para defenderse de esa nulidad. Que si se declara nulo debe ser devuelto el dinero con carácter coetáneo a la devolución de la maquinaria y que, por último, que al no existir el delito no proceden estos efectos civiles.

Tiene declarado esta Sala, como es exponente la Sentencia 1077/2006, de 31 de octubre , que la condena por el delito de alzamiento de bienes, en lo que concierne al ámbito de la responsabilidad civil, no debe comprender el montante de la obligación que el deudor quería eludir, debido a que la misma no nace del delito y su consumación no va unida a la existencia de lesión o perjuicio patrimonial sino a la de un estado de insolvencia en perjuicio de los acreedores. Dicha puntualización resulta todavía más pertinente en supuestos como el presente en el que no entra en juego el principio de irreivindicabilidad de los bienes enajenados al no existir terceros adquirentes de buena fe con título registralmente inscrito. Por ello, lo que procede es la restauración del orden jurídico alterado por las acciones fraudulentas, declarando la nulidad de los negocios jurídicos así otorgados, con la cancelación de las inscripciones en el Registro de la Propiedad, reponiendo los inmuebles objeto de la disposición a la situación jurídica preexistente y reintegrando de esta forma al patrimonio del deudor los bienes indebidamente sustraídos del mismo.

Y en ese misma línea, la Sentencia 652/2006, de 15 de junio , declara que la sentencia penal condenatoria debe restituir el orden jurídico perturbado por la infracción que en tales casos no es otro que el de reintegrar al patrimonio del deudor los bienes indebidamente sacados del mismo, para que respondan del crédito, decretando la nulidad de los contratos fraudulentos siempre que lo hayan solicitado el Ministerio Fiscal o parte acusadora.

Y eso es lo que ha sucedido y se ha hecho en el supuesto que examinamos, acorde con la jurisprudencia de esta Sala, pudiendo el recurrente ejercitar las acciones civiles que estime pertinentes respecto a aquellas pagos a los que no se extiende esta responsabilidad civil.

RECURSO INTERPUESTO POR LA ACUSADA Dª. Mónica

UNICO .- En el primer motivo del recurso, formalizado al amparo del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , se invoca vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, a la presunción de inocencia, y a un proceso con todas las garantías que proclama el artículo 24.1 y 2 de la Constitución.

Se alega que no existe prueba que acredite que la recurrente es autora de un delito de malversación impropia ni que demuestre su consentimiento a la sustracción de los bienes embargados, haciéndose, a continuación, una propia valoración de las pruebas practicadas.

Es importante recordar, como hace la Sentencia de esta Sala 121/2007, de 14 de febrero , que ha desaparecido la figura culposa de la malversación propia o impropia contenida en el antiguo artículo 395 Código Penal de 1973. Y que los dos verbos nucleares para que pueda afirmarse la tipicidad del delito de malversación, también en su modalidad impropia, son la sustracción o el consentimiento para que otro sustraiga los caudales o efectos públicos que tenga a su cargo.

Y en el caso que examinamos en el presente motivo en los hechos que se declaran probados se dice que la recurrente "consintió que su marido, en ejecución del plan descrito en el apartado anterior, sustrajera de la sede de la empresa los bienes embargados de los que era depositaria" y, para acreditar si ese resultado fáctico tiene sustento en las pruebas practicadas, procede examinar los razonamientos expresados en la sentencia recurrida para alcanzar tal convicción, que constituye, por la jurisprudencia antes mencionada, un elemento necesario para la tipicidad de la conducta, y en el tercero de los fundamentos jurídicos de dicha sentencia lo único que puede leerse es que la recurrente "consintió voluntariamente que otros hicieran desaparecer tales bienes, sustrayéndolos así al procedimiento de apremio" y se añade, más adelante, que la recurrente "con infracción de sus deberes como tal depositario, permitió que el administrador único de la empresa deudora hiciera desaparecer los bienes sujetos a la traba, frustrando así la finalidad del embargo". Nada más se dice, por lo que existe una ausencia total de explicación sobre los medios de prueba que sustenten tal convicción, y que permitan enervar el derecho de presunción de inocencia que invoca esta recurrente afirmando que no dio tal consentimiento ni se concertó con su marido para que éste sustrajera los bienes embargados ni tampoco existe prueba de que hubiese participado en el acto de disposición que hizo su marido de tales bienes.

Así las cosas, el derecho de presunción de inocencia debe prevalecer y la estimación de este motivo hace innecesario el examen de los demás de esta misma recurrente.